Marzo, el mes de Fukushima desde 2011. Este año, en que se cumplen seis del comienzo de una catástrofe sin final previsible, hemos sabido de que en Fukushima «mueren» robots. Los robots en Fukushima están muriendo ha sido un titular muy repetido a lo largo del mes; afortunados japoneses, podríamos pensar, que gozan de buena […]
Marzo, el mes de Fukushima desde 2011. Este año, en que se cumplen seis del comienzo de una catástrofe sin final previsible, hemos sabido de que en Fukushima «mueren» robots.
Los robots en Fukushima están muriendo ha sido un titular muy repetido a lo largo del mes; afortunados japoneses, podríamos pensar, que gozan de buena salud en contraste con la mortalidad entre los pobres robots. No son los 10.600 kilómetros que separan España de Japón, ni la dificultad del idioma, lo que impide saber lo que pasa; es la censura disfrazada con diversos eufemismos.
Hay que recurrir al trabajo de personas voluntarias, que cubren los silencios de los medios profesionales, para conocer la situación de las personas (de los robots ya hay información); así podemos enterarnos, por ejemplo, de las decenas de trabajadores afectados; de que los casos de cáncer de tiroides han aumentado en 2016; de que el gobierno ha suspendido, a finales de este mes de marzo, las ayudas a alquileres de viviendas para personas desplazadas (es necesario forzar el regreso a las zonas contaminadas para dar imagen de normalidad); de que las mediciones de radiactividad se hacen a más de un metro del suelo, evitando así resultados inapropiados; de que la tierra y restos radiactivos, contenidos en millones de bolsas negras de plástico que decoran la geografía de Japón, serán utilizados como materiales de construcción; de que una gran parte del Pacífico está contaminada; de que Reporteros Sin Fronteras sitúa a los medios japoneses en el puesto 72 en la escala de libertad de prensa (en 2010 estaba en el 12), etc., podríamos seguir [1].
De todo lo publicado en este aniversario destaca Fukushima seis años después. Seis observaciones y una reflexión hacia dentro de Salvador López Arnal y Eduard Rodríguez Farrè, una de las mejores síntesis informativas.
Este año Fukushima ha sido recordada en la Península Ibérica con 11 actos simbólicos, conferencias o acciones, la mayoría de ellas organizadas desde el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) . Pero analicemos lo cercano.
Tras un febrero de informaciones agitadas, marzo ha traído la calma. Siguen pasando cosas, por supuesto, pero el flujo de noticias se ha modulado, no vaya a ser que un exceso de detalles pueda provocar una reacción social excesiva. Garoña , gran protagonista de titulares durante febrero, ha sido silenciada hasta el punto de que una manifestación de miles de personas por las calles de Vitoria, el 18 de marzo, no tuvo proyección más allá de los medios comarcales. Sigue existiendo un elevado consenso para su clausura definitiva, tanto en el Congreso como en el País Vasco; incluso sindicatos que en cuestiones atómicas saben callar, mirar para otro lado, o declarar sin tapujos su fe pro-nuclear, se añadieron a la convocatoria de Vitoria. Ese consenso es globalmente positivo, aunque tiene una cara negativa que ya se ha tratado en otras crónicas.
¿La última marcha antigaroña?, titular del diario Deia sobre la manifestación de Vitoria; una muestra, acaso involuntaria, de ironía. Visto de cerca, el fuerte consenso social contrasta con la indefinición empresarial y política. A tener en cuenta las contradicciones del 25 de marzo: el representante de NUCLENOR (ENEL-ENDESA e IBERDROLA, no olvidemos) manifestaba en el Congreso que Garoña era la central más fiable en cuanto a seguridad, dado el gran número de revisiones que ha tenido; el mismo día, El Diario Vasco informaba que poner Garoña a punto era inviable económicamente citando también fuentes de NUCLENOR. Nada fuera de lo normal, dadas las declaraciones contradictorias de los presidentes de las eléctricas propietarias en abril de 2016.
