Hay muy poca idea en el conjunto de la sociedad canaria de lo que es la RIC, para qué ha servido y lo que representa, a pesar de llevar más de 10 años aplicándose. La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) es una especie de personaje de cuento, debidamente camuflado entre las brumas del bosque, […]
Hay muy poca idea en el conjunto de la sociedad canaria de lo que es la RIC, para qué ha servido y lo que representa, a pesar de llevar más de 10 años aplicándose.
La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) es una especie de personaje de cuento, debidamente camuflado entre las brumas del bosque, casi sin dejarse ver y sin embargo frecuenta escasos y muy selectos ambientes.
La inmensa mayoría de los canarios no ha oído hablar de ella, pero si en algún momento, les ha llegado alguna noticia, ésta, les deja en ayunas, porque la confunden con la impresionante madeja de siglas al uso.
Es lógico que los políticos de turno no quieran informar, ni explicar en que consiste la RIC porque es tremendamente injusta hacia la mayoría de la población canaria que no encuentran apoyos ni ayudas fiscales de ningún tipo.
No obstante se trata de una realidad que en buena parte marca lo que esta sucediendo en Canarias y cuyo saldo resulta altamente negativo para la inmensa mayoría de los canarios.
La Reserva para Inversiones en Canarias, es un beneficio fiscal que se regula en el artículo 27 de la Ley 19/1994 de 6 de Julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y que pretende:
· Fomentar la inversión productiva en Canarias.
· La estabilidad y el desarrollo económico y social de Canarias.
· El mantenimiento y la creación de empleo estable.
La RIC invade la vida de todos los habitantes de Canarias, si tenemos una economía rígida y de escasa diversificación, tiene una cierta lógica que tengamos un tratamiento fiscal diferente al resto del Estado, ello no exime de respetar un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad y progresividad, entendidos estos como ausencia de privilegios y en todo caso que las cargas e impuestos guarde una justa proporción con la capacidad de cada contribuyente.
Para mejor enfocar este asunto, tengamos claro que en Canarias, junto a esas bonificaciones fiscales y alguna rebaja en los transportes de viajeros, soportamos proporcionalmente más impuestos indirectos, que significa que quien más tiene y quien más necesita, pagamos lo mismo sobre lo básico, como alimentos u otros bienes de consumo.
Hemos de tener muy claro que el meollo de la RIC no es otro que convertir en beneficio empresarial unos dineros que se debieron de pagar como impuestos a la caja común de la Hacienda Pública.
Se trata de intercambiar impuestos de todos por beneficios privados, o lo que es lo mismo, convertir en patrimonio privado lo que pertenece a la totalidad de los ciudadanos y a las necesidades públicas.
El incentivo RIC se enmarca en el tratamiento diferenciado que el ordenamiento interno, con la Constitución Española y el Estatuto de autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982 del 10 de Agosto, ofrece a la economía canaria para paliar las dificultades estructurales que para su desarrollo suponen las especiales condiciones geográficas en que ha de producirse.
La sensibilidad mostrada por el ordenamiento jurídico interno respecto a las particularidades derivadas de la realidad económica , social y geográfica de las Islas Canarias , tiene también su reflejo en el ámbito comunitario, como las ayudas al desarrollo regional compatibles con el mercado común, de acuerdo con la excepción contenida en el artículo 87.3 del Tratado de la Unión Europea a la regla general de prohibición de las ayudas del Estado, que contiene el apartado 1 de dicho precepto.
La respuesta ofrecida en el terreno fiscal a dichas particularidades se basa en el mantenimiento de una significativa menor presión fiscal que la media del resto de España y de la Unión Europea, que compense los costes adicionales que se derivan de la lejanía y dispersión del archipiélago canario.
En este aspecto llegamos a la siguiente conclusión: España y Europa aceptan estos incentivos fiscales para contrarrestar la discontinuidad territorial, promover actividades generadoras de empleo y acrecentar la competitividad interior y exterior, de las empresas canarias, la realidad es que obedeció a las presiones del gran empresariado canario para obtener ventajas fiscales, amparándose en el hecho insular canario y la situación de lejanía y es consecuencia del secular victimismo del empresariado canario.
