1. Presentan en el Juzgado de lo Social de Madrid, la primera DEMANDA por DISCRIMINACIÓN PROFESIONAL Y SALARIAL de la Mujer en El Corte Inglés Sección Sindical de CC.OO. de El Corte Inglés de PRECIADOS-CALLAO 2. Por un feminismo social y de izquierdas Mujeres de Espacio Alternativo 3. Attac denuncia la triple discriminación que sufre […]
1. Presentan en el Juzgado de lo Social de Madrid, la primera DEMANDA por DISCRIMINACIÓN PROFESIONAL Y SALARIAL de la Mujer en El Corte Inglés
Sección Sindical de CC.OO. de El Corte Inglés de PRECIADOS-CALLAO
2. Por un feminismo social y de izquierdas
Mujeres de Espacio Alternativo
3. Attac denuncia la triple discriminación que sufre la mujer inmigrante en España
Grupo de INMIGRACIÓN de Attac Madrid4. La persecución por motivos de género debe estar incluida en la ley de asilo
Comunicado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado5. Aumenta la opresión y la explotación de las mujeres en el mundo
Xulia Mirón (A Luchar por el Socialismo)
1. Presentan en el Juzgado de lo Social de Madrid, la primera DEMANDA por DISCRIMINACIÓN PROFESIONAL Y SALARIAL de la Mujer en El Corte Inglés
Sección Sindical de CC.OO. de El Corte Inglés de PRECIADOS-CALLAO
Este es el último paso, en el camino que CC.OO. iniciamos en Diciembre de 2003, cuando hicimos la primera propuesta en el Comité de Empresa, para que se pusiera fin al sistema discriminatorio en lo profesional y salarial a que ha sometido al conjunto de trabajadoras de la empresa. Aquella petición, realizada con el rechazo y la oposición de los sindicatos amarillos de El Corte Inglés (FASGA y FETICO), y el archivo en la «P» de la Dirección de la Empresa, se ha convertido en una sólida DEMANDA judicial.
En Febrero de 2004* y Junio de 2005*, CC.OO. realizó sendas Denuncias ante la Inspección de Trabajo en materia de Discriminación Profesional (por el ínfimo número de Mujeres Mandos -15%- en relación al porcentaje de plantilla que representan -63%-) y Salarial (por la comprobación con las nóminas aportadas por 70 afiliadas/os de CC.OO. que el promedio del Complemento Personal de las Mujeres -174 Euros-, era inferior al de los hombres -372 Euros-, de su misma categoría profesional y antigüedad en 198 Euros), que concluyeron con la orden a la Empresa de que aplicara medidas para su corrección, hecho que no ha tenido lugar, limitándose la Dirección de El Corte Inglés a montar, con el apoyo de sus marionetas sindicales FASGA y FETICO, una Comisión Negociadora para un hipotético PLAN DE IGUALDAD, anunciado a bombo y platillo, hoy hace un año, donde El Corte Inglés y su mayoría sindical amarilla, no han hecho otra cosa que marear la perdiz, sin tan siquiera realizar una valoración de los limitados, sesgados e incompletos datos que la Empresa ha entregado.
En dicha Comisión Negociadora del PLAN DE IGUALDAD, SOLO CC.OO. mantiene y exige que el perjuicio ocasionado a las trabajadoras sea compensado con el incremento salarial y la indemnización oportuna, una vez comprobado el daño ocasionado profesional y salarialmente a las compañeras, en muchos casos a lo largo de toda una vida de trabajo en El Corte Inglés.
Esta primera demanda, interpuesta por una compañera con 33 años de trabajo en la Empresa, con un Complemento Personal de 120 Euros y trabajadora de un departamento en el que las vendedoras siempre han sido mujeres y los mandos hombres, es la punta de lanza de decenas de demandas que a lo largo de los próximos meses se sucederán, y que estamos seguros obtendrán en los Tribunales el respaldo y la sentencia que merece una realidad tan discriminadora como la que El Corte Inglés ha aplicado a la gran mayoría de personas que han hecho posible su imperio, de las cuales, casi dos tercios son mujeres.