La importancia del artículo de El Diario Vasco no acaba ahí, ya que aparece una de las dos menciones a estrategia del gobierno PP y la industria nuclear que se han dado este mes: que el gobierno se mantiene abierto a una negociación grupal por los siete reactores (la reivindicación de la industria en tiempos del ministro Soria), pero que no descarta abrir debates central por central, como opción preferente. Estrategia de confusión que enmascara decisiones ya tomadas que se van filtrando en un escenario de discreción dictado por los que mandan. También una manera de dejar claro, una vez más, que Garoña como moneda de cambio conserva su valor.
La otra mención estratégica aparece el 23 de marzo en La Vanguardia, El Día y Finanzas.com, informando sobre la reunión del organismo nuclear secreto por excelencia (eufemismo utilizado: a puerta cerrada), la Ponencia Parlamentaria encargada de las Relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear. En la sesión comparecieron los directores de energía nuclear de ENEL-ENDESA e IBERDROLA, y el director de Garoña, los cuales informaron a diputadas y diputados de que están seguros del alargamiento del funcionamiento de las nucleares «hasta «al menos» los 60 años«. Significativa la declaración de la portavoz de energía del PSOE, Pilar Lucio, eludiendo pronunciarse en contra cuando la interrogó la agencia de noticias. También fue llamativo que el organismo oficialmente protagonista de la Ponencia, el CSN, ni aparezca mencionado en las informaciones. Todo apunta a que el marco fue elegido, precisamente por su carácter secreto, para poner a los diputados al corriente de lo que hay. La información no tiene desperdicio.
El contrapunto a este avance implacable lo puso el acuerdo del 21 de marzo del PSPV, Compromís y Podemos para plantear en las Corts valencianas una Proposición No de Ley pidiendo el cierre de Cofrentes en 2021, la noticia tiene doble valor: primero, que una institución formalmente «sin competencias» se pronuncie de manera contundente dando prioridad a las personas a las que representa y, segundo, que ese pronunciamiento arrastre inicialmente a Ciudadanos (un partido que sabe callar en el tema nuclear). Si esa iniciativa fuese seguida por otros parlamentos autonómicos, se daría un elemento de presión más sobre la industria nuclear y el PP. Esperemos.
También hubo novedades sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC). El 2 de marzo el CSN decidió ampliar el plazo concedido a ENRESA para cumplimentar estudios de impacto, otro caso de chapuza a beneficio de la industria. Basta leer el voto particular de la consejera Cristina Narbona, en el Acta de pleno 1407, para comprobar que se está repitiendo la misma política de hechos consumados del caso Garoña: avance, forzando etapas, en la tramitación de un proceso que ignora los informes contrarios, la falta de partes de la documentación prescriptiva, y de algunos estudios técnicos. Adelante, al precio que sea.
Al margen de ello poco más que informar, pues desde que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha dio prioridad al negocio de los residuos radiactivos sobre el estado deficiente y la protección legal del espacio en que se instalará el hipotético ATC, el tema vuelve a la inacabable batalla legal. El cúmulo de despropósitos en la elección del emplazamiento, y el despilfarro de dinero en los inútiles «estudios», apuntan la esperanza de que las obras se hagan eternas, naufragando en su propia irracionalidad y contando con la resistencia de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Cuenca .
Otro ámbito en que la agitación informativa de febrero ha dado paso a la calma ha sido el Consejo de Seguridad Nuclear . El 6 de marzo, se supo con efecto demora que el señor Presidente dedicó una parte de la sesión del Pleno del 15 de febrero, el posterior a la espectacular rueda de prensa justificando el permiso a Garoña, a la reprobación de la Consejera díscola; muy recomendable la lectura del Acta 1405 por varios motivos; porque el tema se aborda directamente sin que figure en el Orden del Día (¿para coger desprevenida a la persona implicada?, cabe preguntarse), por el carácter inquisitorial de la intervención del Presidente, por el tono intimidatorio y el encarnizamiento en un hecho secundario (unas declaraciones mal recogidas por un medio, e inmediatamente rectificadas por el propio medio) que sirve como pretexto para realizar un ataque contra el derecho a discrepar de la Consejera Narbona porque, según el Presidente, contribuye «a confundir y a generar desconfianza en la sociedad hacia esta institución», sino contra cualquier persona o colectivo que cuestione la actividad del CSN. Que ello lo haga el señor Martí Scharfhausen, precisamente la persona que por su trayectoria, su historial y sus actitudes es la principal fuente de desconfianza hacia la institución, resulta revelador. Como reveladora resulta la lectura del Acta por las inquietantes resonancias históricas que evoca.
