Recordemos los hechos: Rodrigo Granda, representante internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, la principal fuerza guerrillera antigubernamental) fue capturado en Caracas por militares venezolanos guiados por policías colombianos, quienes les pagaron entre millón y millón y medio de dólares por el secuestro. El prisionero fue llevado a Colombia y el gobierno de […]
Recordemos los hechos: Rodrigo Granda, representante internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, la principal fuerza guerrillera antigubernamental) fue capturado en Caracas por militares venezolanos guiados por policías colombianos, quienes les pagaron entre millón y millón y medio de dólares por el secuestro. El prisionero fue llevado a Colombia y el gobierno de ese país se ufanó públicamente de haber pagado la recompensa por su captura. El gobierno venezolano, por su parte, encarceló y juzga por alta traición a los oficiales que colaboraron con la policía colombiana y, tras declarar que se había violado con esa operación la soberanía de Venezuela, exigió explicaciones y disculpas al gobierno de Bogotá, que hasta ahora no las ha dado y que pide, en cambio, una discusión sobre el tema del terrorismo en una conferencia multilateral internacional.
Venezuela insiste en que se trata de una intromisión policial colombiana en su territorio, la cual viola su soberanía, y sostiene que el problema del terrorismo debe ser discutido aparte, recordando oficiosamente el caso de los paramilitares colombianos armados hasta los dientes, que estaban en territorio de Venezuela ayudando a sectores de la oposición venezolana en la preparación de un golpe militar contra el presidente Hugo Chávez.
El mandatario venezolano, por su parte, retiró el embajador en Bogotá y suspendió el comercio venezolano-colombiano, que el año pasado ascendió a 2 mil millones de dólares.
Terciando en el debate, el embajador de Estados Unidos en Colombia respaldó calurosamente al presidente colombiano, quien sigue justificando su violación de la soberanía del país vecino, y exigió a Chávez que condene a las FARC. Pero lo hizo apoyándose en una pasada declaración de los guerrilleros que, al exigir a Caracas que se definiera ante el secuestro, implícitamente negaban que Chávez les brindara el apoyo que Uribe y Estados Unidos aseguran les da.
Estados Unidos y Bogotá hacen, como siempre, hincapié en la necesidad de aumentar la participación venezolana en lo que llaman lucha contra el terrorismo, escondiendo, sin embargo, el terrorismo de Estado (secuestro de personas manu militari en otro país, pisoteando su soberanía; corrupción de altos militares para ponerlos a su servicio; apoyo a la oposición venezolana en su lucha por todos los medios contra un gobierno legítimo). Venezuela, en cambio, pide se condene la violación de su soberanía, que reproduce la filosofía y los métodos utilizados en la ocupación de Irak.
Por último, como se sabe, Washington tiene tropas en Colombia y rearma al ejército colombiano con los instrumentos bélicos más modernos, y su Plan Colombia, de hecho, amenaza la soberanía no sólo de Venezuela sino también de Ecuador, Perú y Brasil, países limítrofes. Además, la diplomacia estadunidense y sus servicios de inteligencia han estado implicados en el golpe de Estado contra el gobierno venezolano que, como es sabido, abastece a Cuba de petróleo, ignorando el bloqueo a la isla decretado por Washington, y se apoya en los médicos y educadores cubanos para su desarrollo.
El conflicto venezolano-colombiano no es, por tanto, un problema bilateral, pues el presidente Uribe actúa como la larga mano de la administración de George W. Bush, que considera a Chávez un obstáculo para su política latinoamericana y, en particular, para sus ataques contra Cuba.
De modo que este incidente la provocación del secuestro de Granda podría iniciar una peligrosa escalada político-militar que hay que cortar de raíz. Por tanto, es deber de los países latinoamericanos, y de México, varias veces invadido, defender la soberanía venezolana y exigir que la lucha contra el terrorismo se haga dentro de la legalidad, la cual incluye confiar en las leyes de los países hermanos, a los cuales, en todo caso, se debe pedir la extradición que la justicia aceptará o no de quienes un gobierno determinado considere delincuentes. Sería oportuna una declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendiente a disminuir la tensión entre Venezuela y Colombia y, sobre todo, advertir a quienes atizan el fuego desde afuera, que la soberanía de un país latinoamericano nos atañe a todos