Hace unos meses saltaba a la palestra del debate público, el libro Remunicipalícese. El Agua como Derecho Humano y la recuperación de los Bienes Comunes un libro editado por la Editorial Catarata. En este, el autor del reciente “Manifiesto Municipalista”, Alejandro Caamaño, aborda las diferentes perspectivas del derecho al agua y cómo garantizarlo por parte de las Administraciones Públicas, aterrizando, en concreto, en el caso de Barcelona, donde la multinacional AGBAR ha puesto en marcha toda una guerra jurídica para bloquear cualquier intento de devolver la gestión del agua al municipio; trazando un camino para seguir avanzando en la remunicipalización de diferentes bienes comunes y explicar los beneficios de una gestión pública del agua.
Alejandro, cuenta con una larga trayectoria de activismo y militancia arraigada a la universidad, como estudiante investigador, y a su municipio, como nativo de L’Hospitalet de Llobregat. Actualmente se encuentra finalizando su doctorado en Sociología, en la Universidad de Barcelona, donde, además, cuenta con un máster en Sociología, una titulación de experto en Estudios Urbanos y una licenciatura en Ciencias Políticas.
Además, ha estructurado de manera polifacética su compromiso político desde las asambleas de barrio a la música trap, que entiende como una interpelación a la actual “generación perdida” de la que forma parte. Hoy, volvemos a hablar con él para que nos explique un poco más su nuevo libro.
¿Por qué “Remunicipalícese”?
“Remunicipalícese” es un epígrafe más práctico en torno a la recuperación y gestión de recursos de forma local centrado en el paradigma del agua, aprovechando que esta está considerada como un derecho universal por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas desde 1966.
En este sentido, sorprende que el 63%, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, sea privada y en 2022 debamos estar hablando en el Estado Español de pobreza hídrica debido al aumento abusivo de tarifas, cortes de suministro o severos castigos por impago, entre otros.
Tratándose de un recurso natural; parece hacerse más obvio la necesidad de cuestionar cómo una entidad privada puede ser propietaria de una materia prima, de un recurso natural y decidir a su parecer de qué forma gestionarla y distribuirla.
Hace poco se han cumplido 5 años de la remunicipalización del agua en Valladolid. ¿Cómo valoras esta experiencia?
Los cinco años recientemente cumplidos de remunicipalización del agua en Valladolid, gestionada, anteriormente por la misma multinacional que gestiona el Área Metropolitana de Barcelona, AGBAR, ha demostrado que lo público se puede gestionar mejor, obtener más beneficios y gestionar de manera más eficiente el servicio del agua.
Por una parte, ha conseguido ofrecer el servicio a sus 298.866 ciudadanos al mismo precio, con bonificaciones para las personas más desfavorecidas y con un insólito incremento de los beneficios del 200% respecto a AGBAR pasando de los 5.600.000 euros anuales que producía la empresa privada para sí misma; a un beneficio público, cosa que es muy importante remarcar, de 13.000.000 euros al año, que, por su carácter público, son reinvertidos en la ciudadanía. Por otro lado; todos los trabajadores que en aquella época formaban parte de la empresa siguen trabajando en ella, pero ahora como funcionarios, con las mejoras en condiciones laborales que esto supone.
No solo eso; la decisión del gobierno del Partido Socialista liderado por Óscar Puente nos demuestra que no es una cuestión propia de la Esquerra Independentista; En Comú o Podemos, sino que se trata de una cuestión de sentido común y Derechos Humanos. Por eso es más triste aún ver, como aquí el PSC ha venido posicionándose contra iniciativas que pretendían devolver el agua a la ciudadanía.
¿Por qué Bueno Aires?
Un estudio riguroso tiene que poder extrapolarse a dimensiones territoriales y contextos diversos. Si el caso de Valladolid representa un escaso 20% de de la ciudadanía que habita Barcelona, el Área Metropolitana de Buenos Aires representa más del doble de ciudadanos y ciudadanas respecto a Barcelona, con un total de 2.890.151 ciudadanos y aun jugando con el hándicap de ser una región de América Latina. Con todos los sesgos que se pueden llegar a producir en 2006, Néstor Kirchner decidió revertir lo que a día de hoy se considera uno de los más vastos programas de privatización del mundo cuya aplicación fue recomendada por el llamado Consenso de Washington, mediante la creación de la empresa pública AySA de propiedad participativa; llegando a abastecer de agua potable al 100% de la población y a un 80% de la población de una red de saneamiento.
Sin duda ofrece importantes lecciones sobre desafíos y oportunidades que enfrentan los gobiernos para la remunicipalización y provisión de servicios básicos universales que el siglo XXI exige con la recomposición de empresas públicas desmanteladas por los procesos de privatización de estos últimos años.
¿Entonces porque crees que es tan difícil aplicar estas medidas en el Área Metropolitana de Barcelona?
