En el marco del Paro Nacional y las movilizaciones de protesta social que vienen desarrollándose desde el 21 de noviembre en Colombia campesinos y pequeños mineros procedentes de Nordeste antioqueño, Sur de Bolivar y Sur del Cesar no quisieron quedarse al margen de las mismas y organizaron una caravana de autobuses para asistir a una […]
En el marco del Paro Nacional y las movilizaciones de protesta social que vienen desarrollándose desde el 21 de noviembre en Colombia campesinos y pequeños mineros procedentes de Nordeste antioqueño, Sur de Bolivar y Sur del Cesar no quisieron quedarse al margen de las mismas y organizaron una caravana de autobuses para asistir a una Asamblea Rural del Magdalena Medio y construir insumos para la Asamblea Nacional, Sindical Social, Popular y de los Pueblos que tenía lugar ese mismo fin de semana en Bogotá.
Un estallido social de protestas recorre Colombia, un inconformismo que sigue expresándose ante un Gobierno que incumple de manera sistemática todo tipo de acuerdos y al que no es ajeno los sectores populares rurales. La cuestión de la tenencia de la tierra es una de las claves en el origen y permanencia del conflicto colombiano, irresuelta después de mas de 50 años y que con los acuerdos de la Paz de La Habana de 2016 tampoco ha mejorado. Desde el 2013 se ha dado un fuerte proceso reivindicativo con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con paros agrarios en los años 2013 y 2014, que dieron lugar a una serie de compromisos en el año 2016 que los gobiernos de Santos y Duque han saboteado. De la misma manera el Gobierno ha incumplido acuerdos territoriales (Buenaventura, Chocó, Arauca, Casanare, sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, Catatumbo, Cauca y Nariño), sectoriales (estudiantes, maestros, trabajadores estatales, consultas populares contra el extractivismo,…) y étnicos con afrodescendientes e indígenas. En definitiva, constituye una tradicional y sistemática práctica incumplirlos, incluso el Protocolo de Ruptura y Retorno de negociación alcanzado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a cuya cúpula el estado Colombiano reclama a Cuba que los entregue tras la ruptura de las negociaciones por parte del Estado colombiano contraviniendo la buena fe que debe presidir este tipo de negociaciones, lo que sería un acto de perfidia tal y como han afirmado en una carta colectiva diferentes personalidades internacionales.
La Cumbre Agraria expresó en el pasado que «es evidente, que el único propósito del Gobierno es firmar acuerdos para lograr la desmovilización popular y de la insurgencia, al tiempo que profundiza la implementación del modelo agroexportador y extractivista neoliberal».
Para asistir a esa asamblea en el Magdalena Medio partieron en un viaje por carretera desde Segovia siete autobuses en lo que se iba a convertir en un viaje repleto de amenazas y coacciones por parte de autoridades policiales. En el trayecto hacia su lugar de reunión y en la madrugada del día 6 la policía interceptó injustificadamente siete buses que salieron desde Segovia en el kilómetro 56 de la vía que conduce de Puerto Berrío a Barrancabermeja. Durante varias horas la Policía los retuvo con diversas excusas y engaños, con un despliegue de fuerza y amenazas: revisando la documentación en diferentes ocasiones, práctica de requisas, desinformación de que había paramilitares que les estaban esperando mas adelante para atacarles (lo que además de falso podría encubrir una amenaza velada) y amenazándoles de usar la fuerza en su contra. Una actuación que ha generado un expediente de investigación por parte de la Procuradoría para depurar eventuales responsabilidades. Estos hechos generaron una serie de alarmas y que integrantes del Congreso de los Pueblos, Unión Sindical Obrera y Redher que tenían previsto asistir a dicha asamblea para acompañar la misma se tuvieran que desplazar a donde se encontraba la caravana para encontrarse con los autobuses en un intento de facilitar su tránsito, localizándolos en una gasolinera antes de llegar a la Lizama y comprobando que estaban rodeados y vigilados por patrulleros de la Policía. Después de reanudar la marcha y llegar a las proximidades de la Lizama, siempre vigilados por la Policía, se pudo comprobar cómo los lugares de ubicación que en ocasiones anteriores se habían utilizado para acampar (la última este mismo año a finales de abril) estaban copados por el Ejército que había organizado un gran despliegue de efectivos.
