Corrupción: No se salva ni dios

Los próceres de la patria, desafortunados mercachifles del franquismo heredado, afirman que casos de corrupción como el de Marbella, se producen cuando no se respetan los límites que marca la democracia. Sin embargo, el sentir popular cree que la corrupción está generalizada y señala no sólo a cuatro sinvergüenzas, sino también a los partidos políticos, la policía y el Poder Judicial. Aún permanecen en la memoria los casos Naseiro y Filesa, sociedades financieras que a través de negocios fraudulentos, de carácter inmobiliario fundamentalmente, financiaban ilegalmente al Partido Popular (PP), y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En ambos casos, y como suele ser costumbre en el régimen español, nadie acabó en la cárcel. Uno de los salpicados fue el actual portavoz del PP, Eduardo Zaplana.

La financiación irregular de los partidos políticos es una variedad de corrupción, que tiene su origen en unos entramados oscuros, formados por sociedades creadas, casi exclusivamente, para esa función. No es nada nuevo que los bancos perdonan, en ocasiones, las deudas a los partidos y toleran el impago de créditos vencidos porque no consideran la deuda como pérdida, sino como una inversión rentable que les permite controlar partidos políticos, «democracia» y legislación. ¿Qué presidente de Gobierno cuestionaría el blanqueo de dinero en los paraísos fiscales? Las organizaciones políticas dependen de los poderes financieros y mediáticos, estrechamente vinculados.

De vez en cuando surgen corrupciones «menores» o administrativas, de las que la clase política se desmarca, alegando que son propiciadas por elementos ajenos a ella. Es cierto que en el reciente fraude de las pensiones de la Seguridad Social, ocurrido en la provincia de Cádiz, los implicados son funcionarios de pequeño nivel, pero el único enviado a prisión ha sido un inspector médico que, en su día, se mostró muy crítico con la administración central por la concesión de pensiones de invalidez (a causa de supuestas sorderas) a los trabajadores de los astilleros de Cádiz, que coincidieron con las reconversiones industriales del sector naval. Dicen que cuando se corrió la voz de que las autoridades pertinentes regalaban pensiones de incapacidad, como si fueran caramelos, todo el mundo se volvió sordo de repente. Así nació el famoso colectivo de «los sordos de astilleros», fuente inagotable de inspiración para chistosos. Aquello contó con la complicidad del Gobierno de turno que, interesado en desmantelar los astilleros gaditanos, hizo la vista gorda ante casos más que dudosos de «incapacidad» laboral. Nadie investigó, ni hubo despliegues mediáticos como ahora.

Hace unos días, en la Televisión Autonómica de Andalucía, se efectuó un debate sobre lo acontecido en el Ayuntamiento de Marbella. Allí estaban presentes, entre otros, Gaspar Zarrias, Consejero de Presidencia del Gobierno autonómico, y el jurista Javier Pérez Royo, trovador incansable de las excelencias del Sistema y colaborador habitual de las emisoras de la SER y de Canal Sur Radio (por cierto, los colaboradores fijos cobran 300 euros por programa de radio y 600 euros en televisión). Mientras los presentes reprobaban a los ladrones marbellíes y clamaban para que cayera sobre ellos todo el peso de la ley, comenzaron a aparecer mensajes móviles SMS, enviados por los televidentes que denunciaban casos de corrupción en multitud de ayuntamientos. Desde aldeas como Villanueva del Trabuco, hasta capitales importantes como Córdoba,- pasando por Jerez y un largo etcétera- desfilaron por la pequeña pantalla una interminable lista de municipios que los tertulianos ignoraron, por si las moscas.

Si algo está claro, es que no se puede corromper lo que ya está podrido por naturaleza. He aquí un significativo detalle: En Marbella, la Diputación de Málaga, ha sido la encargada de crear la Gestora, formada por representantes de los partidos políticos, que gobernará en aquel ayuntamiento hasta las elecciones municipales. Pues bien, la primera maniobra de Salvador Pendón (Presidente de la Diputación que hace honor a su apellido), ha sido apresurarse en asignar los sueldos a los nuevos gestores.

Todo el mundo reconoce que existe una enorme corrupción urbanística en los municipios del Estado, amparada por una legislación que la propicia. Aunque nadie lo denuncie, se sabe de qué manera son recalificados los terrenos en los que surgirá la especulación. La única diferencia entre Marbella y el resto de ayuntamientos, es que, en la ciudad de la Costa del Sol gobernaban unos chorizos sin afiliación que han servido como chivos expiatorios. El régimen español posee una rica y variada fauna de ladrones y corruptos de la que no se salva ni dios. Hasta la próxima corruptela, amigos.