M.H.: El día de ayer (29/8) comenzó el cese del fuego entre el gobierno colombiano y las FARC tras 52 años de conflicto armado. Se cierran de esta manera casi 4 años de negociaciones. ¿Qué nos podés comentar? R.V.C.: Podría decirle que, con independencia del juicio que se pueda hacer sobre los acuerdos y el […]
M.H.: El día de ayer (29/8) comenzó el cese del fuego entre el gobierno colombiano y las FARC tras 52 años de conflicto armado. Se cierran de esta manera casi 4 años de negociaciones. ¿Qué nos podés comentar?
R.V.C.: Podría decirle que, con independencia del juicio que se pueda hacer sobre los acuerdos y el contexto en el que estos discurren, porque es fundamental para poder entenderlo, es un hecho histórico, porque por primera vez en los ciclos de negociaciones que han tenido los distintos gobiernos con las FARC, nunca se había llegado a esta fase. Eso es un hito en la sociedad colombiana. Ahora bien, falta que se realice el referéndum, si gana el NO este hecho quedará como una anécdota porque la guerra seguramente continuará. Entonces, toca esperar a lo que suceda el 2 de octubre cuando se lleve a cabo el plebiscito para aceptar o rechazar los acuerdos en su totalidad.
M.H.: Me da la impresión a la distancia, que no sería descabellado que triunfe el NO.
R.V.C.: La sociedad colombiana se ha derechizado en las últimas décadas. Con un predominio muy fuerte en los medios de comunicación, que difunden mensajes de extrema derecha y que han generado en la población un imaginario que le apunta a la guerra, a la violencia, con un contenido profundamente mafioso. Con la idea de que la guerra es algo normal y cotidiano y que no habría problema en continuarla, siempre y cuando esté a distancia.
La gran contradicción de este plebiscito, que nunca debería haberse convocado, porque es ilógico pedirle a la gente la decisión sobre continuar o no la guerra. Ese plebiscito se propuso para reforzar el caudal político de Santos y recuperar el que ha perdido con todas sus políticas neoliberales.
Entonces, hay quienes apuestan al NO, que son los que siempre han lucrado con la guerra y consideran que mantenerla es algo que fortalece sus posturas políticas y sus intereses económicos. De tal manera que no está claro que vaya a triunfar el SI.
M.H.: No era esta la posición de las FARC, que habían sugerido la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
R.V.C.: Esa idea se fue diluyendo en el camino y al final prácticamente el plebiscito fue una imposición unilateral del gobierno, que decidió hacerlo como mecanismo de validación política para ellos, porque es absurdo preguntarle a la gente si está o no de acuerdo con terminar una guerra. Es como preguntar si se está de acuerdo con que sigan matando a sus hijos o familiares y que eso se acuerde mediante una votación, donde se esgrimen mentiras, exageraciones, por parte de quienes han lucrado con la guerra.
M.H.: También recibí la información de que en la madrugada del 27 de agosto, en una finca del sector La Corona, del corregimiento Puerto Clavel del municipio de Bagre en Antioquia, tropas del ejército pertenecientes a la brigada 11, capturaron a 5 personas, entre ellas tres campesinos y dos integrantes de las FARC que se desplazaban hacia la zona de ubicación, transición y normalización establecida en la vereda Carrizal. ¿Este tipo de hechos se han reproducido desde la vigencia del cese del fuego?
La represión, la persecución no han cesado en estos cuatro años de diálogo
R.V.C.: Yo no tengo noticia de lo que usted acaba de leer. Pero es previsible, porque a muchos sectores de la sociedad y de las FF. AA., les es difícil aceptar que los que antes eran sus adversarios militares, ahora no lo sean. La represión, la persecución no han cesado en estos cuatro años de diálogo y precisamente esa es una de las grandes inquietudes en el futuro inmediato, si por parte del Estado se va a garantizar la seguridad de los antiguos insurgentes o si estos van a quedar a merced de los grupos paramilitares o de los grupos que están en contra de cualquier proceso de paz por limitado que sea.
