La corrupción en sentido estricto se define como un soborno a cargo público con dádivas o dinero. Lo sustancial es que se compra un comportamiento que deja así de estar vinculado a la equidad o a valores colectivos y pasa a depender de forma espúrea de intereses privados o económicos. Claro que su conocimiento y […]
La corrupción en sentido estricto se define como un soborno a cargo público con dádivas o dinero. Lo sustancial es que se compra un comportamiento que deja así de estar vinculado a la equidad o a valores colectivos y pasa a depender de forma espúrea de intereses privados o económicos. Claro que su conocimiento y castigo es la punta del iceberg, pero lo que debe preocupar es el iceberg entero.
No hay sistema en el que no haya corrupciones individuales, se descubran o no. Se producen de manera más acentuada en aquellos sistemas que, como el capitalismo, ensalzan y se basan en el egoísmo individual e invitan a rozar, cuando no a sobrepasar, el límite ético o legal en los comportamientos económicos y sociales.
Por extensión, lo que es atribuible a un individuo lo es también a colectivos o estructuras. Esta es la parte social o políticamente más preocupante, porque transciende los comportamientos individuales perseguibles para definir o, al menos, afectar a colectividades enteras que se mueven con códigos ocultos; con unas reglas propias, distintas a las reglas comunes que solo retóricamente se respetan y ensalzan.
Por derivación también puede hablarse de la «corrupción sistémica», la corrupción del propio sistema, para referirse a estructuras económicas, sociales o políticas que no cumplan con unos mínimos de necesidades sociales en el sentido de la equidad, el bienestar y la libertad.
Así, el franquismo era un régimen corrupto y opaco por sus finalidades, formas y resultados, aunque pudieron aflorar unos pocos casos como el estraperlo, la fortuna de Juan March, Matesa o Sofico. Igualmente el reino de las Mafias, como fue la Italia de los 60-80 especialmente en Sicilia o Palermo, significó la suspensión del funcionamiento del Estado o, si se quiere, un contra-Estado arbitrario y de sicarios. A otra escala, la Marbella de Jesús Gil y sus acólitos se tradujo en una orgía de ilegalidades desde el propio poder local.
Por definición, dictaduras y mafias suponen corrupción en si mismas. La ventaja de las democracias es que antes o después aflorarán algunos hechos y se sancionarán una parte de ellos, lo que hace que potencialmente puedan regularse y controlarse mejor.
Vectores de corrupción sistémica
La corrupción aflora en una economía del egoísmo y de la acumulación, pero tiene espacio para reproducirse más fácilmente en democracias de delegación y de partitocracia.
Por una parte, la lógica de la acumulación de propiedades y de poder, convertida en motor social, impregna a las estructuras instaladas. Ello invitará a rozar el marco legal, y a sobrepasarlo siempre que pueda ocultarse. De todos modos, los sistemas decentes y sensibles intentarán contener esos comportamientos dentro de unos límites con códigos penales y sanciones disuasorias. Egoísmo, poder, ocultación, impunidad y silencio cómplice social conforman una cadena peligrosa. Si el Estado de Derecho no pone frenos, vigilancia y persecución, la corrupción se extenderá como una mancha.
Por otra parte las democracias que han derivado en partitocracias piensan la sociedad en claves de interés particular -la comunidad partidaria sustituye al bien común colectivo y a la soberanía popular- y se instalan en la cooptación y en la lealtad al líder y a una elite todopoderosa que reparte posiciones en la jerarquía social.
Si unimos ambos vectores tenemos que preocuparnos ¡y mucho! porque no se resuelve con una regeneración -no es solo un problema moral- sino con una modificación del contrato social y político.
La gran corrupción sistémica: la desposesión
Mil veces más preocupante y dañina que la corrupción misma es la instauración de la desposesión colectiva. Pero una como otra comparten raíces hasta el punto de que la desposesión es la corrupción llevada hasta el máximo grado imaginable porque se institucionaliza como hecho y filosofía social. No solo se roba al Estado o se obtienen ganancias ilegítimas sino que se instala desde el poder político el empobrecimiento de las mayorías tanto de forma individual como colectiva y, además, culpabilizándolas («vivíais por encima de las posibilidades»). La llaman, con eufemismo, «austeridad».
