Sucede que entre los partidos políticos, más allá de ser oposición y competencia, se antepone en lo esencial un evidente espíritu corporativo de modo que nadie va a tirar de la manta de verdad o, dicho de otro modo, hoy por ti, mañana por mí. Oposición y competencia la justa, no más. Así es que […]
Sucede que entre los partidos políticos, más allá de ser oposición y competencia, se antepone en lo esencial un evidente espíritu corporativo de modo que nadie va a tirar de la manta de verdad o, dicho de otro modo, hoy por ti, mañana por mí. Oposición y competencia la justa, no más. Así es que por ejemplo en el seno de la Unión Europea coinciden en el 70% de las votaciones la derecha (los PP) con la llamada izquierda (los PSOE).
Uno empieza ya a estar harto de los que ahora están haciendo la política, de los políticos, porque siendo no sólo los responsables de alentar este modelo económico sin salida, además siempre se escudan en algún pretexto que los exonera. Y como el naufragio es general recurren a lo de mal de muchos o bien eligen cuidadosamente las cifras adecuadas para que siempre resulte que todo va bien.
Claro que la crisis es del sistema, pero hace falta materializarla y no a nivel planetario, que también, sino a nivel de cada comunidad, de cada municipio, en cada caso concreto y en cada oportunidad. Pero además la esencia y el contenido de la crisis no necesita ningún grueso libro; para materializarla hace falta la necesaria participación de alguien que la ponga en circulación y que le dé viabilidad. La crisis no nace por generación espontánea ni es huérfana. Entre otras cosas es necesario legalizarla y darle los medios y los acopios necesarios: leyes, ideología, recursos y, sobre todo, hacen falta unos actores, los políticos, capaces de configurar la logística necesaria para que todo funcione, a ser posible democráticamente, porque es más barato, más rentable para la élite económica.
Dicho de otro modo, buena parte de la crisis no empieza a nivel mundial, la génesis no es así. Primero comienza en cada municipio y cuando de algún modo esto, que no es más que un negocio para unos pocos, se generaliza y es entonces cuando sí podemos hablar de su mundialización.
Cuando los concejales de un municipio propician en el Pleno, en cada sesión municipal, leyes y normas en favor de la especulación, de las inversiones en negocios sin finalidad social alguna, dictan la irregular presión de los impuestos o de la exención de los mismos, deciden en qué se han de gastar o no los escasos recursos disponibles y todo esto se hace junto con el Gobierno autonómico, central o viceversa, de modo que este modelo se va generalizando en cada uno de los municipios, la crisis, como las epidemias está servida. Pero sucede que en este punto los concejales eluden su responsabilidad en el desastre, lo mismo que los diputados de los gobiernos autonómicas o del Estado, pero nada ha sido anónimo, sí hay responsables, y lo son a medias con los beneficiados a los que realmente sirven.
Los ingentes recursos de la Administración Local, de la autonómica o la del Estado, van cada vez más a manos de la privatización, bien sea en empresas semi públicas o totalmente privadas. Aunque no, nunca serán totalmente privadas de hecho, porque la salida de la órbita pública se hace con determinadas condiciones, ya que tienen como único o principal cliente a la propia Administración que es la que las ha creado. Pero esta Administración no es un fantasma incontrolado sino que responde a las voluntades y decisiones de sus concejales y de sus diputados regionales o estatales. Y, cuando cualquiera de estos dejan la función pública, lo que casi nunca sucede, ya tienen su retiro dorado en alguna de estas privatizaciones que hace poco o hace años ellos mismos decidieron crear.
Basta acercarse a un municipio cualquiera, a cualquiera del 99,9% de los existentes, para ver qué ha sucedido tan sólo en la última década. Con toda seguridad si suprimimos los nombres sería difícil saber de cuál estamos hablando porque el saqueo derivado de cada política municipal aplicada sólo difiere en algunos matices de un lugar a otro. Queda por saber si determinadas leyes estatales referidas a lo laboral, fiscal o al mercado financiero sólo son la consecuencia de las prácticas iniciadas en los municipios en donde sin duda alguna se generó la pérdida del protagonismo de los ciudadanos, es decir, la pérdida de los derechos fundamentales como la participación en la toma de las decisiones, la pérdida de la libertad efectiva de expresión y la facilidad real de acceso a bienes sociales básicos como la educación, la sanidad, la vivienda y todo lo demás que se ha ido degradando como consecuencia de la imposición paulatina de lo que han venido en denominar como el libre mercado. Una vez destruida en cada barrio de cada municipio la conciencia ciudadana todo lo demás está hecho.
Cuando para los cuidados en general ya es imposible participar en la política municipal, cuando un Concejal decide y negocia realmente a espaldas de sus representados a los que ni siquiera tiene que rendir cuentas, qué se puede esperar de un Diputado que no sólo no se conoce sino que nunca se ha podido ver de cerca, sólo a distancia en los mítines electorales o en la televisión. Si a esto añadimos que unos y otros son nombrados y puestos más o menos a dedo en una lista cerrada de candidatos por una cúpula del Partido al que en definitiva se deben, nunca estarán al lado de los ciudadanos porque cuando sea necesario votar lo hacen y lo harán en función de las directivas y de los intereses del Partido que los nombró. A esto es lo que llaman «disciplina de partido» cuando debiera denominarse «traición a los electores», a los ciudadanos.
Sucede que hechos que debieran considerarse gravísimos delitos sociales, más allá de ser condenados y perseguidos penalmente, pasan a ser operaciones económicas y financieras en las que lo único que importa es el resultado final que invariablemente coincide con una instantánea y millonaria multiplicación de euros gracias a que en mitad del proceso se intercala necesariamente alguna decisión normativa que no sólo hace posible a operación sino que se impone a los ciudadanos con la fuerza de la ley dictada ad hoc.
Todo lo anterior va acompañado de una ausencia de debate previo y de cualquier participación ciudadana real, salvo de las organizaciones fantasma promovidas solamente en tanto que sean afines.
Pero hablemos de un municipio cualquiera, por ejemplo de Gijón, una ciudad asturiana de 280.000 habitantes gobernada por una coalición del PSOE-IU en una comunidad autónoma gobernada también por la misma coalición.
Sobran ejemplos de cómo se fomenta la crisis utilizando los recursos disponibles en inversiones que sólo son negocio para la oligarquía económica y financiera pero que no generan actividades socioeconómicas o utilidad social alguna.
El Pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar el nuevo Plan General de Ordenación de modo muy similar, en la forma y en los contenidos, al anulado hace ahora un año por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en más de treinta sentencias. Realmente la actividad municipal no parece tener más fin que el urbanismo y todo lo que sean «obras» en las que el cemento sea prioritario: ampliación de el puerto de El Musel, Metrotrén, aparcamientos subterráneos, circuito de Sotiello, plan de vías, media docena de urbanizaciones todas ellas polémicas, etc. en las que las sospechas y los sobrecostes multimillonarios son constantes, nunca se aclara nada y mucho menos hay responsables ni en lo penal ni siquiera en lo político.
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