Hay que decir que este acuerdo de paz, a mi modo de ver es bastante limitado. Este acuerdo no es de paz, sino que le pone fin al conflicto armado, pero con todo lo limitado que es, el establishment en Colombia es tan conservador que cualquier mínima mención de índole reformista es calificada como comunista o, como lo llama la extrema derecha, «castro-chavismo», para decir que se está poniendo en juego la propiedad privada, la democracia liberal en Colombia, que al país lo están tomando fuerzas pertenecientes al castro-chavismo y mentiras por el estilo. Entonces, no es raro que la represión siga, y además que siga contra los movimientos sociales. Eso es lo que está por verse, si realmente se cumple o no, porque de eso depende que se pueda hablar de un fin de la guerra con las FARC. Es un escenario abierto y absolutamente incierto.
M.H.: Te adelantaste a un tema por el que te quería consultar, el punto 1 del acuerdo final habla precisamente de una reforma rural integral, pero tengo conocimiento de una denominada Ley Sidres, que en alguna medida condicionaría esta reforma agraria.
R.V.C.: Es que el gobierno santista es típicamente neoliberal, capitalista, de derecha y nunca lo ha ocultado. Al mismo tiempo que se establecían los diálogos de La Habana, en la práctica ha impulsado políticas de guerra y no de paz. Cuando hablo de políticas de guerra no solamente me refiero a políticas con implicaciones militares, sino a guerras sociales, políticas que hunden más en la miseria al pueblo colombiano, políticas que privatizan las pocas empresas estatales que quedan, políticas que abren la economía a las empresas transnacionales y mineras, políticas que venden los bosques, los mares, los parques nacionales; esas son las políticas que ha impulsado Santos, y en términos agrarios no ha sido diferente, ha impulsado la formación de las Sidres, que es una política para fortalecer al gran capital privado que invierte en el campo y al capital transnacional.
Han fortalecido a los grandes empresarios del país y a las grandes empresas transnacionales a las cuales les va a abrir la frontera, les va a posibilitar que se apropien de las mejores tierras y territorios. Es algo que se va a realizar, que ya se está realizando y va en contra de lo pactado en el acuerdo.
Se habla de reforma rural integral pero es algo muy tímido, porque no hay reparto democrático de la tierra, simplemente se habla de 3 millones de hectáreas que es una cifra ridícula en relación a las hectáreas del país que están en manos de los terratenientes. Y a pesar de esas limitaciones, la extrema derecha está pensando o denunciando que se está hablando del fin de la propiedad privada.
M.H.: Se habla de que luego de realizado el plebiscito habría una convocatoria a todos los partidos políticos, movimientos políticos y sociales y a las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional ¿Qué significa esto?
Estamos hablando de un acuerdo que le pone fin al conflicto armado pero deja abierto una cantidad de problemas
R.V.C.: Digamos que no está claro qué significa. Pero se puede entender que puede ser un llamado a una Asamblea Constituyente, que fue una de las solicitudes de las FARC durante la mayor parte de las negociaciones. Porque como he repetido, queda en claro que el acuerdo es muy limitado y muy corto, sin embargo, deja abiertas perspectivas para que en un futuro inmediato, muchos sectores sociales impulsen transformaciones que tienen que terminar en una Asamblea Nacional Constituyente que debata los grandes problemas del país y que se sitúe en esa nueva realidad política, que evidentemente surge con el fin de las FARC como grupo insurgente.
Hay una realidad política que hay que asumir y creo que eso es lo que se está insinuando al hablar de un gran acuerdo nacional, para tocar una serie de temas, porque estamos hablando de un acuerdo que le pone fin al conflicto armado pero que deja abierto una cantidad de problemas de la sociedad colombiana de diversa naturaleza en distintos órdenes, incluyendo el político. Como por ejemplo, qué hacer con un régimen electoral profundamente corrupto, con las maquinarias del Estado, con la corrupción del Parlamento, la concentración de poder mediático en los grandes medios de comunicación, etc.
