Este lunes 4 de julio se celebra el juicio contra 24 personas acusadas de delito de daños contra el patrimonio, desorden público y falta de lesiones, por unos hechos acaecidos en la Universidad de Sevilla hace ya casi diez años, en el contexto de las protestas contra la LOU. Se enfrentan a penas de un […]
Este lunes 4 de julio se celebra el juicio contra 24 personas acusadas de delito de daños contra el patrimonio, desorden público y falta de lesiones, por unos hechos acaecidos en la Universidad de Sevilla hace ya casi diez años, en el contexto de las protestas contra la LOU. Se enfrentan a penas de un año de cárcel y al pago de una cantidad que puede superar los 150.000 euros.
Las movilizaciones en rechazo de la LOU sacaron a la calle a miles de estudiantes en todo el Estado, que denunciaban el proceso de privatización de la Universidad. En Sevilla, una acampada que permaneció 49 días frente al Consistorio hizo visible la fuerte oposición estudiantil que culminó con los incidentes del 8 de febrero de 2002. Ese día se celebraba una Junta Extraordinaria de Gobierno de la Universidad para dar luz verde a la LOU. El alumnado denunció la precipitación de la convocatoria, que tuvo escasa publicidad, y que impedía trasladar el mandato de la asamblea de alumnos. El entonces rector de la Universidad hispalense, Miguel Florencio, anunció que sus demandas iban a ser escuchadas, pero cuando llegó el momento, las más de cien personas allí congregadas, según se señala desde la Red de Apoyo, «con la intención de reclamar la desobediencia civil a esta ley y la celebración de una Asamblea general de la Universidad», se encontraron con una reunión «blindada», produciéndose los incidentes que «sirvieron de cortina de humo para impedir que el foco de atención se centrase en la privatización de la Universidad que hoy es casi un hecho consumado». A pesar de que la Universidad de Bellas Artes de Granada se ofreció a reparar los desperfectos sin coste alguno, el rector lo rechazó, iniciándose desde el principio, según denuncian las personas afectadas, «la maquinaria represiva sobre los estudiantes», que fueron detenidos al poco tiempo, «incluidas dos personas que ni siquiera estaban ese día en la Universidad».
Además de un proceso judicial dilatado por el que estas personas llevan casi una década en libertad provisional con cargos, soportando la sombra de un juicio pendiente, cinco de ellas -«elegidas arbitrariamente con intención de imponer un escarmiento ejemplar que desarticulara el movimiento estudiantil»- han sufrido un castigo añadido, «siendo juzgadas dos veces por los mismos hechos». La Universidad de Sevilla abrió enseguida un proceso sancionador, amparándose en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en una normativa franquista, el Régimen Disciplinario de las Universidades, de 1954, que supuso cinco años de expulsión de la Universidad de Sevilla, más la pérdida de los derechos de matriculación del curso en vigor (2001/2002), circunstancia que quedó reflejada en los expedientes y que les impidió terminar en mucho tiempo la carrera, ya que incluso fueron rechazadas en otras universidades cuando intentaron un traslado de expediente.
En rueda de prensa, la Red de Apoyo a los Estudiantes Anti-LOU de Sevilla denunció que «en este proceso plagado de irregularidades se está juzgando a las personas y a las ideas». El Sindicato Andaluz de Trabajadores declaró que este juicio se inscribe en «el contexto de criminalización y persecución política que vivimos desde hace años en Sevilla hacia todos los colectivos que intentan una lucha social». Por su parte, Vicente Manzano, profesor titular de la Facultad de Psicología, recordó que «se ha arruinado la vida de mucha gente» y reclamó, como «decisión pedagógica», evitar que «estas personas sigan sufriendo como lo han hecho desde hace tiempo». Finalmente intervino Luis Ocaña, abogado de los estudiantes, para señalar que «es un juicio de carácter político que no encaja en el ámbito penal y desde el punto de vista del Derecho, la única solución justa es la absolución de las 24 personas imputadas».
En busca de apoyo
La Red de Apoyo Estudiantes AntiLOU Sevilla ha abierto una cuenta para hacer frente a «este tipo de sanciones económicas que, en definitiva, paralizan a los movimientos sociales»: La Caixa, 2100.1827.31.0100425608 y ha convocado para el lunes una concentración de apoyo frente a los juzgados situados en el Edificio Noga (avenida de la Buhaira, nº 26).
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Comienza-diez-anos-despues-el.html