Brayan, adolescente de 12 años integrante de la Fundación Creciendo Unidos de Bogotá -miembro del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños/as y Adolescentes Trabajadores MOLACNATs-, junto con Luna de la Corporación Combos de Medellín -miembro de Dynamo International, Red Internacional de Educadores de Calle (1)-, participaron como delegados de los niños de Colombia al […]
Brayan, adolescente de 12 años integrante de la Fundación Creciendo Unidos de Bogotá -miembro del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños/as y Adolescentes Trabajadores MOLACNATs-, junto con Luna de la Corporación Combos de Medellín -miembro de Dynamo International, Red Internacional de Educadores de Calle (1)-, participaron como delegados de los niños de Colombia al 68 período de sesiones del Comité de los Derechos del Niño de la Naciones Unidas, realizado en Ginebra (Suiza) el día 16 de junio.
El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS difunde el discurso de los adolescentes.
«En esta oportunidad queremos compartir con Ustedes algunas de nuestras preocupaciones frente a la situación de NNA afectados por el conflicto armado interno, con base en la solicitud que este organismo hizo sobre el particular en el año 2010 al revisar el estado de implementación del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados en nuestro país, la cuales se fundamentan en la continuidad de la confrontación armada y las afectaciones contra esta población como violencia sexual, muerte, mutilación, reclutamiento y uso, desplazamiento forzado, ataque y ocupación de escuelas y otros bienes civiles, cuyos perpetradores se mantienen y se han diversificado en los últimos años por la reconfiguración de las estructuras paramilitares:
1. Igualdad de tratamiento independientemente del carácter y estatus político del grupo armado. Los niños y niñas reclutados o utilizados por los grupos armados post-desmovilización, no reciben el mismo tratamiento jurídico de las víctimas de reclutamiento ilícito atribuible a las guerrillas de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia Ejercito Popular (FARC-EP) y del Ejército de liberación nacional (ELN), negando así el carácter que mantienen estos grupos como estructuras armadas que guardan una relación directa o siguen siendo grupos paramilitares. El gobierno al no reconocer el carácter de grupo armado de estas estructuras ha llevado a que los niños y niñas víctimas de éstas sean reconocidos como delincuencia común y no como víctimas en el marco del derecho internacional humanitario, lo que lleva a que el Código de Infancia y Adolescencia sea aplicado en pleno en materia de Responsabilidad Penal Juvenil, excluyéndoles además de la posibilidad de acceder a los mecanismos de reparación integral establecidos para las víctimas del conflicto armado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y el acceso a los procesos de desarme, desmovilización y reintegración previstos por el Estado a cargo de la Agencia colombiana para la reintegración (ACR), lo que significa hoy en la práctica una desigualdad en el tratamiento que reciben los niños aún cuando los efectos en sus vidas y derechos son los mismos.
2. Dimensionamiento del fenómeno de violencia sexual en el país contra NNA en ocasión del conflicto armado. Si bien se reconoce un avance del Estado colombiano en materia de implementación de sistemas de información que den cuenta de algunas violaciones de derechos humanos, frente a las afectaciones contra los NNA por el conflicto armado, la brecha aún es alta. Por ejemplo, en materia de violencia sexual en contra de NNA en ocasión o en relación con el conflicto armado, no es posible identificar la dimensión de ésta en el país. En una aproximación realizada por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la campaña violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra se ha establecido que entre el año 2008 a 2012, se registraron por algún sistema de información del Estado 48.915 casos, de los cuales no es posible hacer seguimiento uno a uno, no se puede establecer que tipo de atención han recibido las víctimas al menos en materia de salud y el abordaje psicosocial de los efectos, y no se encuentran claramente identificados los avances en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los perpetradores de las violaciones. Teniendo en cuenta que esta afectación en particular es especialmente invisibilizada por razones que van desde el miedo de las víctimas a la denuncia por la presencia y presión de los actores armados y/o la vergüenza que este tipo de afectaciones implica, hasta las barreras de acceso a la institucionalidad que pasa por la falta de formación de los y las funcionarias públicas para la atención de víctimas de violencia sexual, la ausencia de seguimiento de las situaciones puestas en conocimiento de alguna autoridad, ausencia de una cultura del registro o la complejidad de éste, han llevan a que no sea posible contar con el dimensionamiento que esta situación requiere para fundamentar el diseño, apropiación presupuestal, implementación y evaluación de políticas públicas que respondan a una realidad más cercana. Por lo anterior, se hace necesario insistir en la disminución de la brecha entre los diferentes sistemas de información del Estado, una franja común que permita una mejor organización y utilidad de la información disponible así como el seguimiento de los casos que se han presentado especialmente en materia de justicia que sirva como mecanismo preventivo de nuevas violaciones de esta naturaleza contra los NNA.
