El resultado de la huelga general del 29M ha superado las expectativas que teníamos todos, en especial, con la participación masiva en las manifestaciones. El primer sorprendido ha sido el Gobierno PP-Patronal que, hasta el pasado jueves, estaba convencido de que iba a poder hacer cuánto quisiese durante los próximos cuatro años. Sin embargo, la […]
El resultado de la huelga general del 29M ha superado las expectativas que teníamos todos, en especial, con la participación masiva en las manifestaciones. El primer sorprendido ha sido el Gobierno PP-Patronal que, hasta el pasado jueves, estaba convencido de que iba a poder hacer cuánto quisiese durante los próximos cuatro años. Sin embargo, la realidad les ha dado dos rotundos reveses en menos de una semana: las elecciones del 25 de marzo, especialmente las andaluzas, y la huelga general cuatro días más tarde. Ambos acontecimientos evidencian un cambio en el ambiente social y que el PP no es invencible.
La derecha daba por segura su victoria en Andalucía, y quizás hubiera sido así de haberse celebrado las elecciones de forma conjunta con las generales o, siquiera, unas semanas antes. La patronal incluso se reía de los dirigentes sindicales en las ruedas de prensa y, ahora, han comprobado que no se puede confundir a los representantes sindicales con la propia clase trabajadora. Millones de asalariados han entendido cuáles son las pretensiones del Gobierno PP-Patronal: condenarles a ser mano de obra barata sin derechos reales, una situación que ya sufrían una parte de los trabajadores y que ahora quieren generalizar a todos, y han salido a la calle para decirles basta.
Sin perder de vista las dificultades, hay que destacar la disposición a pelear por defender sus intereses de una buena parte de la clase asalariada. Ahora hay que lograr que la movilización sea cada vez más amplia y que sepa no sólo lo que no quiere, sino cuál es la alternativa a la política de este gobierno, o del anterior.
Ampliar la movilización
El 29M ha sido una primera respuesta a las contrarreformas, pero la mayoría sabemos que no puede ser la última, pues el Gobierno no tiene ninguna intención de retroceder. Al día siguiente de la huelga ya contestó con los nuevos presupuesto generales del Estado que suponen un recorte drástico del gasto social, a los que se unen los ajustes de las comunidades autónomas, que son las que gestionan la mayoría del gasto en sanidad, educación y servicios sociales. Y la situación de los bancos españoles exigirá nuevas inyecciones millonarias de dinero que detraerán aún más recursos públicos para el gasto social.
La alternativa a lo que está haciendo Rajoy no es ir más despacio con los recortes sino optar por defender los trabajadores y trabajadoras -que constituyen la mayoría aplastante de la sociedad-, o los de la burguesía, cuya élite es cada vez más rica. Por los intereses sociales y materiales que defiende, el PP está incapacitado para dar un giro de esas características en su política. No se pueden resolver los problemas de los que hablamos en una negociación con el PP, y aún menos en un contexto de recesión económica.
Su política, aún más que la de Rodríguez Zapatero, es una drástica transferencia de riqueza de las rentas del trabajo a los empresarios que permita aumentar su rentabilidad. Es falsa la idea tan querida de la patronal de que para salir de la crisis tenemos que hacer sacrificios todos. En una sociedad capitalista no puede haber un reparto equitativo de los sacrificios, pues los intereses de asalariados y empresarios son antagónicos. Las empresas despiden a los trabajadores, les bajan sus salarios al resto y les obligan a trabajar más para aumentar sus beneficios. Y el resultado es que los ricos españoles suben más peldaños en las listas de grandes fortunas mundiales. Incluso los gestores de las grandes empresas españolas, al servicio de sus grandes accionistas, se reparten salarios que son un insulto a millones de familias trabajadoras. Los cinco directivos españoles mejor pagados se repartieron 62,7 millones de euros en 2011 (de Inditex, Telefónica, Santander, Repsol e Iberdrola). El mejor pagado ganaba 622 veces el salario medio.
La misma política de transferencia de rentas de los trabajadores a la burguesía es la que se está aplicando en todos los países de la Unión Europea, desde cuyas instituciones emplazan al Gobierno para que legisle con urgencia los recortes, así como que ponga en marcha más medidas para el «saneamiento» del sector financiero (que supondrán mayores ayudas públicas, claro).
La política del PP, la patronal, y de la UE, nos condena al paro crónico y a condiciones de explotación y de vida cada vez peores. Por tanto, la lucha sólo puede continuar, pero debe buscar ampliar cada vez más su campo de acción en varios sentidos:
a) Movilizar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras , en activo y en paro, jóvenes y mayores, nativos o inmigrantes, del sector público o privado. Hay que dar una respuesta concreta y urgente al principal problema que es el desempleo, el cual condena a la miseria a quien lo sufre y es una constante espada de Damocles sobre las cabezas del resto de asalariados, que se ven presionados constantemente a aceptar peores salarios y condiciones de trabajo mediante la amenaza del despido. Para unir a todos en la lucha es necesario un programa común que responda a los intereses colectivos :
Derecho al trabajo todo el año, no sólo los días de huelga. Ni un trabajador en paro sin un ingreso mínimo digno mientras no tenga un puesto de trabajo.
¡Trabajo digno y con derechos para todos, no esclavitud! Creación de puestos de trabajo suficientes, hasta alcanzar el pleno empleo . Para eso es decisiva la creación de empleo público en todos los terrenos -social y productivo-, así como el reparto del empleo mediante la reducción de jornada sin reducción salarial y con la anticipación de la edad de jubilación a los 60 años . Desde el sector privado nunca se logrará eliminar el paro, sino que éste seguirá siendo crónico a una escala cada vez mayor.