2. Por un feminismo social y de izquierdas
Mujeres de Espacio Alternativo
Un año más miles de mujeres nos damos cita el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para salir a las calles a reivindicar nuestros derechos y recordar nuestras luchas. Es un momento de lucha por lo que nos es común.
Existen obstáculos diversos y distintos a superar según los distintos países, generaciones y aspiraciones feministas, pero en cualquier caso, la ilusión cronológica de aquello conseguido no debe hacernos creer que la emancipación ya está superada y queda a nuestras espaldas.
Lo personal es político, y en el terreno de la política y de las actuaciones públicas se han introducido cuestiones que durante mucho tiempo se consideraron del ámbito privado. En el estado español en los últimos años se ha desarrollado una creciente actividad institucional y legislativa para abordar las desigualdades entre mujeres y hombres, pero ello no es suficiente.
Las mujeres de Espacio Alternativo alzamos nuestra voz para gritar:
Basta de violencia contra las mujeres, no al imperialismo y la guerra: repudiamos la violencia sobre la que se fundan las relaciones de poder (entre los sexos, entre las naciones…) Por ello decimos no a la guerra como forma de explotación, opresión y dominación. No a las tropas españolas en Afganistán y el Líbano. No en nuestro nombre.
Reclamos la resolución pacífica y dialogada de los conflictos y reconocemos el papel de las mujeres en los procesos de paz, apoyamos el trabajo de las mujeres de Ahotsak en Euskadi.
Decimos no a la violencia machista con sus malos tratos, agresiones físicas, psicológicas y sociales. Queremos abordar las causas que la producen y para ello exigimos recursos, medidas y acciones centrados en la afirmación de derechos, libertad y autonomía de las mujeres. No queremos que se nos de un tratamiento victimista. No somos sujetos pasivos necesitados siempre de protección y tutela.
Por la sostenibilidad de los cuidados: El trabajo de cuidados supone todo un conjunto de tareas que aportan bienestar físico, psíquico y emocional a terceros (pareja, hijos e hijas, madres y padres, amigos y amigas…). Es imprescindible para el manteamiento de la vida y el funcionamiento social, aunque este totalmente invisibilizado y sea poco reconocido socialmente.
La actual organización de los cuidados está totalmente feminizada y precarizada. Esta se sostiene por una explotación basada en la división sexual del trabajo, en la perpetuación de los roles de genero y en una redistribución de cuidados entre las propias mujeres que recae sobretodo en las mujeres migrantes, que viven una situación de explotación, muchas veces sin contratos, sin papeles, sin derechos y por unos sueldos irrisorios. Mujeres que además se han visto obligadas ha dejar a otras mujeres (madres, amigas…) a cargo del trabajo en sus hogares para cuidar aquí, dando lugar a las llamadas «cadenas mundiales de cuidado».
El trabajo se ha multiplicado: dentro y fuera del hogar. Y la imposibilidad de conciliar la vida personal y doméstica con la laboral ha hecho salir a flote las tensiones estructurales del sistema. La llamada «crisis de los cuidados».
Como respuesta a una emergencia social, se ha aprobado la Ley de Dependencia que aunque en sus principios reconoce el derecho individual y subjetivo de toda persona en situación de dependencia a recibir atención, se queda muy corta en su aplicación y como avance social. Define la dependencia de forma restrictiva, adopta el copago como formula redistributiva, fomenta el sector privado en vez del público en la oferta de servicios, y pone restricciones al acceso por razones de poder adquisitivo, nivel de dependencia o nacionalidad.
Luchamos para que el centro de las relaciones sociales sean los cuidados. Pedimos unos servicios públicos, universales y de calidad. Queremos tener el derecho a que nos cuiden, a cuidar y a no cuidar.
