Gran acuerdo entre Partido Popular y Socialista a cuenta de la seguridad nacional El Congreso aprueba una ley que se ha acelerado para que entre en vigor en septiembre, antes de las elecciones catalanas y generales, que invade competencias autonómicas y afecta a la Constitución, según sus críticos
El Congreso ha aprobado este miércoles 22 de julio en su Comisión Constitucional el proyecto de ley de seguridad nacional, con el apoyo principalmente de diputados populares y socialistas. En septiembre pasará el último trámite en el Senado.
El gran debate sobre la ley se celebró en esa Comisión el pasado día 8 de julio a cuenta de las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC, CiU, PNV e Izquierda Plural, que fueron rechazadas con los votos de PP, PSOE y UPyD.
La ley es un compromiso expreso de la Estrategia Nacional de Seguridad de 2013, incumplido -se daba un plazo de seis meses para elaborarla- y no fue una prioridad política del Ejecutivo hasta comienzos de este año; desde su remisión al Congreso a finales de mayo ha vivido desde entonces una tramitación acelerada, en la que ha perdido además el carácter de orgánica, figura reservada a aquellos aspectos que afectan a deberes y derechos fundamentales de los españoles que el Gobierno dice que no se ven alterados en este caso.
Más que un análisis y debate sobre los grandes riesgos y amenazas a los que se enfrenta España, la ley y su debate se han centrado en la organización de los recursos del Estado y la supuesta invasión de competencias autonómicas denunciada por los grupos parlamentarios nacionalistas.
La norma es «un traje a medida para poder actuar en los próximos meses en Cataluña», según ERC
El peso en la defensa de la nueva norma lo ha llevado en el Congreso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El proyecto de ley tiene objetivos ambiciosos, «porque desde finales del siglo XX la evolución de la sociedad ha hecho cambiar también el concepto y las condiciones de la propia seguridad», en palabras de la vicepresidenta. «Nuevas amenazas» que exigen «un nuevo planteamiento a la hora de enfrentarlas», que afecta además a la seguridad, «un bien público, un derecho de los ciudadanos y, en consecuencia, un deber del Estado, si me apuran, el primero».
Sáenz de Santamaría cree que ya no es posible «mantener una visión compartimentada de la seguridad», que además «ha dejado de tener el significado predominantemente político o militar al que estábamos habituados en el pasado, ligado casi en exclusiva al terreno de la defensa y articulado sobre principios reactivos».
Se busca por tanto «un enfoque integral de la seguridad», y para ello el Gobierno ha desarrollado un nuevo marco, una «arquitectura orgánica de acción y respuesta», una «nueva organización y una adaptación normativa», dice la vicepresidenta, para mejorar la organización de los instrumentos, competencias y recursos estatales. Sin entrar en detalles, Sáenz de Santamaría confiesa que en las crisis que ha gestionado ha echado en falta lo que esta ley regula, «que un Estado bien organizado sepa lo que tiene». Sí pone el ejemplo de que «cuando en este país ha habido crisis medioambientales no se disponía ni siquiera de un catálogo de los medios que tenían los sistemas de protección civil para evitar que la contaminación llegara a las costas», en alusión probable al hundimiento de un pesquero ruso en aguas canarias que desde hace más de dos meses sigue soltando fuel. En este sentido se habla de la «concertación de capacidades».
Nueva situación de interés para la seguridad nacional, declarada por el presidente
Se establece un Sistema de Seguridad Nacional que se basa principalmente en el Consejo de Seguridad Nacional que preside el presidente del Gobierno y en el que se integran, como componentes fundamentales, la defensa nacional, la seguridad pública y la acción exterior, así como otros ámbitos de especial interés como pueden ser la ciberseguridad, la seguridad energética o la protección de infraestructuras críticas.
En el texto se incluye una nueva Situación de Interés para la Seguridad Nacional, que será declarada por el presidente del Gobierno, mediante un Real Decreto, y se entiende aquélla que, por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dimensión o transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno en el marco del sistema de seguridad nacional.
Enmiendas a la totalidad El diputado de ERC Joan Tardá (Grupo Mixto) ve la voluntad del Gobierno con este proyecto de ley de «suspender de facto los poderes de la Generalitat y de los municipios catalanes» de cara a las elecciones autonómicas de finales de septiembre.