En todo caso cabe apuntar una debilidad: no se ha dado al Acta carácter secreto, como el que han tenido durante 8 años las 38 actas correspondientes a 2008, cuando el escape masivo de radiación de Ascó. Actas que han sido hechas públicas en algún momento entre el tercer trimestre del 2016 y el primer trimestre del 2017, suponemos que a raíz de la denuncia de algunos diputados de Unidos Podemos en la comparecencia del Presidente del CSN el 19 de octubre de 2016 en la Comisión del Congreso.
El desenlace de la campaña del « Impuesto radiotóxico » desplegado por el gobierno PDECAT – ERC en su Ley de presupuestos ha sido la demostración de que, como escribió Manuel Sacristán, hay batallas que deben ser llevadas hasta el final aunque se tenga la certeza de la derrota. Sobre la irracionalidad del tal «impuesto» y su carácter lucrativo a costa de la salud de la población ya se dio información en la crónica de febrero. El MIA en Cataluña (MIA Cat) planteó una campaña de rechazo que no tuvo eco en ninguna de las fuerzas políticas del Parlament, ni tan solo en las que se declaran opuestas a la energía atómica; pero la insistencia en continuarla, cuando algunas voces aconsejaban abandonarla por falta de eco en los políticos, llevó a resultados inesperados.
El más importante es que se consiguieron 1.040 apoyos al Manifiesto que reclamaba la retirada del «impuesto», desde personas anónimas a otras con renombre científico y médico, y también entidades. Una de las reivindicaciones del MIA Cat era realizar un debate público sobre el «impuesto», debate que no solo no se hizo, sino que se dieron episodios de ocultación informativa del Manifiesto que fueron casos bochornosos de auténtica censura. En tales circunstancias, conseguir esa cifra de apoyos se puede considerar un éxito.
Como consecuencia del apoyo, y de la falta de argumentos para defender el «impuesto», se produjeron dos respuestas políticas. Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) decidió votar contra el capítulo de los presupuestos en la sesión parlamentaria, dejando claro, eso sí, que su voto contrario no tenía relación con los contenidos del Manifiesto; decisión muy respetable que, por supuesto, fue valorada como muy positiva por el MIA Cat. Por su parte, las Candidatures d’Unitat Popular – Crida Constituent (CUP-CC) presentaron, el 28 de febrero, una Propuesta de Resolución (PR) en la Comisión de Salud del Parlament para la creación de un grupo de estudio de alto nivel que investigase los impactos de salud de las radiaciones. La falta de lógica que supone aprobar un «impuesto» sobre los impactos de salud de las radiaciones, y pedir que se estudien cuáles son los tales impactos no es tal; porque hay una «lógica» electoral que puede justificar cosas como esa. Esa misma «lógica» en que se inscribe otra iniciativa de la CUP-CC, la presentación, el mismo día, de otra PR pidiendo que en el plazo de un año se convoque una consulta popular (al amparo de la Ley de Consultas de la Generalitat) sobre «el uso o no de la energía nuclear como fuente de producción eléctrica».
Al margen de que esas ambigüedades sean obligatorias en la CUP-CC a la hora de abordar el tema nuclear, la PR silencia que a partir del 26 de julio de este año ENEL-ENDESA e IBERDROLA ya pueden solicitar la renovación del permiso de Vandellós 2, y que a partir del 2 de octubre de 2018 pueden hacerlo para los dos reactores de Ascó, y que el gobierno del PP puede concederlas cuando quiera, sin esperar al 2020 y el 2021.
