En efecto, el “dilema” para el pueblo chileno en el plebiscito de diciembre próximo será aprobar un texto constitucional más derechista todavía que el actual; o, si lo rechaza, ¡mantener el texto actual impuesto en 1980 por Pinochet y asumido –con algunas reformas- por Lagos y la Concertación en 2005!
“Nunca pensé que iba a estar defendiendo la Constitución de Pinochet” señaló recientemente María Pardo, consejera constitucional de Convergencia Social (La Segunda; 18-10-2023), es decir, ¡una de las máximas dirigentes del Frente Amplio! Y hace unos días el filósofo de centro-izquierda Renato Cristi reconoció que “en los últimos cincuenta años” se logró cambiar la mentalidad de los chilenos “a contrapelo de la tradición chilena que remata en el Estado Social consagrado por la Constitución republicana de 1925”, para que “prestadores privados motivados por el lucro puedan proveer bienes básicos como la salud, la educación y las pensiones” (El Mercurio; 12-10-2023). Aunque Cristi personaliza dicho triunfo en Jaime Guzmán, constituye en definitiva un gran triunfo histórico de la derecha que impuso a través de la dictadura su modelo neoliberal extremo, y que logró luego que la Concertación se lo legitimara, consolidara y “perfeccionara”.
En efecto, el “dilema” para el pueblo chileno en el plebiscito de diciembre próximo será aprobar un texto constitucional más derechista todavía que el actual; o, si lo rechaza, ¡mantener el texto actual impuesto en 1980 por Pinochet y asumido –con algunas reformas- por Lagos y la Concertación en 2005! A este grado de derechización del país hemos llegado, pese a que, desde 1990, el pueblo chileno ¡por seis veces ha logrado elegir presidentes proclamadamente de centro-izquierda y que se comprometieron a buscar la sustitución del modelo neoliberal impuesto por la dictadura!
Obviamente, algo muy extraño y antidemocrático ha pasado en estos ya 33 años (los “30 años” cuestionados en el estallido social). La clave de la respuesta podemos encontrarla en la solapada derechización que experimentó el liderazgo de la Concertación y que tan hábilmente le ocultó a sus bases socio-políticas. Como lo reconoció descarnadamente, Edgardo Boeninger -considerado por moros y cristianos como el máximo ideólogo de la Concertación-, dicho liderazgo llegó a fines de los 80 a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 369).
Y para ocultar con éxito su derechización procedió en 1989 –antes de asumir su segura Presidencia de la República- a regalar “bajo cuerda” la futura mayoría parlamentaria que le aguardaba de haberse mantenido intacta la Constitución del 80 (recordemos que su diseño original fue pensado para un Pinochet ratificado como presidente en 1988); concordando con Pinochet y la derecha 54 reformas constitucionales (en paquete), donde la más trascendente y ¡desconocida hasta hoy! fue un cambio en los quórums de aprobación de las leyes que iría ¡en perjuicio de la Concertación!…
Y en la misma línea, desde 1990 desarrolló políticas –también solapadas- destinadas a terminar con los numerosos diarios y revistas de centro-izquierda que habían surgido -con apoyo financiero externo- durante los 80. Esto a través de la discriminación del avisaje estatal, del bloqueo de ayudas extranjeras y de proceder –por personeros de la Concertación- a comprar algunos medios para luego cerrarlos. Y lo mismo hizo con los medios de tal carácter que surgieron en los 90. Así, la aprobación de toda nueva legislación con el concurso de la derecha (“política de los consensos”) no se vio cuestionada desde la izquierda y pasó a “naturalizarse” con el tiempo.
El posterior surgimiento del Frente Amplio -pese a su discurso- tampoco constituyó una real alternativa de cambio del sistema, como se comprobó con su subordinación al acuerdo consensual de la derecha y la ex Concertación efectuado el 15 de noviembre de 2019 con la finalidad de neutralizar el fuerte estallido social de protesta de octubre. Y como se ha verificado con la orientación del actual gobierno en que todos los ministerios claves se han entregado a figuras de la ex Concertación; y en que se consolidó –pese a todos los anuncios en contrario- la subordinación a la globalización neoliberal con la firma del TPP11 y la alineación de Chile a Estados Unidos y la OTAN en la guerra ruso- ucraniana.
Por último, ha ido quedando cada vez más claro el engaño de la promesa de “nueva Constitución” del acuerdo del 15 de noviembre. Primero, con el antidemocrático quórum de los dos tercios. Luego, con la “rendición” de los convencionales de haberle entregado a la sola derecha tradicional el poder de bloqueo legislativo de una nueva Constitución en caso que ganase el “Apruebo”. Y finalmente, con la utilización de la desinformación creada por su poder comunicacional casi total para engañar a la mayoría del pueblo para que se inclinara por el “Rechazo”.
Para qué hablar del “acuerdo infame” -como tan bien lo denominó Miguel Lawner- que ha regido este nuevo proceso en que toda apariencia de democracia ha sido olvidada. Primero, porque una “nueva” Constitución ahora ha sido hecha por el actual Congreso, directamente a través de la configuración de sus doce bases fundamentales; e, indirectamente, a través de una comisión de “expertos” designada por el mismo Congreso que elaboraría un primer borrador. Y luego, porque dicho texto solo podría ser enmendado por los 3/5 de un “Consejo Constitucional” elegido sobre las mismas bases electorales del actual Senado de 50 miembros, las que favorecen antidemocráticamente a la derecha.
Además, con el triunfo impensado de un partido todavía más derechista (Republicano) en la elección del Consejo, se ha llegado al extremo de que la definición plebiscitaria de diciembre será ¡entre mantener la actual Constitución de Pinochet-Lagos (inspirada por Jaime Guzmán) o reemplazarla por otra más derechista aún, elaborada por el partido que dirige José Antonio Kast! O sea, una victoria total para la derecha.