Entre octubre de 2013 y mayo de 2014, Nacho Hernández y Begoña Navarro -miembros del colectivo Sur-Cacarica, dentro de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia- han recorrido una parte de este país acompañando a líderes en materia de Derechos Humanos y comunidades en resistencia. Constataron sobre el terreno cómo se vulneran los derechos fundamentales […]
Entre octubre de 2013 y mayo de 2014, Nacho Hernández y Begoña Navarro -miembros del colectivo Sur-Cacarica, dentro de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia- han recorrido una parte de este país acompañando a líderes en materia de Derechos Humanos y comunidades en resistencia. Constataron sobre el terreno cómo se vulneran los derechos fundamentales en la Vereda de Pitalito (departamento del Cesar), la zona del Curvaradó (Chocó) y participaron, en las tierras del Cacarica (Chocó), en la comisión que verifica el estado de la frontera panameña. En esta región acompañaron a las comunidades de autodeterminación Vida y Dignidad. Nacho Hernández y Begoña Navarro han relatado su experiencia en las VIII Jornadas por la Paz y la Reconciliación en Colombia organizada en Valencia por el colectivo EntreIguales.
P-Conocisteis el caso concreto de la Vereda de Pitalito, en el departamento del César. ¿Cómo se organiza la comunidad y a qué problemas se enfrenta?
La Vereda de Pitalito pertenece al municipio de Chimichagua, pero el municipio más próximo es Curumaní. Se localiza al nordeste del país, en el departamento del Cesar, frontera con Venezuela. La comunidad se constituyó en 1994 y, durante la primera década, vivieron lo que ellos llaman la «época del bienestar». Han sido víctimas de tres desplazamientos forzosos. El primero, en 1999, por la violencia del ejército y grupos paramilitares, que entraron en el Pitalito buscando insurgentes. En consecuencia, tuvieron que abandonar las comunidades, donde vivían unas 20 familias. Con una escuela, tierras comunales y un proyecto de vida y trabajo colectivo. Colonizaron las tierras del pueblo, donde se dedicaban a la agricultura y algo a la ganadería.
P-Habláis de una dinámica constante de desalojo-retorno…
En efecto. En 2005 vuelven a sus territorios. Es el primer retorno. En el año 2009 intentan comprar la tierra, pero se les niega esta posibilidad: el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) les dice que se trata de «territorio de protección forestal» y, por tanto, no están a la venta. En 2010 Juan Manuel Fernández de Castro -terrateniente dedicado a la palma, ganadero y exmilitar- afirma que él es propietario de las tierras, y él gobierno le reconoce esta condición. Fernández de Castro fuerza (acompañado de paramilitares) a los campesinos a firmar un papel en blanco por el que deben renunciar a la tierra, a cambio de una pequeña cantidad de dinero (entre el 1% y el 10% del valor de la tierra). Se producen hostigamientos y el 24 de junio de 2010 hay finalmente un despojo «reglamentario», con presencia de la policía, la fiscalía y otras autoridades estatales, civiles y militares.
P-¿Hacia dónde se dirigen entonces los campesinos?
Se van a vivir a Curumaní. Siempre que los desalojan se desplazan a este municipio. Tras el despojo de 2010, viven en este municipio y se vuelven a organizar. Les apoya el Movimiento de Trabajadores Campesinos del Cesar (MTCC), además del equipo jurídico Pueblos y la Fundación Comité Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP). Empiezan entonces a trabajar en su segundo retorno, ya con apoyos y mucho más organizado. El regreso a los predios (originarios) tiene lugar el 21 de mayo de 2013. Se organizan y comienzan a cultivar la tierra, pero esta vez con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales. De hecho, hay una observación permanente, incluso vigilancia durante 24 horas.
P-¿Hasta cuándo permanecen en los predios?