Por la igualdad de derechos y contra todo tipo de discriminación: todavía hoy las mujeres en Europa deben trabajar un 15% más para igualar el sueldo anual de un hombre. Sin mencionar la existencia de menores oportunidades, las elevadas tasas de desempleo entre mujeres, las dificultades de conciliación personal y laboral. Criticamos la Ley de Igualdad, presentada como la respuesta marco, puesto que asume el concepto de igualdad en exclusiva desde una visión laboral. Se busca la mayor participación de la mujer en el mercado, pero no se garantizan mecanismos de corresponsabilidad de los hombres en el espacio doméstico -como ejemplo el débil acuerdo que habrá sobre la baja por paternidad-. No resuelve, pero se ahonda en la paradoja de conciliar la vida laboral con la doméstica. Queremos hablar de una igualdad que pueda hacerse efectiva también en el ámbito doméstico y privado.
No al integrismo católico y sí a la laicidad: Vivimos en un país donde la Iglesia católica todavía considera el Estado la entidad en la que ejercitar su poder temporal: nunca se ha resignado a la laicidad del Estado y la sigue combatiendo con todos los medios a su disposición. Denunciamos la situación reaccionaria y regresiva que lleva la iglesia católica, con el apoyo explícito de la administración pública, especialmente en el caso de la Comunidad de Madrid, contra la libertad de derechos sexuales y reproductivos. Reclamamos que el derecho al aborto sea realmente libre y gratuito. Exigimos una educación verdaderamente laica, con el desarrollo de una asignatura específica de educación afectivo-sexual.
Por un movimiento feminismo social, de izquierdas y desde la autonomía: Trabajamos desde un feminismo que quiere acabar con las conductas no igualitarias, con las conductas opresivas y discriminatorias, que busca la justicia social. Un feminismo que se construye trabajando con y no contra. Un feminismo que busca ser parte inequívoca de las otras luchas, porque son sus propias luchas.
Por un movimiento feminista que construye un modelo alternativo, sostenible, anticapitalista y socialmente justo.
Nos vemos el Jueves día 8 a las 19.00 en la Plazas de Jacinto Benavente!
Por la reorganización social de los cuidados!
3. Attac denuncia la triple discriminación que sufre la mujer inmigrante en España
Grupo de INMIGRACIÓN de Attac Madrid
ATTAC-Madrid reivindica la necesidad de asumir la construcción de una sociedad en la que se reconozcan y garanticen las condiciones de igualdad y vida digna para las mujeres extranjeras, cuyo rol es ya decisivo en los procesos de integración de los colectivos de personas inmigradas.
Discriminación como MUJER, como TRABAJADORA y como INMIGRANTE
De cara a este reto, del que deberán hacerse cargo la ciudadanía y los poderes públicos, ATTAC-Madrid constata una triple discriminación: como mujer, como trabajadora y como inmigrante dentro de la sociedad española y bajo el manto de su ordenamiento jurídico.
En efecto, en las condiciones del mercado laboral actual, los sectores económicos en los que se registran los niveles más altos de irregularidad son los mismos en los que se ha concentrado la demanda de trabajo de extranjeros y, no por casualidad, los que registran mayores niveles de precariedad. De estos, las mujeres inmigradas han sido reclutadas mayoritariamente en ramas caracterizadas por sus condiciones de inestabilidad y desamparo jurídico, como el trabajo doméstico y de cuidado, la hostelería y la prostitución.
Ello, sumado al alto porcentaje de extranjeras que presta sus servicios sin que medie dinero, es decir a aquellas mujeres que se ocupan en el mantenimiento de sus propios hogares o de sus parientes, sin que sus tareas sean siquiera reconocidas como trabajo.
En general las mujeres extranjeras trabajadoras, como sujetos económicos, contribuyen más de lo que perciben, y su colaboración en el mercado laboral y en el crecimiento económico no conlleva una contrapartida adecuada en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.
Con motivo de la celebración del día de la mujer trabajadora, ATTAC-Madrid realza la importancia de las siguientes reivindicaciones:
MUJERES INMIGRADAS OCUPADAS EN EL TRABAJO DOMÉSTICO SIN MEDIACIÓN DE DINERO:
Sus parejas, hijos u otros parientes pueden trabajar y, en consecuencia, incrementar el crecimiento económico del país, gracias a que ellas se ocupan del hogar. Sus familiares suelen engrosar las filas del mercado laboral irregular o sumergido, con lo cual la situación jurídica de toda la familia pende de un hilo.
