La propuesta presidencial de un cese al fuego multilateral corresponde asumirlo dentro del contexto de la realidad del conflicto armado y social en Colombia.
Se debe partir del presupuesto de que existen fuerzas insurgentes rebeldes motivados por aspiraciones políticas que los llevan a pretender destruir las estructuras e infraestructuras del modelo capitalista y por ende se enfrentan al orden constitucional y legal imperante. Pretender descalificarlos aduciendo que son narcotraficantes, terroristas, etcétera, hace parte del capítulo de desinformación orquestado por la dictadura mediática. Es preciso dimensionar el conflicto social al que corresponde calificar como insuperable en cualquier sociedad pero en el que es factible la superación de las expresiones de crueldad contra la población, conforme a los niveles de barbarie inhumana a que se ha llegado en el país nacional.
Objetivamente partamos de que estamos ante una insurgencia que aduce principios para explicar que no está incursa directamente en el narcotráfico. No son estructuras narcotraficantes. No poseen infraestructuras, laboratorios, ni realizan tareas dedicadas al narcotráfico. No comercian con insumos dedicados a esa actividad. No poseen rutas exclusivas para ese negocio. Coinciden (el EPL, las FARC-ep y ELN) en calificar al narcotráfico como fenómeno del capitalismo, ratificando que incide en el escenario político, social y militar en el que actúan y que, en principio, no pueden calificarlos como tales. Como fuerzas irregulares, buscan fuentes de financiación para sostener sus unidades armadas, pero no para el enriquecimiento personal. En busca de ese funcionamiento violan toda la normativa penal de la institucionalidad colombiana, a la cual atacan y desconocen. Al contar con un programa e ideario políticos acuden a las acciones de hecho. Como factores objetivos para su existencia argumentan -entre otras razones- la inexistencia de una democracia directa participativa, signando a la existente (representativa) como una falsa democracia, que bajo una “enredadera jurídica” imposibilita el ejercicio democrático de las comunidades y la sociedad civil organizada.
Ya por la experiencia reciente el pueblo colombiano ha asimilado qué es una fuerza insurgente y rebelde alzada en armas y por qué existen como tales. No obstante, la intoxicación mediática, distorsionadora de la realidad, no cesa en su campaña de confundir a la opinión pública, retomando bajo calificativo inocuos que se trata simplemente de delincuentes, bandoleros, etc. Ello anida por ser fuerzas irregulares carentes de medios de información masiva y por lo cual acuden a instrumentos publicitarios limitados a su alcance para transmitir sus mensajes revolucionarios.
Las insurgencias en Colombia no son progresistas, ni reformistas, son revolucionarias con un objetivo socialista. Han demostrado que contienen un elemento de praxis funcional como organizaciones armadas -seguramente conscientes del momento histórico en el cual no lograrán el poder por ese medio- enrutando la búsqueda de salidas o soluciones políticas, como objetivo al cual tampoco han renunciado. Esto posibilita colocar en el orden del día la finalización del conflicto armado interno en Colombia. Conlleva un singular y particular proceso que la fatal experiencia de otros intentos han hecho difusa la tan anhelada paz, que en forma demagógica ha sido utilizada por los intereses en el poder, desnaturalizando las aspiraciones del pueblo colombiano.
Al parecer, las fuerzas insurgentes en Colombia expresan una disposición de sentarse a conversar con el gobierno alternativo del presidente Petro para lograr transformaciones, modificaciones y reformas de fondo al y dentro del establecimiento (tanto el gubernamental como el del poder oligárquico y pro imperio) al cual no están matriculados y que ellos, de por sí, desconocen.
Por el lado de la contraparte gubernamental no existen duda al respecto con la novedosa propuesta de la Paz Total. El reto está en la consecuencia de los llamados grupos de presión que detentan el poder económico (industriales, empresarios, banca, economía subterránea del narcotráfico). Indiscutiblemente, el fin del conflicto armado interno requiere de ingentes recursos y la reacción contra ello comienza a manifestarse en torno a la propuesta de reforma tributaria. En esto, la opinión nacional no está dispuesta a admitir equívocos.
Setenta años de agudo conflicto armado han transitado por las exigencias, cual camisas de fuerza inamovibles y líneas rojas inmodificables, impuestas a las insurgencias desde antes de sentarse a conversar. Se hizo costumbre aplicar una metodología que desconoce el espíritu y actitud universal de escuchar a los contrarios y buscar fórmulas altruistas y conciliadoras que llevan, en el caso colombiano, al fracaso del fin del conflicto armado interno con las organizaciones rebeldes e insurgentes alzadas en armas.
Cual lastre, en esta nueva etapa de conversaciones pesa el incumplimiento del Estado colombiano como parte plenipotenciaria en la falta de implementación de lo acordado y en el incumplimiento de actos de convenio regidos por el derecho internacional.
Esto lo escribo con el ánimo de ilustrar para que situaciones pasadas no se repitan durante el nuevo proceso que está por comenzar.
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
En un vídeo difundido, un frente insurgente de las FARC-ep denuncia anomalías sobre la efectividad práctica del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, denunciando que se han convertido “en una táctica más de guerra”. Estas alertas se adelantan como un ejercicio técnico e independiente que valora los riesgos a los que están expuestas las comunidades y, de manera particular, sus líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Exponen que, por omisión, la Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas relativas a movimientos de fuerzas insurgentes, pero calla ante la actividad de las fuerzas narco-paramilitares bajo influencia contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales. Qué no decir de la carencia de eficacia ante la impunidad por los crímenes contra líderes, lideresas sociales y exguerrilleros desarmados de las FARC.
