En anterior artículo se plantearon algunas ideas sobre la caracterización de la protesta que se manifestó en Colombia como un estallido social. En otro texto, se detallaron los principales actores sociales, se presentó una periodización, se describieron las actitudes políticas y las propuestas para la juventud rebelde, y surgió la pregunta sobre quién podrá canalizar la fuerza desplegada.
Estamos ahora viviendo la 4ª etapa planteada en la periodización. El gobierno y las derechas (algunas vergonzantes disfrazadas de “centro”) se aprovechan de las escaramuzas que quedan después de un estallido de ese tipo. Provocan y permiten que jóvenes “radicalizados” protagonicen situaciones de degradación y desgaste para desprestigiar la lucha y descalificar a las fuerzas políticas que han apoyado decididamente la protesta.
Como lo hemos planteado anteriormente, el carácter diverso de esta lucha y la confluencia caótica de fuerzas e intereses, genera condiciones para que la energía vital y masiva del movimiento se agote en un momento dado. Mantener artificialmente el “estallido” solo lleva a hacerle el juego a quienes desde un principio lo infiltraron para generar violencia y tratar de deslegitimar la lucha popular ante los ojos de la mayoría de la población.
Por ello, las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda que han apoyado el movimiento de protesta deben convencer a algunos sectores de la juventud rebelde que hay que “parar y respirar”. No solo se trata de reflexionar, evaluar, organizar y preparar nuevas batallas sino que efectivamente hay que reaccionar frente a la pandemia. La Covid-19, con sus variantes incluidas, está disparada y nos obliga a pausar la lucha y a cambiar de estrategia.
En el artículo de referencia quedó -más o menos- planteada la idea de que en lo inmediato debemos actuar en dos niveles: a) Fortalecer la organización popular y ciudadana mediante el impulso de asambleas populares con visión de autogobierno, poder paralelo o contrapoder; y b) Consolidar la organización política para disputar la dirección del Estado heredado, cuidándonos de caer en ilusiones vanas, de convertirnos en “administradores” del gran capital y en “desmovilizadores” y “domesticadores” de la lucha popular.
Las siguientes ideas van en esa dirección e inauguran lo que podríamos denominar como aportes a la estrategia y al programa. Está claro que seguir “atados” a la dinámica del “estallido” solo servirá para que nuestras fuerzas se desgasten inútilmente.
¿Cómo ser anti-post-capitalistas dentro del capitalismo?
La única estrategia revolucionaria que es posible impulsar en este instante en Colombia consiste en apoyarse en los dos sectores sociales que están interesados en desarrollar una política de transformación del aparato productivo tanto con visión de industrialización de nuestras materias primas como de romper con el modelo energético dependiente de los combustibles fósiles.
Esos dos sectores son los pequeños y medianos productores agropecuarios (cafeteros, paneleros, arroceros, paperos, lecheros, cacaoteros, fruticultores, yuqueros, plataneros, piscicultores, etc.) y el precariado profesional, sobre todo el que puede aplicar sus conocimientos técnicos en esas actividades productivas transformadoras.
La estrategia revolucionaria consiste en impulsar una política “desde abajo” y “por arriba”. O sea, desde las organizaciones sociales y paralelamente desde el Estado (si se logra acceder al aparato de gobierno). Así, se pueden aprobar nuevos tipos de incentivos a la industrialización, toda clase de estímulos a la asociatividad colaborativa con criterios empresariales, rediseñando los subsidios gubernamentales y la inversión social rompiendo con enfoques asistencialistas y paternalistas.
Uno de los puntos del Pliego de Emergencia planteado por el Comité Nacional de Paro como es la “renta básica”, permite clarificar nuestra posición. Dicha iniciativa tiene un carácter asistencialista y hasta populista (por eso hasta Uribe la apoya a su manera). Es posible que en un país de Europa dicha política cuente con las fuentes fiscales para sostenerla, pero la economía colombiana no tiene la capacidad competitiva a nivel global para financiar un gasto de ese tipo.