Es necesario el reconocimiento de los derechos de la mujer inmigrada independientemente de la situación legal de sus parientes.
MUJERES EXTRANJERAS OCUPADAS EN TRABAJOS DOMÉSTICOS Y DE CUIDADO:
El trabajo doméstico remunerado es un trabajo degradado y precario, con horarios que llegan hasta las 16 horas diarias a cambio de salarios muy bajos y con niveles indignos de dependencia del empleador. Es una ocupación que tendría que haber desaparecido y cuya regulación contradice todos los derechos de los trabajadores, pero que ha tomado fuerza con la llegada de mujeres extranjeras. El trabajo doméstico no está incluido en el Estatuto de los Trabajadores. Ha sido regulado aparte porque se considera una relación laboral de carácter especial, en la medida en que ocurre en el domicilio familiar y su fundamento es la confianza.
Así, el fundamento de la «confianza» es el comodín para el sometimiento de la trabajadora inmigrante a tratos y circunstancias similares a la esclavitud, en contra de las recomendaciones del Consejo de Europa y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Además, los trabajos domésticos de cuidado de personas ancianas o discapacitadas constituyen un nicho laboral para mujeres inmigrantes, en el que tampoco se reconocen derechos laborales, a pesar de que esta variante específica de los trabajos domésticos y de cuidado, tiene el agravante de que su demanda responde a la marcada deficiencia de servicios públicos que deberían ser asumidos y prestados eficientemente por el Estado.
Este tipo de trabajos está amparado jurídicamente por un régimen especial de explotación (REAL DECRETO 1424/1985), que debe ser derogado para permitir el reconocimiento de plenos derechos laborales y la protección de la mujer inmigrante trabajadora de este sector laboral.
PARA LAS MUJERES INMIGRANTES TRABAJADORAS EN LA LLAMADA INDUSTRIA DEL SEXO:
La reciente conclusión de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados motiva una reacción urgente de rechazo ante el acuerdo de negar el reconocimiento de la dignidad laboral de personas adultas que libre y voluntariamente deciden sobre su ocupación y optan por la prestación remunerada de servicios sexuales. Esa conclusión contradice abiertamente las recomendaciones de la OIT, que ha reconocido la prostitución como una actividad económica que debe ser regulada para proteger y garantizar los derechos de las personas que la ejercen.
ATTAC-Madrid manifiesta la necesidad de renunciar a las políticas que reprimen todas las actividades relacionadas con la prostitución y hacen invisible el trabajo sexual colaborando con la estigmatización y la exclusión social. Se trata de políticas que incrementan los factores de vulnerabilidad a que se someten las personas que ejercen la prostitución.
Las circunstancias de alegalidad del ejercicio de la prostitución, de una parte, fomentan las posibilidades de que las personas que la ejercen resulten sujetas a relaciones de explotación, y de otra, abren espacios de impunidad a los traficantes de personas y al trabajo sexual forzado.
Consciente de que la marginación es la más peligrosa de las formas de opresión, ATTAC-Madrid se une a las recomendaciones emitidas por el Comité Internacional por los derechos de l@s trabajdor@s del sexo en Europa y resalta especialmente las siguientes exigencias:
-Dado que los derechos de las personas migradas y los derechos de quienes ejercen la prostitución son derechos humanos, urge la elaboración de una política de lucha contra el tráfico de seres humanos para su explotación sexual, que en lugar de fundamentarse en la aplicación de sanciones y la práctica de expulsiones respecto de las personas traficadas, supongan el reconocimiento de sus derechos laborales, sociales, judiciales y la prestación de ayudas específicas.
-El trabajo sexual voluntario requiere el reconocimiento de los mismos derechos que todo tipo de trabajo, sin que puedan mediar distinciones por nacionalidad u origen, por lo que se exige que quienes lo ejercen tengan acceso a la seguridad social y a la sanidad pública, a la consecución de condiciones laborales iguales a las de cualquier trabajador, al establecimiento de un salario mínimo y a la prestación de unos servicios cubiertos por el sistema de protección social general.
