1.- El cine como pretexto En 1981, cuarto año triunfal de la llamada transición democrática hacia una democracia menor de edad y vigilada, el director de cine Carles Mira estrenaba la película «Con el culo al aire». Con el llorado Ovidi Monitor de protagonista y Eva León, Caco Senante y Juan Monleón, entre otros actores […]
1.- El cine como pretexto
En 1981, cuarto año triunfal de la llamada transición democrática hacia una democracia menor de edad y vigilada, el director de cine Carles Mira estrenaba la película «Con el culo al aire». Con el llorado Ovidi Monitor de protagonista y Eva León, Caco Senante y Juan Monleón, entre otros actores de reparto, el film representaba la metáfora del paso del fascismo hacia quién sabe qué desde un manicomio, con una representación de los fantasmas familiares del franquismo absolutamente hilarante.
La película, como todo film que no pretenda ir más allá de lo que los productores de una raquítica industria del cine español, dependiente siempre, no ya de la censura clásica, sino de lo que se supone que la taquilla admite y lo que no, tampoco pretendía ser más crítica que el feliz y autocomplaciente nuevo amanecer con pareja que se declara su amor, superada ya la caspa del clásico cura censor. Pero dejaba el punto irónico del apuesto cura, representado por Antonio Gades, vestido de clergyman y alzacuellos al uso declarando abiertas las «Festes Populars».
Sirva este homenaje al cine español para introducir la idea del esperpento como recurso de nuestra identidad colectiva como pueblo que no acaba nunca de saldar cuentas con su pasado más ignominioso.
2.-Atado y bien atado y sin demasiada voluntad de desatarlo
Tras 30 años -¡TREINTA AÑOS!- de aquél inicio de la transición democrática, desmemoriada, pactada con los herederos de la dictadura, ajena a cualquier proyecto de Constitución creada por constituyentes y, sí, en cambio receptora de Carta Magna otorgada por el designado sucesor del franquismo, Juan Carlos I, el Congreso de los Diputados del Reino de España aprobaba el 31 de Octubre de 2007 la Ley de la Memoria Histórica.
Dicha Ley, recordémoslo sólo pretendía lograr la «rehabilitación moral y jurídica» de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo; en concreto, se limitaba al «reconocimiento y ampliación de derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura» (1)
Otras cuestiones como un juicio al franquismo, la revisión de la transición, el papel jugado por las distintas fuerzas políticas en dicha transición o el carácter inelegido de la Monarquía restaurada, tras la dictadura que puso fin a la legitimidad de la II República, quedaban fuera de la Ley de la Memoria Histórica. Obviamente
Un país que necesita 30 años para recordar a las víctimas de la sublevación militar contra la legalidad republicana y cuyo gobierno «socialista» aprueba una ley que no es iniciativa suya sino de otras fuerzas políticas a su izquierda -IU y ERC, entre otras- no podría dar de sí mejor cosa que el parto de los montes, de cuya unión nació un ratón.
Dicha Ley no era sino un mal remedo a la injusta situación de los militares republicanos, los presos políticos y víctimas del franquismo, la denuncia de la incuria con la que los sucesivos gobiernos del PSOE desde Felipe González a nuestros días, habían tratado la cuestión. Las organizaciones de ex militares republicanos, de ex presos y de asociaciones por la memoria histórica, que buscaban a sus familiares para darles digna reparación y memoria llevaban muchos años exigiendo justicia y dignidad y recorriendo una larga travesía del desierto.
La particular configuración del resultado parlamentario de las elecciones de 2004 obligó al primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a pactar con la izquierda y sectores nacionalistas su investidura como Presidente del Gobierno por el PSOE. Ello creó el espejismo de un PSOE inclinado a la izquierda cuando la realidad pondría de manifiesto, tiempo después, su teoría de la política de alianzas de geometría variable, ora con la izquierda, ora con la derecha nacionalista, ora con el PP, cuando era menester.
3.-El abrazo del oso
Tras tres años sin desarrollar la Ley de la Memoria Histórica y habiendo sido recogida, desde la Audiencia Nacional, por parte del juez Baltasar Garzón, la doctrina jurídica sobre delitos de lesa humanidad y genocidio en su Causa contra los Crímenes del Franquismo, y declarándose dicho juez competente para elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir de la victoria franquista en la Guerra Civil Española, surgirá la reacción de los sectores franquistas agazapados en la judicatura, amparados por poderosos grupos de presión de la extrema derecha política (PP, bajo la manta de Manos Sucias y Falange Española y de las JONS) y mediática (El Mundo, ABC, La Razón, Libertad Digital, Grupo Intereconomía y otros medios de comunicación fascistas), que buscaban y lograron la inhabilitación del juez bajo la acusación de prevaricar.