Finalmente, se decidió estacionar los autobuses en un lugar próximo a la carretera, junto a una finca particular que ya había sido utilizada en una ocasión precedente. Enseguida se pudo comprobar que al interior de la finca se habían emplazado las fuerzas militares (lo que constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario) y se decidió acampar al otro lado de la vía porque en las proximidades había un pequeño riachuelo en el que poder bañarse y asearse durante el encuentro. Este despliegue desproporcionado de la fuerza pública y la militarización del espacio además de excesivo presupone una estigmatización de la protesta social sobre la que además resulta evidente que se habría practicado una labor de inteligencia previa para anticiparse a los integrantes de la caravana para frustrar las actividades programadas.
Desde el momento en que estacionaron los autobuses para que descendieran los pasajeros la presencia de fuerzas militares y policiales se incrementó entremezclándose con los personas asistentes al encuentro.
En ese espacio junto a la carretera los asistentes sacaron sus carpas, toldillos y hamacas y desplegaron un improvisado campamento. Las guardias campesinas organizaron el orden y con las cacerolas sacadas de los autobuses, junto a la comida que se traía en las bodegas, se levantó lo que iba a ser la cocina que con leña recogida en el entorno serviría para alimentar a los asistentes. Entre los pobladores del campamento provisional se encontraban campesinos y pequeños mineros, desde chatarreras (mujeres que trabajan fuera de las minas escarbando entre montones de piedras que los mineros han desechado para encontrar algo de oro), barequeadores y pequeños mineros. A pesar de que los militares se situaran junto a las carpas de la gente no se generó ningún incidente con la fuerza pública aunque la orden del despliegue supusiera una provocación por la invasión en la privacidad de los mismos.
Por la mañana del viernes se desplazaron al punto las autoridades militares, policiales, SIJIN, Fiscalía, Defensoría y civiles encabezadas por la Secretaria de Gobierno del municipio de Barrancabermeja, Francy Elena Álvarez, que advirtió a los presentes que no iba a tolerar el bloqueo de la vía y dio la orden a la Policía de garantizar la movilidad de la vía e insistiendo en la falta de jurisdicción del municipio para atender unas reivindicaciones de los asistentes que no son del municipio de Barrancabermeja.
Después de la reunión se organizó una marcha en la Ruta del Sol, de carácter pacífica que estuvo acompañada por la Policía y en cuyo trayecto se pudo comprobar que a los lados de la vía se encontraba desplegado el Ejército. En la asamblea se realizaron debates y entre los resultados de los mismos como conclusiones se encontraban defender la madre tierra, luchar por la redistribución de la tierra y la riqueza, exigir las salida de las multinacionales extractivistas del país y exigir sistemas de salud, educación y seguridad social, públicos, de calidad y de cobertura universal. Por la tarde se repitió la marcha, sin que se produjese ninguna alteración del orden público.
La mañana del domingo 7 los integrantes de la asamblea de Lizama recogieron el campamento, limpiaron el lugar y se dirigieron a Barrancabermeja antes de regresar a sus lugares de origen para participar en un acto simbólico de hermanamiento con organizaciones locales y en el que aprovecharon para entregar productos agrícolas de sus lugares de procedencia para su posterior reparto entre la población.
Terminado el acto los aproximadamente 400 asistentes a las jornadas de movilización se montaron a sus autobuses para iniciar un largo regreso a sus localidades de origen, aunque cansados por la injustificado respuesta recibida de la institucionalidad, que desde el primer momento los percibía como una amenaza, en lugar de dar respuesta a sus reivindicaciones les otorga un tratamiento represivo, pero satisfechos por haber participado en las históricas movilizaciones que tienen ilusionado al país entero en la esperanza de un cambio real.
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