PARA LAS MUJERES EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:
La Mujer inmigrante es especialmente vulnerable en situaciones de maltrato intrafamiliar. Las circunstancias de hacinamiento, acoso económico y marginalidad, en que vive un alto porcentaje de las mujeres migradas extreman las condiciones de intolerancia y violencia doméstica. Adicionalmente, la carencia de redes sociales naturales deja a la mujer extranjera sin posibilidad de acudir a los apoyos informales más directos, y en la búsqueda de ayuda o vías de protección formal. Muchas de ellas tienen miedo a denunciar porque carecen de la documentación necesaria de regularización de su situación administrativa. Esta principal carencia se añade las dificultades materiales, lingüísticas y administrativas que disuaden a la víctima de denunciar o solicitar garantías.
Por otra parte, el ordenamiento vigente condena a la mujer inmigrante reagrupada que ha sido sometida a violencia intrafamiliar a la prolongación de su situación de indignidad, pues para la obtención de sus papeles con independencia de su pareja, el Reglamento de Extranjería le exige una sentencia con orden de protección dictada, que acredite la convivencia con el cónyuge reagrupante durante al menos 2 años.
Ante esta situación, es urgente, además de la derogación de la ley de extranjería y su reglamento, adoptar nuevas normas y prácticas públicas que observen de manera no uniforme los casos de maltrato y protejan a la mujer inmigrante víctima de este tipo de violencia de acuerdo con sus especiales circunstancias de vulnerabilidad, reconociendo, entre otros, su derecho a obtener papeles con independencia de su cónyuge sin condiciones adicionales.
PARA LAS MUJERES INMIGRADAS CON FAMILIA:
Teniendo en cuenta la realidad de las mujeres inmigradas en España, su dificultad para acceder a una vivienda digna, a un trabajo estable, y para integrarse en la sociedad de acogida -a sabiendas de que no goza de garantías para sus derechos- el derecho a la familia se ve seriamente afectado, pues los requisitos que impone la actual legislación de extranjería para la reagrupación familiar resultan desproporcionados y generalmente de imposible cumplimiento.
ATTAC-Madrid reivindica el derecho a la reagrupación familiar de todas las mujeres inmigradas y condena el ánimo de endurecer aun más las condiciones de reagrupación.
Finalmente, ATTAC-Madrid une su voz a la de todas las organizaciones que exigen la erradicación de todo criterio jurídico de exclusión, el reconocimiento de la igualdad de derechos sociales, políticos y civiles, y la garantía de una vida digna para todas las personas. La indiferencia ante la desigualdad y la exclusión de l@s más débiles nos condenará a tod@s a vivir en una sociedad injusta. ATTAC-Madrid convoca a la unión en la lucha por los derechos de las mujeres inmigradas, y a la concienciación de que su recorte -como cualquier otro- nos afecta a tod@s de manera directa.
4. La persecución por motivos de género debe estar incluida en la ley de asilo
Comunicado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
En el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este año bajo el lema «poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y niñas», la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) quiere que no se olvide la situación de mujeres que justamente por serlo sufren una mayor discriminación: son las perseguidas por motivos de género y las mujeres trabajadoras inmigrantes.
Muchas mujeres tienen que abandonar su lugar de residencia y reconstruir su vida, normalmente solas, precisamente por el hecho de ser mujeres: son las perseguidas por motivos de género. Mujeres que huyen de la explotación sexual, de la trata para prostitución forzada, de los abusos sexuales como arma de guerra, la mutilación genital, los crímenes ‘de honor’ o el maltrato familiar. Hasta ahora la legislación española no contempla la posibilidad de que una mujer obtenga el estatuto de refugiada por alegar ser víctima de la violencia de género. Sin embargo, en 2005 el Ministerio del Interior, tras el informe de apoyo emitido por CEAR, concedió asilo por primera vez a una mujer víctima de la violencia intrafamiliar en su país de origen, reconociendo que la persecución realizada por un agente no estatal (su esposo, la familia del esposo y su propia familia) en el ámbito privado tiene repercusión en el ámbito público con el reconocimiento de la condición de refugiada. Además, el Gobierno ha anunciado su disposición a incluir en la nueva Ley de Asilo este supuesto.
