Saoia Sánchez e Igor Bengoa decidieron permanecer en silencio en sus interrogatorios policiales. O eso dijeron una y otra vez, al menos, las informaciones que bebieron de «fuentes policiales» el pasado mes de diciembre, en los días posteriores a la detención de los dos presuntos miembros de ETA a quienes atribuyen la muerte de dos […]
Saoia Sánchez e Igor Bengoa decidieron permanecer en silencio en sus interrogatorios policiales. O eso dijeron una y otra vez, al menos, las informaciones que bebieron de «fuentes policiales» el pasado mes de diciembre, en los días posteriores a la detención de los dos presuntos miembros de ETA a quienes atribuyen la muerte de dos guardias civiles. Los teletipos decían con normalidad: siguen en silencio los dos detenidos.
«¡Estos etarras! Cuando les cogemos nosotros no dicen ni pío y en España lo cuentan todo», se queja el gendarme, con toda razón, en la tira del humorista Zaldiero mientras en televisión están dando la noticia de la confesión de Mattin Sarasola. Los agentes políticos y medios de comunicación se tragan las versiones oficiales, pero ello no suscita pregunta, duda ni preocupación alguna. Cometieron el atentado de Barajas. Tenían intención de cometer un atentado en Madrid, en el centro financiero Azca. «Lo ha contado todo», ha dicho orgulloso el ministro del Interior, «de arriba abajo y con todo detalle», ha subrayado, además. Portu, en cambio, ha decidido, desde la cama de un hospital, no responder a las preguntas del juez ─puesto que la legalidad le reconoce el derecho a ello─ y se ha limitado a explicar que le torturaron. Sarasola no. Sarasola ha decidido contarlo todo. Y quienes han dado por buena la versión oficial no han preguntado por qué.
La historia empezó con el informe médico. Después vino el relato de Pérez Rubalcaba. Un testigo ha desmentido después la versión de la Guardia Civil de arriba abajo, al asegurar ante el juez que vio que la detención fue «limpia». Y, finalmente, por ahora, el juez de San Sebastián ha recogido el terrible testimonio de Portu, en un acta que el detenido no ha podido firmar, «porque físicamente no puede», como ha especificado el juez: le sumergieron la cabeza en un arroyo repetidas veces, le propinaron continuos golpes y le amenazaron con matarle, según ha explicado al juez. Eso en el intervalo de 17-18 horas hasta que le llevaron al hospital. Parece que los propios guardias civiles le avisaron: esos no eran más que «los primeros 20 minutos», y tenían cinco días. Con Sarasola han tenido cinco días.
Los hechos, desgraciadamente, poco tienen de nuevo. Es novedad, sin embargo, que los hechos sean tan descarados y las posiciones que han tenido los responsables políticos, puesto que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no había tenido que hacer frente hasta ahora a ningún caso así. Y golpea alto. Ni investigaciones internas ni nada, el Gobierno de España y el PSOE han hecho suya la versión de la Guardia Civil. «Ésta es la versión de la Guardia Civil y quiero hacérmela mía», ha dicho el ministro del Interior y Rodríguez Zapatero y todo el PSOE, dirección del PSE-EE incluida, han asentido con la cabeza. La postura en modo alguno puede ser más significativa ni grave, puesto que con sus palabras y comportamiento están dando amparo a lo que ha sucedido en los bosques de Mondragón, en la orilla del arroyo y en las mazmorras de Intxaurrondo, pase lo que pase.
Rodríguez Zapatero, después del atentado de Barajas, en el pleno del 15 de enero anunció consecuencias: «como que los esfuerzos emprendidos el 22 de marzo no han dado frutos, no hay más remedio que hacer frente a las consecuencias», dijo exactamente. Y anteayer, en la comparecencia posterior a acordar la puesta en marcha de «medidas preventivas» contra ETA con Sarkozy, añadió que las consecuencias serán «evidentes»: «le aseguro», dijo a un periodista que le había preguntado por el atentado de Barajas, «que las consecuencias serán evidentes para la banda terrorista». Y lo están siendo, están siendo evidentes.
Olas. El abogado Iñigo Iruin ha dicho a propósito de la sentencia del caso 18/98: la sentencia ha sido la primera piedra lanzada contra los agentes sociales y está por ver hasta dónde llegarán las olas que provocará en el pozo. Y del salto que ha dado el Estado con la sentencia y las ilegalizaciones ha dicho: hasta ahora decían que hasta que desapareciera ETA no habría condiciones para el diálogo, y ahora, que la izquierda abertzale carecerá de derechos civiles y políticos hasta que ETA desaparezca.
Las olas ya han atrapado a Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV). Los portavoces de EAE-ANV han declarado que están a la espera; el propio Rodríguez Zapatero ha avisado esta misma semana de que Baltasar Garzón dará el primer paso, por la vía penal, puesto que ha explicado que enviará a la Audiencia Nacional los resultados exactos de la investigación policial y la Guardia Civil entregó ayer a Garzón el informe sobre las relaciones entre Batasuna y EAE-ANV. Si el auto de Garzón llega la semana que viene no cogerá a nadie por sorpresa. La firma de un juez instructor será de nuevo suficiente para negar los derechos políticos a miles de ciudadanos mediante una medida cautelar.
Coalición. Las elecciones, en cualquier caso, seguirán su camino. El Gobierno de España debe realizar pasado mañana la convocatoria electoral y, por tanto, empezarán los plazos, entre otras cosas, para presentar coaliciones. No parece, sin embargo, que el tiempo sea el principal problema de quienes quieren formar la coalición a favor del proyecto de Ibarretxe: observando las declaraciones de los últimos tiempos de los dirigentes peneuvistas parece que quienes dentro del PNV querían realizar esa apuesta han perdido el pulso. Será una sorpresa si en la reunión que celebrará el lunes el Euzkadi Buru Batzar [máximo órgano del PNV (n. del t.)] se decide otra cosa.
Berria, 12 de enero de 2008
* Imanol Murua es periodista político.