3. Situación de los NNA en las zonas de frontera. De acuerdo con el monitoreo y visitas de campo a las zonas de frontera por organizaciones de la sociedad civil y versiones de miembros de las comunidades, especialmente, con los países de Venezuela y Ecuador, se ha encontrado que las dinámicas propias de las zonas fronterizas se han convertido en un facilitador de violaciones contra los niños y niñas. En el caso del reclutamiento por ejemplo, el transito de los actores armados entre un territorio y otro, facilita la evasión de la acción de protección e investigación de las autoridades.
4. Campañas cívico-militares continuidad y debilidad del Estado colombiano en el proceso de revisión de las mismas. A partir de la revisión de las Observaciones emitidas por este Comité al Estado colombiano en virtud del OPAC, éste último adoptó un oficio fechado del 6 de julio de 2010 emitido desde el Comando General de las fuerzas militares con el objetivo de que la fuerza pública tuviera en cuenta aspectos relativos a la protección de los NNA en el marco del conflicto armado, incluyendo como uno de los aspectos principales las acciones conocidas como cívico-militares. Desde entonces, las mismas fueron denominadas como Acciones de apoyo al desarrollo, pero han conservado la esencia de las campañas cívico militares. De esta manera, desde Julio de 2010 la COALICO ha monitoreado un promedio de 195 acciones de apoyo al desarrollo realizadas por la fuerza pública en algunos casos acompañada por la institucionalidad civil local y regional, en la que han participado más de 150.000 NNA en 31 de los 32 departamentos del país. Estas acciones siguen en la línea de actividades educativas, recreativas y de salud pero auspiciando la militarización de la vida civil, estimulando a los NNA al cumplir la mayoría de edad a pertenecer a las fuerzas militares de manera abierta y directa y mantener el acercamiento con la población civil.
5. Inclusión de la niños y niñas en la mesa de diálogo y establecimiento de mecanismos verificables que garanticen la entrega e inserción social de los mismos. Frente a la ausencia de discusión de la situación de NNA afectados por el conflicto armado en el actual proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC -EP, con base en lo sucedido en procesos anteriores de esta naturaleza en el país, se teme que se repitan errores del pasado y que una vez más los niños y niñas reclutados, especialmente los niños y niñas menores de 15 años que forman parte de las FARC, no sean identificados e individualizados en el momento de la desmovilización final. Así mismo, preocupa que aún después del inicio del proceso de diálogo no hayan cesado las acciones de reclutamiento y uso de los NNA así como actos de violencia sexual, muerte y heridas por ataque y ocupación de escuelas y otros bienes civiles, entre otros, lo cual es previsible teniendo en cuenta que los diálogos se surten sin acuerdo previo y bilateral de cese al fuego. De igual manera preocupa que hasta el momento la situación de los NNA no haya sido tratado en forma directa en el marco de los diálogos.
6. Garantías e integración social de los niños y niñas desvinculados. En el contexto actual de diálogos para la terminación del conflicto armado entre el Gobierno colombiano y la FARC-EP y el inicio de la etapa exploratoria con el ELN, frente a la eventual entrega masiva de los niños y niñas adolescentes que se encuentran vinculados a estos grupos, respetuosamente solicitamos que el Comité pudiera hacer énfasis en la necesidad que en el país se diseñe e implemente acciones que garanticen y favorezcan sus procesos de inserción, los cuales deberán partir de una evaluación objetiva de las fortalezas y debilidades que este tipo de acciones han tenido en el pasado y se tenga como referencia criterios como: a. Participación activa de los mismos niños, niñas y jóvenes víctimas en la discusión y definición de las medidas de protección y reparación integral a las cuales van a acceder. b. Acompañamiento psicosocial y medidas de inserción social que reconozcan su condición de víctimas de reclutamiento y los efectos que este hecho les ha generado. c. Inclusión de herramientas de prevención como parte de las garantías de no repetición, lo que debe de contemplar en forma prioritaria la implementación en las regiones de programas orientados a garantizar oportunidades de educación y desarrollo que eviten la vinculación de nuevos niños y niñas y la reincorporación de quienes se desvinculen a otras estructuras armadas vigentes en el país.
Muchas gracias al honorable Comité por escucharnos y esperamos estos aspectos sean tenidos en cuenta al momento de emitir sus observaciones finales sobre Colombia», concluye la presentación de Luna y Bryan.
