Los y las trabajadoras inmigrantes son uno de los grupos de población que más está sufriendo la crisis; una crisis de la que no son responsables, sino todo lo contrario. Han contribuido a rejuvenecer a la población y han generado riqueza y empleo en el Estado español; sin inmigración, el PIB habría bajado en un […]
Los y las trabajadoras inmigrantes son uno de los grupos de población que más está sufriendo la crisis; una crisis de la que no son responsables, sino todo lo contrario. Han contribuido a rejuvenecer a la población y han generado riqueza y empleo en el Estado español; sin inmigración, el PIB habría bajado en un 0,6% entre 1996 y 2006, en lugar de crecer el 2,6%.
Con la llegada de la crisis, el desempleo alcanza a más del 30 % de las y los trabajadores extranjeros, ya que al ocupar puestos de trabajo más precarios han sido despedidos más fácilmente, junto a jóvenes y mujeres. Además, los inmigrantes siguen desarrollando los trabajos más duros y peor remunerados. Así, la pobreza se ha extendido en los últimos años entre los migrantes, pues suelen carecer del apoyo de familia y amigos, y sufren especialmente el paro y la precariedad. El último informe anual sobre vulnerabilidad social de la Cruz Roja pone de manifiesto los efectos tan dramáticos que la crisis está teniendo sobre la población extranjera que encabeza claramente los perfiles de riesgo de exclusión social.
Las sucesivas leyes de inmigración se han ido endureciendo, legislatura tras legislatura, con el consenso de PP y PSOE, a la vez que aumentaban las repatriaciones forzosas. Muchos de los y las trabajadoras que llegan buscando una vida mejor son retenidos hasta 60 días en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES). Centros que atentan contra los derechos humanos más básicos y son más opacos que las prisiones. Como apunta el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados los gobiernos tienden a «criminalizan al inmigrante sin que éste haya hecho daño a nadie». En esta línea xenófoba, el Parlamento Europeo aprobó en 2008 la llamada «Directiva de la Vergüenza» que permite internar hasta 18 meses a quienes esperan ser deportados.
Y, por supuesto, PP y PSOE no reconocen que los y las trabajadoras que toman la difícil decisión de buscar trabajo en el extranjero lo hacen habitualmente como consecuencia de la explotación salvaje y el empobrecimiento de sus territorios por parte de empresas transnacionales que importan riqueza a los estados que reciben la inmigración.
Recientemente, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) llamó la atención en su informe anual sobre el «aumento general» de la violencia racista en Europa, destacando que ha aumentado la percepción de que los inmigrantes tienen un «impacto negativo» en la sociedad al ser vistos como «los responsables de la degradación de las condiciones de seguridad, el desempleo y los déficit de los sistemas de salud». En su informe, la ECRI recuerda que «no están justificadas» actuaciones policiales como practicar detenciones en la calle según un perfil racial o «la brutalidad policial de la que a veces son víctimas los grupos minoritarios». Además, la ECRI hace una mención especial a niveles creciente de islamofobia.
Recientemente ha habido una gran polémica con la racista ley SB 1070 de Arizona que promueve, por ejemplo, las «deportaciones exprés» y pedir la documentación a ciudadanos por su aspecto físico. Sin embargo, estas medidas se vienen realizando en el Estado español desde hace años. Así, las deportaciones «preferentes» se permiten desde 1985, dando tan solo 48 horas al detenido para presentar alegaciones. Además, en los últimos años se ha intensificado el trato discriminatorio de la policía por el aspecto físico, aumentando las identificaciones en lugares frecuentados especialmente por extranjeros.
Para justificar esta situación tan penosa, desde el PP, el PSOE y los partidos nacionalistas de derecha se lanzan continuamente mensajes xenófobos y racistas que intentan hacer de la inmigración un chivo expiatorio frente a la crisis económica. Así, se lanza la idea de que «los inmigrantes nos quitan los trabajos» y el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirma sin tapujos que «los flujos migratorios deben estar regulados por la demanda del mercado laboral», no por los derechos humanos. En esta línea racista, el gobierno francés de Sarkozy está expulsando a gitanos europeos, siguiendo el mensaje del ultraderechista Le Pen y en la senda trazada previamente por Berlusconi en Italia.
El racismo promovido desde arriba tiene como objetivo dividir a las y los trabajadores para que no enfrentemos con fuerza las medidas que están poniendo en marcha para hacernos pagar la crisis. Nuestra división, por ejemplo entre trabajadores nativos y extranjeros, hace fuerte a los que nos explotan.
En este contexto, es esencial que rompamos con los discursos paternalistas, racistas y xenófobos, y construyamos unidad desde abajo para que la crisis la paguen los capitalistas. Todos y todas tenemos derecho a trabajar, independientemente de nuestra raza o lugar de origen, y hay labores para todos. Lo que pasa es que unos pocos controlan la mayor parte de las riquezas y cada vez quieren más, e intentan que nos enfrentemos entre nosotros. La Huelga General del próximo 29 de Septiembre es una oportunidad clave para lanzar un mensaje claro contra el racismo y desde la unidad.
Los sindicatos deben abrir las puertas de par en par a los y las trabajadoras migrantes. Es más, deben hacer un esfuerzo especial para llegar con la movilización del 29S a sectores donde la mano de obra extranjera es especialmente abundante y sufre una precariedad laboral muy elevada (como la hostelería, la construcción, la agricultura, los cuidados a mayores o la limpieza). Cuando la precariedad es muy elevada también lo es el miedo a hacer huelga temiendo la represión por parte del patrón. Pero la unidad hace la fuerza. Como dicen las y los compañeros latinos en Estados Unidos frente a la nueva ley racista en Arizona: «no tenemos miedo».
La exitosa huelga en la recogida de la naranja que se llevó a cabo desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Andalucía Occidental durante el invierno pasado es un ejemplo de cómo unir en la lucha a mano de obra nativa y extranjera. Los patrones estaban utilizando mano de obra inmigrante en condiciones penosas para tirar a la baja los salarios, incumpliendo el convenio colectivo. Frente a este abuso, se paró totalmente la recogida de la naranja en las provincias de Sevilla y Córdoba; todos los y las trabajadoras de la mano, independientemente de su origen. La patronal tuvo que acceder a cumplir el convenio, sabían que si no sus fincas acabarían repletas de naranjas podridas. Este tipo de movilizaciones rompen con los mensajes racistas y xenófobos e impiden que la ultraderecha pueda infiltrarse en los sindicatos con su mensaje racista, como han intentado recientemente al calor de la crisis.
Las asociaciones de inmigrantes también tienen un papel muy importante que jugar de cara a la Huelga General del 29S y las movilizaciones que vendrán después. Gran parte de la discriminación que sufren las y los trabajadores extranjeros es una discriminación laboral y económica. El camino hacia la igualdad es la movilización unitaria y las asociaciones de inmigrantes deberían movilizar ahora con fuerza, sin confiar en que ni el PP, ni el PSOE, van a solucionar sus problemas, sino todo lo contrario.
Es esencial que empecemos desde ya a organizarnos en los barrios y puestos de trabajo para que esta crisis, que aún va para largo, la acaben pagando sus responsables. Contra el racismo y la xenofobia: ¡Huelga General!
Jesús Castillo, activista de En Lucha
Fuente original: http://www.enlucha.org/?q=