Habrá que pensar que el palacio de la Moncloa constituye una caja negra en cuyo interior se pierde el sentido de la realidad. Todos los presidentes de Gobierno, cuando se empecinan en determinadas posturas y llevan adelante proyectos en contra de la opinión de la mayoría de los ciudadanos, confían en que transcurrido el tiempo […]
Habrá que pensar que el palacio de la Moncloa constituye una caja negra en cuyo interior se pierde el sentido de la realidad. Todos los presidentes de Gobierno, cuando se empecinan en determinadas posturas y llevan adelante proyectos en contra de la opinión de la mayoría de los ciudadanos, confían en que transcurrido el tiempo la sociedad olvidará el contratiempo. Puede ser que en muchos casos así sea, ya que el poder posee una enorme capacidad de intoxicar y de descubrir u ocultar las cosas a su conveniencia.
De todas formas, puede haber sorpresas y a veces la realidad se impone tenazmente descubriendo la farsa. Aznar confió en que los ciudadanos no le pasarían cuentas por la guerra de Iraq, pero el atentado del 11 de marzo hizo que la contienda y sus consecuencias estuviesen muy presentes en la jornada electoral. Zapatero ha tranquilizado a los suyos prometiéndoles que la sociedad y los votantes olvidarían el Estatuto de Cataluña a medida que el momento de su aprobación se fuese alejando en el tiempo. Con lo que no cuenta, sin embargo, es que la Generalitat y los partidos nacionalistas, incluido el PSC, lo van a recordar a diario, descubriendo así sus efectos perversos.
No han tardado mucho tiempo. El portavoz del Gobierno de la Generalitat, a pesar de pertenecer al PSC, ha anunciado que plantearán conflicto de competencias por la aprobación del Reglamento de subvenciones, recurriendo si fuese preciso al Tribunal Constitucional. Se basan para ello en el nuevo Estatuto. Y es posible que tengan razón, pero con ello lo único que se demuestra es el sinsentido del Estatuto, que impide cualquier coordinación a nivel estatal.
El hecho es que la Generalitat se niega a facilitar datos a la base nacional de subvenciones. Con este instrumento se pretende sólo tener disponible, para todo aquel que lo desee, información sobre las subvenciones concedidas por todas las administraciones públicas y de las recibidas por empresas y particulares. Se intenta impedir de esta forma que un mismo beneficiario termine recibiendo, por superposición de las distintas administraciones públicas, cantidades superiores al coste de la actividad subvencionada, o que unas mismas facturas sirvan para justificar subvenciones de varias administraciones públicas. ¿Atenta esto contra la autonomía del Gobierno de Cataluña?
El Gobierno catalán tampoco está de acuerdo en tener que justificar las subvenciones que recibe del Estado por las competencias que comparte con él o que son exclusivas de la Generalitat, es decir, todas, y en ese todas se incluyen las que se obtienen de la Unión Europea. Según parece, con el Estatuto se llega al absurdo de que la Hacienda Pública estatal conceda dinero para determinadas finalidades y no pueda comprobar después si efectivamente se han llevado a cabo.
La contradicción se incrementa tratándose de los fondos de la Unión Europea, ya que Europa, aun cuando no es nación ni Estado ni constituye una verdadera unidad política, sí practica, como es lógico, un enérgico control sobre las subvenciones que concede, sean competencia de quien sean, y exige que los gobiernos estatales -no sabe ni entiende de Autonomías- hagan lo propio. La Administración española, por tanto, estará obligada a rendir cuentas a la Unión Europea de algo que no controla.
Bajo estos supuestos, que sin duda alguna se irán generalizando a todas las Autonomías, será imposible practicar una sola política pública en el plano nacional. Ya se está viendo lo que ocurre con la emigración y el espectáculo un tanto bochornoso de todas las Autonomías peleándose por el número de emigrantes que reciben. Ahí están también los problemas que han tenido que sufrir en el Congo varias familias españolas inmersas en procesos de adopción por el prurito de la Generalitat de actuar por su cuenta al grito de que las adopciones son de su exclusiva competencia. Claro que después es la Embajada española la que tiene que intervenir.
Por cierto, lo que parece bastante contradictorio es que el Gobierno, al mismo tiempo que promociona este proceso, cree una agencia para evaluar las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas se van evaluar? Ganas de rizar el rizo y de crear organismos inútiles.