Las tres sentencias del Tribunal Supremo español del pasado miércoles son un claro ataque no sólo contra el catalán sino contra los derechos nacionales de Catalunya. El Tribunal Supremo exige a la Generalitat de Catalunya que el castellano sea a partir de ahora lengua vehicular en las escuelas. Estas tres sentencias son una clara provocación […]
Las tres sentencias del Tribunal Supremo español del pasado miércoles son un claro ataque no sólo contra el catalán sino contra los derechos nacionales de Catalunya. El Tribunal Supremo exige a la Generalitat de Catalunya que el castellano sea a partir de ahora lengua vehicular en las escuelas. Estas tres sentencias son una clara provocación y dan un paso más en las tensiones continuas que hay entre el Gobierno español y Catalunya. Estas sentencias aparecen precisamente en un momento en que aumenta el sentimiento de rechazo al centralismo del Estado que reaviva movimientos por el derecho a decidir, desde la oleada de consultas por la independencia hasta la manifestación en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto el pasado 10 de julio.
Es un mensaje por parte del Estado español: el estatus quo es el que es y no cambiará. Por otro lado, aparecen justo después de las elecciones al parlamento de Catalunya, con la clara intención de que no provocara un efecto rebote en las elecciones, muestra que agresiones a la lengua como esta no son bienvenidas por la mayoría de la población.
A pesar de que venga de una institución judicial, estas son sentencias totalmente políticas. Responden a la intensa campaña españolista que llevan a cabo partidos como Ciutadans o el PP. El argumento del bilingüismo, sobre que se discrimina a los castellano-hablantes, es totalmente falso. El castellano tiene un pleno respaldo institucional mientras que el catalán es una lengua minorizada. Es el catalán el que necesita respaldo desde las administraciones y no el castellano.
Por otro lado, si se acaba aplicando esta sentencia, que da derecho a que los padres puedan exigir que su hijo sea enseñado en castellano, ya sea con aulas partidas o con escuelas «catalanas» y escuelas «castellanas», provocará una segregación nefasta. En concreto, puede suponer una separación todavía más grande entre alumnos inmigrantes y autóctonos; separación que ya sucede gracias a la política del gobierno de favorecer la escuela concertada y recortar la pública.
Es importante no verlo como una cuestión identitaria sino como un conflicto entre nación opresora y nación oprimida y como un conflicto de clase. Es un intento de provocar la división en las aulas. División que les va muy bien cuando tienen que hacer recortes en la educación. Hay que entender que es la misma gente a la que, cuando se estaba decretando la Reforma Laboral, le interesó provocar una euforia españolista alrededor del Mundial y la selección española, los mismos a quienes les interesa imponer el castellano en Catalunya.
Hay que explicar que el mismo estado que recorta presupuestos y envía tropas a Afganistán es el que niega las libertades democráticas en Euskal Herria y en los Paísos Catalans. El Tribunal Supremo nos da un argumento más en contra la vía estatutaria. Es imposible ningún avance de las libertades nacionales dentro del corsé de la Constitución. La política de los pactos se demuestra inútil. La única solución viable a estos ataques por parte del Estado español es la de la ruptura, la de hacer efectivo el derecho a decidir del pueblo catalán.
Como En lluita / En lucha rechazamos la sentencia del Tribunal Supremo y hacemos un llamamiento a la insumisión a esta desde todos los ámbitos. A su vez reclamamos que el gobierno de la Generalitat no acate dicha sentencia y apoyamos las concentraciones de rechazo que ha habido en diferentes municipios, apostando para que la sociedad en general y la comunidad educativa en concreto se movilice en contra.