El gobierno de la Comunidad de Madrid pretende limitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, a pesar de que éste es un derecho fundamental reconocido como tal en la Constitución española (todos tienen derecho a la defensa y asistencia letrada, dice el artículo 24) para garantizar que todas las personas, con independencia de su […]
El gobierno de la Comunidad de Madrid pretende limitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, a pesar de que éste es un derecho fundamental reconocido como tal en la Constitución española (todos tienen derecho a la defensa y asistencia letrada, dice el artículo 24) para garantizar que todas las personas, con independencia de su capacidad económica y condición, sean asistidas por un abogado que defienda sus intereses. En muchas ocasiones (menores, derecho penal y penitenciario, extranjería, violencia doméstica y contra la mujer) la existencia efectiva de este derecho evita que cualquier persona se encuentre en situación de indefensión ante los tribunales, garantizando derechos tan relevantes como a no confesarse culpable y la presunción de inocencia.
La asistencia jurídica gratuita, necesaria e inherente a un Estado de Derecho, está siendo restringida cada vez más y, tras los resultados electorales en la Comunidad de Madrid, parece que el desmantelamiento seguirá avanzando.
Las 4.500 abogadas y abogados del turno de oficio de Madrid estamos en huelga (con apoyo, por fin y tras una ardua lucha, de nuestro Colegio de Abogados). No nos pagan ni reconocen nuestra importancia como sujeto imprescindible en la tutela de las garantías constitucionales. Tampoco nos escuchan. Lo peor de todo es que no somos los más perjudicados, porque las personas más desfavorecidas, las que no ganan más del doble del salario mínimo (1.282,80 € al mes), es decir, más de la mitad de la población madrileña, van a ver restringido, cuando no anulado, su derecho a la asistencia letrada gratuita.
Por un lado, la Comunidad de Madrid está desprestigiando el turno de oficio con impresentables y falaces declaraciones en los medios de comunicación. Los abogados del turno de oficio somos abogados de calle, estamos acostumbrados a pelear por los derechos de las personas a quienes asistimos, es decir, somos los abogados con más experiencia y mejor preparación y quienes defendemos los derechos de las clases más desfavorecidas. No sólo hablan mal de nosotros, además no nos pagan o lo hacen con retraso (incluso cuando lo hacen las cuantías son irrisorias y no cubren siquiera los gastos en que hemos incurrido para defender a nuestro cliente). La finalidad encubierta de estas prácticas degradantes no es otra que la privatización del servicio para entregárselo a cualquier despacho grande que baje el costo contratando a profesionales mal pagados, cuando no en prácticas. Esta situación es intolerable y tiene ya las siguientes consecuencias:
a) La defensa jurídica en casos de violencia de género está siendo asumida por organizaciones que reciben subvenciones de la Comunidad de Madrid, lo que limita su capacidad de actuación y las convierte en entidades acríticas con el sistema. Esta situación es negativo con respecto a cuando la defensa era asumida por letrados de oficio, pues la actuación de los abogados de oficio era imparcial, el sistema de asignación de casos aleatorio y los letrados absolutamente independientes ante cualquier presión institucional.
b) En supuestos de rechazo en frontera de personas que migran a España sin permiso de las autoridades (entrada en el territorio español por el aeropuerto de Barajas), el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se condiciona a que el extranjero aporte documentos que sólo podría conseguir en España, por lo que nunca se les reconoce su derecho a abogado de oficio, imprescindible para recurrir las decisiones gubernamentales relativas a su situación de expulsión o rechazo.
c) La Comunidad de Madrid pretende introducir un nuevo sistema informático en el que no puede introducirse un número de pasaporte, y el ciudadano atendido sólo puede ser identificado en base a su DNI o NIE. Por tanto, las personas sin permiso de residencia no identificadas con un NIE no podrán acceder al derecho.
d) Los abogados del turno de oficio deberán fiscalizar la veracidad de los datos aportados por sus clientes, exigiendo a estos profesionales prestadores de un servicio público que se conviertan en policías o vigilantes de sus conciudadanos, lo que va en detrimento del derecho de defensa y la deontología profesional de la abogacía. Llevado a extremos absurdos, sería algo así como exigir que el médico que opera en urgencias en un hospital público investigue a su paciente, lo denuncie si está defraudando al sistema público y no cobre de la Comunidad de Madrid por la operación, teniendo que facturar él mismo al paciente y obligarle al pago por medios coercitivos en caso de que se niegue a abonar la factura o no pueda hacerlo.
La Comunidad de Madrid, una vez que ha ganado las elecciones y tras muchas promesas incumplidas y reuniones completamente estériles, parece decidida a acabar con el derecho a la asistencia hurídica, sin importarle que desde el 1 de junio los 4.500 profesionales del turno estén en huelga indefinida, respetando los servicios mínimos en los casos en que está en juego la libertad de las personas o puedan verse conculcados derechos más dignos de protección como, por ejemplo, cuando estén implicados menores.
Ernesto A. Pérez Moreno, Red Jurídica Abogados
Fuente: http://madrilonia.org/?p=4066