El 25 de octubre de 2013 se produce un tercer desplazamiento, totalmente arbitrario. Vuelve Juan Manuel Fernández de Castro con los títulos de propiedad. Ahora bien, desde 2011 está en vigor la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que teóricamente repara las víctimas y abre la puerta a la recuperación de las tierras. Los campesinos de Pitalito deberían estar protegidos por este marco jurídico, pero no es así. El mismo día de la «inspección ocular» del territorio se produce el desalojo (con la presencia de autoridades estatales, ejército, policía y fiscalía), sin que se cumpla el plazo legal de 48 horas ni el derecho a la defensa. Además, la citada ley permite la inscripción en el censo de víctimas y recibir un tratamiento especial, además de entrar en un plan de contingencia que incluye ayuda humanitaria. Nueve de las familias del Pitalito tienen el reconocimiento oficial de víctimas, pero las prestaciones y garantías no se cumplen.
P-Y vuelta al municipio de Curumaní…
A Curumaní llegan 12 familias con 16 niños. Permanecen en un barrio de la periferia, en dos espacios cedidos por los vecinos que los campesinos llaman «El Albergue». Allí se mantienen 40 días en resistencia. Ponen en marcha acciones jurídicas, que no tienen respuesta, y el estado tampoco garantiza ninguna ayuda humanitaria, que sí prestan organizaciones locales e internacionales. Por otro lado, hay vecinos de Curumaní que los estigmatizan como desplazados. Ya no habrá otro retorno a la vereda. En esta última fase, se desplazan varias comisiones de verificación a la vereda del Pitalito para observar los cultivos. Había un compromiso verbal por parte de Fernández de Castro de que estos iban a respetarse. Pero en la segunda visita la respuesta consistió en disparos al aire; en la tercera, se comprobó cómo el ganado se comía los cultivos de los campesinos, hubo amenazas con pistola y disparos dirigidos a la comisión de verificación, formada por campesinos, observadores internacionales, abogados y periodistas. Esto indica que, a la hora de plantearse el retorno, los campesinos son muy vulnerables.
P-¿Cuál es la situación en la actualidad?
En la última fase de estancia en «El Albergue» era frecuente el control paramilitar. El pasado 6 de diciembre se desorganiza voluntariamente «El Albergue», tras 40 días de resistencia. Ahora, en Curumaní, cada uno se busca la vida como puede; periódicamente se reúnen y apoyan el paro nacional agrario y campesino. Confían fundamentalmente en la vía jurídica, aunque la ley reconoce a Juan Manuel Fernández de Castro como propietario de la tierra.
P-¿Quién es Juan Manuel Fernández de Castro?
Uno de los personajes más ricos del departamento del Cesar. Y un exmilitar que ha tenido además vínculos con el paramilitarismo. Los hombres que vigilan las tierras de su propiedad llevan armas y radiotransmisores de uso exclusivo del ejército. En Pitalito y su entorno, además, Fernández de Castro es un gran ganadero y terrateniente dedicado a la palma africana. La zona, cuyo suelo es muy rico en minerales, contiene una reserva muy importante de agua dulce, que el despojador quiere para regar sus tierras y vender el agua a los agricultores vecinos.
P-Por último, habéis relatado el caso de los desplazamientos en la Vereda de Pitalito. ¿Sirve como ejemplo de lo que ocurre en el conjunto del país?
Todo esto es bastante común en Colombia. En el caso de los campesinos del Pitalito, la resistencia es más difícil porque se trata de una comunidad muy pequeña. Otras comunidades reciben más apoyo. Los campesinos de esta vereda se han centrado en la vía jurídica. Pero es cierto que se trata de un ejemplo clásico de concentración de la tierra y vulneración de los derechos humanos en Colombia. Actualmente, se rozan los 6 millones de desplazamientos internos. Si añadimos desaparecidos, asesinados o víctimas de la violencia de género, podrían alcanzarse los 6,5 millones, según las organizaciones internacionales de Derechos Humanos. En zonas donde, muchas veces, si denuncias la muerte de tu hermano eres el siguiente en caer…
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