Consideraciones acerca del modelo de dirección y planificación de la economía cubana

En la Cuba de hoy el objetivo estratégico principal de la economía consiste en desarrollar las fuerzas productivas y la eficiencia eliminando las trabas que se opongan a ello. Considero que la principal traba a transformar para alcanzar esta meta es el actual modelo altamente centralizado y administrativista de dirección y planificación de la economía cubana. Con el texto que presento ante ustedes pretendo fundamentar este aserto.

Las decisiones que viene adoptando el Gobierno cubano en materia económica han incursionado en las esferas del comercio y de los asuntos monetarios y cambiarios; pero no se ha realizado un esfuerzo mayor en el área de la producción de bienes y prestación de servicios, en la cual se mantienen muchas restricciones. Las 63 medidas aprobadas para el sector agropecuario, las 93 en lo concerniente al azúcar y las otras referidas a la empresa estatal no impactan en la esencia de los cambios que se deben hacer para coadyuvar al aumento de la producción y de la eficiencia.

Las modificaciones introducidas en la esfera productiva no han influido en los principales resortes para desarrollar la economía, que son la plena autonomía de la gestión empresarial y la estimulación material directa del colectivo laboral acorde con los niveles alcanzados en su desempeño y el de sus entidades. La eficiencia o deficiencia de la empresa deben sentirla los trabajadores directamente en sus ingresos y no solo constituir un registro para la contabilidad y las estadísticas.

Considero que lo principal a modificar es el actual modelo altamente centralizado de planificación y dirección de la economía, que limita la gestión empresarial y frena la iniciativa de las entidades económicas. Ello determina la muy reducida capacidad de respuesta nacional en la producción de bienes y prestación de servicios aherrojada por la rígida planificación central de carácter muy administrativo.

El antecedente del sistema de planificación vigente data de cuando Cuba era miembro del CAME y sostenía lazos muy estrechos con la URSS y los países socialistas europeos. La característica principal de aquel sistema consistía en que a partir de la coordinación de planes quinquenales y anuales establecida en el CAME, los organismos cubanos de la administración central del Estado y los órganos locales del Poder Popular determinaban los clientes y los suministradores de las empresas que le estaban subordinadas, fijando las principales cifras de producción y consumo de cada una de ellas, así como sus precios. En general, este sistema funcionaba exitosamente sobre la base de que casi toda la economía se basaba en empresas estatales y estaba respaldada por el entonces existente campo socialista. En aquella época solo el 15% de nuestro comercio exterior se llevaba a cabo con países capitalistas.

Al desaparecer la URSS y los países socialistas europeos, este mecanismo internacional para la planificación económica del CAME también desapareció. Ahora en Cuba existe una heterogeneidad de formas de propiedad sobre los medios de producción dando lugar a empresas estatales, empresas mixtas, cooperativas, MIPYMES y Trabajadores Por Cuenta Propia que tienen que enfrentarse a un mundo exterior regido, en general, por el sistema del capitalismo neoliberal donde priman las relaciones mercado. En este ambiente, las relaciones entre las empresas cubanas no pueden estar determinadas mediante un plan rígido decidido por organismos superiores. Al contrario, el entramado de los múltiples vínculos empresariales necesita rapidez en la toma de decisiones autónomas que no pueden esperar por las indicaciones y autorizaciones de niveles administrativos jerárquicamente superiores.

El sistema de planificación heredado del CAME se ha convertido en la actualidad en la traba principal para el desenvolvimiento de la economía cubana. Solo las leyes objetivas del mercado y sus categorías económicas y monetario-mercantiles pueden ofrecer un ámbito facilitador de esas relaciones interempresariales donde las decisiones en la gestión se tomen por las propias empresas y demás unidades económicas, las cuales deben definir, ellas mismas, quiénes son sus clientes y suministradores, y establecer con ellos las cifras de producción y suministro, así como los precios, para fijarlas en sus contratos mutuamente beneficiosos, sin la interferencia e imposición de terceros.

En resumen, esta propuesta apunta a modificar el actual sistema de planificación económica altamente centralizado hacia un sistema descentralizado donde las empresas estatales, empresas mixtas, cooperativas, MIPYMES y Trabajadores Por Cuenta Propia actúen de forma autónoma en su gestión, en leal competencia con otras entidades económicas y en igualdad de condiciones según las reglas del mercado, sin necesidad de realizar consultas ni recibir autorizaciones superiores en la toma decisiones. Tampoco las empresas estatales deben tener la función de constituirse en rectores de la gestión de las entidades no estatales mediante la imposición de contratos y encadenamientos productivos. El sector no estatal no debe ser considerado un complemento subordinado al sector estatal empresarial. Los contratos y los encadenamientos entre las empresas estatales y no estatales deben establecerse sobre la base de la plena libertad de decisión y mutua conveniencia de las partes involucradas.

