En 1969 Manuel Blanco Chivite estudiaba periodismo en Madrid y se acercó al Partido Comunista de España (Marxista-Leninista). Dos años después, desde el momento de su fundación, comenzó a militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Como muchos militantes antifranquistas, Manuel Blanco Chivite pasó por la Dirección General de Seguridad y por los […]
En 1969 Manuel Blanco Chivite estudiaba periodismo en Madrid y se acercó al Partido Comunista de España (Marxista-Leninista). Dos años después, desde el momento de su fundación, comenzó a militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Como muchos militantes antifranquistas, Manuel Blanco Chivite pasó por la Dirección General de Seguridad y por los temibles calabozos de la Brigada Político-Social. Fue en julio de 1975, cuatro meses antes de la muerte del dictador. Esa semana también «cayeron» otros compañeros del FRAP, acusados sin pruebas de la muerte de un policía, reivindicada por esta organización. No se avisó a abogados ni familiares de las detenciones (en la práctica, permanecían «secuestrados»). La esposa de Manuel, Milagros Ponz, también fue «secuestrada» sin acusación y conducida a San Sebastián, ciudad que se hallaba en estado de excepción.
El testimonio de Manuel Blanco Chivite es uno de los diez relatos compilados por el historiador y periodista Mario Amorós en el libro «Argentina contra Franco. El gran desafío a la impunidad de la dictadura», editado por Akal en la colección A Fondo, que dirige el periodista Pascual Serrano. Ellos y ellas fueron detenidos por la Brigada Político-Social del franquismo y torturados en la Dirección General de Seguridad, emplazada en la Puerta del Sol de Madrid, entre 1956 y 1975.
La esperanza para tantos militantes antifranquistas, y para la recuperación de la memoria democrática, se deposita en la perseverante labor, iniciada hace cuatro años, de la jueza Argentina María Servini de Cubría, quien el 18 de septiembre de 2013 pidió la extradición de Jesús Muñecas Aguilar, antiguo capitán de la Guardia Civil, y Juan Antonio González Pacheco («Billy el Niño»). Recuerda Mario Amorós que ambos tuvieron que declarar en la Audiencia Nacional española el 5 de diciembre de 2013, acusados de «gravísimos casos de tortura».
La denominada «Querella Argentina» ha cobrado valor de «un verdadero proceso judicial e histórico al franquismo», recuerda Mario Amorós. Más de 300 personas (a título individual) se han sumado como querellantes a una iniciativa que respaldan más de un centenar de asociaciones agrupadas en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA), constituida en junio de 2012. Los consulados argentinos permanecen abiertos a las personas que deseen formalizar su denuncia. «Todas las expresiones de la represión desplegada por el fascismo español entre julio de 1936 y junio de 1977 están confluyendo en un juzgado de Buenos Aires: fusilamientos, tortura, prisión política, exilio, trabajo esclavo, robo de bebés, desaparecidos, depurados…», resume el autor de «Allende. La biografía».
«Todo comenzó en Buenos Aires el 14 de abril de 2010», apunta Amorós. Ese día, dos familiares de víctimas de la represión franquista -Darío Rivas e Inés García-, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y organizaciones de derechos humanos (Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras) presentaron una querella criminal por los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad cometidos en el estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Todo ello en ejercicio del principio de jurisdicción universal. La jueza Servini imputó a Muñecas Aguilar la participación en las torturas al ciudadano Andoni Arrizabalaga en 1968. A González Pacheco («Billy el Niño») le acusó de participar en las torturas sufridas por 13 personas entre 1971 y 1975.
¿Qué ocurrió con los militantes del FRAP -entre otros, Manuel Blanco Chivite- detenidos en julio de 1975? Padecieron torturas salvajes en la Dirección General de Seguridad por parte de Roberto Conesa y sus hombres. Golpes con porras, varas y palos. A Blanco le sacudieron con una estufa de butano; la tortura del «pato» (caminar en cucillas con las manos esposadas a la espalda); a algún detenido le colocaron los agentes una pistola en la boca y le amenazaron con descerrajarle un tiro; dejar en carne viva las plantas de los pies; intento de linchamiento organizado por parte de policías armados. Tortura física y psicológica, en resumen, cruel ensañamiento, durante una semana sin interrupción hasta que cinco de los detenidos firmaron declaraciones que les comprometían.
A este grupo de militantes del FRAP, y a otro detenido por la policía un mes después, se les aplicó de manera retroactiva el Decreto Ley Antiterrorista de 22 de agosto. Manuel Blanco y sus compañeros fueron procesados por el Juzgado Militar Permanente número 2. Se les trasladó a la prisión de Carabanchel, fueron encerrados en la galería subterránea e incomunicados. En la cárcel continuaron los interrogatorios por parte de la Brigada Político-Social y la Guardia Civil, en los que se pretendía la autoinculpación. Manuel y sus cuatro compañeros fueron sometidos a Consejo de Guerra el 12 de septiembre en el cuartel de El Goloso (Madrid). El juez instructor rechazó que se practicasen 124 pruebas testificales y periciales, tal como proponía la defensa. Pese a las irregularidades y precariedad probatoria manifestadas en el Consejo de Guerra, denunciadas en su día por la Liga Internacional de Derechos Humanos, se decretó la pena de muerte para varios detenidos así como largas penas de prisión. Voluntarios de la guardia civil y voluntarios de la policía armada participaron en los fusilamientos.