Establecimiento de un salario mínimo digno , no inferior a 1.000 euros netos mensuales, y un salario máximo , no superior a 5 veces el salario mínimo actualmente en vigor.
Derogación de todas las leyes regresivas para los intereses de los trabajadores, y eliminación de la contratación precaria. Mientras exista el despido libre y, además, baratísimo, no hay derecho efectivo de huelga para los trabajadores.
Y, además, hay que explicar qué medidas podrían hacer reales las anteriores reivindicaciones:
Reforma fiscal progresiva, para que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene.
Nacionalización de las cajas y bancos para poner los ahorros de la sociedad al servicio de las necesidades sociales y no de los especuladores. No podemos seguir permitiendo que una minoría multimillonaria, siga usando los ahorros de todos en su beneficio, mientras las deudas se pagan con dinero público.
Nacionalización de las grandes empresas, muchas de las cuales eran públicas y todas se han nutrido de enormes cantidades de fondos públicos. Eso permitiría una planificación democrática de los recursos productivos de la economía poniéndolos al servicio de las necesidades sociales, el pleno empleo de calidad, la cooperación con otros pueblos en lugar del expolio, y el respeto al medioambiente.
b) Coordinar la lucha de la clase asalariada de todos los países de la Unión Europea. Los problemas son los mismos, los recortes de derechos y gastos sociales se están planteando a escala europea, por lo que la respuesta de los sindicatos de clase debe ser coordinada a nivel europeo. No se puede ganar sólo con la lucha país a país, como hemos visto en Grecia, Francia… Pero sí podemos lograrlo si vamos todos juntos. Desde el Estado español, los sindicatos de clase deberían llamar a la organización de una huelga general en todos los países de la Unión el mismo día. Obviamente, debería elaborarse un programa común en línea con la propuesta anterior.
c) La lucha no puede limitarse al terreno sindical. Si no acabamos con el Gobierno del PP, no podremos detener estos ataques y dar soluciones a los problemas que nos aquejan. Las elecciones andaluzas han puesto en evidencia que el PP no va a conservar su mayoría absoluta, sino que conforme crezca la movilización menos representará a la mayoría de la sociedad. Hay que ir planteando la exigencia de elecciones anticipadas. Pero para eso también hace falta una alternativa de izquierdas real, que sea capaz de defender los derechos de los asalariados con honestidad, coherencia y valentía. Es necesario construir un Frente de Izquierdas y Democrático que sume a la fuerza de IU, todos aquellos militantes o votantes socialistas que deseen una política de izquierdas consecuente, los integrantes del 15-M, etcétera, y que cuente con el compromiso y el apoyo activo de las organizaciones sindicales de clase.
Gobiernos autonómicos de izquierdas, con políticas de izquierdas
En ese camino, la formación de un gobierno de izquierdas en Andalucía, en Extremadura (con la presentación de una moción de censura al ejecutivo del PP) o en Asturias, puede ser muy importante si realmente hay un compromiso para realizar políticas de izquierdas. IU ha actuado bien dejando claro que no permitirá gobiernos del PP, pues ahora es más evidente la importancia vital de detener a la derecha. Pero también es necesario recordar los fracasos de la colaboración con gobiernos socialistas, como el caso de Catalunya, o el de el País Vasco con el PNV.
Es particularmente importante el caso andaluz. Debería conformarse un gobierno autonómico, pero no para seguir haciendo lo mismo que antes, sino para convertir a la Junta de Andalucía en un verdadero baluarte de la lucha contra los recortes sociales y contra el desempleo, y evitar un ejecutivo que se limite a gestionar el reparto de la miseria y los recortes.
Un gobierno autonómico de izquierdas debería aprovechar todos los resquicios a su alcance para no realizar despidos, para mantener y desarrollar el empleo público y los servicios sociales en todos los terrenos: sanidad, educación, dependencia… Por poner un ejemplo concreto: no se trata de subastar la producción de genéricos para el Servicio Andaluz de Salud, sino de crear una empresa farmacéutica pública en Andalucía que junto con el SAS y las universidades públicas, suministre toda la producción de genéricos y desarrolle nuevas medicinas. Igual en el terreno de la vivienda, las energías renovables, etcétera.
Un asunto decisivo es un compromiso para bloquear por todos los medios a su alcance la privatización-bancarización de las cajas, y convertirlas en un pilar de una banca pública. También, debería comprometerse al establecimiento de un salario máximo en la Comunidad para todos los representantes públicos y trabajadores de la administración pública que no fuera más allá de 5 veces el salario mínimo interprofesional. Y, junto con esas medidas, dicho ejecutivo debería estar al frente de la movilización contra los recortes en Andalucía.
Las propuestas para un Gobierno de la izquierdas deberían debatirse públicamente y, si los socialistas no se comprometen a medidas concretas que garanticen el empleo y los servicios públicos, IU no debería integrarse en el gobierno sino respaldar al PSOE en la investidura y actuar desde la oposición.
En resumen, la continuidad de la lucha va unida a un planteamiento integral, cuyo objetivo sea ir logrando que cada vez un mayor número de trabajadores y trabajadoras se sumen a la lucha, que atraiga a la pequeña burguesía, y que levante una alternativa política al gobierno del PP-patronal. Y, finalmente, una propuesta que busque la unión con los trabajadores del resto de Europa. ¿Difícil? Sin duda, pero posible.
Fuente: http://www.nuevoclaridad.es/