En este sentido, la comisión de expertos nombrada por el Gobierno de España y de Canarias, en su informe del año 2000, para interpretar mejor el artículo 27 sobre la RIC reconoce claramente que «la presión de la RIC pendiente de materializar genera evidentes tensiones que pueden conducir a que se canalice hacia inversiones no solo ineficientes, para el logro de los objetivos perseguidos, básicamente la mejora del empleo y de la competitividad de la economía canaria, sino incluso contraproducentes con las singulares características del Archipiélago (por ejemplo, encareciendo el suelo disponible).
Y ya en el 2006 el Gobierno de Canarias, reconoce en una certificación, referente a la comunicación del Gobierno de Canarias sobre las propuestas para la renovación de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y expedida por el Sr. Castro Cordobés, secretario del Gobierno de Canarias, reconoce y cito textualmente: «aunque no se ha logrado la diversificación económica en la medida de lo deseable, es éste un proceso lento, achacable a la propia estructura productiva isleña tendente a la concentración en las actividades vinculadas al binomio turismo-construcción y un claro reto para los próximos años».
Y ante la incapacidad manifiesta para materializar los capitales RIC y la necesaria adecuación de nuestro estatus «paradisíaco» a las urgencias de la Unión Europea, se necesita dar una vuelta de tuerca a la verdad para convencernos de que no quedan más coches de lujo que comprar ni segundas y terceras residencias que adquirir, ni naves industriales a la venta, ni terrenos rústicos que recalificar, toca luchar contra el paro.
Una vez encarecido el suelo, la vivienda, privatizados los servicios, el agua y hasta el aire, se ha decidido finalmente ayudar a los empresarios que no «saben» invertir para que puedan colocar sus ahorros fiscales en capital humano.
Al igual que los capitales RIC se pueden invertir en activos fijos porque no invertir también en salarios fijos, se aventuró a decir el Sr. Adán Martín.
Once años más tarde, el tripartito PSOE-PP-CC, aspira a que la RIC, sea el motor para bajar el paro y generar empleo. De esta sencilla manera se constata que las decenas de veces que aparece el término empleo en el REF ( creación de empleo, generación de empleo, empleo de calidad, luchar con el desempleo, etc., etc.) eran simples palabras huecas.
Los que ingenuamente pensaron que los capitales RIC, se utilizarían para el fomento del empleo, en actividades de desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, tratamientos de residuos, la agricultura o energías alternativas, ya han confirmado su error.
Sin embargo los que desde hace ya mucho tiempo, venimos denunciando que la RIC es un sistemático saqueo de nuestra tierra, que las cuentas bancarias de constructores, hoteleros y otros iban a ser los destinos preferidos -por no decir únicos- de los impuestos perdonados y que la generación de empleo, una más de las falsedades que jalonan la política del «tripartito autonómico», acertamos de pleno en nuestros pronósticos.
A cambio, somos premiados con descalificaciones e insultos.
Desde su entrada en vigor en 1994, el éxito de la RIC, estuvo asegurado entre empresarios y profesionales.
Este magnífico chollo (para algunos) ha significado sin embargo una verdadera catástrofe para la clase trabajadora que, paradójicamente, sí paga impuestos.
Y que sólo recibe a cambio:
- Un incesante aumento del paro, más de 134.000 ciudadanos en las listas del paro.
- Una incesante precariedad laboral que afecta a más de 270.000 ciudadanos.
- Una incesante pobreza y exclusión social( el 24,1% de la población canaria, está bajo el umbral de la pobreza, 472.888 seres humanos, en esta situación).
- Aproximadamente 50.000 ancianos canarios viven sin recibir la atención necesaria.
- El fracaso escolar, llega hasta una indeseable cifra del 35% de la población escolar, batiendo todos los récords, estatales y europeos.
- Los salarios más bajos.
- Una mayor imposición fiscal.
- La política de menores, es de maltrato institucional.
- La política de inmigración vergonzosa y humillante.
- La sanidad pública, hecha añicos a favor de la sanidad privada.
Lo que si ha tenido claro el tripartito, es la aplicación de las recetas neoliberales que como mascaron de proa de éstas, cumple a la perfección la Reserva de Inversiones para Canarias.
Dicho de otra manera, la «ética» de los diferentes ejecutivos autonómicos, ha consistido en impulsar políticas encaminadas a favorecer el enriquecimiento de una oligarquía ociosa, frente a un empobrecimiento evidente del pueblo trabajador canario.
Si buena parte de esa renta no paga impuestos para atender necesidades básicas de todo tipo, ¿dónde está la función social y la justificación moral de la RIC?
* Vicente Quintana es Secretario de Organización de UNIDAD DEL PUEBLO