Oficialmente se habla de recuperación económica, pero según las cifras de la OIT (Informe «Tendencias mundiales de empleo 2014»), el número de personas desempleadas se situó en 2013 en 202 millones (cinco millones más que el año anterior). El grueso de este incremento se produjo en Asia Oriental y Meridional (45% de las personas que […]
Oficialmente se habla de recuperación económica, pero según las cifras de la OIT (Informe «Tendencias mundiales de empleo 2014»), el número de personas desempleadas se situó en 2013 en 202 millones (cinco millones más que el año anterior). El grueso de este incremento se produjo en Asia Oriental y Meridional (45% de las personas que buscaban empleo), seguido del África Subsahariana y Europa. El informe del organismo de Naciones Unidas señala además la incidencia «desproporcionada» del desempleo en la población joven, la lacra del paro de larga duración, el problema de los trabajadores «pobres», el empleo «vulnerable» y la economía «informal».
En el estado español, pese a las insidias de Montoro, el documento «Análisis y Perspectivas 2014» presentado el pasado 27 de marzo por la Fundación FOESSA y Cáritas resulta devastador. Se afirma en el estudio, por ejemplo, que la renta media de la población española es, en términos reales, inferior a la que existía en el año 2000; que España se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea donde la renta se reparte de manera más desigual. Además, las formas más severas de pobreza son las que más han aumentado con la crisis, lo que ha llevado al estado español a colocarse en los primeros lugares de cualquiera de las ratios que miden la pobreza. El porcentaje de hogares sin ingresos ha aumentado del 2 al 4% en el último trimestre de 2013, y ha pasado de 300.000 (a mediados de 2007) a 700.000 (finales de 2013). En resumen, 11,7 millones de personas están afectadas en España por distintos procesos de exclusión social (un aumento del 60,6% respecto a 2007).
Este es el contexto en el que el Movimiento contra el Paro y la Precariedad ha registrado en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Renta Básica, planteada como un derecho «individual», «universal» e «incondicional» (no sujeto al mercado de trabajo). Según el artículo primero de la propuesta legislativa, el derecho de toda persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas. Pero «no queremos una ayuda graciable, mangoneada por la administración de turno, sino un derecho inherente a la condición de personas», se detalla en la Exposición de Motivos. La cuantía de la renta básica se establece en 645,33 euros mensuales (el equivalente al Umbral de la Pobreza). Para la puesta en práctica, se establecen dos fases. En primer lugar, afectaría a todas las personas que no perciban la prestación de desempleo y no cuenten con otros ingresos; y a las personas con salarios, subsidios o pensiones públicas inferiores a la renta básica. En una segunda fase, se extendería como derecho universal. Además, la idea no sólo cunde en el estado español. 285.000 ciudadanos de 28 países europeos han firmado a favor de la renta básica.
Entre los grupos que se han sumado a la campaña figura el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC), fundado en 1966, con presencia en 79 países y cuya práctica pivota en torno al Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. La organización (laica) se dirige a obreros, parados, personas en situación de precariedad, jubilados y amas de casa, con el objetivo de «mejorar las condiciones de vida y construir una sociedad sin excluidos». La presidenta del MMTC, Xaro Castelló, ha afirmado en el Fòrum de Debats de la Universitat de València que la realidad actual «está provocada por estructuras, grupos financieros y pautas culturales muy concretas; vivimos, además, la mercantilización del trabajo y de la vida social, con una creciente desaparición de los controles políticos y sociales; sin sentido de la justicia ni de la fraternidad; a ello se le suma el consumismo, el individualismo y el miedo (éste es fundamental) a perder lo poco que se tiene».
Añade, en un acto organizado por Xarxa Cristiana, que la situación de la humanidad «es escandalosa, con hambre y esclavitud; el capitalismo neoliberal impide desde sus entrañas (políticas, económicas y culturales) la construcción de una sociedad más justa, fraterna y sostenible». «A la iglesia muchas veces le cuesta responder con coherencia evangélica a las necesidades de los hermanos pobres; en muchas ocasiones, los cristianos incurrimos también en el consumismo y el egoísmo». Pero la conclusión resulta inapelable: «Si hay gente que pasa hambre, la riqueza hay que distribuirla». La psicóloga y presidenta del MMTC resalta que muchos textos de la Doctrina Social de la Iglesia pueden relacionarse con la propuesta de una renta básica universal.