Los especialistas en derecho de asilo y las organizaciones de derechos humanos consideran que la persecución por motivos de género tiene cabida dentro de la Convención de Ginebra, en concreto dentro del supuesto «pertenencia a un determinado grupo social», y que es imprescindible su reinterpretación desde una perspectiva de género. Así, la persecución por motivos de género se establece en las Directrices sobre Protección Internacional, en el contexto del artículo 1 de la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York de 1967. El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha destacado la necesidad de incorporar la perspectiva de género a cada uno de los motivos de persecución señalados en la Convención de Ginebra, exhortando a los Estados a garantizar la perspectiva de género en la aplicación del derecho de asilo.
Mientras que otros países europeos ya han incorporado estos supuestos en sus procedimientos de asilo, en España no existen criterios en la legislación, ni guías propias que establezcan directrices para los casos de persecución por motivos de género, y hay escasa práctica administrativa y jurisprudencia al respecto.
En consecuencia, CEAR considera importante que se incluya el reconocimiento de este tipo de persecución en la nueva Ley de Asilo, lo que implica también la formulación de unas directrices procedimentales que sirvan como guía legal interpretativa al Gobierno, a los juristas y a los agentes encargados de la toma de decisiones en materia de asilo.
Trabajadoras inmigrantes: víctimas de la economía sumergida
Los datos publicados estos días con motivo del Día Internacional de la Mujer coinciden: las mujeres sufren peores condiciones laborales que los hombres. Pero esta discriminación es más evidente cuando hablamos de mujeres inmigrantes o refugiadas. Si tenemos en cuenta la creciente feminización del fenómeno de las migraciones (la mitad de los migrantes del mundo son mujeres), se entiende la necesidad de garantizar los derechos de un colectivo que es el principal responsable del mantenimiento de muchas economías y procesos culturales.
En nuestro país, las mujeres refugiadas e inmigrantes cumplen un importante papel social que, lejos de ser reconocido, es penalizado con la negación de derechos. Así, muchas mujeres extranjeras trabajan como empleadas domésticas, contribuyendo a que las mujeres españolas puedan acceder o mantenerse en el mercado de trabajo en un país que no cuenta con políticas efectivas de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Muchas otras asumen el cuidado de personas ancianas, en un país cada vez más envejecido y que tampoco ha asumido socialmente la atención a sus mayores. Otros sectores con trabajadoras extranjeras son la hostelería, limpieza, manipulación agrícola o la industria pesquera, que cuentan con el mayor índice de economía sumergida y por tanto de desprotección laboral. Son ocupaciones que se caracterizan por malas retribuciones, malas condiciones de trabajo y de horario y aislamiento social. En estas condiciones, el trabajo deja de ser una herramienta de promoción e integración social por el que estas mujeres extranjeras puedan ejercer como ciudadanas de pleno derecho y hacerse visibles en los espacios públicos más allá de los estereotipos que las marcan.
Por tanto, es imprescindible garantizar que las mujeres inmigrantes que trabajan en España puedan hacer efectivos sus derechos laborales para no hacer recaer sobre ellas una discriminación tras otra, lo que implica, entre otras medidas, reformar la Ley de Extranjería para acabar con la restricción de los derechos de los trabajadores inmigrantes irregulares y suscribir la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 y que no ha firmado todavía ningún país desarrollado.
5. Aumenta la opresión y la explotación de las mujeres en el mundo
Xulia Mirón (A Luchar por el Socialismo)
Mientras los gobiernos hablan de conciliación e igualdad, las mujeres trabajadoras y pobres en el mundo, en especial en los países oprimidos, ven como sus condiciones empeoran fruto de la criminal política de invasión, recolonización y explotación llevada a cabo por el imperialismo. Así, en estos días, tres mujeres en Irak fueron condenadas a muerte por ofrecer resistencia al imperialismo invasor; la mano de obra femenina sigue sometida incluso a variantes de esclavitud como en las maquilas y, en los países imperialistas, las mujeres inmigrantes se ven abocadas a trabajar en la clandestinidad y sin ningún derecho.En Portugal acaban de aprobar una ley del aborto insuficiente.