M.H.: Otro de los temas que hemos conversado en alguna oportunidad y que está contemplado en el punto 3 del acuerdo final, se refiere a las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de DD. HH., movimientos sociales y políticos. Digo esto porque durante este proceso de casi 4 años, se han asesinado a centenares de líderes sociales y defensores de DD. HH. y la impunidad ha sido la norma. ¿Qué garantías hay de cumplimiento de este punto?
R.V.C.: En realidad es uno de los puntos más inciertos y que más dudas dejan. No solamente por lo que usted refiere, que es evidentemente cierto, sino por referencias históricas anteriores. En procesos históricos de desmovilización, acuerdos y de amnistía con distintos grupos guerrilleros, incluyendo el movimiento guerrillero del Partido Liberal de los ’50, inmediatamente después de la desmovilización se inició la cacería y el asesinato de la mayor parte de los miembros de estas guerrillas, sobre todo de sus mandos medios y altos.
En ese sentido lo que viene es absolutamente incierto y existe la posibilidad de que el Estado no cumpla con los acuerdos y se inicie un asesinato no solo de dirigentes guerrilleros, sino de muchas personas que han estado relacionadas con estos procesos y que continúe el ataque contra los movimientos sociales, que nunca ha desaparecido y, en la medida que más se hablaba de paz en los encuentros en La Habana, más arreciaba la represión del movimiento social en el campo y en la ciudad.
M.H.: También es preocupante el nuevo código de policía que se adoptó a finales de julio, la Ley 1801.
R.V.C.: Sí. Es que el santismo tiene un doble discurso, por un lado el de la paz, pero en la práctica refrenda toda la política represiva que se ha desarrollado en Colombia en las últimas décadas, aunque se le cambien los nombres. Hay distintos sectores de los partidos tradicionales y de las FF. AA., que han dicho que cuando se termine la guerra contra las FARC lo que viene es la guerra contra los movimientos sociales y que, por lo tanto, hay que armarse política y jurídicamente para impedir que estos movimientos adquieran autonomía, radicalidad y puedan nuclear a importantes sectores de la sociedad colombiana.
Estamos ante un Estado oligárquico profundamente conservador que lo que quiere es el fin de los enfrentamientos militares, pero que la sociedad colombiana siga siendo tan injusta y desigual como siempre ha sido.
La generación de la pena de muerte
M.H.: ¿Podemos cuantificar qué han significado para tu país estos 52 años de guerra civil?
R.V.C.: Para ser más estrictos yo diría que no deberíamos hablar de 52 años de guerra, sino un poco más, cerca de 70 años de guerra si nos remitimos a la fecha de 1945, que para mí es el momento en que se inicia.
M.H.: ¿Con el asesinato de Gaitán?
R.V.C.: Antes. Lo que hizo el asesinato de Gaitán fue radicalizar un proceso que ya venía en marcha, que tenía como característica la persecución a fuerzas de izquierda del pequeño Partido Comunista, pero sobre todo a fuerzas del gaitanismo que eran sectores populares en el seno del Partido Liberal. Entonces se inició la persecución tanto en el campo como en la ciudad de esos sectores mediante el asesinato, la organización de grupos paramilitares, que en esa época no se llamaban así pero que cumplían con la misma función, la de eliminar a los adversarios. En realidad desde ese momento se inicia este largo conflicto, las FARC es una de sus expresiones, están también el ELN y otros movimientos guerrilleros que se formaron, muchos de ellos ya desaparecieron.