No hablo así del mero capitalismo basado en el beneficio, la propiedad y la desigualdad, y que se legitima a sí mismo con el argumento de que el fuerte enriquecimiento de los menos es compatible con que los más vulnerables mejoren su posición en ciertos momentos. Me refiero a ese mismo capitalismo que desbocado, ya sea en fases expansivas, recesivas o depresivas, deja de mirar por unos mínimos de bienestar colectivo y apuesta no solo por redistribuir negativamente riqueza y rentas, sino por desposeer a las mayorías más desfavorecidas y vulnerables en beneficio de una minoría reducida. Es el olvido de la legitimación social.
Y para ello da un «golpe de estado» tácito, a modo de cesarismo de las finanzas, eliminando el valor de la política democrática como gestión para todos, y poniendo a los poderes políticos al servicio de los poderes económicos y, especialmente, financieros. La cadena de renuncias que Zapatero escenificó, cambiando su política económica de un día para otro y apisonando la soberanía popular como en Grecia o Italia o Portugal, es un buen ejemplo. El paroxismo al que lo ha llevado Rajoy cada viernes de pasión, la consagración.
En esas condiciones, la función de contención del sistema político sobre la ley de la selva económica desaparece y el sistema político deja de tener sentido.
La política de la desposesión se ha instalado con las «políticas de austeridad» en la UE. Benefician a los capitales bancarios y financieros no productivos e institucionaliza la fuga de capitales de los países. La desposesión se instala cuando la norma es traducir la austeridad en supresión o deterioro de los servicios públicos y sociales, en empeoramiento creciente de las condiciones de trabajo, de salario y de futuro y en la descapitalización individual y colectiva de las mayorías para recapitalizar y beneficiar una banca aventurera que socializa sus pérdidas.
Cabe pensar y propiciar modelos económicos alternativos con otra lógica (socialismo autogestionario compatible con pymes privadas y sociales, por ejemplo). Pero, en todo caso, hay campos modificables a corto y medio plazo, sin poner en cuestión la economía de mercado y el capitalismo como tales, mediante el desarrollo y promoción de la economía social, la economía del bien común, la recuperación del sector público, la democracia económica en las empresas y, sobre todo, la negativa expresa a aplicar la política de la troika.
El grado de corrupción: excepcional o estructural
Hay corrupción en sentido estricto en todos los regímenes democráticos (un modo de gestión en sociedades desiguales); pero es muy importante el grado. Eso nos dirá la naturaleza de su fuerza. No es lo mismo una corrupción estructural presente en todos los poros del sistema que la corrupción puntual o de excepción.
Así cuando un sistema garantiza que sus elites manden siempre, sea cual sea el régimen político, tiene corrompidos sus mecanismos de renovación y promoción social a favor de las familias poderosas. También hay un importante grado de corrupción moral cuando un sistema ejerce, justifica o mira para otro lado con silencios estruendosos, por ejemplo, en los casos de torturas, o en los casos de violencia por motivación política contra las personas. Igualmente un sistema o un colectivo tienen una importante pobreza moral cuando no combate la corrupción de menores, ampara la violencia de género o los corruptos gozan de consideración social.
Todos los gobiernos españoles han tenido sus escándalos. UCD y su despreocupación pública (Colza, Fidecaya). Con Felipe González hubo una orgía de corrupciones, instalándose la cultura del pelotazo y del triunfador a cualquier precio en años de vino y rosas (KIO, el hermanísimo Guerra, Urralburu, Expo) y de terrorismo de Estado (GAL o con los fondos reservados para bolsillos privados).
A Aznar le salpicaron los escándalos del lino o de Tabacalera, o el caso Naseiro, y prosperó la burbuja inmobiliaria y financiera, tomada como el milagro español. A Zapatero le menudearon los escándalos inmobiliarios o los EREs falsos y a CIU los famosos 3%, Millet, Pallerols y la fortuna de alguno de los Pujol.