El autor del libro prueba los hechos con los testimonios de Manuel Blanco, Víctor Díaz-Cardiel, Felisa Echegoyen, José María Galante, Julia Hidalgo, Paco Lobatón, Willy Meyer, Roser Rius, Alfredo Rodríguez y Jesús Rodríguez. Ahora bien, ¿qué ocurrió con los responsables? En un apartado de tres páginas, titulado «Reciclaje e impunidad», Mario Amorós detalla la suerte de algunos de los cabecillas del aparato represor: «Muchos de los principales agentes y mandos de la Brigada Político-Social lograron reciclarse sin problemas, e incluso con honores y beneficios económicos en los años de la Transición». El comisario Saturnino Yagüe, jefe máximo entre 1963 y 1975, falleció en Madrid en 1978 sin que pechara con sus actos.
Roberto Conesa (conocido como «el «superagente Conesa») falleció en 1994 exonerado de condena judicial o reproche público. Incluso el ministro Martín Villa recuperó a Conesa, cuando éste ocupaba el cargo de Jefe Superior de la Policía en Valencia, para que participara en la investigación de dos secuestros obra de los GRAPO. Detalla Mario Amorós que Conesa fue apartado en 1979 (tras sufrir un infarto) de la jefatura de la Brigada de Información de la Policía (sucesora de la Brigada Político-Social). Lo sustituyó en el cargo Manuel Ballesteros, «uno de los más despiadados agentes de la Brigada Político-Social en Valencia». Ballesteros alcanzó la dirección del Gabinete de Información del Ministerio del Interior en la etapa de José Barrionuevo y Rafael Vera. Además, fue condenado en dos ocasiones por su implicación en la «guerra sucia» contra ETA, aunque finalmente le absolvió el Tribunal Supremo. A Juan Antonio González Pacheco le concedió Martín Villa en 1977 la Medalla de Plata al Mérito Policial por su aportación a la liberación del general Villaescusa, secuestrado por el GRAPO. Con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía ese mismo año, se archivaron las 17 denuncias por delitos de tortura que recaían sobre su persona, relata Mario Amorós.
El autor del libro pespuntea la peripecia vital de «Billy el Niño»: «En 1981, cuando fue vinculado con la guerra sucia contra ETA en Francia y tuvo que declarar en la Audiencia Nacional, fue destinado a la Brigada Central de la Policía Judicial. Un año después, pidió la excedencia y durante años se empleó como jefe de seguridad en empresas muy importantes (…). Sus obligaciones profesionales se concentran en la empresa de seguridad que figura a nombre de su esposa, que facturó casi 110.000 euros en 2013».
El edificio de la Puerta del Sol, hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, acogió durante la dictadura franquista la Dirección General de Seguridad y también las dependencias de la Brigada Político-Social, creada en 1941. ¿Cuál era su cometido? «Seguimientos, escuchas telefónicas, control de la correspondencia, detenciones, confiscación e incautación de bienes, allanamiento y registro de viviendas y, como les enseñaron los nazis, la tortura como método recurrente para ampliar la información o simplemente como forma de castigo; y actuaba con impunidad indiscutida, absoluta avasalladora; cualquier conducta que pudiera afectar al orden público convertía a un ciudadano en sospechoso». Anota Mario Amorós que está pendiente todavía una investigación de «la huella nazi en los orígenes de la Brigada Político-Social».
Los plazos para la detención policial estaban estipulados en 72 horas, pero estos límites temporales, señala el historiador Julián Casanova, eran en muchos casos una falacia. La permanencia en las comisarías, en medio de vejaciones y torturas, podía durar días e incluso semanas. En ocasiones las detenciones tampoco se registraban. De ese modo se efectuaban «diligencias» sin médicos, sin abogado y sin derecho a la defensa. Testigo de aquella época negra fueron las comisarías de Via Laietana en Barcelona o la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid. Y personajes como Antonio Juan y Vicente Juan Creix (Barcelona); Melitón Manzanas (San Sebastián); Manuel Ballesteros (Valencia) o Roberto Conesa, José Sainz y Juan Antonio González Pacheco (Madrid).
Muy vinculada a la Dirección General de Seguridad, comenzó a funcionar en 1964 el Tribunal de Orden Público (TOP), institución «a la que le correspondía la persecución de la actividad política antifranquista», subraya Mario Amorós. El TOP otorgaba un valor capital a los atestados que remitía la Brigada Político-Social. Además, en sus 13 años de actividad, el TOP abrió 22.660 procedimientos y dictaron 3.798 sentencias, de las que 2.839 fueron condenatorias (11.731 años de cárcel). El 60% de los procedimientos se tramitaron entre 1974 y 1976. La jurisdicción de Orden Público desapareció en enero de 1977, y fue sustituida por la Audiencia Nacional. «Lo peor fue, sin embargo, que no sólo se acordó la amnistía, sino que se decretó el olvido». La frase de Josep Fontana encabeza y resume el libro.
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