Nosotros pertenecemos a una larga generación, que yo denomino «la generación de la pena de muerte», está formada por varias generaciones, somos los colombianos nacidos después de 1945, que no hemos experimentado ni un solo día de paz política, en el sentido de que vivimos en este país y cuando salimos por la mañana de la casa, no estamos seguros de regresar. Salimos con ese temor, así no lo digamos a los cuatro vientos, pero tenemos esas dudas. Es el temor a que asesinen o desaparezcan a una persona por pensar políticamente distinto, por ser crítico ante el capitalismo colombiano. Esa es la dura realidad de la guerra de estos 70 años.
Cifras podríamos dar muchas, «la primera violencia» entre 1945 y 1965 (que así se llama en la historia colombiana) dejó por lo menos 300.000 muertos, se calcula que la guerra que va de 1958 a la actualidad, según cifras oficiales que se ponen en duda, dejan por lo menos 220.000 muertos. Estamos hablando de los últimos 20 años, de 6 millones de campesinos desplazados de sus tierras, tierras que han quedado en manos de grupos paramilitares, de nuevos terratenientes, aliados a las FF. AA. o aliados al narcotráfico, estamos hablando del asesinato de 3.000 dirigentes sindicales en los últimos 30 años. Colombia es el país del mundo donde más se asesinan a defensores de derechos humanos. Colombia es el segundo país de mundo en asesinato de docentes, de profesores de distintos niveles. Es el primer país del mundo con un mayor desplazamiento forzado interno, incluso con cifras peores que países como Irak o Afganistán. Esa es la realidad de la guerra, del terrorismo de Estado, que hemos soportado en carne propia.
Estamos hablando de entre 80.000 a 100.000 desaparecidos. En Argentina siempre se habla de 30.000 desaparecidos como cifra emblemática. Nosotros triplicamos o cuadriplicamos esa cifra, desde que se presentó la primera desaparición en el año 1977 de una militante política de la costa atlántica, de Barranquilla, llamada Omaira Montoya. Desde ese año hasta el momento actual, no se saben cifras exactas pero podemos estar hablando de 80 a 100.000 desaparecidos. Esa es la magnitud de una guerra en una sociedad que se dice democrática, abierta, tolerante y pluralista. Por todos estos hechos es que el futuro inmediato es incierto y uno no puede decir qué va a pasar en los meses por venir.
Lo que me gustaría agregar, es que con todas las limitaciones que tiene este acuerdo, me parece una oportunidad histórica. No sería cualquier circunstancia el hecho de que pueda ser descartado de manera olímpica o apresurada, porque acuerdos como éstos no se firman todos los días, se firman cada medio siglo y representan una oportunidad histórica para los pueblos y me parece que debería refrendarse, que el SI debería ser absolutamente mayoritario el 2 de octubre. Sin que eso signifique apoyar el gobierno de Santos, porque eso es lo que confunde el régimen, que la aprobación del acuerdo signifique apoyo a todas sus políticas neoliberales, a la criminalización de la protesta popular, a no hacerle frente a EE. UU. y las transnacionales. Por el contrario, creo que se debe hacer una clara diferenciación entre el apoyo al acuerdo y la política neoliberal del gobierno de Santos.
Una oportunidad como ésta no se da todos los días y hay que pensar en los escenarios que quedan abiertos para emprender muchos otros conflictos. Por eso no estamos de acuerdo en utilizar el término «post conflicto» que utiliza el gobierno de Santos y sus ideólogos, como si en Colombia se fueran a terminar todas las dificultades y todas las desigualdades por la firma de este acuerdo, por el contrario, se abre el panorama de nuevos conflictos que han estado ocultos y encerrados y a los que se ha perseguido y criminalizado. No es que el 3 de octubre, si es que el 2 en el plebiscito gana el SI, el pan va a ser más barato, pero sí quisiéramos salir sin miedo a comprarlo. Esa es la esperanza que uno tiene, sin que esto signifique que en la sociedad colombiana, con todos los ejemplos de desigualdad que tiene, algo cambie simplemente por la ratificación de este acuerdo que pone fin al conflicto armado con la insurgencia de las FARC-EP.
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