A día de hoy, con todos los gastos sociales transferidos, la gestión y las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Esperanza Aguirre son no sólo un mecanismo que beneficia descaradamente a los más ricos. Son algo más contundente: un agente degradador de los derechos ciudadanos que, aprovechando el margen de gestión […]
A día de hoy, con todos los gastos sociales transferidos, la gestión y las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Esperanza Aguirre son no sólo un mecanismo que beneficia descaradamente a los más ricos. Son algo más contundente: un agente degradador de los derechos ciudadanos que, aprovechando el margen de gestión que las leyes le ofrecen, está forzando hasta hacer estallar las costuras del Estado social, condición necesaria de una democracia de calidad.
¿Podremos entre todos y entre todas, con todas las respuestas que están en marcha, levantar una alternativa a este experimento neoliberal extremo, regenerando con ello los derechos ciudadanos?
De momento, la respuesta a esta forma de ejercer el gobierno del PP y a sus consecuencias sobre nuestras vidas va creciendo de la mano de la crisis, si bien su eco es aún escaso y su aparición dispersa.
Casi cuatro lustros de PP
Cuando en 2011 volvamos a concurrir a las urnas para renovar nuestra cámara autonómica y nuestros consistorios, se cumplirán dos lustros de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. Este período ha coincidido con el auge de las políticas y recetas neoliberales, de los que Madrid ha sido fiel exponente y su gobierno autonómico, alumno aventajado. La larga bonanza económica que precedió a esta crisis no fue aprovechada por los poderes públicos para avanzar en derechos ciudadanos, modernizar el tejido productivo y mudar de modelo de desarrollo hacia otro más sostenible y competitivo, sino para incrementar la brecha entre ricos y pobres a la par que para profundizar en un modelo de crecimiento «ladrillista» no sostenible, con escasa productividad y con aún más bajos salarios (1). La economía de Madrid ha actuado como aspiradora de la inversión extranjera; y sus gobiernos como oficinas, apenas disimuladas, de transferencia de servicios y capital hacia las manos de grandes compañías.
Esta connivencia entre sectores determinantes de la gran empresa y el gobierno regional, en el marco de la anterior situación económica expansiva, ha permitido al PP aumentar y consolidar su poder en votos elección tras elección, creciendo en afiliados y representación institucional hasta transformarse en el primer partido de Madrid. Por otra parte, la mayoría de los ayuntamientos, empezando por el de la capital -que agrupa casi al 50% de la población de la Comunidad-, actúan como «cómplice necesario» para lograr introducir hasta los tuétanos del entramado social e institucional el discurso neoliberal y sus consecuencias en los campos ideológicos y, sobre todo, político- prácticos de la gestión de nuestros derechos.
En tales condiciones, los municipios de la izquierda viven un ambiente de creciente asfixia. No sólo se trata de aplicar el consabido principio de «al enemigo, ni agua», sino que la amplia mayoría institucional actual permite llegar a un grado más en el «refinamiento de la tortura». Así, toda justa demanda municipal de la izquierda, ya sean nuevos centros de salud, colegios o viviendas, es devuelta como pelotas envenenadas que, tras pasar convenientemente por el tamiz del gabinete Aguirre, devienen en nuevos arietes y apoyos de esa política neoliberal y privatizadora a la que en un principio se quiere hacer frente. Nada es aceptado, sino va en el sentido de ser un paso más a favor de la privatización imperante (2). En caso contrario, las demandas que se presenten seguirán en un cajón durmiendo el sueño de los justos. Poco importa lo necesario que sea lo que se reclame, sólo «se abre el grifo» y, eso cuando se abre, si ayuda de alguna forma al plan del PP.
Ciudadanía versus mandamientos neoliberales
El centro de toda la pelea política que hoy se vive en Madrid es el concepto mismo de ciudadanía y, en este sentido, los derechos que todo ciudadano tiene por el hecho de serlo. La defensa del concepto de ciudadanía no es algo semántico. Ciudadanía representa la base misma que mide la calidad de la democracia, ya que el concepto engloba derechos civiles, políticos y sociales. La calidad de esa ciudadanía, lo que es lo mismo, de la democracia, pasa por la forma en que se garantiza de manera efectiva el disfrute de los mismos (3).
No es por casualidad que sean los derechos sociales, aquellos que deben garantizar una vida digna y que, por tanto, incluyen además del derecho al trabajo o a la vivienda, el acceso a bienes esenciales como la salud y la educación, los que estén en el ojo del huracán. Y es que ambos, «salud y educación tienen un peso superior en la economía al que tenían hace una década los monopolios de la empresa pública en sectores como comunicaciones, telecomunicaciones o transporte aéreo» (4). En otras palabras, representan sujetos de posible negocio (mercantilización) para las grandes empresas.
