Como Dios con la corrupción

La clave de la degradación de la administración española en todos sus ámbitos, está en las explicaciones del conde de Montecristo al señor de Villefort, procurador del Rey. Tenía un pacto con Satanás para conseguir su ambición: «Quiero ser la Providencia, porque lo más bello y grande que puede hacer un hombre es recompensar y castigar».

Porque, la condición necesaria, aunque no suficiente, que explica el nepotismo de nuestras autoridades es su soberbia, al querer emular a Dios para incidir en la vida de los ciudadanos mediante la recompensa a sus amigos y familiares y el castigo a sus enemigos. Se ha llegado a decir que quien tiene un familiar corrupto tiene un tesoro.

El pacto lo han hecho con sus correspondientes partidos políticos, que ávidos de financiación han consentido en distraer para los vicios de sus representantes políticos parte de los fondos públicos captados.

Al no tener las competencias de Satanás, precisan siempre de una red de colaboradores. En primer lugar, para corromperse y corromper necesitan de la existencia de caudales públicos extraordinarios, y los han descubierto en el urbanismo y en la contratación, especialmente en la década prodigiosa de 1997 a 2007.

El problema es que al ser miles, cada político que se cree agente de la Providencia necesita de espías para vigilar a otros agentes divinos en la captación y distribución de plusvalías urbanísticas y de las comisiones generadas en la contratación administrativa; necesita tener de su parte al asesor legal y al contable público y después siempre tiene que haber un juez que no investigue y unos medios de comunicación que pongan los micrófonos a su disposición y que distraigan al personal con los vicios de los oponentes políticos, con tratamiento de prensa rosa y famoseo, para que se convenzan de que se trata de una corrupción de medio pelo propia de golfos individuales y no de una trama.

Se trata de una pandemia de personajes que se creen dioses, que manejan arbitrariamente miles de ciudadanos y millones de euros, que tienen la capacidad de discernir sobre la vida de las personas y sus haciendas. Un poder económico omnímodo, ya que tienen el monopolio en la transformación de suelos rústicos en residenciales, donde se produce la mayor creación de plusvalías de cualquier actividad económica y el de monetizar o regalar el Patrimonio Municipal de Suelo. También manejan la contratación pública, que supone el 16% del PIB español.

Si en vez de dioses se creyeran Napoleones, posiblemente serían encerrados o tratados con fármacos, pero ¿cuál es el motivo de que la pandemia vaya a más, de que hayan generado una corrupción urbanística endémica, según el informe Auken aprobado el 26 de marzo por el Parlamento Europeo sobre el urbanismo español, sin que se adopten medidas urgentes como problema público prioritario?

Nepotismo a miles

Tratándose de miles de alcaldes y políticos, y de miles de funcionarios y de empresarios, el problema de nuestra específica y gigantesca corrupción urbanística no puede ser culpa de locos, ni de decisiones irresponsables de personas o entes imbéciles, la explicación debe encontrarse en el funcionamiento del sistema.

No se trata de simples anécdotas. Comportamientos similares a los del Presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ufanándose de la cantidad de gente que ha colocado en 12 años, pueden encontrarse a miles en la administración española en los últimos años. Es parte de sus ambiciones divinas, recompensar. No sólo mediante la contratación de personal, también en las compras y en la concesión de licencias.

No son casos aislados; incluso en la forma cómo gestionan la muerte, como en el trato como si fueran perros dispensado a los militares fallecidos en el accidente del Yak-42, según declaraciones de sus familiares.

En los medios de comunicación podemos encontrar cientos de casos de nepotismo o caciquismo e incluso muchos ciudadanos lo hemos padecido o contemplado.

Uno de los más llamativos, para mí, fue el corte del abastecimiento de agua a finales de los 80 a una pareja de ancianos en la aldea de Caldueño, en el municipio de Llanes, como castigo personal por parte del alcalde pedáneo. El cacique local contó con la inhibición del entonces alcalde, Antonio Trevín, quien tuvo una documentada reclamación al respecto, y también del Defensor del Pueblo, institución que no supo o no pudo actuar ante tamaña injusticia, con el resultado de que el matrimonio tuvo que irse a residir en municipio de la cuenca minera con su hija, muriendo sin llegar a disponer de agua potable en su residencia principal.

Se repiten siempre los mismos mecanismos para la apropiación privada de fondos públicos, en la gestión de personal, de contratación y del urbanismo. Se crean miles de empresas públicas para huir del derecho administrativo, se hace un uso desmesurado del personal de confianza política y de libre designación por las autoridades y partidos políticos, incluso en puestos de control económico, e incluso de control jurisdiccional.

También en la contratación, o en cualquier aspecto competencial público donde centremos la atención: fraccionamiento ilícito continuado para abusar de las compras por menos de 18.000 €, apropiación privada de los aprovechamientos lucrativos públicos o de equipamientos a precios de saldos, arbitrariedad en las calificaciones urbanas extendiendo el ladrillo de forma insostenible, alquileres desorbitados de inmuebles privados de familiares o amigos para usos públicos, etc., etc. Y siempre, contrataciones de familiares, especialmente de hijas.

Cantabria infinita, corrupción

No se libra ningún partido político, ni territorio alguno. La corrupción es desmedida en el Levante español, pero tampoco Cantabria se libra y Castro Urdiales es sólo el resultado de la combinación de un Interventor municipal honesto y constante y de un Juez justo.

Aunque ni la Fiscal Jefe de Cantabria, ni la Fiscal de Medio Ambiente de Cantabria quieran enterarse, ni sus respectivos Secretarios municipales, también es infinita Cantabria la lista de la corrupción. Existe corrupción documentada, al menos, en Argoños, Arnuero, Cabezón de la Sal, Camargo, Colindres, Corvera de Toranzo, El Astillero, Escalante, Laredo, Miengo, Noja, Piélagos, Polanco, Potes, Ribamontán al Mar, Santa Cruz de Bezana, Santander, Suances, San Vicente de la Barquera, Udías.