Hay que recordar que conforman la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO-: Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violencia -Justapaz; Asociación Taller de Vida; Benposta Nación de Muchachos; Corporación Casa Amazonía; Corporación Vínculos; Defensa de Niñas y Niños internacional -DNI-, Colombia; Fundación Creciendo Unidos y Servicio Jesuita a Refugiados -SJR- (2).
Es importante subrayar que los niños y las niñas del movimiento infantil de la plataforma colombiana por el protagonismo de NNJ elaboró el informe Alterno sobre el estado de cumplimiento de sus derechos en Colombia que fue presentado ante el Comité internacional de los derechos del niño en Ginebra Suiza, gracias al apoyo de Terre des Hommes TDH- Alemania.
A diario 27 menores son agredidos sexualmente
Durante la Cumbre Global para Eliminar Violencia Sexual en conflicto armado global que se ha realizado el día martes 10 de junio en Londres, se ha socializado el informe «Que dejen de cazar a las niños y niñas» sobre violencia sexual contra niñas y niños en Colombia preparado por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico).
En certamen de Londres es la Cumbre Global para Eliminar la Violencia Sexual en los Conflictos Armados (3), que hace parte de la «Iniciativa para Prevenir la Violencia Sexual en Conflictos Armados» liderada por el ministro británico de Relaciones Exteriores, William Hague, y la enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Angelina Jolie. Con la iniciativa, se busca decirle al mundo que «no se puede aspirar a terminar con la discriminación en contra de las mujeres si no se enfrenta una de las formas más extremas de violencia en su contra: la violación sexual como instrumento de guerra».
Según el informe ‘Que dejen de cazar a las niños y niñas’, elaborado por la Campaña ‘Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra’, al menos 27 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual a diario en el marco del conflicto armado entre 2008 y 2012.
El informe, que fue socializado en Londres (Inglaterra), por la Corporación contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), asegura que en esos cuatro años hubo al menos 48.915 víctimas de violencia sexual menores de 18 años distribuidos en: 41.313 niñas y 7.602 niños, en hechos que se presentaron en 1.070 municipios de los 1.130 del país.
De acuerdo con el reporte, en el año 2012, específicamente, por los menos 13.320 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de este delito, donde el agresor fue un actor armado.
La investigación señala que los departamentos donde más casos ocurrieron son Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Santander. Además, se suma a Bogotá, pues en estos sitios se registra el 56 por ciento de las víctimas totales es decir 1.327 niños y 5.379 niñas.
En el caso de la Amazonia, que es una región con bastante presencia de cultivos ilícitos, actores armados, Fuerza Pública y contratistas foráneos, se han evidenciado prácticas recurrentes de violencia sexual, que a pesar de haber sido denunciadas por la sociedad civil y la comunidad internacional, no están registradas.
En 2012, los mayores sitios con registro de víctimas son Bogotá, Medellín, Cali, Tumaco, Pasto, Pereira y Barrancabermeja. De igual forma, el informe señala que los datos se concentran alrededor de las cordilleras y en la costa pacífica del sur occidente del país, específicamente en Buenaventura y Tumaco.
Costa Atlántica
En el caso de la costa Atlántica se evidencia que el registro grueso se concentra en Montería, Sincelejo y Cartagena, posiblemente por las dinámicas del conflicto armado en los centros urbanos, que responden a otros escenarios y a otras potencialidades estratégicas.
En el caso de Córdoba, Sucre y Bolívar, durante 2012 se presentaron 743 victimas, es decir el 5.6 por ciento del total.
Las zonas de mayor percepción de incidencia de violencia sexual son Montes de María y La Mojana, y aparecen dos municipios de Antioquia (Arboletes y Nechí), que no fueron señalados como externos a los departamentos o a la región.
Allí se identificaron por lo menos cuatro formas de violencia sexual recurrente: la primera es el «enamoramiento», seguida de la esclavitud sexual en la que los grupos armados se llevan a las niñas para ser «compañeras» sexuales temporales de los comandantes de estos grupos; en tercer lugar están los actores armados que entran a las casas de las personas y se alojan allí con o sin el consentimiento de las familias, y éstas a su vez tienen que alimentarlos, mantenerlos y protegerlos de otros armados; en ese escenario, pueden abusar sexualmente de las mujeres y niñas en la casa, o muchas veces las familias prefieren desplazarse para evitar estas situaciones.
La cuarta y última está asociada con la administración de las redes de trata de niñas y niños con fines de explotación sexual por parte de los actores armados.
En el caso de Cartagena, se involucra el turismo y las condiciones de miseria y extrema vulnerabilidad de la población en situación de desplazamiento.