Ahora bien, tales derechos sociales lo son y con ello caracterizan el Estado del bienestar precisamente por ser éste, el Estado, el que garantiza el acceso a los mismos para toda la población con un plus a favor de los sectores más vulnerables; son derechos precisamente por el hecho de no ser mercancía (5). Retorcer esta máxima y caminar hacia su mercantilización afecta gravemente al derecho mismo y, con ello, a la ciudadanía que lo ostenta y por ende, a la calidad de una democracia asentada en los ciudadanos. Es decir, en personas que por serlo, poseen derechos.
El PP de Madrid en su último congreso regional de septiembre decidió bajo el pomposo título de «Tercera ola de modernización» y el supuesto máximo mandamiento de la «libertad de elección» ponerse manos a la obra en el objetivo de purgar todo lo que tenga que ver con lo público en Sanidad y educación, y ahora también en el agua. Aunque su fórmula es de lo más tramposa y el discurso ideológico que la sujeta apenas se sostiene, como sucede con la lluvia fina, termina calando.
Esa supuesta ola modernizadora es en realidad un tsunami contra nuestros derechos. Las frases clave son: libertad de elección y recuperación por parte de la sociedad del protagonismo que le corresponde (6). En el fondo se presentan los servicios públicos como opciones a elegir por parte del individuo. Se trata a la salud y educación como si fueran tipos de carne o de refrescos en un supermercado. Al margen de la frivolidad del símil, nadie explica cómo es posible que, por ejemplo, los pacientes asignados a los nuevos hospitales madrileños, ninguno de ellos público y alguno 100 x100 privado como Valdemoro, no puedan «escoger servicio». Según la tesis del PP, se es más libre si se escoge. A la hora de la verdad, su supuesta libertad se transforma en «esclavitud» a un sistema privado que absorbe una parte sustancial de los recursos públicos a favor de grandes empresas. La sociedad no recupera nada, al contrario, el resultado de su esfuerzo colectivo es hipotecado a esas concesiones y a una deuda pública que no para de crecer. Aquí nadie escoge; se nos impone todo desde un gobierno neoliberal extremo.
Los presupuestos de 2009
Bajo el gobierno de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid ha visto crecer su deuda a más de 10 mil millones de euros y, de manera exponencial, la privatización de los servicios públicos a través de introducir por mil y un caminos externalizaciones, peajes en la sombra, transportes privados, conciertos educativos, hospitales privados, etc…
Hoy, las transferencias de lo público hacia lo privado alcanzan en Sanidad alrededor de un 35% del total del gasto. En educación el porcentaje es entorno al 25%. Es decir, cerca del 50% del gasto de las dos consejerías no es gestionado directamente por la Comunidad, sino por la empresa privada (7).
Inmersos como estamos en plena crisis, los presupuestos 2009 no cambian esa lógica, al contrario, la siguen abonando, cultivando. Profundizan en una línea neoliberal extrema que ya ha fracasado en todo el orbe.
Los datos revelan sin ambages que la estrategia in disimulada de la Comunidad de Madrid es someter los servicios básicos, reconocidos en la Constitución como obligatorios para el Estado, a las leyes del mercado, o sea a mecanismos de acumulación de riqueza por parte de algunos, contraviniendo así los principios de redistribución de riqueza y de creación de mecanismos de cohesión social que su carácter público garantiza. Ahora el Consejero de Sanidad, Güemes, para más señas yerno del famoso Fabra de Castellón, nos anuncia además el posible co-pago sanitario, algo ya recogido en la ponencia del PP madrileño sobre servicios públicos al referirse que una parte de tales servicios pueden ser pagados, o sea, abonados dos veces, vía impuestos y vía pago por parte de la ciudadanía.
Para empezar, los presupuestos para 2009 decrecen, puesto que aumentan por debajo de la inflación. Suben sólo un 1,94% con respecto a los de 2008, mientras que inflación prevista no baja del 3%.
A pesar del crecimiento descomunal, dos puntos por encima de la media estatal, del desempleo en la Comunidad de Madrid (8), los apartados sociales aumentan menos que la inflación, un 1,94%. La cuantía destinada a inversión en innovación se reduce (9). La apuesta por políticas horizontales en el campo de la industria reduce ésta a una transferencia llana de dinero a las empresas sin contrapartida alguna. Los gastos sociales o las políticas de la supuesta «sacrosanta» familia no sólo no crecen, sino que en muchos apartados muestran la renuncia expresa del gobierno regional a gestionar, siendo ya, únicamente, un espacio de transferencia al sector privado (10). La partida de Universidad decae un 0,82 en relación con el presupuesto total referido a educación. Se trata de una partida que sigue perdiendo peso en el total del gasto, reduciéndose en un 3,1% con respecto a 2008.
