Técnicos de organismos científicos y tecnológicos y un estudio de abogados que asesora al gobierno argentino en materia de propieadad intelectual por el juicio que los Fondos Buitres -tenedores de bonos de la deuda externa argentina (holdouts) mantienen con el Estado Argentino en los tribunales de Nueva York- están llevando al gobierno argentino a una […]
Técnicos de organismos científicos y tecnológicos y un estudio de abogados que asesora al gobierno argentino en materia de propieadad intelectual por el juicio que los Fondos Buitres -tenedores de bonos de la deuda externa argentina (holdouts) mantienen con el Estado Argentino en los tribunales de Nueva York- están llevando al gobierno argentino a una nueva torpeza propia con posibles consecuencias políticas y económicas.
Con sus 16 oficinas integradas y ubicadas en importantes centros financieros de todo el mundo, la firma «Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP» tiene una practica globalizada ajustada a la cultura de cada país, según sus propia descripción
Organizada y administrada como una sociedad única, integrada e internacional (no como un despacho estadounidense con una red de oficinas extranjeras), Cleary Gottlieb emplea más de 1.200 abogados de más de 50 países.
Entre sus clientes se encuentran empresas multinacionales, instituciones financieras internacionales y gobiernos y sus agencias, así como empresas e instituciones financieras nacionales de los países en los que se encuentran sus oficinas. Aunque cada una de ellas desarrolla su propia práctica, el enfoque de un solo despacho global brinda a los clientes la posibilidad de acceder a la totalidad de sus recursos, afirman.
En Argentina abrió sus puertas en el año 2009 y la oficina esta dirigida por Andrés de la Cruz, socio argentino de la firma y en otros países ha asesorado a gobiernos soberanos, bancos centrales, entidades financieras, fondos de capital privado y otros clientes del sector privado en una serie de industrias en más de una docena de otros países de América Latina, entre ellos Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Dominica, República Dominicana, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.
Los abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP consultaron a los técnicos del INTA sobre la estrategía a seguir para evitar el embargo sobre las patentes argentinas presentadas en la Oficina de los Estados Unidos (USPTO), que la firma de inversión «Aurelius Capital Management», solicitó al juez de NY, Thomas Griesa.
El primer argumento seleccionado por los abogados de esta firma y el INTA fue hacer creer a Griesa que tanto este organismo del Estado Nacional, dependiente del Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca cuanto el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, son Entes autónomos del Estado y que, por lo tanto, no son susceptibles de posibles embargos contra el Estado Argentino.
Este argumento no se ajusta a la realidad jurídico-administrativa pues ambos organismos fueron creados por normativa sancionada por el Estado y dependen administrativamente del mismo pagando su funcionamiento a través de fondos provenientes del presupuesto nacional a probado por el Congreso de la Nación.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio del Decreto Ley 21.680/56. En la actualidad, y luego de distintas modificaciones en la Ley de Ministerios, su dependencia está bajo la órbita Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca aunque su estatus es de «autarquía».
El CONICET fue creado el 5 de febrero de 1958 por Decreto Ley N° 1291 como organismo autárquico bajo dependencia de la Presidencia de la Nación. En 1996 y en plena década neoliberal se lo convierte en organismo autárquico por decreto 1661/96 para separar la investigación de la influencia del gobierno, estatus legal que continúa vigente aún hoy, pero que no elimina la dependencia real que tiene del Estado.
El segundo argumento utilizado por la defensa legal de Argentina fue que en las investigaciones científicas (cuyos resultados quieren protegerse por medios de las patentes) intervienen terceras personas físicas o jurídicas, como Universidades, investigadores, empresas argentinas y estadounidenses.
El juez Griesa no consideró estos argumentos de los técnicos del INTA y del bufete que asesora al gobierno, sino que tomó en cuenta que las 20 solicitudes de patentes del INTA y las 14 del CONICET registradas en EE UU, no representan un valor patrimonial, pues aún no están explotadas comercialmente.
En los Estados Unidos las Marcas y las patentes son un fabuloso negocio para empresas de maletín o fantasmas que se dedican a la especulación con la compra y venta de estos activos intangibles conformando una verdadera burbuja artificial y una industria del juicio que involucra cientos de millones de dólares.
El gobierno argentino resolvió por presiones del lobby de las semillas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Nidera, entre otras multinacionales y por el trabajo interno de convencimiento sobre la presidenta Cristina Kirchner por parte del ministro de CyT, Lino Barañao, de patentar los desarrollos del INTA y CONICET como un medio para conseguir fondos del Estado y recursos económicos privados (también para los investigadores) a partir del cobro de royalties como porcentaje de las ventas que estas empresas norteamericanas realicen a partir de las nuevas variedades de semillas transgénicas que serán enviadas principalmente al mercado de Oriente.
El juicio de los fondos buitres demuestra el oportunismo a la hora de proponer un modelo científico pro-patentes y la inoperancia de los organismos nacionales de investigación y propiedad industrial como asesores del gobierno argentino que resultan funcionales a los intereses de los grupos de poder monopólico como Monsanto.
Los «Fondos Buitres» ven en las marcas y las patentes un activo intangible de valor porque los Estados Unidos son los primeros defensores del sistema de propiedad intelectual como defensa de los intereses de las empresas estadounidenses.
Argentina imitó este modelo plasmado en el acuerdo de Cristina Kirchner con MONSANTO para obtener recursos por venta de soja y maíz (cuyos precios están en baja) y resultados de investigación que finalmente terminan en manos de empresas norteamericanas por transferencia de titularidad de patentes desde los científicos de INTA y CONICET (organismos colonizados por los EE UU) a cambio de futuros royalties, pero vendiendo la soberanía tecnológica y alimentaria y bajando las banderas de la independencia económica y la soberanía política.