El hecho político de ser el actual defensor del pueblo, Carlos Camargo, un funcionario del anterior gobierno narco-paramilitar acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad y acciones terroristas de Estado lo descalifica, pues más parece un defensor del puesto que un ecuánime funcionario que, por dignidad, ha debido renunciar en el momento de la posesión del nuevo gobierno. Ya el nuevo gobierno ha dictado medidas de emergencia para la protección de los líderes en las comunidades y para prevención de masacres.
Se debe aplicar un trípode de inteligencia que comprenda al Ministro de la Defensa, al Alto Comisionado para la Paz y al Director de Inteligencia Nacional para auscultar este fenómeno de crímenes de Estado; en labor conjunta a la cual debe estar integrado el Defensor del Pueblo. La cualificación política del movimiento popular y sus organizaciones de masas contribuirán, muy segura y certeramente, en aportes de inteligencia popular para poner fin a tal flagelo, que por ningún motivo se puede asomar como heredado, sino que, por el contrario, corresponde extirparlo de inmediato.
Para no incurrir en los yerros del pasado, tal aspecto debe tomarse como una denuncia seria y no terciar en anticiparse, aduciendo que colocan a los servidores de la Defensoría del Pueblo como un objetivo militar. Eso significa terciar en la discusión anticipada antes de definirse un entorno de diálogo y conversaciones que solo ha de darse con las mesas instaladas y no en expresiones motivadas de manera extemporánea.
ASI, OTRAS SITUACIONES…
De otro lado, el ELN, por ejemplo, en vocería oficial sostiene que no admite la acusación de que reclutan en sus filas a menores de edad, reafirmando que a su organización llegan y se vinculan jóvenes por decisión voluntaria. Admiten que la edad de incorporación no es la legal colombiana de 18 años, sino una inferior que va en los 16 años y que para ellos se acogen en consideraciones del derecho internacional que admite la edad de 16 años como capacidad de ejercicio. Se puede explicar que la mediática dictatorial asuma la objeción y despotrique contra esa decisión; pero en modo alguno resultaría aceptable que el ministro del interior, por ejemplo, optara por iniciar el debate anticipado al respecto.
En torno a estas situaciones planteadas es como se distinguirá el desarrollo de las conversaciones de cómo fueron durante la función “santista” y otro el motivo determinante del actual gobierno en búsqueda de la solución definitiva del conflicto armado interno.
MANEJO DEL MULTICRIMEN
De igual manera, el análisis sociopolítico del momento ubica la existencia del multicrimen organizado que azota a la sociedad colombiana, no dentro del espectro de comportamiento político, sino como elemento integrante del conflicto social colombiano. Permite resaltar el acertado llamado presidencial a un “cese al fuego multilateral”. Lo cual obedece a una búsqueda definitiva del fin del uso de las armas en esas dos precisas manifestaciones, de por si diferentes, del conflicto armado interno y del conflicto social, dentro de la categoría de conflictos que aquejan a la nación colombiana. Todo en el entendido de que no caben en un mismo recipiente el conflicto armado interno y el conflicto social.
Es con esa perspectiva con la que corresponde analizar la iniciativa altruista y de estadista del presidente Gustavo Petro al anunciar la “Paz Total”.
Nuevamente el análisis político (no solo académico) resalta la solución definitiva de las otras expresiones del conflicto colombiano: el conflicto político, el conflicto económico y el conflicto ambiental-ecológico. Superadas esas categorías de conflictos se construye la Paz Total.
Es por esto que corresponde asumir la distinción entre el proceso del fin del conflicto armado interno en forma definitiva con todas las insurgencias, sin circunscribirlo a un demagogo utilitarismo de “proceso de paz”.
Este proceso del fin del conflicto armado que ya comienza con las acertadas medidas gubernamentales desde el día siguiente de su posesión, llama a la participación y a la organización de toda la sociedad civil. En ese torrente, la izquierda legal, así expresada, en la participación popular de ejercicio de la democracia directa (la democracia de las calles), en la minga, como gobierno y no como oposición, en la movilización popular, campesina, de afrodescendientes, de género y LGBT, acorde con el impulso presidencial a la organización popular, asimila el llamado al pedido de cese al fuego multilateral.
Así distinguidos los escenarios, corresponde el sometimiento a la justicia y al orden constitucional a esas organizaciones multi crimen, en buena medida aliadas de un narco estado que aún permanece e insistimos en sepultar.
En el escenario de la lucha armada, el fin del conflicto armado interno, bajo la metodología de la salida política acordada y no militar, se obtendrá el ejercicio político civilizado y el imperio de un Estado con monopolio de las armas en la República de Colombia.
A manera de epilogo, un fin del conflicto armado implica elevadas inversiones. La clase empresarial, industrial y parasitaria financiera, no quieren meterse la mano al bolsillo. Un impedimento difícil de sortear. Su holgura económica no les permite desmejorar su ritmo de explotación y de consumo, acumulando riqueza e iniquidad. Debido a ello, asistiremos a históricas movilizaciones populares conforme al signo de los tiempos.