Determinadas circunstancias familiares y personales me han tenido en contacto durante las últimas fechas con las instituciones públicas responsables de la salud de la ciudadanía. Y me ha servido para profundizar en los derechos y los deberes de los usuarios del sistema. Pues bien, si queremos ser críticos, participativos y que no se nos atropelle, […]
Determinadas circunstancias familiares y personales me han tenido en contacto durante las últimas fechas con las instituciones públicas responsables de la salud de la ciudadanía. Y me ha servido para profundizar en los derechos y los deberes de los usuarios del sistema. Pues bien, si queremos ser críticos, participativos y que no se nos atropelle, debemos conocer nuestros derechos y exigir con firmeza el cumplimiento de los mismos.
Recientemente viví la situación de seis días en urgencias del Hospital Virgen de la Candelaria, con una persona querida a la que se pretendió derivar hacia la medicina concertada y a lo que la familia se negó rotundamente. Durante cuatro días intentamos que nos atendiera la dirección médica del centro: el vuelva usted mañana o el ya lo llamaremos fue la respuesta obtenida. Mientras esto nos ocurría, y se nos pretendía reiteradamente derivar hacia el negocio privado de la salud, en dicho centro hospitalario había 300 camas bloqueadas, no ofertadas a las personas enfermas, para dirigir a la mayoría hacia dicho negocio. Por tanto no era la causa una razón económica, ni tampoco que estuvieran repletos los centros públicos. Era una razón más perversa, de la que hemos sido sufridores.
Desde hace varias décadas, opté por los servicios de la Seguridad Social, por razones ideológicas, porque defiendo como usuario el servicio público de la sanidad; y esta decisión la tomé, habiendo tenido opción a inscribirme en la medicina privada, a través de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, a la que me obligaron a pertenecer.
Sin embargo, en los últimos años he observado y padecido cómo se va produciendo el progresivo e intencionado abandono y deterioro de la sanidad pública, en detrimento de los sectores más desfavorecidos, mientras se prima y se deriva a los pacientes hacia el negocio privado de la salud. Como ejemplos, valgan el cierre de plantas en el Hospital Universitario de Canarias o el bloqueo actual de 300 camas en el complejo hospitalario Virgen de La Candelaria, ambos pertenecientes al Servicio Canario de Salud. Mientras, cualquier intervención quirúrgica, servicio de consulta externa u hospitalización son derivadas por los propios trabajadores públicos, -cumpliendo órdenes del Gobierno Canario- hacia los centros concertados privados, que cada día crecen más con dinero público, haciendo negocio con la salud de las personas, y en muchos de los cuales prestan sus servicios, como pluriempleados, algunos de los mismos que nos derivan. La prueba evidente, y lo digo con conocimiento de causa, está en que cuando te ha recibido el cirujano en su consulta pública para operarte, por ejemplo, de una hernia umbilical no urgente, te deriva a la clínica privada en la que él trabaja en horario de tarde, mientras en los centros públicos están los quirófanos inactivos, las plantas cerradas y las camas bloqueadas. ¡Qué desvergüenza!
La decisión de «enfermo derivable» hacia los centros concertados se toma con una facilidad pasmosa en las urgencias y consultas de los centros públicos. Se nos está obligando, en muchos casos, contra nuestra voluntad a formar parte del negocio privado de la salud cuando hemos elegido o tenemos asignado un servicio público. Ante estas situaciones nos tenemos que plantar y negarnos. Y a ver hasta dónde llega el chantaje y la obligatoriedad.
Nuestras autoridades hacen propaganda continuamente, a bombo y platillo, diciéndonos que se han acortado o eliminado las listas de espera. Y a algunos de ellos incluso los vemos en alguna ocasión usando dichos servicios, eso sí por circuitos preferentes y de privilegio, y con luz y taquígrafos (cámaras de televisión, en este caso), como puro ejercicio propagandístico. Ellos nunca se pasarán seis días en urgencias con un familiar, por negarse al chantaje de ser desviado hacia la medicina concertada. Pues bien, para el común de los ciudadanos, la simple asistencia a un neumólogo puede aplazarse hasta 9 meses, o el inicio de una rehabilitación muscular para reincorporarte a tu puesto de trabajo puede tener una previsión de seis meses de espera, en el mejor de los casos. Situaciones como ésta, ni hay personas ni hay país que lo resistan, tanto desde el punto de vista de la salud personal como desde el de la economía y eficiencia colectivas, tan demandadas en estos tiempos de crisis.
Necesariamente, uno tiene que concluir que los gobiernos elegidos por la ciudadanía para gestionar lo público no creen en ello, traicionando a quienes los votaron, ya que o bien colocan al frente de la gestión sanitaria a personas no adecuadas para llevarla adelante con éxito o bien deciden claras medidas de deterioro de lo público y fomento del negocio privado, o incluso la conjunción de ambas hipótesis, que, en definitiva, nos perjudican a los usuarios y sirven para seguir incrementando el desvío, hacia el negocio privado de la salud, de fondos públicos, que debieran estar destinados a servicios públicos esenciales.
Además, resulta inconcebible que, en tiempos de crisis, y desde una concepción meramente economicista, se recorte el gasto público en servicios esenciales para las personas y, de manera especial, para los sectores más desfavorecidos, como ocurre con la sanidad. Hasta la ONU ha puesto estos días el grito en el cielo sobre este asunto.
Tenemos derecho a ser atendidos en un centro público, y mucho más cuando hay plantas cerradas o centenares de camas bloqueadas. Tenemos derecho a ser atendidos con prontitud cuando estamos enfermos y a no estar condenados a acudir a una consulta privada, que hemos de costear, si podemos. Estamos pagando doblemente por un mismo servicio, por el que no se nos da y por el que usamos obligados por las circunstancias. Tenemos derecho a ser atendidos en un centro público y no tenemos obligación alguna de acudir a un centro concertado, si ese es nuestro deseo. No estamos pidiendo favores ni nos están concediendo favor alguno cuando nos atienden debidamente y en un centro público. Es nuestro derecho y su obligación.
Tenemos que hacer valer nuestros derechos frente a los privatizadores y destructores de los servicios públicos. No podemos resignarnos a que las cosas sigan empeorando. Con la salud no se juega.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.