La constante de un conflicto armado interno prolongado en el tiempo disipa los sueños de triunfo al lograr un gobierno de inspiración popular. Han continuado las masacres y asesinatos selectivos a líderes sociales.
Ello prueba que el nexo de causalidad entre el hecho punitivo y los intereses locales permanece en funcionamiento, sin oficiosidad investigadora ni medidas de prevención eficaces. Continúa la impunidad reinante y la ineficacia del accionar estatal.
Ha surgido un nuevo aspecto de conflicto social: la contradicción existente entre el sector afro campesino y los pueblos indígenas en torno a la tenencia de la tierra en áreas de los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca de reconocida riqueza industrial. Tema histórico en el que los colonos afro descendientes acapararon tierras de reserva indígena milenarias y cual terratenientes de hecho dispusieron de ellas bajo arrendamientos con los blancos empresarios de explotación en los grandes ingenios azucareros. Muchos son afros poderosos económicamente y actuantes en el ámbito de la competencia capitalista individual, carentes de visión, proyección de tenencia y vivencia colectivas. Los pueblos indígenas reivindican la propiedad ancestral y la defensa de la Pacha Mama, no para detentar extensiones de tierras, como argumenta la derecha en su contra, como sí para cumplir el ciclo de su vínculo cultural y de defensa de lo ecológico-ambiental. Este pasaje de lucha de clases no es inédito, ha permanecido latente y oculto a favor de los empresarios blancos, quienes han usufructuado esa situación económico-racial. Al aflorar el conflicto indicado se impone la solución en favor a los pueblos indígenas y la búsqueda de soluciones en aspectos de distribución y afianzamiento de la función social de la tierra en el marco de la soberanía productiva y alimentaria. Este pasaje es totalmente diferente al de detentación de tierras incultas o la de destinación de tierras para la depredadora ganadería extensiva.
Similar enfoque corresponde asumir al afrontar el conflicto campesino e indígena Motilon-Bari en el Catatumbo. Durante el siglo XX, paralelo a la expoliación de las compañías petroleras, la población originaria fue desplazada de múltiples entornos. Los colonos de los asentamientos campesinos, prima facie (“a primera vista”) de los municipios de la provincia de Ocaña, desplazaron de sus tierras a los indígenas motilones.
Esta contradicción se agudizó con la intervención de las insurgencias, como el ELN, que protegía la tenencia de los colonos y el EPL, que revindicaba el derecho ancestral de los originarios. Las pugnas y enfrentamientos entre ambas guerrillas se suscitaron por esa causa histórica, no por el consabido negocio de las drogas y sus rutas, como la dictadura mediática lo difunde, arrodillada a los mandatos del Pentágono, alimentando la falsa e ineficaz guerra contra las drogas. Posteriormente, la contrainsurgencia militar infiltró las filas del EPL y lo utilizaron, como hacen con el paramilitarismo, para enfrentar al ELN. Esta última organización político-militar insurgente, en clara supremacía, controló el territorio y solo hasta la ejecución por orden del mismo EPL del mando conocido como “el grillo”, cesaron los enfrentamientos entre ambas fuerzas guerrilleras tradicionalmente asentadas en el Catatumbo.
Valgan los pasajes mencionados para recordar que lo aquí enunciado es tema sine qua non del contenido de una reforma agraria integral pactada en los Acuerdos de La Habana. Utilizo la locución latina por la obligatoriedad del funcionamiento coordinado y acorde en la búsqueda de la Paz Total, al asumir las soluciones del conflicto social en Colombia.
Las contradicciones en el seno del pueblo se resuelven en el escenario del conflicto social y no como ingrediente del conflicto armado interno.
EL SUCESO EN EL HUILA
Ante el ataque de las FARC en el Huila, con el resultado de siete hombres de la policía nacional muertos y uno herido, pues logró mimetizarse durante la emboscada, el presidente Gustavo Petro anunció que fue producto del ataque de las disidencias de las FARC, mencionando a la columna respectiva. Es una declaración positiva por cuanto descarta que se trate de un cruce de “fuego amigo” u operación ejército- narcoparamilitarismo conforme a la naturaleza que aún persiste de la concepción del enemigo interno y a las acciones de contrainsurgencia de las fuerzas armadas. Pero a la vez resulta inquietante, puesto que si bien es cierto no se puede condicionar a las insurgencias ni imponerles coerción conforme a la usanza de modelos de gobiernos anteriores, en el ambiente político flota el procedimiento torticero y cobarde de la derecha militarista, con odio acrecentado por la perdida de gobierno. Por ello, corresponde investigar más a fondo y/o esperar un pronunciamiento del sector insurgente actuante.
Al momento de escribir este artículo aparece como noticia no muy difundida que uno de los frentes disidentes de la FARC que operan en el Huila se atribuye el ataque, lamentándolo como resultado del mismo conflicto existente.
Como jefe de Estado, el presidente Petro conoce, como el que más, el manejo de las conversaciones con las insurgencias, en especial cómo se requiere de tino en la dirección y procedimiento alternativo sobre el presupuesto de una consideración del Estado-parte al reconocer que se encuentra frente a una contraparte insurgente, rebelde y por ende con estatus de beligerante.
Treinta años dedicados al análisis del conflicto armado interno, asimilando las diferentes negociaciones y conversaciones, nos permiten un grado de convicción y juicio que la sinceridad gubernamental y el presupuesto de buena fe planteado están erigidos sobre bases realistas y objetivas, aunadas a la actitud de pensamiento, comportamiento y buena fe de la contraparte insurgente. De haber sido lo del Huila un ataque insurgente, no media el factor de proporcionalidad, dado el entorno político que el gobierno alternativo viene manejando.
Lo anterior es demasiado inquietante para el pueblo colombiano, que sobre todo comulga y confía en la oportunidad histórica de que sea este el momento de llevar al éxito el fin total de ese conflicto como salida de solución política y no militar. Se impone el contenido político de las acciones militares. Pero esto es, en consecuencia, bilateral y por ende se requiere de una conducta similar de la contraparte insurgente, en esta etapa preliminar de llamar a conversaciones con la expectativa de las reglas de juego por definir.
Los medios de intoxicación masiva en Colombia dieron en llamar “disidencias” los sectores armados de las antiguas FARC -ep que no se acogieron a una conversación con el Estado colombiano o a aquellos que se retiraron de la corriente de conversaciones una vez comenzadas o, en ultimas, a quienes pese a haber firmado y acogido los acuerdos del fin del conflicto armado de las FARC-ep con el Estado, retomaron las armas por circunstancias y argumentos conocidos. Las denominaron “disidencias”, que ha sido el estereotipo de la mediática dictatorial, cual calificación impuesta en el ámbito de la opinión publica sin entrar a considerar cuál es el contenido y a qué se refiere una disidencia como tal.
El presidente Gustavo Petro ha dado una enseñanza de sensibilidad humana, así como de sinceridad de gobernante, al disponer que a las zonas de conflicto armado no sean enviados jóvenes auxiliares, para preservar esa condición de primera juventud (18 a 21 años) en que se encuentran los auxiliares de policía, asimilado a los reclutas que prestan el servicio militar obligatorio. Es una decisión política que redunda en la imperiosa necesidad de la reforma estructural, de fondo, y al cambio de naturaleza de la Policía Nacional de Colombia a una no militar ni contrainsurgente.
Corresponde continuar con la profundización de las reformas institucionales y contar con la aplicación del verdadero espíritu del constituyente primario de 1991 en ejercicio de la soberanía popular.
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