Corrupción e Impunidad, son consecuencia del caos ético, moral y social y de la anarquía institucional y política que convirtieron en festín el ejercicio de La política y el poder público.
El caos institucional, ético y moral crecen y es evidente en todos los órganos de poder y constituyen garantía de impunidad. Hasta ahora conforta un poco, el faro de las Cortes Constitucional y Suprema.
Altos órganos de poder y control y Congreso e instituciones públicas, están permeados de venalidad, intereses rastreros, mediocridad, politiquería y corrupción.
La corrupción es evidente en la institucionalidad nacional, regional, local y descentralizada.
El régimen pretende engañar al público con paños de agua tibia. Reforma de la Ley 80/83, ley 1150/2007, Estatuto Anticorrupción, Pliego Único, creación de instituciones para la contratación y garantía de transparencia como Fonade, Compra Eficiente, SECOOP, Patrimonio Autónomo (Mineducación), entre muchas otras falacias. Pero la corrupción y la impunidad crecen como espuma.
La contratación pública es el filón excepcional. Desde ahí se reparten el botín presupuestal. El gobierno, se niega a poner orden, siendo posible, porque esa es la fuente que abastece a politiqueros, populistas y clientelistas. La vía expedita es la contratación pública.
El congresista, el diputado, el concejal, el gerente, el director y jefes corruptos, generalmente no se untan en la negociación. Escuchan ofertas. Reciben a través de terceros propuestas. En contados casos dejan huellas que los comprometan. Los coequiperos y testaferros hacen su oficio con maestría. La impunidad, hace el resto.
Si no se robaran los recursos públicos, los gobiernos podrían atender oportuna y satisfactoriamente las necesidades de la comunidad e impulsar el desarrollo integral. Salud, educación, infraestructura, PAE, recreación, fenómenos naturales, servicios públicos, etc.
¿Cuánto pierde el erario público por corrupción?
Procuraduría, Contraloría, Oeneges, han precisado que Colombia pierde anualmente más de $50 billones por corrupción. ¿Cuánto podría desarrollarse la nación con ese dinero robado? Los gobiernos de turno no se inmutan.
Desafortunadamente la comunidad en general, se habituó a convivir con la corrupción y la impunidad. Igual que con la penetración de dineros del narcotráfico en muchos frentes comerciales y de la actividad económica en general. Al respecto, hay silencio cómplice e impunidad jurídica y social generalizados.
Por eso toda la nación es rehén de las mafias de todas las calañas, que saquean el presupuesto público, imponen burócratas y los sostienen.
La impunidad supera el 97%, con más de 2.8 millones de procesos represados o engavetados. ¿Cuántos jueces y abogados litigantes, coadyuvan o explotan ese caldo de cultivo?
Revertir y cambiar este estado caótico es prácticamente imposible, mientras prosiga la politiquería, la componenda mezquina para asegurar el poder y asegurar intereses personales.
Con facilidad los electores, reeligen a los mismos o a sus pupilos, sin importar que su hoja de vida sea un prontuario delictivo, en muchos casos.
La jungla jurídica, en la que se parapetan ciertos jueces, litigantes, burócratas y violadores de la ley, debe ser depurada y actualizada, de acuerdo con la gravedad de los hechos. El contagio se posesionó en las altas esferas del poder. Ahí reina la politiquería y la corrupción. A ello obedecen los bandazos de las ponencias e incoherencia de sentencias, en muchos casos. Preteles, Escobar Giles, Robertos prietos, Ricaurtes, Bustos, Malos, de los buenos muchachos, Uribe y su hermano, negociadores de testigos, etc.
Los llamados choques de trenes, entre las altas cortes, generalmente obedecen a choques de intereses y al poder de rábulas y mafias de diferentes vertientes y calañas.
La corrupción y la inmoralidad es una pandemia presente en toda Latinoamérica, pero en algunas naciones, como Colombia, esta tocando fondo para justificar el Estado Fallido en que vivimos.
En algunas naciones, algo opera la justicia y hasta hay expresidentes condenados o judicializados o prófugos. En Colombia, ¿cuántos delincuentes de cuello blanco disfrutan la impunidad y acosan y atacan y pisotean la institucionalidad?
Bastan algunas referencias: el diabólico poder corruptor de Odebrecht-Sarmiento Angulo, y los escasos resultados de los procesos. Dragacol, chambacú, Reficar, Concesiones Viales, peajes y costos exorbitantes. Derrumbes de edificios particulares, Curadurías, tugurización de la vivienda popular, obras inconclusas, etc. Y no pasa nada. La mayoría de las investigaciones quedan en aspavientos, pantallazos, protegidas por la impunidad y la voluble memoria colectiva.
¿Y el Gobierno qué hace, qué dice al respecto? Se dice que el que calla otorga.
Bajo el imperio de la delincuencia de cuello blanco, en connivencia con burócratas y politiqueros de diferentes rangos y camuflados, es imposible esperar un futuro próspero y civilizado para Colombia. Son más de 200 años de corrupción, irresponsabilidad política e impunidad, disfrazados de democracia, soberanía y poder constitucional.
La solución del caos y la anarquía del poder institucional, demanda instituciones fuertes, dirigentes honestos y responsables socialmente y un marco legal integral, acorde con la gravedad del problema. ¿Quién se atreve a poner orden?
¿Por qué la piñata de candidatos no se ocupa de la amenaza del flagelo moral y social?
¿Por qué no hay propuestas concretas y realizables para derrotar el desastre nacional?
Es el gran desafío para todo ciudadano responsable, política y socialmente para encontrar el candidato que plantee soluciones concretas y votar por él. De esa manera se puede evitar la catástrofe, política, moral e institucional que caracteriza un estado fallido, como Colombia. Es un imperativo evitar elegir delincuentes, para así evitar convertir su voto, en próximas elecciones, en instrumento de condena para sí mismo y contra sus semejantes presentes y generaciones futuras.
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