Al PP de Rajoy le han estallado todos los casos imaginables pero con la evidencia añadida de que habido golfos instalados en las cúpulas decisorias (Gurtel, Camps, Matas, Baltar, Barcenas, dietas de Sanz y Barcina, caso Noos…). En su debe hay que añadir los rescates bancarios millonarios (Bankia), o la gran desposesión colectiva en la que persiste a pesar de la evidencia de que está matando al enfermo (6,2 millones de parados). La guinda la ha puesto la Casa Real, con su desmadre comisionista y opacidad, ganando muchos enteros para que se reivindique la III República.
En la CA Euskadi ha habido y hay corrupción (los Ybarra que vendieron el BBVA a Aznar, Cearsolo, caso Balenciaga, Ibarra en la Hacienda Foral, el caso De Miguel, el fraude en las oposiciones de Osakidetza, los pinchazos telefónicos en todas las épocas, Bravo en la Hacienda de Irún) e inversiones aventureras (50 millones de € de dinero público para montar un equipo de Fórmula 1) o dudosas en su tamaño (BEC), explicación (TAV) o gestión (alguna autovía, Supersur, relaciones institucionales con Jabyer Fernández en otra época ). Aunque lo propio del país es el amiguismo, la red, eso sí, legal; más unas corruptelas -que se sepa- que corrupción.
En Navarra dejan muy alto el pabellón los Urralburu, Roldán, las dietas de altos cargos o el desmantelamiento de la CAN. Como inversión injustificable el pantano de Itoiz es un modelo.
Visto el balance hay que pensar que en el Estado español hay corrupción estructural y no solo puntual. Más en unos ámbitos (contratos públicos, construcción, eventos, financiación de partidos, sobres, información privilegiada…) que en otros. La estructura y cúpulas que la sostienen por doquier hacen honor al principio de incompetencia de Peter [1].
Claro que en épocas de vacas flacas la corrupción es más sangrante e hiriente, con la inquietante sensación social de que todo es comprable, lo que mina la cooperación social y el sentido de la comunidad.
En el Ranking mundial, siendo el Estado Español la 11ª Economía del mundo, sin embargo, estaba en el puesto nº 30 en la lista de percepción de la corrupción sobre un total de 180 países en 2010 (índice de Transparencia Internacional). Hay un significativo desajuste entre potencia económica y potencia moral aunque en ambos capítulos habrá perdido algunos puestos en este trienio. Ese grado de (percepción de la) corrupción indica que no se asimilaron aún cualidades de sociedades serias y avanzadas, ni hay madurez social y política en las élites, ni unas estructuras acordes para fiscalizar y erradicar esos comportamientos antisociales. Aunque no sea un desastre -tiene muchos países por detrás- tiene una asignatura pendiente.
Cabe decir que el grado de corrupción es inversamente proporcional a la calidad democrática. La lógica dominante es proteger a los «nuestros» en un régimen de clanes partidarios y de castas políticas, alumbrado en el bipartidismo de Estado o en las mayorías amplias en las Comunidades. Los déficits de una democracia de baja calidad -extensible a las autonomías- los utilizan los corruptos.
Y viceversa: a más democracia, menor corrupción y más rápida depuración mediante controles y dimisiones que hoy son rara avis, incluso cuando hay inculpación judicial. La corrupción sería reducible con la mejora de la calidad de la democracia y el imperio del derecho, las responsabilidades públicas en caso de abusos -nula condescendencia-, el deber ciudadano de denuncia o la participación colectiva en la res publica.
La sicología del corrupto y el contexto social
Los motivos habituales del corrupto suelen ser el enriquecimiento, pero también el poder; el uso del cargo público para abrir puertas u obtener ventajas, oportunidades y consideración social.
Claro que el corrupto lo es porque hay un corruptor dispuesto a pagar a un agente público para lucrarse.