Corrupción hayla; otra cuestión distinta es que sólo se convertirá en delito cuando se encuentre un juez que se atreva y lo diga penalmente. Hasta ahora sólo lo han dicho en casos aislados de los ayuntamientos de Corvera de Toranzo, Escalante, Laredo. Falta la gran trama de Castro Urdiales, donde soy testigo de cargo.

No sólo la niegan el tránsfuga Muguruza, José Miguel Rodríguez del PP y Salvador Hierro de IU o mi excompañero funcionario, el exsecretario César Saiz Alonso. Siempre niegan los pelotazos y cacicadas pese a las pruebas, como en el reciente ejemplo del urbanismo de Cabueñes, con el arquitecto jefe de Gijón implicado profesional y patrimonialmente.

Además de la gravedad de las magnitudes, por ejemplo en personal, con más de 3 millones de empleados públicos, más de 100.000 políticos profesionales, el problema es el sectarismo en su selección y la exigencia de lealtad a los nombrados hacia sus designadores, con la consiguiente deslegitimación de la función pública.

Es muy grave el punto al que hemos llegado en la patrimonialización del poder por parte de los partidos políticos. Utilizan un sector de la importancia financiera y social de las Cajas de Ahorro como parte de su botín, gestionándolas de forma tal que hasta la CECA ha denunciado «intervencionismo público descarado» en Caja Madrid, calificando de esperpéntico el caso, el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás. Pero siguen igual, hasta que haya que salvarlas con fondos públicos, de todos.

Ejemplo extremo de sectarismo, la declaración de uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial calificando de gesto inamistoso, casi un insulto a quien le propuso -el presidente Zapatero- la actitud del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Divar, en las recientes votaciones para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi.

De la corrupción política se viene informando desde hace años, sin embargo no es hasta el estallido de la corrupción urbanística de Marbella cuando el goteo se transforma en un chorro continuo de casos casi diarios, con centenares de políticos de todos los partidos, funcionarios y empresarios acusados de corrupción, 16 alcaldes detenidos hasta el momento, entre los que está el de Castro Urdiales en Cantabria. Salvo para los ciegos, es ya evidente que la corrupción alcanza a todas las instancias institucionales y que tiene su origen en el núcleo de nuestro sistema político, que son los partidos políticos.

Por contra, nuestros tertulianos y líderes de opinión todavía se resisten a considerar la corrupción como una amenaza real para la democracia y se cuidan en señalar a los actuales partidos políticos como sus principales responsables y beneficiarios. El editorial de EL MUNDO del 17 de marzo «Lo que va de los GAL a lo que está sucediendo hoy» es un magnífico ejemplo de narcisismo incapacitante para el análisis de los hechos, cuando se afirma que «la situación política es bastante menos dramática que hace década y media», dada la desproporción entre unos y otros asuntos, acusando a los gobiernos socialistas de la época del GAL de minimizar la importancia de los terribles hechos que protagonizaron. Nuevamente incurren ellos mismos en el error de minimizar la trascendencia y consecuencias de la corrupción.

Frente a esta opinión, lo que los artículos sobre la corrupción suelen resaltar es que, pese a la amplia percepción social de la corrupción, los españoles no están verdaderamente preocupados por ella, cifrándose sólo en el 2% los españoles que citan la corrupción como problema en las encuestas del CIS. Tras las elecciones municipales del 27M del año 2007, se llegó a decir que la corrupción había ganado, ya que de 133 alcaldes acusados de corrupción antes de las elecciones, fueron reelegidos un 70% de los casos.

También suelen decir que la solución pasa por los partidos políticos, sin tener en cuenta que carecen de estimulo alguno para acabar con la corrupción, ya que es uno de sus principales medios de financiación y difícilmente se van a hacer el harakiri. Nadie se arriesga a perder sus privilegios, sobre todo si son la base de su funcionamiento, salvo que sea mayor el peligro de sublevación ante tal estado de cosas.

Mi experiencia profesional demuestra que los ciudadanos rechazan la corrupción cuando son conscientes de los perjuicios que les causa y no son meramente observadores de las simétricas acusaciones de los partidos políticos. Como ejemplo, los ciudadanos de Castro Urdiales se han expresado con contundencia en las dos últimas elecciones municipales de 2003 y 2007 únicas ocasiones en las que se han podido expresar al no contar con canales de representación directa. En ambas ocasiones han castigado con sus votos al PSOE que gobernó con IDCAM con mayoría absoluta hasta 2003 y a los tres partidos que saquearon el patrimonio y las arcas municipales de 2003 a 2007, el PP, el PRC e IU, que no pudieron repetir su impúdica alianza.

Más problema veo en lo que vaya a suceder con la conciencia ciudadana ante posibles cambios en la cultura de la satisfacción imperante, de producirse las cifras anunciadas de 5 millones de parados y la crisis que se avecina de las entidades financieras y de los ayuntamientos. Ciudadanos que se vean abocados a la miseria pueden buscarse chivos expiatorios de su descontento en prejuicios xenófobos y ser manipulados por populistas de extrema derecha.

Ante esta eventualidad y dada la pujanza en algunos países de contestaciones sociales de rebeldía, es necesario que surja en el nuestro un clamor de regeneración señalando a la corrupción como el principal cáncer de la democracia que tenemos y que empuje a la Justicia en la regeneración del Estado Social de Derecho.

Fernando Urruticoechea Basozabal. Ecomista-urbanista e interventor municipal con habilitación estatal.