En ocasiones se afirma que la renta básica universal beneficiaría también a los ricos o que resulta «inviable», y se argumenta que dispararía el déficit público y el endeudamiento de los estados. A juicio, de Xaro Castelló, «se ha de considerar la idea en un contexto de fiscalidad distributiva, lucha contra las grandes bolsas de fraude o tasas a las transacciones financieras internacionales; y, sobre todo, la defensa, como principio general, del derecho a la vida». Otra de las grandes ventajad de la renta básica es que permitiría «mucha libertad y capacidad de negociación, en otras palabras, perder el miedo». También repartir el trabajo (los problemas de miles de familias no se resuelven hoy con el empleo) y «poner freno a la productividad desaforada que impone el capitalismo neoliberal».
No se trata, además, de una iniciativa de última hora en el estado español. En un artículo (12 de febrero de 2014) en Público, Daniel Raventós (uno de los economistas más significados en la teorización y defensa de la renta básica) recuerda cómo en 2001 unas pocas personas en un pequeño despacho de la facultad de Económicas de Barcelona pusieron los cimientos de la Red Renta Básica (RRB). En 2014 la Red celebró su simposio número 13 en San Sebastián, organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, gobernada por Bildu. En el simposio se demostró que una renta básica pude financiarse mediante una reforma fiscal; que el resultado es una redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población; además, como consecuencia de la renta básica, se lograrían unas cotas de desigualdad mucho menores que las actuales, y muy parecidas a las de Noruega (el estado menos desigual de Europa); o que las dificultades de aplicación no son tanto de ámbito económico, sino de los objetivos políticos que realmente se persigan.
El periódico La Marea informa de algunos ejemplos de prestaciones o ayudas que podrían asimilarse a la renta básica. En Irán, por ejemplo, el 1 de enero de 2011 se estableció una renta mínima dirigida a las familias, que sustituía una serie de subsidios para la adquisición de alimentos (recibe la renta el varón considerado el «cabeza de familia). En Alaska (Estados Unidos), la renta básica (mensual y con grandes oscilaciones durante el año) viene a compensar los beneficios obtenidos por la explotación de petróleo y otros recursos naturales. Existe desde hace más de dos décadas. En Brasil, el programa «Bolsa Familia», iniciado en 2003, ha atendido a 13,8 millones de hogares. También se dan ejemplos en la realidad europea. La Red de Garantía de Ingresos en Euskadi. En Irún, la Renta Básica de Emancipación; también en Extremadura, aunque cuestionada por la escasa dotación; en Suiza, los ciudadanos votarán este año en referéndum la propuesta de una renta mínima mensual de 2.000 euros. También existen iniciativas parciales, recuerda Daniel Raventós en una entrevista en Público, como la de Ciudad de México, la ciudad más poblada del mundo, donde se reconoce una pensión básica universal para toda la población mayor de 68 años.
En la misma entrevista con el periodista Jorge Otero, el profesor de la Universidad de Barcelona sostiene que, a través de una reforma profunda del IRPF y la supresión de todas las subvenciones y subsidios públicos con un montante inferior, alcanzaría para una renta básica en Cataluña de 7.968 euros anuales para todos los adultos y 1.593 euros anuales para los menores de 18 años.
Reivindicar una renta básica universal parece indisociable de una fotografía que ayer asomaba en los periódicos y las televisiones. La de Fernando Ferré, propietario del grupo Playa Sol, principal compañía hotelera de Ibiza (actualmente en concurso de acreedores), tras aceptar el cumplimiento de una condena de siete años de cárcel y el pago de 11 millones de euros en concepto de multa y de responsabilidad civil. Además de la condena por 14 delitos fiscales, Ferré ha sido declarado culpable de tres delitos contra los derechos de los trabajadores. El empresario, informa Efe, trajo a Ibiza a cientos de personas de la Europa del Este, que firmaban contratos en checo (entendieran o no la lengua) y trabajaban durante toda la temporada turística diez horas diarias, por 3,5 euros la hora, durante siete días a la semana. Asimismo, tuvo a dos empleados chinos viviendo en un habitáculo de seis metros cuadrados en su propia casa, mientras otros trabajadores pasaban la noche en habitaciones sin ventilación ni luz natural de sus hoteles. El mismo día, la PAH de la Marina Alta informaba de que un hombre de 52 años inmerso en un proceso de desahucio se quitaba la vida en Pego (Alicante).
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