De esta línea de recorte sistemático, de apuesta a favor de que la crisis la paguen los más débiles, se salva únicamente aquello que se considera clave. Los gestores del PP son consecuentes con su pensamiento. «Como no hay dinero para todo, salvemos lo esencial» y lo no renunciable para ellos son aquellas partidas que en cada capítulo profundizan la política privatizadora y de transferencia de dinero a la empresa privada, considerada la verdadera llave de bóveda del entramado. Así, estas partidas no bajan, sino que incrementan su importe total y suben en su tanto por ciento dentro de cada capítulo (11).
Unir la respuesta hacia una propuesta positiva
Las respuestas a las políticas del PP, sobre todo en el campo determinante de la movilización, han comenzado a tomar una forma más clara en el último año. La última manifestación a favor de la sanidad pública reunió unas 15 mil personas y la de educación, cerca de 10 mil. A pesar de ello, su número todavía es escaso, sobre todo si lo comparamos con la profundidad y contundencia de los ataques que sufrimos. Evidentemente, sin calle y sin tejido social resulta imposible reinvertir la actual política neoliberal extrema de la Comunidad.
A buen seguro la crisis y los recortes que obligan a «escoger gastos» van a forzar más movilización; de hecho, actualmente, el número de colectivos que responden a Aguirre ha aumentado, aunque a pesar de ello no se han logrado victorias sobre la política del PP madrileño. Hasta hoy, lo poco conseguido en este campo se ha plasmado básicamente en el frágil campo de las sentencias judiciales (desdoblamiento de la carretera de los pantanos o caso Severo Ochoa y doctor Montes) con logros que, aún siendo bienvenidos, se insertan en un terreno resbaladizo y lleno de vericuetos incontrolables. Por tanto, hablar de movilización hoy en Madrid es hablar más de posibilidades de futuro que de certezas de presente. Ese hecho no puede negar que son los sindicatos quienes mayormente llevan el peso del esfuerzo diario en la respuesta al PP madrileño y su «lideresa», como tampoco que existen más agrupamientos y campañas de «víctimas de Aguirre». Pero para derrotar la política del PP hace falta no sólo más movilización, sino que ésta sea más unitaria y más amplia que la existente y que cuente con un plan central, con propuesta positiva que, sin negar la diversidad de los sujetos hoy implicados, nos permita subir un peldaño, pasando de la defensa contra los recortes a la propuesta de derechos.
El PP, al desmantelar lo público, degrada y debilita las garantías que el Estado debe ofrecer a sus ciudadanos por serlo. Es decir, socava la democracia y la ciudadanía; recuperar ciudadanía, o sea, reasegurar los supuestos «derechos de siempre» y sumarle los nuevos que nuestra sociedad del siglo XXI exige representa el camino para lograr unir de manera superadora la pluralidad actual, dándole así un lugar a todo el mundo y sumando nuevas fuerzas. Ese es el campo que permitirá regenerar y remover Madrid.
Por tanto, la propuesta que empieza a tomar cuerpo a favor de una CARTA DE CIUDADANÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID es de lo más oportuna. Dicha carta, surgida de un amplio proceso de participación plural y diversa, debe incluir aquellos reclamos consustánciales a la naturaleza ciudadana. Para empezar, los servicios públicos básicos de la educación la sanidad o el agua. Debe asimismo asumir una definición de bases para otro modelo de desarrollo, un desarrollo sostenible, basado en aumento de las potencialidades de toda la sociedad. Debe partir de la realidad plural y rica que el 15% de nuevos ciudadanos nos aporta. La carta debe reconocer y garantizar todos los derechos de las mujeres; debe apoyar los retos de una sociedad que no aparta a nadie y que considera la discapacidad como algo propio. La carta debe ser audaz en la defensa de la participación y la democracia ciudadana. Pero, por encima de todo, esa carta de derechos de ciudadanía debe ser de los ciudadanos. O sea, resultado de las propuestas de su tejido asociativo, de su esfuerzo por definir y protagonizar su futuro.
