Nuevamente peticiones de años de cárcel para quienes practican derechos teóricamente reconocidos, nuevamente amenazas de ilegalización de organizaciones políticas, sociales y culturales. Y apenas ha comenzado el curso político. Un buen momento quizás para compartir una mirada global desde nuestras lentes de defensa de los derechos civiles y políticos. Hoy, 19 de octubre, comienza el […]
Nuevamente peticiones de años de cárcel para quienes practican derechos teóricamente reconocidos, nuevamente amenazas de ilegalización de organizaciones políticas, sociales y culturales. Y apenas ha comenzado el curso político. Un buen momento quizás para compartir una mirada global desde nuestras lentes de defensa de los derechos civiles y políticos.
Hoy, 19 de octubre, comienza el juicio contra el colectivo internacionalista Askapena, la Comparsa Askapeña, la asociación para el comercio justo Elkartruke y contra Unai, Walter, Dabid, Aritz y Gabi. Nuevamente peticiones de años de cárcel para quienes practican derechos teóricamente reconocidos, nuevamente amenazas de ilegalización de organizaciones políticas, sociales y culturales. Y apenas ha comenzado el curso político. Un buen momento quizás para compartir una mirada global desde nuestras lentes de defensa de los derechos civiles y políticos.
Desde Madrid (con la inestimable colaboración francesa) a lo largo del curso nos llegarán juicios contra personas acusadas de militar en Batasuna o en Ekin, contra alcaldes o vecinas de distintos pueblos por organizar comidas populares o pregones donde se apoya de una u otra forma a personas encarceladas, contra personas que expresan sus opiniones mediante tweets. O sentencias-venganza ad hoc como la reciente contra Santiago Arróspide.
Décadas de políticas de excepción cada vez más intensas y el miedo que las acompaña han calado poco a poco en el interior de nuestra sociedad, generando una cultura represiva que asume con naturalidad la contradictio in terminis que supone la «excepción-permanente». Sólo desde esta cultura de excepcionalidad permanente se puede entender que tras años de desaparecer la causa que en teoría justificaba dicha «anomalía» -las expresiones de violencia política no institucionales- ningún pilar de su arquitectura jurídico-policial haya sido derribada. Que, para colmo, en este tiempo se haya profundizado en la excepcionalidad mediante la enésima reforma del Código Penal, las leyes de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Privada, el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (¿alguien ha oído hablar de ella?) o el aumento del número de Policías Autonómicos Antidisturbios.
Necesitamos reducir a polvo todo ese edificio y la cultura política que lo sustenta. Necesitamos recuperar nuestros derechos civiles y políticos, el derecho a la disidencia. Para mitigar en lo posible las consecuencias de las injusticias ya cometidas y evitar nuevas. Para que la disidencia y la lucha social no salga tan cara en el futuro y disponer de herramientas que nos permitan plantar cara a las injusticias sociales y crear nuevas realidades.
Ese reto tiene muchos frentes. Uno, sin duda, es el de proteger a toda persona o asociación reprimida legal pero ilegítimamente por sus prácticas de lucha ilegales pero legítimas.
Por todo esto, por solidaridad y por nuestro propio interés hoy estamos con Askapena, Askapeña y Elkartruke, y como no, con Gabi, Dabid, Aritz, Unai y Walter.
Txerra Bolinaga – ELEAK