La financiación de la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta es injusta. Quienes marcan la casilla no pagan un 0,7% más, sino que se detrae del conjunto de lo recaudado anualmente, es decir que «todos pagamos» aun sin tener voluntad para ello. El culto y el clero de cualquier organización religiosa […]
La financiación de la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta es injusta. Quienes marcan la casilla no pagan un 0,7% más, sino que se detrae del conjunto de lo recaudado anualmente, es decir que «todos pagamos» aun sin tener voluntad para ello. El culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio, debe estar financiado por sus fieles. Las necesidades sociales, no deben ser voluntad del contribuyente o establecidas por las organizaciones sociales, sino que han de formar parte de las políticas del Estado, en función del interés general.
En su día, cuanto se implantó el sistema, fui defensor de incluir la casilla de «otros fines sociales». Pasados cerca de treinta años se dan otras circunstancias que me llevan a ser contrario a ello. Las creencias se las han de pagar quien las tenga y la Iglesia buscar los fondos entre sus fieles. Es necesario que se elimine la asignación tributaria a través del IRPF, privilegio que se mantiene por el Concordato y los Acuerdos de 1979. Izquierda Unida reclama al Gobierno que derogue los acuerdos con el Vaticano, por «vulneran el principio de independencia entre la Iglesia y el Estado» que viene a amparar «la financiación de la Iglesia Católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo».
La Iglesia disfruta de un verdadero paraíso fiscal, según afirma Europa Laica en su informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica. Mientras aumenta la pobreza y se privatizan los servicios públicos, el Estado aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los once mil millones de euros anuales, lo que supone más del 1% del Producto Interior Bruto, para el sustento del culto y el clero, mantener diócesis, seminarios, realizar manifestaciones políticas partidarias, lanzar campañas de discriminación y segregación en razón del género, en contra de la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, o sobre la libre elección de la orientación sexual, los avances científicos, la eutanasia o la muerte digna; incluso para financiar cadenas de televisión privadas, como 13TV.
Sólo por la vía del IRPF, la Conferencia Episcopal recibió en el último ejercicio 251 millones de euros, pero no es todo el dinero que recibe anualmente de los fondos públicos. Como se ha señalado esa cantidad se eleva hasta los 11.000 millones de euros en distintos conceptos, que van desde los conciertos a los colegios católicos, financiación de centros sanitarios, sociales o militares gestionados por la Iglesia. Exenciones fiscales en el IBI, valoradas en 3.000 millones al año, 4.600 millones para pagar a los 16.000 profesores de religión y los conciertos con los centros religiosos, 3.200 millones para dispensarios, hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia. El Congreso exigirá al Tribunal de Cuentas la fiscalización del dinero que la Iglesia, después de que el tribunal haya rechazado hacerlo con los votos del PP.
En 1988 se articuló una asignación tributaria, consistente en el 0,5239% del IRPF. Esta asignación nunca cubrió las necesidades de la Iglesia, por lo que se tuvo que instrumentar un complemento. A partir de la declaración de la renta de 2007, este porcentaje se incrementó has el 0,7% y desapareció el complemento estatal, más allá del resto de ingresos que hemos mencionado
El «Instrumento de ratificación del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos» se firmó en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, unos días después de la entrada en vigor de la actual Constitución. Los acuerdos venían a reformar el Concordato de 1953, firmado entre Pío XII y Franco, bajo los principios del nacional-catolicismo imperante. Desde entonces seguimos pagando a la Iglesia y ellos siguen adoctrinando. En 1979 no es que se firmara a contracorriente, sino a traición, con el silencio de muchos, el desconcierto de algunos y el desconocimiento de la mayoría. Desde entonces y siempre, siguen perpetuando sus privilegios.
Algunas de las razones que Europa Laica argumenta para no marcar las casillas del IRPF, ni para la Iglesia ni fines sociales, se relacionan con la discriminación que supone para los contribuyentes; porque quienes marcan estas casillas reducen su aportación a los gastos públicos en un 0,7%, conculcando el artículo 31 de la Constitución: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo…».
La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religión Católica, discriminando otras creencias distintas, por lo que se conculca así el principio de no discriminación por razón de creencias regulado en el artículo 14 CE, que reconoce que «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión… «. El Estado no se debe convertirse en recaudador de organizaciones privadas, además de que la asignación que se lleva la Iglesia, se detrae de las políticas públicas para escuelas, hospitales, servicios sociales, infraestructuras, medio ambiente o promoción del empleo.
Por otro lado la casilla para «otros fines de interés social», también debe desaparecer. Los motivos podrían ser más difíciles de explicar y entender, pero es necesaria su eliminación, porque el origen de su existencia está basado en un engaño; una gran coartada para introducir y perpetuar la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF; además una parte considerable de la asignación a fines de interés social va a entidades de la propia Iglesia, por lo que recibe fondos por las dos vías. El espíritu solidario que se presupone a quien marca esta casilla, no puede llevarse a cabo con el dinero de todos. El que quiera ser solidario que lo haga de su propio bolsillo pero no a costa de la hucha común. En todo caso, los «fines de interés social», no deben depender de la voluntad de los contribuyentes, ni establecido por las organizaciones sociales, sino que deben formar parte de las políticas sociales del Estado, de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en función del interés general.
El artículo 16.3 de la Constitución establece que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». De otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de enero de 1979, en su Artículo II.1, establece que «el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa«. Pero cooperación y colaboración no es financiación directa ni subvención permanente.
Quién quiera Iglesias que se las pague, como cuando uno quiere peces se tiene que mojar. Para establecer un Estado auténticamente laico, la Constitución tendría que estar redactada de otra forma, pero se hizo como se hizo y como en otras tantas materias, dice lo uno, lo otro y lo contrario. El Estado ha de romper con la Iglesia que oprime conciencias, controla gobiernos y vive a costa del erario público.
El debate de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, brinda una oportunidad idónea para suprimir las casillas del Impuesto de la Renta. La existencia de la casilla «otros fines sociales», es la cortada para mantener la de la Iglesia Católica, pareciendo que es una opción voluntaria, cuando no lo es y no debemos consentirlo.
@caval100
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