El nuevo tiempo abierto en la política vasca sigue su curso imparable hacia un escenario de paz y normalización política. Los esfuerzos de la Izquierda Abertzale por cerrar la etapa de la lucha armada y transitar exclusivamente por los medios políticos para la consecución de sus objetivos van dando sus frutos, abriendo con ello un […]
El nuevo tiempo abierto en la política vasca sigue su curso imparable hacia un escenario de paz y normalización política. Los esfuerzos de la Izquierda Abertzale por cerrar la etapa de la lucha armada y transitar exclusivamente por los medios políticos para la consecución de sus objetivos van dando sus frutos, abriendo con ello un horizonte de ilusión y de esperanza para la ciudadanía.
El último comunicado de ETA no puede entenderse sin la dinámica emprendida por la Izquierda Abertzale (y otros agentes sociales y políticos) en los últimos meses. Partiendo del debate interno que culminó en el texto de «Zutik Euskal Herria», pasando por la declaración de Altsasu, la Declaración de Bruselas y, por último, llegando a la Declaración de Gernika que se ha convertido en un referente incuestionable para lanzar un verdadero proceso de resolución del «conflicto vasco».
Es ahí donde debe situarse el origen y la solidez de las actuales posibilidades para un nuevo ciclo en Euskal Herria. En ese sentido, el último comunicado de ETA debe ser un aldabonazo para este camino trazado en Gernika.
El siguiente, obviamente, debe ser la inmediata legalización de la expresión política de la izquierda abertzale tradicional. No existe proceso de paz posible en Euskal Herria sin que todas las opciones políticas y todas las posibilidades, incluyendo la independencia, puedan ser defendidas, representadas y llevadas a la práctica. El proyecto político que la izquierda abertzale va a presentar próximamente cumple todos los requisitos jurídicos exigidos por la ya de por sí aberrante ley de partidos, una ley antidemocrática cuya derogación inmediata es imprescindible. Este nuevo partido ha de ser, por tanto, declarado legal para que pueda participar en igualdad de derechos que el resto de los partidos en las elecciones y la vida política de Euskal Herria y poder así participar en igualdad de condiciones con el resto de las partes en un proceso de diálogo, negociación y acuerdos políticos.
En este sentido, es imprescindible un cambio de actitud radical por parte de las autoridades y los gobiernos español y francés. Terminar con la lógica del «estado de excepción» debe ser la contribución necesaria para poder transitar los caminos de la paz. Eso significa: derogación de leyes especiales, cambios drásticos en la política penitenciaria (fin de la dispersión, de la «doctrina Parot», excarcelación de presos/as enfermos/as, etc.), acabar con las prácticas de la tortura y con la vulneración de derechos civiles y políticos básicos (prohibición de manifestaciones).
Los gobiernos español y francés, las distintas fuerzas políticas y las distintas instancias internacionales deben responder afirmativamente y en clave positiva a las posibilidades reales de un nuevo escenario en la política vasca. Deben entender y aprovechar la oportunidad abierta y trabajar activamente por una salida justa, dialogada y negociada para el contencioso vasco, que incluya el ejercicio del derecho del pueblo vasco a decidir libremente su futuro, un derecho hoy negado por la Constitución española.
Es tiempo de garantizar los derechos humanos, civiles y democráticos para toda la ciudadanía vasca. Es tiempo para la negociación y los acuerdos amplios sin amenazas, sin imposiciones y sin injerencias de ningún tipo. Es hora ya de dar la palabra a la ciudadanía vasca.
Por último, hacemos un emplazamiento al conjunto de las izquierdas y los movimientos sociales alternativos para que se involucren de una forma activa y decidida en este proceso de paz. Frente a la reacción y las posiciones inmovilistas, es necesario que la izquierda anticapitalista apueste por este proceso y sea garante de su buen desarrollo.
La movilización popular (en Euskal Herria y en el Estado) y la puesta en marcha valiente de distintas iniciativas debe ser el motor de este proceso y la garantía para un verdadero para un nuevo marco político democrático y participativo.