Creo sinceramente que hay en marcha una guerra judicial para evitar que el agua sea pública que va más allá de Barcelona o la AMB. Solo en Cataluña hay hasta 42 municipios que han recibido presiones para evitar que el agua fuera remunicipalizada. No es casualidad, AGBAR se juega un negocio valorado en 3.000 millones de euros y para defenderlo está utilizando todos los medios a su alcance: querellas criminales contra funcionarios, denuncias falsas a políticos que apuestan por la municipalización, practicas colusorias e incluso compra de voluntades. De hecho, como recordaba el regidor Eloi Badia, AGBAR es la empresa investigada en más casos de todo el Estado. Actualmente, se encuentra imputada en tres macrocausas judiciales –Pokémon, Púnica y Petrum–, en las que se le acusa de comprar voluntades mediante palcos en el Camp Nou o el Liceu y donaciones a partidos políticos para ganar concesiones públicas.
Ejemplos hay muchos, pero quizá los más sonados sean los de Valladolid, donde la multinacional interpuso hasta 10 denuncias judiciales diferentes contra el Ayuntamiento para tratar de impedir la municipalización del agua. O el de Barcelona, donde los cargos del gobierno de Ada Colau, y ella misma, han tenido que afrontar también diversas querellas vinculadas a los intereses de AGBAR. La última, la más sonada quizás por su nivel de cutrez, fue interpuesta por una asociación fantasma llamada Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que estaba directamente vinculada a AGBAR, como pudo demostrar la tuitera Diana F. Evidentemente como era de esperar, acabó archivada. Y de estas ya van 10, 10 denuncias o querellas archivadas, interpuestas por grupos con importantes intereses económicos en la ciudad, basados en la especulación de la vivienda o con la gestión de bienes comunes como el agua.
Si no me equivoco, la concesión del Área Metropolita de Buenos Aires se produjo en 1993 a la multinacional Suez, que también se encargaba de los servicios de gestión del agua en Paris.
Así es. Uno de los ejemplos más cercanos a nuestro contexto, referente directo en lo que a remunicipalización del agua urbana se refiere es la rescisión de contrato de servicio de abastecimiento de agua de París con Veolia y Suez, compañías francesas que dominan el mercado global de servicios municipales de agua, en noviembre de 2008, por parte del Ayuntamiento de París, bajo la alcaldía del Presidente electo en 2001 Bertrand Delanoe del Partido Socialista Frances, quien fue reelegido en 2008 por una mayoría absoluta volviéndonos a recordar que la remunicipalización del agua es una cuestión de sentido común y Derechos Humanos.
Se estima que la empresa pública Eau de Paris le ahorró a la ciudad de París con un Área Metropolitana con 12.223.100 de ciudadanos y ciudadanas, alrededor de 35.000.000 euros, respecto a los contratos previos con Veolia y Suez, lo que condujo a una reducción del 8% de las tarifas y a la revitalización de la protección de los recursos hídricos, la investigación y la innovación.
Con la gestión pública se ha demostrado una gestión mucho más participativa y democrática ya que tanto el personal como los y las usuarias y las asociaciones ciudadanas forman parte del Consejo de Administración. En París nunca se le corta el agua a quien no la puede pagar, al contrario, hay ayudas sociales para quien lo necesita e incluso se ha creado un fondo de solidaridad desde la propia empresa pública para cubrir, al menos, el consumo mínimo vital.
El próximo mayo de 2023 se producirán las próximas elecciones municipales. ¿Qué retos crees que debe afrontar Barcelona o Ayuntamientos del Área Metropolitana como L’Hospitalet respecto a la remunicipalización del agua?
Catalunya, a diferencia del resto del Estado Español, tiene una larga tradición de pactos electorales y en un contexto donde no hay cabida a las mayorías absolutas, la clave está en el pragmatismo.
Partiendo de la premisa de que hablamos de un Derecho Humano y en un ámbito donde las disputas respecto al futuro del Estado en su totalidad deberían ser residuales a fin de potenciar las potestades de las administraciones locales y los municipios, donde realmente se puede empoderar a la gente en la toma directa de decisiones; considero que lo más pragmático es interpelar a un consenso entre el amplio abanico de partidos de izquierda que incluya a En Comú, Esquerra Republicana, la CUP y partidos de carácter local para la remunicipalización del abastecimiento del agua.
En municipios como L’Hospitalet; donde han estallado casos de corrupción como el Caso Consell Esportiu que han llevado a la dimisión del teniente de Alcaldía, Cristian Alcázar, no podemos obviar que, a fecha de 12 de julio, la juez responsable del caso ha eximido a la actual alcaldesa, Núria Marín, sin la carga de una causa penal que le impida presentarse a las elecciones, jugando un papel fundamental en la composición del consistorio.
Esto nos obliga a instar y recordar al PSC de L’Hospitalet el papel fundamental que el Partido Socialista ha tenido en la remunicipalización del agua, no solo en Valladolid; sino, de forma más cercana en Terrassa bajo la marca Tot Per Terrassa; tratándose de un afer de sentido común y de implementación de Derechos Humanos fundamentales como el acceso al agua.