Una iniciativa así permitiría pasar de la defensa, incluso de una defensa más unificada que la actual, a una verdadera ofensiva, construida de abajo a arriba que, partiendo de la pluralidad, elevase el mínimo común múltiplo a la categoría de propuesta política. Debe buscarse una necesaria alianza entre la movilización social y el espacio de la política. El primer deber de esa alianza está del lado de la política, de la izquierda política de Madrid. El espacio local representa hoy por hoy el mejor marco para concretar todo ello. En muchos aspectos, los planes de Aguirre tienen como primera víctima a los propios ayuntamientos, particularmente los de la izquierda. Por otra parte, un nada despreciable ramillete de colectivos tiene en lo local la base de su trabajo. En otras palabras, la alianza y los lazos con la política tienen mucho que trabajar desde el marco que representa el municipio. Experiencias locales de construcción de tejido, empezando por los ayuntamientos de izquierda, de desobediencia y resistencia a las normas de la Comunidad podrían ser el caldo de cultivo para crear una red de cargos y municipios que fuera abriendo, en alianza con los movimientos sociales, un espacio propio. Este espacio podría darse bajo la forma de una asamblea de cargos electos y representaría, junto con la calle, la base de un cambio y de propuesta alternativa al PP.
Mucho queda por hacer; tenemos casi tres años por delante para avanzar por éste camino de unir lo que hay, buscar sus potencialidades y encaminarlo hacia un amplio movimiento por los derechos ciudadanos que, reflejado en una carta, represente el mejor vehículo para una alianza con el espacio de la política.
NOTAS:
(1) Según datos de la Agencia Tributaria referidos a 2006 el 48% (1.475.850 personas) de los asalariados madrileños cobraba menos de 1000 euros. Según datos que se desprenden del estudio de la Fundación de Estudios Sindicales «salarios en Madrid y en España, contexto socioeconómico», el crecimiento económico madrileño se ha basado en un modelo económico de ladrillo y servicios, con creación de gran cantidad de empleo precario. En 2006, momento de máximo esplendor de este modelo, servicio doméstico y turismo acumularon el 75% del empleo creado, la construcción el 33% y los servicios de alquiler y compraventa de casas un 15%. Por el contrario, la productividad creció, entre 1999 y 2005 una media de un 0,4% divergiendo de la media europea que lo hizo en ese periodo en un 1%.
(2) La Comunidad de Madrid ha cedido 26 mil metros cuadrados de suelo público en Alcorcón a la Fundación Educatio Servandas para que construya un centro educativo en el barrio del Ensanche Sur, donde no está previsto aún ningún público. La adjudicación, por 75 años y a cambio de un canon anual de 8.000 euros, permitirá que la organización, integrada por religiosos de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, construya un centro concertado que incluirá educación infantil de primer ciclo, bachillerato y formación profesional de grado medio. El centro será bilingüe, contará con 1.750 alumnos y se llamará Colegio Juan Pablo II y en él chicos y chicas estarán en aulas separadas. En El Álamo la Comunidad cedió un colegio ya construido con presupuesto público y formalmente público, a una entidad privada. En Ci
(3) Se entiende por derechos civiles, la capacidad para el ejercicio de las libertades individuales fundamentales relativas a la vida, la libertad de expresión, etc… Se entiende por derechos políticos esencialmente la capacidad de participar e influir en procesos a través de los cuales se configuran gobiernos.
(4) XIV Congreso del PP de Madrid, ponencia «servicios públicos de calidad».
(5) Mercancía es todo aquello que se puede vender y comprar en el mercado a cambio de otra mercancía o de dinero. De acuerdo con la economía clásica para que un bien tenga la categoría de mercancía su consumo debe ser excluyente, debe tener la característica de un bien privado. Dicho de otra manera, el que una persona lo consuma determina que otra no pueda hacerlo lo que lleva aparejado a la vez el que se pueda negar el acceso a ese bien a alguien sino paga por ello.
(6) XIV congreso del PP de Madrid, ponencia «servicios públicos de calidad».
(7) Datos de la Fundación de Estudios Sindicales.
(8) El paro creció en noviembre en 15.280 personas (un 4,85% más). El total de desempleados es de 330.439. Respecto a hace un año, el paro ha crecido en 102.810 personas, lo que representa un aumento del 45,17%, un 2% más que en el resto del estado.
(9) Los programas referidos a innovación tecnológica pierden 100 millones de euros (-7,02%) en relación al presupuesto de 2008.
(10) La atención a «personas mayores» cae un 5,41% y la «Atención a personas discapacitadas» en un 6,64%
(11) El gasto en canon hospitalario es casi el 13% del gasto sanitario, subiendo un 2,59%. En educación la externalización de servicios se come ya el 96,49% del total presupuestario en educación infantil, primaria y especial. Todo ello, por no hablar de la última medida «estrella» la privatización del agua a través de la privatización del Canal de Isabel II. Nota: Los datos referidos a los presupuestos 2009 han sido extraídos de la propia Comunidad, IU-CM, UGT y CCOO.
Carlos