La inocultable crisis social, económica e institucionalidad nacional, día a día desnuda la mediocridad e irresponsabilidad política y social de quienes usufructúan y ejercen el poder político y económico, en Colombia y en países en desarrollo.
El deshonroso ranking de inequidad socioeconómica, las persistentes altas tasas de criminalidad, la creciente inseguridad que amenaza a diario a toda la ciudadanía, en toda la geografía nacional, el crónico desempleo, la informalidad creciente, el flagelo de la corrupción ya casi incontrolable; no son consecuencia exclusiva y única de la existencia y accionar de las organizaciones criminales organizadas.
Hay causas socioeconómicas e institucionales concretas, que el establecimiento evita reconocer, analizar, controlar y revertir, como son; la progresiva insolvencia técnico-administrativa, la pésima calidad de la educación, el cáncer de la politiquería y el clientelismo y su consecuencia directa, la corrupción. No son objetivo de control del gobierno, porque afecta intereses poderosos.
La corrupción se constituyó en el soporte del poder político y económico nacional.
Quienes disponen de poder y jurisdicción, generalmente no acceden a la respectiva posición por capacidad y pertinencia académica demostradas, solvencia moral, honestidad y experiencia en el ejercicio profesional, sino, por recomendación y conveniencia, así sean elegidos por voto popular. Es realidad insoslayable, desde Presidentes y Ministros, hasta los cargos de menor connotación.
Esta realidad del poder político, es la responsable de la crisis general del régimen y de la precariedad socioeconómica, el caos y anarquía institucional e inseguridad, que padece el colectivo nacional.
Sin revertir esa estructura política-institucional del poder y modelo socioeconómico, es imposible superar y revertir las causas del conflicto político, social y económico y mejorar la convivencia en paz, y la cacareada equidad socio-económica de los colombinos, prometida por cada gobierno, seguirá siendo un esquivo sueño.
El conflicto colombiano, no obedece solo a la existencia y accionar de las organizaciones criminales organizadas y grupos delincuenciales. Da la impresión que el gobierno y sus áulicos se esfuerzan en mostrarlo así y pretende que el pueblo lo asuma así. Trata de demostrar y hacer creer, que si firma acuerdos de paz con la guerrilla, todo puede resolverse, con base en promesas incumplidas, y así, la paz surgirá milagrosamente. La paz hay que construirla racionalmente y el soporte ineludible es la equidad socioeconómica.
El conflicto colombiano tiene sus raíces en lo ético, moral, social, político y económico. En todos los aspectos, hay inequidad total y anarquía. Revertir todas las causas que lo hicieron posible y mantienen, obliga sacrificar privilegios e intereses de los directos y exclusivos usufructuarios y dueños del poder político y económico.
¿El Régimen vigente está dispuesto a ceder? Ha demostrado que no.
¿Qué cree el Presidente Uribe-Duque, sobre las causas profundas e integrales del conflicto?
¿Qué creen y a qué están dispuestos a concertar y aceptar; el Congreso, los políticos, los empresarios, gamonales y usufructuarios del poder político y económico?
El paro nacional, promovido y ejercido por diferentes sectores productivos empobrecidos y sociales excluidos y relegados del poder, es consecuencia de la irresponsabilidad política de todos los gobiernos, desde hace más de 200 años.
De la progresiva y general descomposición del poder, de la mezquindad y codicia de sus usufructuarios y los dramáticos casos de corrupción e impunidad, es de donde surge el creciente malestar e insatisfacción del ciudadano. Cada vez entiende más y mejor la irresponsabilidad de los gobernantes. El responsable y causa de la protesta, son todos los gobiernos, anteriores y presentes.
Eso de que más del 60% de la fuerza laboral nacional, tenga que dedicarse al rebusque y que más del 70% gane menos de dos salarios mínimos y más del 50% menos de un salario mínimo, el 96% de la burocracia, menos de $3.350.000/mes y el 99%, menos de $5.250.000, desnuda el problema socioeconómico nacional y justifica inequívocamente el derecho a la protesta.
La percepción de inseguridad de los ciudadanos, cuando se desplazan, en la ciudad o entre ciudades y el campo, en toda la geografía nacional, no proviene solo de la existencia y accionar de guerrillas.
La mayor amenaza, hoy, es la delincuencia común y organizada, esparcida por toda la geografía nacional. Generalmente integrados por jóvenes desplazados de toda posibilidad laboral digna. Utilizados, en muchos casos por protervos intereses, ante el atractivo del dinero fácil, que les permita disfrutar del festín que el consumismo y el mercado imponen. Sin billete, están excluidos. El billete lo obtienen con el atraco, el raponazo y demás formas delincuenciales.
El modelo económico-político vigente, debe ser reestructurado integralmente. Los gobiernos dice que el modelo económico-político, no es negociable. ¿Por qué, si es el responsable del problema? Pregonan el cambio pero para que todo siga igual.
Es posible estructurar un modelo económico-político que permita erradicar todas las causas responsables del conflicto actual y creciente malestar social, que supuestamente esta dispuesto a negociar el gobierno.
La crónica crisis socioeconómica y política del planeta, demuestra que el modelo económico-político neoliberal, debe reestructurarse y corregirse.
La superación de las causas del conflicto, puede lograrse. Es asunto de responsabilidad y voluntad política. Para ello, es imprescindible la re-estructuración del marco legal, regulador de las actividades ciudadanas, de manera que garantice cumplida equidad socioeconómica y de derechos fundamentales. Obliga la derrota de la corrupción que dramáticamente corroe los cimientos de la institucionalidad nacional y amenaza el futuro de la nación. Deben entenderlo todos los colombianos, incluidos los más ultraderechistas y retardatario y su partido de gobierno. La ideología del capitalismo y el comunismo dogmático, demostraron su incapacidad de institucionalizar la equidad socioeconómica y garantizar calidad de vida general e integral.
Son desafíos para la acción y defensa de los derechos sociales, en todo el planeta.