Para lograr estos propósitos se debe ampliar el papel del mercado como regulador de la economía, abandonar la rígida planificación administrativa central vigente y adoptar otro modelo de planificación de manera que las empresas estatales y no estatales tengan plena autonomía en su gestión. El sistema de planificación de la economía no debe establecer indicadores y condicionantes a las empresas en su gestión en forma directiva, salvo situaciones muy excepcionales. En esta concepción que propongo el Estado debe conducir el desarrollo de la economía nacional creando el marco institucional y regulatorio adecuado para el desenvolvimiento de las leyes objetivas del mercado cuidando que se mantengan los principios de independencia nacional y justicia social acordes a nuestro sistema político socialista.

Varios economistas cubanos han planteado que una alternativa para tratar de resolver los problemas actuales de la economía cubana estriba en el diseño y aplicación de un Plan de Estabilización que aproveche la experiencia de los países que lo han experimentado. Los objetivos principales de este tipo de plan consisten en hacer una transición en el modelo económico, que es el tema principal de mi intervención en este panel, o en corregir determinados desequilibrios estructurales. En mi opinión, Cuba necesita avanzar en la solución simultánea de ambos objetivos. En general, un Plan de Estabilización incluye medidas monetarias, financieras, fiscales y de comercio exterior concebidas de conjunto y en su interrelación. Cada país ajusta las medidas a sus objetivos propios, características nacionales y condicionamientos internacionales. Uno de los aspectos decisivos del Plan consiste en recibir un fuerte financiamiento externo, lo que constituye una importante restricción para la economía cubana debido al bloqueo que el gobierno de Estados Unidos impone a la Isla desde hace mas de 60 años. Al respecto se necesitan adoptar decisiones audaces. No recomiendo acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) pues pondría a nuestra economía bajo su directa supervisión exigiendo eliminar subsidios, aumentar impuestos, recortar salarios, privatizar los servicios públicos, entre otras medidas incompatibles con la esencia de la política social del socialismo que pretendemos construir. Considero que la vía para lograr el tan necesario financiamiento externo apunta a suprimir todas las medidas administrativas que lo traban y promover inversiones directas y en cartera, así como créditos bancarios a corto, mediano y largo plazo de países amigos. Me refiero a China, Rusia, Irán, Venezuela, Vietnam, México, Brasil, Sudáfrica, Angola, Argelia, la India, entre otros. Para ello habría que establecer atractivos incentivos a los inversionistas y cumplir rigurosamente los términos de pago.

A continuación listo dieciocho medidas que propongo tener en cuenta para la confección en nuestro país de un Plan de Estabilización, o de un Plan Anticrisis o Antiinflacionario como algunos prefieren llamarle, que apunta a modificar radicalmente el sistema de dirección y planificación vigente.

– Reducir significativamente los balances materiales de productos decididos centralmente por los ministerios y otras instituciones estatales;

– establecer regulaciones descentralizadoras para que las empresas y otras unidades económicas, tanto estatales como no estatales, establezcan ellas mismas directamente sus contratos comerciales y de inversión con suministradores y clientes nacionales y extranjeros sin mediar obligatoriamente la participación de terceros;

– acercar la organización y funcionamiento de las empresas estatales al de las cooperativas de manera que sus trabajadores no solo participen en las decisiones principales de las empresas sino que las decidan directamente en asamblea general con carácter vinculante, incluyendo la elección de los dirigentes de la empresa;

– parte de las empresas estatales podrían convertirse en empresas públicas con emisión de acciones que pudieran ser adquiridas por personas naturales y jurídicas, cubanas y extranjeras, sin que por ello los accionistas sean propietarios de la empresa ni ejerzan la dirección de la misma pues se limitarían a invertir en la compra de acciones y a recibir un dividendo. La dirección de la empresa pública continuaría en manos de los trabajadores de la propia entidad;

– considerar al sector no estatal como una parte tan importante en la economía nacional como el sector estatal, y no solo como un complemento subordinado al estatal;

– eliminar el monopolio estatal del comercio exterior de manera que las entidades estatales y no estatales sean las que decidan si utilizan a una empresa estatal como intermediaria para su relación en el comercio exterior o se vinculan directamente con sus clientes y suministradores residentes en otros países en las condiciones que mutuamente acuerden;

