Habiéndose despejado las dudas sobre la coalición de partidos que conducirá los asuntos comunes de la burguesía chilena y los equilibrios del próximo Congreso, lo que sigue ahora es la definición de la arquitectura institucional y el régimen político sobre los cuales los partidos burgueses se disputarán el poder del Estado en los próximos años. Esta es precisamente la función de la Convención Constitucional.
A seis de meses de su instalación, y restando apenas otros seis meses para su finalización, sus resultados son pobres. Hasta ahora se ha centrado en zanjar cuestiones meramente administrativas y procedimentales, aparte de una serie de forcejeos entre las distintas fuerzas políticas representadas en la instancia por disputarse las cuotas de poder de esta, y que a ratos terminan por inmovilizarla.
Sin embargo, lo que es aún más preocupante es la actuación que han tenido muchos de los convencionales elegidos en representación de los denominados “movimientos sociales”. En ellos ha tendido a primar la “venta de humo” bajo la forma de consignas vacías, estrafalarias perfomances, imposturas moralizantes y, sobre todo, encendidos discursos que no guardan ninguna relación con la realidad política, particularmente con el entramado de poder en el que la Convención se desenvuelve.
Naturalmente este problema no puede ser achacado en su totalidad a las singulares personalidades de los convencionales. Por el contrario, este es la simple contracara de la debilidad de las pretendidas organizaciones políticas de las clases populares, y en especial de la clase trabajadora.
En efecto, el mundo de los movimientos sociales es un variopinto zoológico de organizaciones, muchas de las cuales no pasan de ser una sigla inentendible para el trabajador de a pie, que carecen de inserción real en el movimiento de masas y, para qué decir, de capacidad de conducción. Bajo la política identitaria que promueven, campean las más diversas desviaciones (sectorialismo, vanguardismo, oportunismo, caudillismos, principismo, sectarismo, etc.)
La base última de esta situación no es sino la carencia de un cuerpo teórico capaz de dar cuenta de la realidad del capitalismo actual y sus conflictos. En su ausencia, no hay nada que guíe la formulación programática y la acción política, dejando huérfanos de dirección estratégica a quienes luchan por las legítimas reivindicaciones populares.
Es más, esa falta de perspectiva política conduce a que los luchadores sociales, a pesar de todas las buenas intenciones que sinceramente puedan abrigar, terminen recurriendo a las distintas variantes que ofrece la ideología burguesa, quedando ellos mismos presos de una serie de ilusiones y sirviendo de correa de transmisión de la red de aparatos ideológicos del capital (universidades, centros de pensamiento, ONG’s financiadas con recursos estatales y/o dudosas fundaciones extranjeras, etc.).
Por lo mismo, no resulta extraño que aquellos pretendidos discursos que prometen subvertirlo todo no sean más que simples refritos de prejuicios pequeñoburgueses frente al avance del gran capital (estatismo, nacionalismo, proteccionismo, defensa de la pequeña producción y comercio), y que lamentablemente cuentan con larga data en la izquierda.
La misma situación se repite con las “iniciativas populares de norma”.
Como se sabe, estas son un instrumento aprobado por la Convención para que las organizaciones sociales y grupos ciudadanos puedan hacerse parte del proceso de elaboración constitucional. Se requiere un mínimo de 15 mil firmas de apoyo para que una determinada propuesta sea considerada para ser discutida en el pleno de la Convención. Es, sin duda, un valioso instrumento democrático de intervención de masas si las organizaciones populares saben ocuparlo adecuadamente.
Sin embargo, las propuestas de norma que hasta ahora se han presentado desde el campo de la izquierda pecan, por lo general, de las debilidades político-ideológicas antes descritas. Tienden a privilegiar la fraseología vacía, la siutiquería terminológica y la grandilocuencia por sobre la sencillez, simplicidad y lenguaje directo de modo que puedan ser entendidas por cualquier trabajador.
Pero no solo eso, se ha revelado también la extrema debilidad de las organizaciones de trabajadores. Mientras otras iniciativas, como la de la Coordinadora Feminista 8M –y otras agrupaciones similares no necesariamente del campo de la izquierda–, lograron recolectar las firmas de apoyo necesarias en un par de días, no ha ocurrido lo mismo con aquellas que apuntan a resguardar los derechos sindicales de los trabajadores.
Así, aparte de evidenciar que el actual estado de la lucha de clases en Chile está lejos girar en torno al conflicto de los trabajadores frente al capital, quedando aquellos reducidos a la condición de mera caja de resonancia de las fracciones burguesas en disputa, se desnuda también la profunda crisis de la burocracia sindical.
Resulta bochornoso que organizaciones que cuentan con estructuras consolidadas y personal dedicado exclusivamente a las labores que le han sido encomendadas por sus representados no logren siquiera reunir el mínimo de firmas para impulsar las iniciativas que van en beneficio de sus afiliados; y que, en cambio, sean grupos ciudadanos articulados a través de redes sociales los que logren instalar en la Convención sus demandas.
Lo anterior, no es solo expresión de la bancarrota de la burocracia sindical, sino también del real estado en que la clase trabajadora libra sus luchas –reivindicativas y políticas– en el actual escenario nacional.
No obstante, esto no es razón para dejar de apoyar e impulsar entre los trabajadores aquellas iniciativas que, a pesar de todas las limitaciones que puedan tener, buscan en lo esencial favorecer su organización. Precisamente entre las iniciativas que apuntan en dicha dirección se encuentra la presentada por el Eje Sindical Constituyente (Propuesta N° 5.614), y que a la fecha ha logrado reunir un poco más de dos mil firmas.