La política del gobierno Zapatero
El Gobierno Zapatero afirmó que haría de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres una de las señas de identidad de su acción política. Reformó la Ley de conciliación laboral y familiar del PP, estableciendo una rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, un aumento del permiso de paternidad, y reducciones de jornada y una ampliación del período de excedencia para ocuparse de mayores y enfermos. Aprobó también la Ley de igualdad que contiene nuevos incentivos a los empresarios para racionalizar los horarios de trabajo, para promover la paridad en los consejos de administración y para negociar Planes de igualdad en empresas de más de 250 trabajadores. Finalmente aprobó la Ley de dependencia (el llamado «cuarto pilar del bienestar») que no prevé crear una red pública de centros para ofrecer servicios de calidad y gratuitos sino aprovechar y extender los ya existentes, estableciendo una fórmula de copago del 33%, la obligación de los beneficiarios de contribuir a sufragar los servicios en función de su renta y patrimonio y la concertación de servicios entre el sector público y las empresas privadas.
¿Hacia la igualdad?
Las medidas adoptadas hasta el momento se revelan claramente insuficientes e ineficaces. El Gobierno afirma «que las mujeres españolas han protagonizado el mayor avance de toda su historia», sin embargo, la realidad social y económica no refleja esta afirmación. El desempleo femenino es superior al masculino (representa el 60% de los parados) a pesar de la intensa creación de empleo de las mujeres (8 millones de trabajadoras), se mantiene la diferencia salarial de hasta un 30% respecto a los hombres, las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas por las mujeres y persisten las dificultades para la conciliación familiar y laboral.
Por su parte los sindicatos CCOO y UGT han firmado varias reformas laborales con gobiernos del PSOE y del PP que, lejos de avanzar en políticas de igualdad, han conseguido el efecto contrario: más precariedad laboral -la más alta de Europa-, abaratamiento del despido, bajos salarios, el aumento de las horas trabajadas sin remuneración…, es decir, un modelo laboral y social neoliberal y desprotegido. Este modelo neoliberal –basado en la desregulación laboral, la reducción de derechos sociales y la privatización de servicios públicos– convierte en papel mojado las «buenas intenciones» legales.
Contra las políticas del gobierno
La política del gobierno ha sido aceptada por la mayoría de las direcciones sindicales y de las organizaciones políticas y feministas, con el argumento de que suponen un paso adelante en la igualdad entre mujeres y hombres, sin cuestionar en ningún momento las verdaderas causas de la desigualdad: el sistema capitalista y el patriarcado.
El gobierno no se atreve a tomar decisiones que puedan suponer un enfrentamiento con la patronal, la iglesia y los sectores más reaccionarios de la derecha. Con las medidas adoptadas por el gobierno se profundiza la situación de las mujeres y se fortalece la estructura patriarcal en la que se apoya el sistema capitalista para la opresión y la explotación de las mujeres, ya que no tienen como objetivo acabar con la violencia, ni legalizar el aborto, ni mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Todas ellas tienen un hilo conductor común: potenciar la familia y la privatización de los servicios públicos, de manera que el Estado se vea sustituido en sus responsabilidades sociales.
Avanzar en derechos con la lucha y la organización
La conciliación de la vida personal, familiar y laboral constituye un problema social de carácter colectivo y no un problema específico e individual de las mujeres. La conquista de la igualdad de salarios, la jornada de 35 horas por ley, los papeles para todas las trabajadoras inmigrantes, el aborto realmente libre y gratuito,… sólo puede ser fruto de la lucha y la organización.
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, debe ser una jornada demovilización contra las políticas del Gobierno Zapatero y de la patronal; y para ello las mujeres trabajadoras tenemos que avanzar en la construcción de un movimiento verdaderamente de clase, combativo e independiente.
* A Luchar por el Socialismo es una publicación mensual del PRT-Izquierda Revolucionaria, sección en el Estado Español de la Liga Internacional de los Trabajadores – IV Internacional (LIT-CI)