Que dichas renovaciones puedan ser hasta los 60 años, que intentar cerrar los reactores cuando las tengan concedidas puede suponer el negocio del siglo XXI para ENEL-ENDESA e IBERDROLA (como la «moratoria nuclear» lo fue en el siglo XX), vía demandas legales por lucro cesante, que no se cuente con minucias como contaminación radiactiva e impactos sobre la salud, nada de eso importa. Son mezquindades terrenales ajenas a la grandeza discursiva de la CUP-CC.
En todo caso el «impuesto» salió aprobado, pese al voto contrario de CSQEP, y la campaña del MIA en Cataluña terminó con una enseñanza: que el interlocutor preferente del MIA Cat debe ser la mayoría social de Cataluña opuesta a la energía atómica, sin menoscabo del legítimo papel de las fuerzas políticas.
Esa campaña finalizó, pero la resistencia a la minería de uranio de Retortillo, en Salamanca , ha entrado en fase aguda. A primeros de marzo, la empresa australiana Berkekey Resources decidió revalorizar su inversión y, en una maniobra perfectamente coordinada, comenzó una tala masiva de encinas centenarias en la zona de Retortillo para «realizar prospecciones», así como la excavación de una balsa; casi al mismo tiempo, el día 13, el PP declaraba, vía ministro Alvaro Nadal, que todas las obras cumplían la declaración de impacto y sacaba a relucir al CSN; el día 21, se informaba desde la Agencia Europea de Energía Atómica (EURATOM) que su Agencia de Abastecimiento había aprobado el acuerdo de venta de la producción inicial del uranio de la mina, previsto para 2018; todo ello en medio de declaraciones de los portavoces de Berkeley sobre una lluvia de «puestos de trabajo», «inversiones», «energía de base fiable y limpia», «seguridad de abastecimiento europeo», y otros tópicos habituales en estos casos.
Por suerte la Plataforma STOP URANIO intervino denunciando la situación, y la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente intervinieron por denuncia de WWF; también se descubrieron irregularidades en el permiso; todo hace prever que se podrá detener el nuevo destrozo, pero la campaña ha comenzado.
La inversión de Berkeley es especulativa. Su página web y el Informe de 2016, no registran minas en operación y sólo se habla de Salamanca; lo que reduce el discurso de sus directivos sobre «puestos de trabajo» e «inversiones» a meras relaciones públicas sin base real.
No puede cerrarse la crónica de marzo sin Portugal . Comprobado que la tan cacareada «visita de inspección» de la delegación portuguesa a Almaraz y a las obras del Almacén Temporal Individual (ATI) no pasaba de mera cortesía sin contenidos tangibles, se ha reactivado el debate crítico en diversos medios del país vecino sobre el papel de su gobierno y las implicaciones europeas. De las 12 noticias recogidas en la hemeroteca sobre el conflicto en marzo, 10 corresponden a medios de Portugal aunque hablen de España, lo que da una idea del silencio informativo imperante aquí. A destacar que un eurodiputado socialista portugués, Carlos Zorrinho, ha dado pasos en las instituciones europeas para plantear la cuestión en clave de cierre nuclear global, lo que podría marcar el comienzo de un cambio.
El conflicto también tuvo aspectos esperpénticos: la ministra de Medio Ambiente del PP comparó el ATI con una «piscina seca» (fue el 28 de febrero, coincidiendo con la visita de la delegación); el 17 de marzo, la Presidenta de la Asamblea de Extremadura se negó a recibir a una delegación del parlamento portugués parece ser que porque «no tenía competencias» (¿internacionales?); el día 19, el Congreso de los Diputados vetó la vista al Parlamento portugués de una delegación de la Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital del propio Congreso, ya que iba a analizar la situación del ATI. Como puede comprobarse, una vez obtenido el aval del «gran padrino» europeo, no se está por frivolidades.
Nota:
[1] Para facilitar la lectura del artículo se han trasladado todas las referencias que respaldan los datos que contiene a la HEMEROTECA DE MARZO , que se halla indexada por apartados que corresponden a los contenidos. Basta clicar en la palabra para acceder a las informaciones.
Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya, de Tanquem Les Nuclears – 100% RENOVABLES y mantiene la página de divulgación energética http://sirenovablesnuclearno.org/ , contacto: sirenovablesnuclearno @pangea.org