Claro, estamos hablando dentro del marco del capitalismo que es donde estamos parados y lo estaremos todavía durante mucho tiempo. Y por ello podemos afirmar que la prioridad a todo nivel es invertir en transformar el aparato productivo, industrializar nuestras materias primas, construir una matriz energética “limpia” basada en recursos renovables, y generar una economía apoyada -principalmente- en asociaciones de los pequeños y medianos productores.
Esto lo vienen entendiendo los dirigentes progresistas de países como Bolivia y Ecuador. Saben que ahora no cuentan con los recursos que generaba la bonanza de los precios de las materias primas, especialmente del petróleo y gas, que sirvieron para financiar una serie de subsidios que crearon la ilusión de que millones de personas salían de la pobreza o ascendían a ser clase media, y que por ello, deben impulsar políticas de mediano plazo para transformar sus aparatos productivos.
Por otro lado, es importante hacer notar que en Colombia contamos con una pequeña y mediana producción de alimentos y otras materias primas que nos ofrece una gran oportunidad. Ese factor productivo ha sido comprobado ahora durante la pandemia, en donde el sector agropecuario colombiano, especialmente el de los pequeños y medianos productores, ha sido uno de los que mejor ha enfrentado la situación de emergencia sanitaria y crisis económica en América Latina.
Es por ello que las organizaciones de base que se deben potenciar son las que agrupan a los sectores sociales mencionados. Existen gran cantidad de asociaciones de pequeños y medianos productores agrarios, que defienden los territorios y los recursos naturales, y, aunque es muy difícil organizar al “precariado profesional”, si se impulsan efectivas y prácticas estrategias, planes, programas y proyectos productivos, culturales, educativos y de innovación tecnológica adecuada a la realidad de nuestro país y el mundo, se pueden organizar cientos de miles de profesionales y tecnólogos.
En el caso de las organizaciones tradicionales hay que generar un debate amplio y profundo sobre su carácter estrecho, puramente reivindicativo, que se limita a dinámicas de presión al gobierno, con concepciones asistencialistas y dependientes. Estamos en mora de abordar ese tema a fondo que salió a relucir durante el Paro. Casi todas sus acciones se reducen a representar intereses sectoriales que los aíslan del conjunto de la sociedad, mostrando una escasa actitud transformadora frente a su trabajo en concreto (incluyendo al magisterio y a FECODE).
Y ese debate debe incluir a las organizaciones políticas que aunque tienen vínculos con los movimientos sociales no logran relacionar y fundir su acción con políticas de transformación estructural. Por un lado hacen “sindicalerismo” y “gremialismo”, y por el otro, reducen la lucha política al “electorelismo”, situación que los lleva al “cretinismo parlamentario” (lo que explica que el Comité Nacional de Paro terminó convirtiéndose en una especie de ayudante de los parlamentarios de “oposición”, transformando los pliegos de exigencias en “proyectos de ley”).
Esa dinámica “dicotómica” o binaria, lleva a los dirigentes “políticos” a convertirse en “aspirantes a burócratas”. Por ello, su perfil en su mayoría es de abogados, politólogos y contratistas de ONGs, expertos en DD.HH. y en la “paz”, pero desligados de las necesidades productivas y materiales de las gentes. Por otro lado, los economistas, contadores públicos, ingenieros, tecnólogos, etc., son formados con la mentalidad y lógica del Gran Capital, al servicio de conglomerados transnacionales y del mismo “Estado heredado”. Este debate debe desarrollarse al interior de los movimientos sociales y de las universidades públicas y privadas.
La experiencia de países como Ecuador y Bolivia nos muestra las limitaciones de llegar al gobierno sin desarrollar una estrategia “desde abajo”. En Colombia tenemos una oportunidad con ocasión del estallido social de 2021, su impacto político y las lecciones que elaboremos sobre la marcha.
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