Traducido por Jeremías Medina
Colombia entrena a miles de soldados y de policías mexicanos, a la vez que coquetea con funcionarios en un esfuerzo para apoyar el combate de México contra los cárteles de la droga. Siendo esto otro tropiezo más del históricamente fracasado Plan Colombia y de la guerra contra las drogas, que es apoyada por Estados Unidos.
Los entrenamientos han ocurrido mayormente en México, pero ahora las tropas de la policía y la milicia mexicanas viajan a Colombia para ser entrenados por los «comandos colombianos de policía probados en batalla» Según lo informo el Washington Post el sábado pasado. El artículo también sugiere que Colombia, además de afirmarse como un poder regional, actúa como un apoderado de Washington esto es dado que no es políticamente viable aumentar la presencia militar de Estados Unidos en México.
El Director de Políticas Contra la Droga de la Casa Blanca, Richard Gil Kerlikowske, dijo al encontrarse con el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón en Santa Fé de Bogotá el 18 de Enero, que Colombia «sirve como un faro de esperanza para otras naciones que luchan contra el tráfico de drogas y del crimen organizado que a la vez representa una la amenaza a la democracia de cada país».
¿Un Faro de Esperanza?
La engañosamente cándida evaluación de Kerlikowske sobre Colombia y la poca eficacia del Plan Colombia es severamente socavada por la realidad de los resultados obtenidos.
A principios de este mes, al juez militar colombiano Alexander Cortes y a su familia le fue otorgada la categoría de refugiado por Suiza. Ya que fueron forzados a huir de su país después de haber recibido varias amenazas de la muerte, ello como consecuencia de la resolución que Cortes emitió sentenciando como culpable al Ejército colombiano de 55 casos en que soldados mataron a jóvenes inocentes y los vistieron como rebeldes en el distrito militar de Urabá, el Departamento de Antioquia, en marzo de 2007.
En un cable de Febrero de 2009 revelado por WikiLeaks el año pasado, se lee que la Embajada de Estados Unidos en Santa fé de Bogotá, a pesar de los miles de asesinatos extrajudiciales cometidos por soldados dentro del asi llamado «escándalo de falso-positivos», el General colombiano Carlos Suarez, Inspector del Ejército a cargo de investigar el escándalo, dijo a un funcionario de esa embajada que el entonces presidente Alvaro Uribe contabilizaba «el éxito militar en función de las matanzas». Además, la Política Militar recompensó a soldados con «bonos, promociones y días extra de vacaciones». Según el reporte, emitido el pasado lunes, de la organización Human Rights Watch’s (HRW), «Al mes de mayo de 2010, la Oficina del Fiscal General investigaba 1.366 casos de matanzas extrajudiciales presuntamente cometidas por agentes del estado implicando asi a más de 2.300 víctimas. Sin embargo tan sólo han habido 63 casos en que se lograron condenas».
Sin embargo este tipo de problemas han plagado Colombia por décadas. documentos desclasificados y publicados por el Archivo Nacional de la Seguridad en enero 2009, indican que «La CIA e importantes diplomáticos de Estados Unidos estuvieron enterados, desde tan temprano como 1994, que Estados Unidos ha apoyando a las fuerzas colombianas de seguridad en ‘tácticas contra los escuadrones de la muerte,’ y cooperando con grupos paramilitares apoyados por narcotraficantes, favoreciendo así un ‘síndrome del recuento de los muertos,'» Esto quizás justifique por qué Colombia es el líder mundial en casos de desapariciones forzadas.
En 1997 Estados Unidos Congreso aprobó la»Provisión de Leahy» o «la Ley de Leahy,» una enmienda al Foreign Operations Appropriations Act ( Acta de Operaciones en el Extranjero), prohibiendo que Estados Unidos apoyara de forma alguna a grupos anti-narcótico de cualquier unidad militar extranjera, cuyos miembros hayan violado los derechos humanos.
Además, Uribe, que actualmente enseña en la Universidad de Georgetown , es investigado por una comisión del congreso colombiano, por utilizar la oficina de la inteligencia de su país, el Departamento de la Seguridad Administrativa (DAS), para espiar la corte de justicia del tribunal supremo, políticos rivales, periodistas, organizaciones por los derechos humanos y otros grupos civiles de la sociedad. Además, según el Proyecto de Solidaridad Laboral en Las Américas, el DAS «fue expuesto para proporcionar a los grupos paramilitares una lista negra de 23 unionistas de comercio entre otros. La mayoría de los individuos en esa lista fue asesinado o desplazado».
