En una reciente columna de Naiz, medio digital vasco, Pablo Iglesias, ex Vicepresidente del Gobierno español, analiza la utilidad de la actual Constitución española para la defensa de los intereses de las clases populares frente a los oligopolios. Para ello hace referencia a sus artículos 33 , 38 y 128.
Con su estilo didáctico y fluido, como corresponde a su evidente capacidad intelectual y docente, trata el momento político actual en base a lo que, en teoría marxista, se denomina correlación de fuerzas. Es decir, el equilibrio de poder entre dos clases con intereses en conflicto: la clase trabajadora, que vende su fuerza de trabajo, y la clase capitalista, propietaria de los medios financieros y de producción, mediante los cuales domina al mundo del trabajo y, en definitiva, a la inmensa mayoría de la sociedad.
Si alguna crítica hubiera de hacérsele al citado escrito, la focalizaría en la omisión del artículo 56 de la Constitución. En efecto, se trata nada menos que de la impunidad del Rey ante la posible acción de la Justicia frente a cualquier clase de delitos, por graves que estos sean. Es decir, un artículo de la Constitución que contradice el principio democrático de igualdad ante la ley, establecido en su Articulo 14, que dice:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Delitos que, en esta ocasión, ha puesto en evidencia la Fiscalía suiza, tras la aparición en la prensa internacional de noticias alarmantes sobre el rey Juan Carlos I. Un personaje, presunto delincuente, cuyo nombre es el único que aparece impreso en la Constitución española, repitiéndose 42 veces la palabra “Rey” a lo largo del texto. Cacofonía constitucional que, sin embargo, sí cita Pablo Iglesias.
Todo ello pone en tela de juicio el régimen surgido de la reforma de la dictadura, “de la ley a la ley”. Un régimen criminal que se mantuvo cuatro décadas debido, entre otras causas, a la omisión del deber de socorro de Europa occidental, amedrentada por la injerencia del gobierno USA en los asuntos europeos.
La cobardía y los intereses creados por el ala borbónica del PSOE, la vieja guardia felipista, la incapacitan para dar un apoyo leal al Gobierno de coalición progresista, presidido por el socialista Pedro Sánchez. Aunque no solo. También estimulan peligrosamente la creciente agresividad del fascismo monárquico que representa Vox, bien situado en los aparatos coercitivos del Estado (ejército, judicatura, policía) y en una parte nada marginal de la sociedad, cuya alienación es fomentada desde los medios controlados por el poder financiero.
Se trata, por tanto, de un cáncer que se propaga por el entramado de las instituciones, carcomiendo nuestra débil democracia. Tal inviolabilidad absoluta de la persona del Rey está recogida en la parte más protegida, es decir blindada, de la Constitución española. Lo que representa, ni más ni menos, la legalización de facto de toda posible injerencia delictiva del jefe del Estado en asuntos de la mayor trascendencia política y económica. Llegando incluso, sin mayor problema, a poder pervertir impunemente las sacrosantas reglas del mercado; por ejemplo, en el caso de la adjudicación del AVE a la Meca.
Esa impunidad de la corrupción real, estampada en la Carta magna, representa, a mi modo de ver, una contradicción fundamental del régimen y, por tanto, una expresión extrema del poder de la oligarquía dominante, en lo que a correlaciones de fuerzas se refiere, pues pervierte y envilece todos los demás artículos de la Constitución, convirtiéndola en papel mojado.
La correlación de fuerzas en los países europeos, que vencieron al fascismo en los campos de batalla, quedó plasmada en un pacto antifascista, y la consiguiente implantación de regímenes democráticos. Dicha correlación fue especialmente favorable en los sectores obreros organizados en sindicatos de clase, particularmente mayoritarios en la industria y la enseñanza además de en otros sectores, producto del antifascismo militante de la clase obrera europea, sobre todo en la República Francesa; lo que reportó mayor justicia social y cotas más elevadas de bienestar material al conjunto de la sociedad.
Hoy en día, los retrocesos en los derechos conquistados por el movimiento obrero, junto a las recientes crisis migratorias, están provocando una desafección de amplias capas populares, con la peligrosa emergencia de nuevas formas de fascismo en Europa. Muy especialmente en España, cuyas raíces, procedentes de la dictadura, rebrotan amenazantes, pues se trata de un fascismo inserto en las propias instituciones del Estado, con especial incidencia en las fuerzas armadas, judicatura y policía.
Por último, finalizo estas breves líneas recordando el reciente fallecimiento de Alfonso Sastre, un escritor y dramaturgo universal, de compromiso antifascista inquebrantable, una de cuyas obras teatrales, “Escuadra hacia la muerte”, leí clandestinamente en hojas copiadas a máquina sobre papel carbón, ya embarcado en la fragata Martin Alonso Pinzón -fondeada en el Arsenal de la Carraca, San Fernando (Cádiz)-, al término de mis estudios en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra). Transcurría el mes de septiembre del año 1965.
Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada, miembro de la UMD y del Colectivo Anemoi. Presidente Federal de Unidad Cívica por la República.