La lógica de laxitud moral se nutre del «si no lo haces, eres estúpido, lo hará otro» y «además, no te pasará nada». La ética depravada al uso le echa la culpa al sistema en el que hay que vivir… bien. «El sistema es así. Sé realista».
El funcionamiento para el medio plazo es de prudencia. Ten red (padrinos), roba prudentemente y comparte y corrompe a otros para que os protejáis todos.
Antídotos
El primer antídoto es cambiar el silencio y resignación sociales, cuando no el respeto a los corruptos, por lo contrario: la indignación social. Los movimientos sociales y partidos progresistas tienen un gran papel. Es lo que puede asustar a los poderes remisos a tomarse en serio el tema y abrir oportunidades para el cambio. La educación en valores para un cambio de mentalidades sociales en la escuela y en los media es una de las vías.
El segundo es la reforma de la economía. Lo anterior servirá de poco si paralelamente no se genera un tejido económico vivo, se valora el conocimiento, la producción material o inmaterial y el esfuerzo (no el dinero fácil del pelotazo), se potencian los bienes comunes y públicos, la economía social y la cooperación.
La tercera contramedida es política y múltiple. Se trata de profundizar en el control y evaluación institucional; la implantación de la transparencia y la rendición de cuentas; la reforma del sistema electoral mediante listas abiertas, el voto en conciencia y la comprensión del programa electoral como un contrato ciudadano exigible; la revisión de las reglas en el Estado (plazos de prescripción de los delitos económicos y fiscales, la devolución de lo obtenido ilícitamente, el endurecimiento de las sanciones a corruptores y su persecución, la eliminación de aforados que se protegen desde la condición de electos); el cambio de la ley y estatutos de los partidos (responder ante el electorado), así como la revisión de las vías para su financiación y la implantación de mecanismos de control regulares.
El cuarto mecanismo es un sistema judicial en funcionamiento con dotación de medios que facilite la persecución de los delitos de corrupción, malversación o fiscales. Claro que debería venir acompañada con la despartidización de la Justicia, el impulso de los juzgados naturales, la revisión de la existencia de la Audiencia Nacional o la dependencia de la Fiscalía General respecto al Ejecutivo.
Finalmente, es muy relevante la promoción y protección del periodismo de investigación o del periodismo responsable y protegido que intermedia con la sociedad para que la información fluya y se disuadan loa comportamientos antisociales. Los códigos deontológicos con valor reconocido por todos servirían de paraguas para la autonomía profesional.
Claro que lo dicho puede disuadir pero no erradicar la corrupción por lo que también habría que abordar dos grandes temas:
Por una parte, un cambio democrático que tenga como objetivo la participación y la redistribución social del poder -hoy en manos de elites- mediante la apuesta por una democracia radical y de calidad (que incluya, por cierto, el derecho de decisión para las naciones sin estado). No avanzar en democracia arriesga una conflictiva fractura de la sociedad respecto a la política. La continuidad del autoritarismo democrático, hoy de carácter plutocrático, invita al populismo carismático o a la fractura.
Si hubiera que hacer un listado de reformas legislativas que ampararan estos cambios, la lista sería larga tanto a escala de Estado (Ley de partidos, Ley electoral, reforma de las leyes orgánica y de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ley de transparencia y sistemas de control, Ley de derecho de la información que refuerce la independencia informativa e institucionalice los consejos informativos en los media, código penal acorde) como de las Comunidades Autónomas. Por ejemplo la Comunidad Autónoma Vasca, en su ámbito de competencia, podría tener en algunos de estos temas una función de adelantado siempre que algunos partidos, sindicatos y movimientos lo pongan en su agenda.
Por otra parte, sería necesaria una revisión del sistema económico, de sus reglas y preferencias, favoreciendo las Pymes, economía social y del bien común, el sector público, los flujos crediticios, la innovación social, el impulso del conocimiento…y de la cultura.
Como se ve, muchas tareas por delante.
Nota:
[1] Las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, hasta que alcanzan su nivel de incompetencia.