Uribe, que en junio fue alabado por la Secretaria de Estado Hillary Clinton como un «ejemplo notable de liderazgo democrático», también vio algunos de sus » partidarios políticos más prominentes» investigados por sus nexos con los grupos paramilitares. Ahora que Juan Manuel Santos Calderón, su sucesor, cuidadosamente seleccionado y anterior ministro de defensa está en el poder, se puede esperar que continúen lo que Clinton a llamado «un gran legado de progreso,» y que Washington continúe con su enorme apoyo.
México: ¿De mal en peor?
En septiembre, el Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, alabó a México para su «vasta y progresiva democracia».
La rama de Human Rights Watch en México, en su informe del lunes pasado, pinta una imagen diferente de estas instituciones democráticas de ese país. El informe documenta que «al iniciar la aplicación de la ley, las fuerzas armadas han cometido infracciones graves de derechos humanos, inclusive matanzas, torturas, y violaciones,» y que han habido mas de 1.100 quejas por abusos contra los derechos humanos cometidos por el Ejército y denunciados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, tan solo en los primeros seis meses del año pasado.
En su reporte México: Las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército, emitido el pasado mes de diciembre de 2010, la organización Amnistía Internacional critica al gobierno mexicano para su inadecuado aplicación de la justicia con respecto a alegaciones contra el ejército. «Hay un perturbador patrón de crímenes comprometidos por el ejército en sus operaciones en pos de la seguridad, abuso que es negado he ignorado tanto por los civil como por las autoridades militares en México,» dice Kerrie Howard, subdirector del Programa para América de Amnistía Internacional.
Desde que el presidente mexicano Felipe Calderon – cuya elección de 2006 fue ampliamente cuestionada por alegatos de irregularidades y de fraude – sacó de sus cuarteles al ejército para tomar la delantera en el combate contra los cárteles de la droga, han muerto cerca de 35.000 personas, mientras que las muertes civiles «daños colaterales» aumentaron el 172 por ciento de 2009 a 2010.
Según Eduardo Guerrero Gutierrez, consultor de politólogo y seguridad del Canada’s National Post , «Si las matanzas continúan aumentando según la tasa actual, cuando se llegue al final de ese gobierno en diciembre 2012, se llegará a un total de 75.000 muertes».
El periódico Latin American Herald Tribune también ha indicado eso, de forma similar a como ha ocurrido en Colombia, el ejército de México utiliza los métodos de falso-positivo para encubrir las muertes de civiles. Mientras tanto, un cable hecho público por WikiLeaks y fechado el 29 de enero de 2010 revela que Washington, por lo menos en privado, se preocupa por la corrupción generalizaa, las tasas bajas de condenas, y por los abusos de derechos humanos.
Extinguir un Fuego con Gasolina
La decisión de permitir que Colombia entrenase a las autoridades y al personal militar mexicano para ayudar el combate en la guerra contra las drogas es semejante a tirar gasolina en un fuego, dados los registros que ambos países tienen sobre escándalos de derechos humanos y de la impunidad institucionalizada. Como recientemente ha indicado el The Economist no importa que Colombia es aún considerado «el productor más grande de cocaína de mundo,» todo esto pone en duda la eficacia del enfoque militar de Washington para combatir el tráfico con drogas, o si esto es todavía su objetivo.
Según John Lindsay-Polonia, Director de Investigación y Apoyo para la Confraternidad de Conciliación «El uso de militares colombianos para entrenar en México también puede ser una manera de darle la vuelta a un requisito legal de Estados Unidos, contenido en la Ley de Leahy, para excluir a los que violan los derechos en México, a recibir la instrucción y el equipo,». También hizo notar que desafortunadamente, «la Ley de Leahy no prevee el uso de filtros de abusos de los entrenadores».
Según Richard Gil Kerlikowske el «Zar contra la Droga» en una reciente entrevista con CNN, esto puede ser la siguiente parte de la «próxima onda» de la Iniciativa Mérida, la inversión de $1,6 mil millones de dólares que Washington piensa hacer para reforzar los esfuerzos antidrogas en la región.
«[La iniciativa] Mérida y la administración [Obama] trabajan en los cambios para la próxima serie de eventos que sucederán en Mérida… Mérida no es sólo un Plan México; es también sobre América Central,» dijo a CNN.
Si eso es el caso, la violencia resultante podría incendiar la región entera.