Las declaraciones del Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunciando la supresión de la contratación en origen de la mano de obra inmigrante, como medida para atajar el galopante aumento del desempleo, no son las primeras que hace en cuanto a la inmigración se refiere (recordad, entre otras, aquellas de «no nos hemos de […]
Las declaraciones del Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunciando la supresión de la contratación en origen de la mano de obra inmigrante, como medida para atajar el galopante aumento del desempleo, no son las primeras que hace en cuanto a la inmigración se refiere (recordad, entre otras, aquellas de «no nos hemos de regir por las normas del último que llega», etc.). El ministro parece tener a los inmigrantes entre ceja y ceja. Pero estas intenciones últimamente anunciadas nos obligan, al menos, a hacer un par de reflexiones:
Primero, no es de extrañar que el único aplauso que ha cosechado Corbacho al respecto, y muy entusiasta, haya venido por parte del PP. Es más: el mensaje del ministro, al menos en lo subliminal, se acerca demasiado a la demagogia xenófoba con que se adorna la propaganda fascista («vienen a quitarnos el trabajo»… «los españoles primero», etc.,). Ya le va bien al PP, que durante años se ha empeñado en asociar la inmigración con la delincuencia, que salga ahora Corbacho relacionando la contratación en origen (medida estrella del gobierno de Zapatero en materia de inmigración) con el desempleo.
En segundo lugar, las contrataciones en origen, y las políticas de cupos, en realidad, han sido más operaciones de imagen (fotos incluidas, con los inmigrantes) que medidas efectivas en materia de inmigración. En el último año, estas contrataciones han supuesto menos del 10% (aproximadamente 85.000, de un total de casi un millón) de trabajadores extranjeros ingresados (legal o clandestinamente) en territorio español. Pero si se suprimen, las posibilidades de legalización de la relación laboral de las personas inmigrantes se reducen a cero. Actualmente, los que han entrado sin contrato, incluso legalmente, no pueden regularizar su relación laboral, que la tienen. Y si a eso añadimos la situación extrema de los que carecen de permiso de trabajo y residencia (aunque trabajen clandestinamente), no nos sorprenderá que la inmensa bolsa de precariedad, explotación laboral y economía sumergida, no deje de aumentar…
La contratación en origen no es, ni mucho menos, garantía contra los abusos. Baste como ejemplo el de 25 trabajadores senegaleses, contratados en origen por «Acciona Facility Services», que prestan servicios en «Acciona Airport Services», del Aeropuerto de Son Sant Joan, en Mallorca, desde el pasado 16 de mayo. Estos compañeros pasaron, en Senegal, por unos cursos de formación en «electromecánica de mantenimiento», además de un proceso de selección, por parte de la propia «Acciona Universidad Corporativa» (se supone que con fondos públicos). Cuando llegaron a Mallorca, la formación recibida no les sirvió para nada, porque todos ellos fueron empleados como peones (maleteros) y, antes de dos meses y medio, a finales del mes de Julio, se les forzó a cambiar su contrato pactado en origen (de 40 horas semanales por un año) por otro, también de peones y de sólo 24 horas a la semana. Con la consiguiente mutilación salarial, saqueo de sus derechos e incumplimiento de lo pactado en Dakar.
Cabe señalar que este grupo de trabajadores, con el apoyo de la Asociación Senegalesa Mallorquina y la CGT, han denunciado su situación ante los tribunales de justicia, además de entrevistarse con representantes de los gobiernos central y autonómico, y con la representación diplomática del Senegal en España. Está por ver si todos esos políticos toman algún tipo de medidas contra Acciona (que, además se comprometió a sufragarles el viaje a territorio español, y no lo hizo) y si, dada su responsabilidad en el asunto, son capaces de restituir inmediatamente los derechos de los afectados por esta estafa. Nos consta que este caso no es el único, quedando claro que una cosa son los discursos y las campañas de imagen, y otra muy distinta es la realidad, que coloca, cada día más, a los trabajadores como objeto de abusos y explotación, con la responsabilidad de políticos y empresarios. A los inmigrantes con más intensidad, como el segmento más desprotegido, pero también como amenaza o chantaje sobre los derechos de toda la clase trabajadora, nativa o extranjera.
Porque no solamente estamos hablando de directivos empresariales sin escrúpulos sino, sobre todo, de las políticas en materia de inmigración que hacen posibles los abusos. No cabe duda que, mientras haya miseria, guerras o saqueo de los recursos, en los países de origen, la inmigración será imparable y, por muchas barreras que se pongan, la gente vendrá aquí mientras aquí haya trabajo, sea legal o clandestino. Y cuando no lo haya, se irán (o nos iremos), como siempre ha sucedido en el pasado, hacia donde haya posibilidades, porque los flujos migratorios de los humanos, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, tienden a autorregularse, según las necesidades que los provocan. De nada sirven las políticas de cupos, ni mucho menos las leyes represivas, sobre los inmigrantes. Pretender suprimir la inmigración a base de represión, además de criminal, es un ejercicio tan ilusorio, como pretender beberse toda el agua de la mar. Por eso, la única política realista y humanitaria es reconocer los derechos de todas las personas que aquí viven y trabajan, vengan de donde vengan.
El ministro Celestino Corbacho, sus compañeros de gobierno, y todos los que apoyan los instrumentos legales de represión sobre los inmigrantes, como la Ley de Extranjería española (con el apoyo parlamentario del PSOE y del PP, y con un reglamento pactado entre el gobierno, los patronos, los dirigentes de CC.OO. y UGT, y participación de algunas ONG), o la recién aprobada directiva europea de retorno (Directiva de la Vergüenza), deberían pensar sobre la responsabilidad de todos ellos en los abusos que ésas leyes contienen, permiten y provocan. La Europa fortaleza del capital, por la que ellos apuestan, no deja de ser responsable, además, de la incesante sangría de muertos, en las fronteras y en las pateras. ¡Basta ya! ¡Derechos para todos!
Pep Juárez. Secretari d’Acció Sindical CGT-BALEARS.