El artículo 47 de la Constitución española de 1978, que es violada una y otra por los poderes públicos y privados sin recibir la respuesta adecuada de los órganos encargados de velar por su cumplimiento, dice textualmente: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las […]
El artículo 47 de la Constitución española de 1978, que es violada una y otra por los poderes públicos y privados sin recibir la respuesta adecuada de los órganos encargados de velar por su cumplimiento, dice textualmente: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». Ya, es cierto, ese artículo está en lo que ustedes llaman parte declarativa de la Norma Fundamental, esa que enuncia por dónde debe ir la legislación y por dónde la actuación de los gobernantes al respecto, pero da la casualidad que los poderes, al fomentar desde la llegada de Aznar y su ley del suelo el ladrillazo y la especulación inmobiliario-financiera, demostraron que para ellos no existe ley fundamental, ni artículo cuarenta y siete ni otros derechos diferentes a los de quienes siempre los tuvieron por nacimiento, consanguinidad o afinidad.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por el hasta ahora llamado Reino de España, reconoce también el derecho a la vivienda entre los que merecen especial tutela por los poderes públicos: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad». Por tanto, el artículo 47 de la Constitución Española y el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no dejan resquicio alguno sobre el derecho que tienen todos los ciudadanos a tener un techo digno bajo el que cobijarse y desarrollar sus vidas.
Ada Colau, fundadora y portavoz de la Plataforma de Afectador por las Hipotecas (PAH), al contrario que Cristina Cifuentes, no ha hecho otra cosa en cuantos foros ha intervenido o actuado que exigir el cumplimiento de la ley máxima que rige en España y de la que lo hace en todo el mundo civilizado, es por ello ferviente constitucionalista y defensora de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No es Ada Colau quien protege mediante el uso de la fuerza bruta a quienes dejan a las familias en la calle destruyendo su presente y su futuro; no es Ada Colau quien actúa violentamente contra quienes salen a las calles a defender del legítimo derecho de todos los ciudadanos a tener una vivienda digna; tampoco es Ada Colau quien protege a los banqueros que prestaron dinero que no era suyo sin pedir garantías suficientes: Eso lo hace Cristina Cifuentes, y es normal, porque mientras Ada Colau tiene una formación ciudadana impecable y cree en los valores democráticos, Cristina Cifuentes se crió de la mano del franquista Manuel Fraga Iribarne en Alianza Popular, partido al que hoy llaman Popular, sin alianza. A nadie, pues, puede extrañar que desde que fue nombrada Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid -lo mismo ocurre con Boy Ruiz en Barcelona, la derecha es ansí-, la capital de España parezca una ciudad ocupada policialmente ni tampoco el uso que hace de la Fuerza Pública, que pagamos entre todos, contra ciudadanos que exigen sus derechos pacíficamente porque en su subconsciente, y a flor de piel, sigue rondando como palabrita del Niño Jesús aquella célebre frase del fundador de su partido: «La calle es mía».
En cumplimiento de la actual Constitución y de los derechos que ella protege -reunión, manifestación, expresión, trabajo, vivienda, educación, sanidad, vejez, dependencia- Cristina Cifuentes, nombrada jefa de la porra en Madrid por Mariano Rajoy el de las estirpes y por Fernández Díaz, el hombre que habló con Dios en Las Vegas (Nevada), debería ordenar a su policía que investigase y vigilase a quienes por haberse dedicado a la especulación y haber hecho quebrar al sistema financiero español dejan a la gente sin hogar, a quienes tienen el dinero en paraísos fiscales, a quienes defraudan sistemáticamente al Erario, a quienes despiden a miles de trabajadores cada día o les hacen trabajar en condiciones infrahumanas, a quienes se corrompen y corrompen. Eso sería cumplir con la actual Constitución, pero a Cristina no le gusta leer, le va la marcha y en su concepción autoritaria y violenta de la política piensa que ciudadanas como Ada Colau son un peligro para el buen orden establecido, por eso, como en los viejos tiempos, no duda en utilizar el infundio, la confusión ni la provocación, ora diciendo que hay que restringir el derecho de manifestación, ora infiltrando policías de paisano en las manifestaciones para que alboroten, ora acusando a Ada Colau, que dio una lección magistral de ciudadanía en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, de connivencias con la banda criminal eta, empleando para ello tácticas tan viejas como las de aquel ministro del Interior apellidado Ibáñez Freire que en diciembre de 1979 excusó el asesinato por la policía de dos jóvenes -Emilio Martínez y José Luis Montañés- en las inmediaciones de la madrileña Plaza del Progreso -hoy Tirso de Molina- alegando que estaban a sueldo de Moscú.
Cristina Cifuentes puede utilizar los resortes del poder que quiera, porque los tiene todos, toda la fuerza bruta, porque parece que es lo suyo, pero es un personaje del pasado, alguien que ya existió, una reminiscencia de la oscuridad que tantísimo daño ha hecho a este país. Ada Colau, representa a la España vital, civilizada, solidaria, preparada, luchadora, humilde, valiente y tenaz. Con ella está la fuerza de la razón, con ella y el ejemplo de miles de personas como ella, una ventana abierta a la esperanza de un día mejor para todos, el pulso latente, rápido y vigoroso de una ciudadanía que resiste y vencerá. Toda mi gratitud.