Son víctimas de los ataques que perpetran los sectores armados: desde que se constituyó la Comunidad de Paz (CDP) de San José de Apartadó en Colombia (región de Urabá, departamento de Antioquía), en 1997, han muerto asesinados 300 de sus integrantes, “lo que no impide que continúen resistiendo”, destacan la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (CVSC) y el Programa Valenciano de Protección y Acogida de Defensores de Derechos Humanos.
Dos de los líderes comunitarios, Arley Antonio Tuberquia, y Jean Carlos Guerra, realizaron durante el mes de octubre una gira por Europa, que incluyó una estancia –y un acto público en la Facultad de Filosofía- de cuatro días en Valencia.
La CDP constituye “un ejemplo de resistencia social concretada en la creación de una zona pacífica, en la que se ha abandonado la violencia como mecanismo de poder y se ha mantenido al margen del conflicto”, valoran la CVSC y el Programa Defensores, las dos entidades organizadoras del acto en Valencia.
Miembro de la Comunidad de Paz desde su fundación, Arley Antonio Tuberquia ha participado en el ámbito educativo y forma parte tanto del Consejo Interno de la CDP como del Comité de Derechos Humanos.
En cuanto a Jean Carlos Guerra -coordinador humanitario en la Vereda Arenas Altas-, su biografía echa raíces en la historia de la Comunidad; es hijo de uno de los líderes y fundadores, Luis Eduardo Guerra, asesinado por el ejército (en colaboración con grupos paramilitares) en febrero de 2005, en el contexto de la conocida como Masacre de Apartadó.
Este es uno de los puntos abordados en el documento Comunidad de Paz de San José de Apartadó: un modelo de resistencia civil al conflicto colombiano, distribuido por la Coordinadora y el Programa Defensores; precisamente el 21 de febrero de 2005 se produjo el último asesinato colectivo: “Numerosos testigos afirman que ese día soldados de la Brigada XVII torturaron y ejecutaron salvajemente a ocho personas, entre ellos tres niños y Luis Eduardo Guerra (…); sus cuerpos fueron despedazados empleando garrotes y machetes”.
Tras la masacre el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de ideario ultraderechista, relacionó a la población de la Comunidad de San José con la guerrilla de las FARC; una vez consumada la escabechina, se emplazó un cuartel policial en San José, con el efecto de que la población tuvo que desplazarse para construir un pueblo nuevo –sin presencia de actores armados-, denominado San Josesito.
El reporte de la CVSC y la iniciativa Defensores apunta los rasgos principales de una Comunidad de Paz: se reivindica la no violencia (los integrantes no llevan armas); además se establece el compromiso de no comerciar con grupos armados ni entregarles información, y a buscar una solución dialogada al conflicto en Colombia (en 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP).
A partir de estas premisas, el 23 de marzo de 1997 se constituyó la primera Comunidad de Paz: San José de Apartadó; de ella formaban parte cerca de medio millar de personas –de comunidades y fincas próximas-, que se vieron forzadas al desplazamiento como consecuencia de dos matanzas: el asesinato de los líderes de la Junta de Acción Comunal y el Comité de Mujeres, por parte de grupos paramilitares (septiembre de 1996); y la de los miembros electos de la cooperativa agrícola, obra de los mismos actores criminales (febrero de 1997).
Pero no sólo se trata de los más de 300 asesinatos desde que se declaró la Comunidad en 1997 (las víctimas han sido tanto sus integrantes como los campesinos de las zonas cercanas); a los homicidios se agregan las numerosas denuncias por desapariciones, torturas, desplazamientos forzados, robos y detenciones arbitrarias, entre otras violaciones de los derechos humanos; la mayor parte fueron obra de miembros del ejército y bandas paramilitares.
“La experiencia de la Comunidad de Paz de San José fue extendiéndose entre otras poblaciones acosadas por la guerra”, subraya el documento; 26 años después, a pesar de las amenazas y el control paramilitar, los pobladores de la CDP de San José de Apartadó cultivan en sus fincas –de manera orgánica- el cacao, la yuca, el maíz, frutales, arroz y crían ganado, cerdos y gallinas (han logrado alcanzar la soberanía alimentaria).
El informe de la Coordinación de Solidaridad con Colombia y el Programa Defensores señala la posesión de la tierra como uno de los problemas centrales –en la actualidad- de la Comunidad San José; se trata a menudo de tierras que no cuentan con título, ya que se compraron mediante un contrato privado o de palabra.
Además son, en no pocos casos, tierras fértiles y con fuentes de riqueza en el subsuelo, por lo que están en el punto de mira de las empresas de la agroindustria y la minería (los pobladores han tenido conocimiento de la concesión de licencias a las compañías por parte del Estado “sin la debida consulta previa e informada”).
Según el Informe, “la Comunidad de Paz comenzó en 2018 el camino legal para la legalización de sus tierras; desde entonces, se ha tenido que pelear en los juzgados contra empresarios y terratenientes que se oponen a que la Comunidad pueda legalizar tierras que ha poseído históricamente para evitar la especulación”.
La Comunidad San José de Apartadó emite periódicamente comunicados con el relato de agresiones a los derechos de la población civil, y a su proyecto vital; por ejemplo, el pasado 22 de septiembre (Sufrimos un Estado que no garantiza, sino que pone en riesgo nuestra supervivencia), informaron que el 6 de agosto un grupo de paramilitares se escondió en la escuela de la Vereda La Resbalosa (Corregimiento de San José de Apartadó).
Los sujetos mencionados se escondieron al observar la presencia internacional y de pobladores; así, “ya es algo rutinario percibir en la zona la presencia de paramilitares que portan armas y radios en medio de la población civil, a la que someten a sus caprichos”.
Mientras, los miembros de San José de Apartadó siguen participando en los grupos de trabajo comunitario; en los comités de salud, educación, trabajo, deportes, cultura o mujeres; la autoridad principal continúa siendo el Consejo Interno, formado por ocho miembros, electos cada semestre (por votación libre y voluntaria), junto a los 14 Coordinadores de Vereda.
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