Surge aquí la primera maniobra del entorno político del PSOE: convertir lo que temen que pueda transformarse en un movimiento contra la Impunidad del Franquismo en actos de protesta contra la inhabilitación del juez y limitar, de paso, el alcance de dicho movimiento para que no traspasara las fronteras de lo políticamente correcto. «Vayamos todos juntos y yo el primero por la senda de la defensa del juez campeador pero ni un solo paso más allá»
Durante dos meses, tras el inicio del proceso hacia el encausamiento de Garzón, la batalla política en relación a la Ley de la Memoria Histórica, se ha librado en términos de avance en la conciencia política de la izquierda y en exigencias de ir más allá de lo que una Ley, capada en sus objetivos, pretendía. El ataque a un juez, no carente de luces y sombras, pero decidido en ir más allá de lo deseado por el Gobierno, se convirtió en un Movimiento contra la Impunidad del Franquismo. Los riesgos de desbordar el electoralista juego del PSOE contra la derecha política española estaban en marcha. Ahora los objetivos de gran parte de dicho movimiento se dirigían también a cuestionar el papel jugado por la izquierda oficial en la transición, los pactos de hasta dónde no llegar en dicho proceso, el papel jugado por la Monarquía y hasta lo que la Ley de Amnistía había significado como amnesia de los crímenes franquistas.
El 11 de Mayo del presente año IU-ICV, con el apoyo de ERC presentó en el Congreso de los Diputados una moción sobre la recuperación de la Memoria Histórica que contenía los puntos siguientes:
1. Que el Congreso de los Diputados condene en declaración solemne al régimen franquista y dé apoyo a las víctimas del franquismo.
2. Constituir un día anual para conmemorar y apoyar a los represaliados del franquismo.
3. Dotar a las políticas de conservación y fomento de la memoria histórica de un marco institucional efectivo.
4. Crear un Alto Comisionado de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
5. Crear una fiscalía especializada en el apoyo y la ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la Dictadura.
6. Modificar la Ley de la Memoria para garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados.
7. Reformar cuantas disposiciones legales sean pertinentes con el objeto de impedir que puedan existir interpretaciones de nuestro ordenamiento jurídico contrarias a la legislación internacional en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad (3) [Nota del autor: Este punto hacía referenciar a limitar el sentido de la Ley de Amnistía de 1977 de modo que tal ley no constituyera un punto final para los franquistas].
Del conjunto de las propuestas presentadas por dichos grupos políticos, rechazó los referidos a la creación de una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura y el desarrollo de la figura de un «Alto Comisionado» de apoyo a esas misma víctimas para cumplir con lo ya establecido en la Ley de Memoria Histórica, lo que desnaturalizaba puntos esenciales de la propuesta.
Salvo el punto 7, de mayor calado político en lo relativo a la persecución de crímenes contra la humanidad y el genocidio y a la atribución de dichas competencias a los órganos judiciales correspondientes (4), los puntos rechazados -4 y 5- desnaturalizaban una propuesta de por sí más que moderada, ya que ésta hacía paréntesis entre la guerra civil y el franquismo y el presente, sin analizar lo sucedido en la transición, los asesinatos cometidos por la extrema derecha en ese período (5) y el modo en que dicha transición marcó límites de hasta dónde estaba permitido y no permitido llegar, así como la amnesia practicada en dicho período para insertar a los franquistas en la continuidad del nuevo régimen y legitimar su «homologación» democrática. Ni que decir tiene que IU no hacía, en su moción, alusión alguna a la ilegitimidad de origen de la Monarquía Juancarlista.
De hecho, si se hace salvedad del punto 7, que da legitimidad a la acción judicial contra el franquismo iniciada por Garzón, y se excluyen los puntos rechazados -4 y 5-, lo que queda es un mero desideratum de buenas intenciones y brindis al sol (puntos 1, 2 y 3) antes que la aprobación de acuerdos con auténtico mordiente político en relación con la memoria histórica y la lucha contra la impunidad del franquismo. De esto último nada.