– además de los listados de inversiones confeccionados por Cuba, que los propios inversionistas extranjeros propongan en que quieren invertir;

– establecer que los inversionistas extranjeros no estén obligados a acudir a las empresas empleadoras estatales para contratar su mano de obra y que puedan contratarla directamente;

– autorizar las importaciones comerciales que realizan las personas naturales y que hoy se consideran ilegales, aplicándoles bajos aranceles, lo que redundaría a favor de la oferta;

– mantener por tiempo indefinido la autorización de la importación no comercial de artículos de alimentación, aseo y medicinas, sin límites de cantidades y sin cobro de aranceles, lo que aumentaría la oferta de productos y el consumo de la ciudadanía;

– mientras no se aplique plenamente un mercado cambiario, autorizar la apertura de cuentas bancarias en MLC a personas jurídicas de manera que éstas respondan directamente con sus saldos patrimoniales bancarios, sin la intervención del Estado, a las obligaciones que contraigan en MLC;

– autorizar la concurrencia de suministradores extranjeros en el mercado interno, tanto mayorista como minorista, para ampliar la oferta;

– emitir bonos de deuda pública en CUP, con tasas de interés atractivas y honradas en fecha, que puedan comprar personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, lo que incrementaría los ingresos al Presupuesto del Estado y reduciría el déficit fiscal;

– Incrementar anualmente las jubilaciones, el salario mínimo y las prestaciones a la asistencia social en la misma tasa de la inflación del año anterior y establecer otras medidas compensatorias de protección social, lo que aliviaría la situación de las personas de menores ingresos;

– incrementar las tasas de interés de los saldos bancarios para estimular el ahorro;

– establecer la intervención del Estado en las empresas estatales con pérdidas con el objetivo de identificar las causas de su irrentabilidad y, en su caso, sancionar a los funcionarios y órganos colectivos responsables de esa situación, disolver la empresa o unirla a otra, analizar con sus trabajadores la posibilidad de convertirla en una cooperativa o confiscar los activos y venderlos a otras entidades estatales y no estatales;

– racionalizar los gastos del Presupuesto del Estado reduciendo significativamente el subsidio a las empresas estatales con pérdidas y los gastos de la administración del Estado, entre otros. Se exceptúan los servicios sociales como educación, salud, deportes y cultura;

– es generalmente aceptado que la burocracia anida, crece y se desarrolla principalmente en los aparatos administrativos estatales. Entre las medidas para reducir su influencia así como los gastos de la administración del Estado propongo fusionar ministerios, simplificar sus estructuras y reducir sus plantillas; suprimir o reducir las delegaciones territoriales de los ministerios; suprimir todas las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) con sus características actuales de entes administrativos y que actúan como miniministerios, convirtiendo en empresas autónomas las OSDE que tienen condiciones para ello.

Estas medidas que propongo a consideración conducen a una mayor democratización en el proceso de toma de decisiones económicas, lo que requiere ser complementado, en mi opinión, con una mayor democratización en el modelo de dirección política del país. Este no es el tema principal de mi conferencia, no obstante adelantaré algunos apuntes al respecto.

Los socialismos que hemos conocido, a pesar de su mas amplio y profundo carácter popular, no han trascendido la democracia representativa implantada por las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII, las cuales constituyeron un gran paso de avance al reconocer que el soberano ya no era el Rey, sino el pueblo, y que éste ejerce sus poderes mediante representantes electos que son los que toman las decisiones. En poco tiempo este sistema trastocó su esencia y el pueblo dejó de ser el soberano y los “representantes” se convirtieron en los nuevos soberanos.

Una característica principal de ese tipo de democracia representativa burguesa o liberal, como quiera llamarse, es la doctrina de la independencia de los poderes legislativo (que elabora y aprueba las leyes), ejecutivo (que administra y ejecuta las leyes) y judicial (que sanciona a quienes no cumplen las leyes).

Mi criterio es que el socialismo está llamado a crear una nueva forma de democracia superior a la democracia representativa estableciendo la Democracia Directa, en la cual se reconozca definitivamente y en la práctica que el pueblo es el soberano y que no lo son sus representantes electos.

También opino que la democracia socialista debe eliminar la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y establecer el poder supremo y único del Estado en el parlamento, al que se le subordinen los demás en calidad de funciones del Estado y no de poderes independientes.