En Córdoba y Sucre, en cambio, está directamente relacionado con la esclavitud sexual; en la minería del sur de Córdoba y la zona del bajo Cauca antioqueño, principalmente, también sucede con las cárceles, donde llevan a las niñas y algunos niños y los obligan a prácticas de explotación sexual.
En Sucre se identificó que la violencia sexual contra los jóvenes es utilizada como mecanismo de control a partir del castigo, la humillación y el chantaje. Alimentado por los mitos que asocian el abuso sexual de los actores armados hacia niños y adolescentes varones, con la homosexualidad de la víctima.
En Córdoba los municipios con mayor incidencia de conflicto armado y violencia sexual, de acuerdo a la información cualitativa son Planeta Rica, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Ayapel, Alto Sinú, Montería, San Antero, León Medio, San José de Uré, Valencia y Versalles. También la zona costanera como Lorica, Moñitos, Canaletes, Los Córdobas y Arboletes.
En Sucre y Bolívar la zona de Montes de María (Los Palmitos, San Onofre, Ovejas, Colosó, Chalan, Sincelejo mismo, El Carmen de Bolívar, María la Baja, San Juan Nepomuceno) y además Sampues, Majaguan, San Benito, La Mojana, Corozal, Zambrano, y Cartagena.
Costa Pacífica
En el caso del Pacífico, Buenaventura y Tumaco son los municipios que más altos valores de violencia sexual en escenarios de conflicto armado tienen.
En Nariño se asocia la violencia sexual contra niños y niñas en escenarios de conflicto al reclutamiento forzado, y en escenarios concretos de guerrillas.
Los municipios más complicados en Nariño son Taminango, Santacruz de Guachavez, Bocas de Satinga, Mosquera, Francisco Pizarro, Policarpa, Leiva, Rosario, Tumaco, Ricaurte, el Charco, Samaniego, Barbacoas, Roberto Payan, Magüi Payan, Cumbitara, Altaquer, Olaya, Santa Barbara de Iscuandé, Ipiales y la Tola.
Amazonía y Orinoquía
En Amazonia, los municipios donde la situación llama la atención son Puerto Caicedo, La Hormiga, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Orito, San Miguel y Sibundoy.
En Putumayo se registraron 167 casos en 2012, casi el doble que en 2011.
En la Orinoquía, como en el oriente del país, Putumayo y parte de Nariño, a pesar de la distancia geográfica, la violencia sexual está directamente relacionada con el reclutamiento forzado.
En Arauca es más común el reclutamiento de niñas. Las organizaciones e instituciones perciben que cuando se reclutan a niñas, las agreden sexualmente y cuando se llevan a los niños y se enteran, por ejemplo, de que estos son homosexuales, los torturan. Esto no solamente sucede con los grupos armados ilegales, sino también con las fuerzas del Estado.
Entre 2008 y 2012, en estos tres departamentos se reportaron por lo menos 6.962 víctimas de violencia sexual por alguno de los actores armados presentes en los territorios.
Región Andina
En el caso de la región Andina, se analiza la diversidad de la zona, con dinámicas económicas, políticas y sociales diferentes. Sin embargo, se evidencia una separación entra las capitales y los municipios aledaños, a pesar de las políticas regionales de metropolización, se llama la atención en el caso de Medellín donde se reporta el 11 por ciento de todos los casos a nivel nacional en 2012, es decir 1.495 victimas, de los cuales por lo menos 4 lo son por actores armados.
En términos regionales, se identificaron zonas (especialmente en el corredor entre el Urabá Antioqueño, parte del Magdalena medio y el Catatumbo), en las que al control del territorio por parte de los actores armados, se les suma la explotación de recursos naturales. Esto ha permitido la creación de escenarios de explotación sexual de niñas y niños. La trata de personas, desde Córdoba hacia el bajo Cauca Antioqueño es frecuente. Las niñas que pueden ser recuperadas regresan en pésimas condiciones de salud.
Entre las principales conclusiones del informe se destaca que «todos los grupos ilegales han participado en diferentes momentos de agresiones sexuales contra la población civil contra las niñas, pero también contra los niños y adolescentes varones, pese a la invisibilidad del fenómeno». Igualmente, señala que este tipo de violencia varía de acuerdo al actor armado presente en cada territorio, por lo que las políticas de prevención y atención deben adecuarse con las necesidades específicas de cada región (4).
NOTAS
Cristiano Morsolin, investigador italiano y operador de redes para la defensa de los derechos de los niños/as y adolescentes. Trabaja en Latinoamérica desde 2001. Panelista y autor de varios libros especializados sobre el tema. Co- fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán). Blog personal: http://diversidadenmovimiento.wordpress.com/
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