Pero un punto de los acuerdos finales en relación con la moción planteada es particularmente importante en relación con la búsqueda que las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo vienen haciendo de los restos de sus antepasados. Es el relativo a la instancia que el Congreso de los Diputados hace al Gobierno de la Nación. En concreto se dice en el texto aprobado que se insta al Gobierno a «Garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados, pasando a ser ésta una política pública e institucional garantizada por el conjunto de Administraciones y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario. Para ello se impulsarán las reformas normativas que sean necesarias» (6). Pareciendo este punto enormemente positivo y un avance en relación con la asunción por parte del Estado de sus responsabilidades en relación con los crímenes del franquismo, lo cierto es que deja en manos de la voluntad del legislativo la aplicación de la búsqueda y exhumación de los cadáveres de las víctimas. Cierto que da una salida a la liquidación de Garzón por parte del Supremo, como juez encargado de realizar dicha tarea a nivel nacional, pero desactiva el protagonismo del tejido social vinculado a la recuperación de la Memoria Histórica (las asociaciones), sin que exista un desarrollo garantista de la voluntad del Gobierno a su realización. Y ese es un regalo envenenado al Movimiento Contra la Impunidad del Franquismo, algo que ahora parece aún no verse con suficiente claridad. De hecho, si dicho punto no se desarrolla legislativamente, quedará en nada.
Pero volvamos a los dos puntos no aprobados en los acuerdos entre IU-ICV, ERC y PSOE: los relativos a la creación de un Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas y la creación de una Fiscalía » especializada en el apoyo y la ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la Dictadura». Ambas figuras hubieran sido el contrapeso necesario para la exigencia al Gobierno de los acuerdos adoptados en materia de recuperación de la Memoria Histórica.
Por otro lado, el reconocimiento y subordinación a los órganos jurisdiccionales y tribunales competentes en lo relativo a la aplicación de la legislación que se ocupará de la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio deja a dichos órganos la potestad de establecer dicho cumplimiento de la legislación internacional, algo que ya ha sido saboteado previamente desde diversas instancias, incluido el propio Gobierno del PSOE, en cuanto a la importancia de su cumplimiento. Considerar los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la postguerra como crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles tendrá mucho más que ver con la voluntad de los miembros del órgano judicial que con una ley de obligado cumplimiento impuesta por el ejecutivo y/o el legislativo.
¿Ingenuidad de IU-ICV y ERC ante la propuesta y acuerdo con el PSOE? ¿Malas artes del partido del Gobierno y engaño a sus socios? ¿Reparto de papeles, avanzados vs. realistas? ¿De verdad que aún nos manejamos en tales categorías?
Los españoles somos un pueblo que nos tomamos nuestro tiempo para avanzar. En V siglos no hemos construido una nación sino una alianza dinástica y la imposición de unos territorios sobre otros. No hicimos la revolución burguesa en el siglo XIX y aún estamos, 35 años después de muerto en la cama el tirano, decidiendo si terminamos de enterrarle o no. Entretanto, la mayor parte de sus secuaces se han ido de rositas al valle de Josafat, salvo sus hijos, bien colocados en la alternancia dominante, los principales consejos de administración del país y la judicatura, por la que no pasó la democracia.
¿Pero aquí acaba este capítulo de las andanazas y desventuras de la Ley de la Memoria Histórica y de cómo el PSOE la deja «con el culo al aire»? Pues no exactamente.
4.-De cómo los actores son útiles para el «No a la Guerra» pero no para venir a dar la nota al Congreso
No nos engañemos. No hay ingenuidad en el título de este capítulo. Una parte del mundo del cine, el teatro, la canción, y en general, las artes más mediáticas, fueron una pieza no decisiva pero sí importante en el triunfo electoral de José Luis Rodríguez Zapatero.
El «No a la guerra» en 2003 y el hundimiento del Prestige fueron dos de las principales fosas que cavaron el fin del Aznarato, ambas junto con la gestión de mentiras y manipulación que el Presidente de la Cofradía del Vino y su partido pusieron en marcha tras el 11-M y de modo especial en las 24-48 horas previas a la consulta electoral del 14 de marzo de 2004.
Los actores jugaron en todos esos acontecimientos un papel protagonista y en primera línea de frente. La entrega de Premios Goya en 2003 con la pegatina del «No a la guerra» de algunos de los principales actores españoles fue tan sonado como su silencio ante los acontecimientos, años más tarde, del envío de tropas españolas a Afganistán. Entonces no hubo ni gritos ni pegatinas en de «No a la guerra» en la entrega de dichos premios.
Este silencio, apenas con alguna tímida y moderada excepción en sus declaraciones, ha seguido siendo así en todo este período de presencia de las tropas españolas en Afganistán.
Dejaremos al margen el turbio asunto de la SGAE porque en relación al mismo ha habido de todo. Desde el impresentable papel de José Ramón Julio Martínez Márquez, alias Ramoncín, pasando por otros muchos, hasta las dignas actitudes de actores como Willy Toledo, y otros, manifestándose contra la criminalización de los mantero o por el derecho a compartir contenidos en la red.