En la Democracia Directa los ciudadanos deciden con carácter vinculante los asuntos de Estado sobre temas de la política interna y externa y de la administración nacional y local, así como no solo elijen a quienes ocuparán los cargos electivos del Estado sino que también los postulan directamente. La base teórica y práctica de esta concepción de la democracia directa que aquí abordo es la línea de masas concebida, promovida y aplicada por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Ya en Cuba se han introducido varias modalidades de la Democracia Directa. Se destaca el referendo popular mediante el cual el pueblo aprobó las Constituciones de 1976 y de 2019, así como el Código de las Familias. En materia electoral los avances han sido superiores a los de cualquier otro país. Un mérito excepcional de Cuba reside en promulgar que el partido político único que dirige la Revolución no postula a los candidatos a los cargos electivos del Estado lo que es un aporte de la Revolución Cubana a las ciencias políticas y específicamente al sistema electoral en general. En todos los países son los partidos políticos los que postulan a los candidatos a los cargos electivos estatales. Solo muy recientemente algunos pocos han comenzado a legalizar la figura del candidato autónomo no postulado por partido alguno, pero este sistema no tiene aún suficiente entidad.

El caso de los delegados municipales del Poder Popular, donde los propios electores postulan los candidatos a incluir en la boleta de votación, sin interferencia de otras instancias, es un ejemplo cubano sui generis de la Democracia Directa Electoral. Concibo que en el desarrollo del sistema electoral cubano se debe extender este procedimiento de postulación directa de los delegados a los diputados, suprimiendo las actuales Comisiones de Candidaturas y presentando a los electores una boleta electoral abierta que incluya varios candidatos para cada cargo de la Asamblea Nacional del Poder Popular a elegir.

El principal objetivo que se lograría con la postulación directa de los diputados por los electores es la óptima legitimización de los integrantes de la Asamblea Nacional como los representantes populares de mayor respaldo político, moral y cívico de la nación.

La Asamblea Nacional de Cuba así constituida pudiera adoptar nuevos elementos de organización y funcionamiento. En apretada síntesis les expongo algunas de mis consideraciones al respecto: los diputados serían profesionales lo que permitiría que el órgano sesionara de forma permanente todo el año; debido a ello no habría necesidad del Consejo de Estado; los miembros del Consejo de Ministros no serían diputados para evitar que nuestro parlamento actuara como juez y parte; los candidatos pudieran promover su proyección programática mediante los medios comunicacionales y no limitarse a exponer sus biografías.

En el caso de Cuba, ratifico la necesidad de la existencia de un partido político único y sus funciones de dirección política y social y rechazo el multipartidismo. El partido político único puede ajustar su organización y funcionamiento a la Democracia Directa pues no es un partido electoral. A su vez, sería una oportunidad para lograr que no sustituya a la administración estatal ni a las organizaciones sociales y de masas, tendencia que existe y se ha criticado por la dirección partidista.

Mi propuesta se diferencia radicalmente de la visión e intencionalidad socialdemócrata contemporánea, la cual ha adoptado plenamente el principio neoliberal que rechaza cualquier intervención del Estado en la economía, así como los patrones de la democracia representativa burguesa al asumir, entre otros, el sistema multipartidista del capitalismo y la independencia de los llamados poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Estoy consciente que esta propuesta requiere mayores análisis para elaborar su diseño y aplicación en las condiciones concretas de Cuba, que resiste un bloqueo de mas de 60 años en permanente acoso por parte del imperialismo norteamericano. Para diseñar en sus detalles y aplicar estas consideraciones se requiere un amplio e intenso trabajo de divulgación, debate, formación, educación y consulta con los dirigentes, trabajadores y los ciudadanos en general en un proceso de relativamente larga duración y que debe abordarse mediante un programa integral y por etapas. Considero conveniente adoptar en este proceso la metodología del Sistema de Gestión de Gobierno basado en la Ciencia y la Innovación (SGGCI) que se desplegó en el exitoso enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro país.

En esencia, lo que propongo tanto en lo económico como en lo político es transformar el actual modelo de Socialismo de Estado Altamente Centralizado heredado del CAME y convertirlo en un modelo autóctono de Socialismo Democrático de Mercado.

Con el texto aquí leído comprendo que estoy rompiendo esquemas y ampliando las fronteras de las ideas y concepciones de las ciencias económicas y de las ciencias políticas aplicadas en Cuba. Precisamente ese fue el objetivo que me propuse al preparar esta conferencia. Espero haberlo cumplido.

Muchas gracias.

Fidel Vascós González- La Habana (1939). Dr. en Ciencias Económicas, Profesor Titular, Miembro de Número y Miembro de Mérito de la SEAP.

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