Critica que esa nueva situación de interés para la seguridad nacional no requiere las garantías de control parlamentario como se exige a los estados de alarma y excepción, y «les permitiría disponer del inmediato control de los Mossos d’Esquadra y de las policías locales». Considera la norma «un traje a medida para poder actuar en los próximos meses en Cataluña».
Este miércoles 22 Tardá ha vuelto a insistir en su «oposición absoluta, radical, contundente, a este proyecto de ley, que viene a incrementar el aparato legislativo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Cataluña y que culminará el 27 de septiembre mediante unas elecciones que pueden dar lugar al inicio de un proceso constituyente que tiene que desembocar en la proclamación de la República catalana en los próximos meses».
Por su parte, el diputado Emilio Olabarría, del PNV, considera la ley innecesaria, ya que otra normativa regula la seguridad pública, la acción exterior y la defensa, y sin embargo el Gobierno crea el «concepto difuso» de seguridad nacional que en su opinión no tiene encaje constitucional y pone en «severo peligro» el Estado autonómico, pues «el presidente del Gobierno podría absorber todas las competencias de las administraciones autonómicas y locales e incluso afectar a las propiedades de los particulares». Acusa Olabarría al Gobierno de pretender aprobar una ley «recentralizadora» y «modificar la Constitución a través de una ley ordinaria».
Vicepresidenta: la seguridad es, «si me apuran, el primer deber del Estado»
A favor de un concepto de seguridad más amplio, que integre una política social, se ha manifestado en el Congreso Joan Josep Nuet, diputado de Izquierda Plural. «Hoy el Partido Popular es la amenaza más seria para la seguridad nacional si entendemos la seguridad como libertad y bienestar para nuestros ciudadanos», afirma.
En representación de CiU, Jordi Xuclá criticó ante la vicepresidenta el «carácter claramente expansivo de este nuevo concepto de seguridad», recordó que la Constitución reclama una ley orgánica para la regulación y protección de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, por lo que este asunto no se puede legislar «en el tiempo de descuento de esta legislatura y a través de una ley ordinaria». También considera el diputado que el Parlamento pierde poder de control con esta ley y se ignora a las comunidades autónomas. «En la UE los primeros ministros se reúnen una o dos veces al mes y en España los presidentes de comunidades autónomas no se reúnen desde el año 2012», recordó.
Finalmente el portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, José Enrique Serrano, mostró su apoyo a la norma y considera que «la primera e indeclinable obligación del Estado es garantizar su propia seguridad para salvaguardar la de sus ciudadanos». El PSOE ha presentado una treintena de enmiendas parciales, que son las que se ven este miércoles en el Congreso, que afectan principalmente a problemas de redacción y reiteración de conceptos.
Consejo de Seguridad Nacional Bajo la presidencia del rey, este lunes 20 de julio se reunió en el palacio de la Zarzuela el Consejo de Seguridad Nacional. El departamento de Comunicación del Gobierno trasladó un único punto de su contenido (se aprobó el documento llamado «Estrategia de Seguridad Energética Nacional»), y sí informó sobre composición: se reunieron Felipe VI, el presidente, la vicepresidenta, los ministros de Justicia, Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento e Industria; más los responsables de las Fuerzas Armadas, CNI y del departamento de Seguridad de Moncloa.
Izquierda Plural: «El PP es la amenaza más seria para la seguridad nacional»
Aparte de políticas sectoriales en Interior, Justicia y Defensa, ése ha sido el principal avance de la legislatura, la creación de un sistema de seguridad nacional, su estructura, dependencias, consejos, comités, estrategias sectoriales, órganos de apoyo, un completo entramado no activado en cuanta crisis de seguridad nacional se ha producido en los últimos cuatro años (ébola, atentados, euro).
Además de los comités especializados ya existentes de seguridad marítima (Consejo Nacional de Seguridad Marítima), ciberseguridad (Consejo Nacional de Ciberseguridad) e inmigración (Comité Especializado de Inmigración), así como del Comité Especializado de Situación, «órgano único para la gestión de crisis en el nivel político-estratégico», la Estrategia de Seguridad Energética Nacional prevé la creación de un Comité Especializado de Seguridad Energética.
A lo anterior se sumará a partir de septiembre, tras su tramitación en el Senado, la ley de seguridad nacional. A partir de entonces se verán los límites, utilización y la voluntad del Gobierno con la nueva ley y sus instrumentos.
Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.