Pero el agotamiento del período de gracia y enamoramiento de los actores con el gobierno Zapatero tocaba a su fin. Más allá de las actitudes mantenidas por Cultura con el cine (ahora se plantean una huelga en el teatro: «el ser social -y sus avatares- determinan la conciencia social»), hay una realidad a la que los actores no han podido sustraerse. Este gobierno hacía tiempo que había perdido su orientación progresista en lo económico y en lo social, aspecto este muy marcado por su devenir en la crisis capitalista que azotaba al país.
El ataque al juez que representaba el intento de enjuiciar los crímenes del franquismo fue un momento para una parte amplia de los actores para intentar dignificar su imagen de bocas silenciadas y rescatar un grado de compromiso importante con las libertades. No juzgaremos la oportunidad de hacerlo, ni el cuando, ni el cómo. Lo que importa es que cuando la criminalización de Garzón se inició por parte de los herederos del franquismo se inició ellos estuvieron allí y fueron un elemento decisivo de la dimensión que la respuesta antifascista adquirió y de su evolución hacia un movimiento contra la impunidad del franquismo
Los videos contra la impunidad que un conjunto de actores han grabado y que pretendieron dar a los mismos un protagonismo mayor del ampliamente ya alcanzado en esta semana pasada, al presentarlos en el Congreso de los Diputados, recibieron el «NO en esta casa» por respuesta (7). Se evidenciaba, una vez más, que el divorcio entre la sociedad y la política avanzaba en el sentido de la deslegitimación de esta última.
Solo un imbécil o un canalla culparía a un personajillo fascistoide y meapilas como el Presidente del Congreso Bono, de ser el responsable de rechazar la exhibición de los videos de la campaña de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, y absolvería o excusaría al Presidente Zapatero. La táctica de repartir responsabilidades para salvar lo insalvable está plagada de indecencia moral y ya no tiene demasiados valedores.
Pues bien, aquí se expresa la quiebra en público de los «compromisos» del PSOE con la Ley de la Memoria Histórica. La añagaza con las modificaciones a dicha ley del mes de Mayo pasó inadvertida pero ahora es ya clamorosa.
El Gobierno de un partido que aplica la más brutal reacción contra trabajadores, y pensionistas próximamente, al objeto de sacrificarles a los pies del capital, ha perdido su glamour de liberalprogresismo de salón y ahora necesita nuevas alianzas. Entre ellas está CIU que, con el homófobo Durán y Lleida (8), es clave para continuar con el proyecto del PSOE de entregar los restos del Estado del Bienestar al capital. Y Durán y Lleida tiene cuitas pendientes tanto con Garzón (9) como con la Ley de la Memoria Histórica. (10). Rompiendo tópicos, los reaccionaros no son siempre mesetarios y castellanos.
5.-Una disyuntiva o unas conclusiones pertinentes
El momento presente del Movimiento contra la Impunidad del Franquismo puede ser abordado desde la disyuntiva «necesitamos puentes de conexión con el PSOE y el mundo de los actores es uno de ellos», aunque esté en proceso de ruptura, o desde la constatación de que se está quebrando el arrobamiento amoroso entre ambas figuras y que lo mejor que puede hacerse es renunciar al espejismo, asumir que el papel histórico del PSOE, desde la revolución del 34 o la rendición del comandante Casado es el que es y que los actores no tienen por qué continuar atados a su glamourosa seducción.
Ello significa asumir que a partir de ahora el papel que le toca cumplir al Movimiento contra la Impunidad del Franquismo tendrá muchos menos apoyos mediáticos e institucionales pero más libertad para marcarse los objetivos que juzgue necesarios y avanzar hacia ellos sin los límites impuestos por los compromisos del poder político con los poderes fácticos del franquismo. Es un camino largo, difícil y duro pero sin otros obstáculos que los que nazcan de nuestra capacidad para llegar a la sociedad y liderar la emancipación de un país de sus fantasmas.
O bien, nos queda el «realismo» de continuar avanzando hacia la superación del franquismo a través del largo camino de…¿150 años? Al fin y al cabo la Iglesia Católica funciona con la misma lógica: la de ponerse al día cuando ya nada del pasado importe.
En nuestras manos está la decisión.
Notas:
(1) Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (llamativamente este link al Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España no está accesible)
(2) http://www.publico.es/espana/
(3) http://www1.izquierda-unida.
(4) http://www1.izquierda-unida.
(5) «La transición sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983)». Mariano Sánchez Soler. editorial península. 2010
(6)http://www.tercerainformacion.
(9) http://politica.e-noticies.es/
(10) Para el portavoz de CiU, lo novedoso es que por primera vez se condenen actos que se hicieron durante la Guerra Civil «por gente descontrolada, por parte de jurados que acabaron con la vida de las personas o permitieron violencia sobre las personas por creencias religiosas o por su estatus social»: http://www.elmundo.es/elmundo/
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