Trabajador: “Buenos días, Don Juan: vengo a cobrar los días trabajados, 430 euros”.
Respuesta del Explotador: “Dorian, no te voy a pagar porque no quiero, así que ya sabes, y no me molestes más”.
Aunque parezca que se han superado los comportamientos fatalistas de subordinación humana que refleja Miguel Delibes en la obra de “los santos inocentes” los restos de vasallaje aún permanecen enraizados con fuerza en algunos rincones de esta Extremadura nuestra.
Dorian, es un trabajador agrícola rumano que vive en una localidad extremeña que no supera los 4000 habitantes con sus tres hijos y una compañera en estado avanzado de embarazo.
Dorian, es una persona honesta y seria que paga regularmente el alquiler de su vivienda, pero que está buscando otra de forma urgente ante los requerimientos del propietario que se la reclama. La voluntad de la familia rumana es dejarla de modo inmediato para no causar problemas al propietario; han pedido un poco de tiempo puesto que no tienen lugar ni alternativa a donde trasladarse; mientras tanto realizan la búsqueda con el máximo interés en el pueblo en dónde reside.
Sin embargo, las actuales condiciones de habitabilidad en donde reside actualmente no son muy favorables para el confort familiar; a las pequeñas dimensiones de la vivienda se une el hecho que la compañía eléctrica con domicilio social en la Coruña le ha cortado la luz, por deudas del anterior inquilino, y son continuas las presiones para que abandone la vivienda a veces, procedentes de elementos externos al propio dueño, habiendo recibido la presencia de la policía municipal que le ha conminado a marcharse del piso.
A pesar del poco tiempo transcurrido desde la celebración del consejo de ministros es de conocimiento público que se ha prolongado la prohibición de realizar los desahucios sin alternativa habitacional al menos hasta el 30 de septiembre. También, se han prohibido los cortes de luz, agua y gas hasta el 30 de junio a todas las familias vulnerables para reducir y combatir lo que denominan la pobreza energética, aunque la pobreza tiene un carácter general y no particular.
En relación a la luz y el agua, a pesar de la prohibición del gobierno del corte de suministros básicos, los ayuntamientos disponen de las ayudas de Mínimos Vitales que procedentes de la Junta de Extremadura están destinadas a que las familias vulnerables hagan frente al pago de la luz, agua y otros elementos básicos para la vida. Las cantidades anuales que se conceden van desde unos 700 euros hasta los 900 euros, dependiendo del número de miembros de las familias. Las razones más que sobradas de constituir una familia vulnerable le dan el derecho a estos pequeños donativos de la administración regional que aún no ha recibido.
Los problemas que afectan a este jornalero son los mismos que padecen amplios sectores de la clase obrera extremeña que día a día se ve más empobrecida a causa de la subida de los alquileres, la escasez de viviendas y el encarecimiento general de los consumos básicos para la vida, alimentos, combustibles, medicinas, etc.
En este sentido, el gobierno regional permanece ajeno a los problemas de la vivienda que poco a poco se extienden entre la población, especialmente la más joven, como una mancha de aceite y que no se solucionan con las ayudas de alquiler que concede la Consejería de la Vivienda.
Pero las dificultades de algún que otro jornalero como DORIAN no se limitan sólo a las condiciones que tienen que ver con su habitabilidad, las subidas de los precios, el desempleo, el cobro de salarios por debajo del salario mínimo, etc. A veces las cosas se complican cuando se encuentran con explotadores que le niegan el propio pago de la venta de su fuerza de trabajo. El jornalero eventual cobra el día que trabaja, acontecimiento que no sucede ni mucho menos todos los días del año, lo que da lugar a una economía familiar altamente débil e inestable que podíamos denominar de “subsistencia”.
Algunos explotadores sin escrúpulos no tienen perjuicios para pisotear la dignidad de las personas, y aprovechando alguna circunstancia relacionada con la nacionalidad de su empleado no le pagan el trabajo realizado o retrasan su pago de modo indefinido. Dorian es un jornalero que está pasando por esta situación. Hace unas semanas estuvo trabajando durante 9 días para un propietario agrícola que no le da la gana de abonarle las cantidades dinerarias que le adeuda, unos 430 euros.
Mientras los dirigentes regionales gritan a viva voz los valores que tiene nuestra democracia plena y señalan el futuro tan espectacular que nos espera con las potencialidades de progreso que iluminan los fondos europeos, en el seno de la sociedad EXTREMEÑA se acentúa la sinrazón del egoísmo esclavista y la falta de escrúpulos de una fracción de la clase dominante que no supera sus connotaciones latifundistas que les coloca en comportamientos propios del feudalismo.
DORIAN se ha puesto en manos de unos abogados que de modo voluntario y solidariamente se han prestado para ayudarle en la reclamación de lo que se le adeuda; no obstante, estas situaciones de desprecio y subestimación que a veces sufren jornaleros y jornaleras agrícolas, también emergen y se manifiestan en otras actividades laborales, relacionadas con el turismo, la hostelería y sectores industriales.
Las causas de estos abusos están en la conciencia de algunos patrones que se ven con vía libre para intensificar la explotación ante la falta de una poderosa organización que defienda los intereses de la clase obrera. Este estado de cosas es el resultado de muchos años a lo largo de los cuales se ha ido eliminando la combatividad sindical, llevada a su mínima escala, por los sindicatos oficiales del régimen monárquico.
Si esto ocurre en el mundo laboral, no podemos dejar de lado el comportamiento humillante que tienen algunas administraciones públicas, como la Agencia Tributaria en Mérida, con los sectores sociales más débiles económicamente.
Ricardo es una persona que cobra una prestación de jubilación no contributiva. Las circunstancias de la vida no le han sido muy favorables y tiene unas pequeñas deudas con la Hacienda Pública. Los ingresos mensuales que tiene Ricardo apenas le dan para vivir por lo que diariamente acude a un comedor social gratuito de la localidad.
La HACIENDA Pública Española es muy generosa para con las grandes empresas, entidades bancarias y familias de la alta burguesía y nobleza española a las que concede reducciones y exenciones sin límites en sus tributos y en sus cumplimientos fiscales que según los expertos generan unas pérdidas de los ingresos de los presupuestos del estado español que superan los 80.000 millones de euros. Sin embargo, toda esta generosidad se vuelve sin contemplaciones contra Ricardo y otras personas del mismo nivel económico-social embargando sus percepciones mensuales y dejándolos en la más absoluta miseria.
Los responsables de la Hacienda Pública saben de sobra que estos embargos no pueden realizarse si los ingresos que perciben estas personas son cantidades inferiores al salario mínimo establecido por el gobierno, requisito que se cumple en el caso que nos ocupa.
Estos dirigentes de la Hacienda están cometiendo una infracción pues el embargo no puede realizarse, según indican las leyes españolas cuando lo que se percibe mensualmente son cantidades inferiores al salario mínimo interprofesional. El art 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que «es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.
Todo este tipo de cosas ponen de manifiesto la enorme necesidad y urgencia de construir organizaciones sindicales y políticas que se identifiquen con los intereses de las clases trabajadoras, desarrollen e intensifiquen la lucha de clases como una necesidad imperiosa para acabar con la arbitrariedad y todas las injusticias que se cometen procedentes de los centros de poder económico y político, único camino para avanzar hacia una sociedad más justa y más humana.
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