La lectura de las 263 páginas de la sentencia sobre la catástrofe del Prestige produce la sensación de ir atravesando una especie de chapapote jurídico-político. Las cosas que empiezan mal no suelen acabar bien. Esta historia comenzó con improvisaciones, actitudes prepotentes, desprecios a la lógica y engaños clamorosos. Continuó después con una de las más […]
La lectura de las 263 páginas de la sentencia sobre la catástrofe del Prestige produce la sensación de ir atravesando una especie de chapapote jurídico-político. Las cosas que empiezan mal no suelen acabar bien. Esta historia comenzó con improvisaciones, actitudes prepotentes, desprecios a la lógica y engaños clamorosos. Continuó después con una de las más impresionantes reacciones de solidaridad y civismo vividas en este país, con 120.000 voluntarios recogiendo chapapote incluso con sus propias manos a falta de herramientas. Y, once años después, concluye (provisionalmente) su recorrido judicial con un relato que descarta toda responsabilidad penal por delitos medioambientales. Es decir, el mayor desastre ecológico sufrido en las costas españolas se salda sin encontrar culpable alguno, sin aclarar la causa del siniestro y sin despejar tampoco el monto de los daños provocados ni quién deberá pagarlos en la hipótesis de que la vía civil lo permita.
Conviene recordar que en el banquillo se sentaban tres jubilados: el capitán del barco y su jefe de máquinas, ambos de nacionalidad griega, y el exdirector de la Marina Mercante del Gobierno de Aznar, José Luis López-Sors. Al magistrado autor de esta sentencia, Juan Luis Pía, presidente de la sección 1 de la Audiencia Provincial de A Coruña, se le escapó al finalizar la vista oral que echaba de menos en ese banquillo a cargos públicos y altos responsables de la armadora del buque. No deberían, en ese sentido, presumir de su actuación los dirigentes del PP que intervinieron en el desaguisado, porque el fallo se limita a eximir de responsabilidad a esos tres jubilados desde el punto de vista penal. No es que el auto proclame que hay responsables políticos que se van de rositas. Esa no es la tarea de un tribunal. Pero la sentencia alude a las responsabilidades políticas cuando recuerda sin mencionarlos expresamente aquellos «hilillos de plastilina» de los que hablaba el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando critica que «las autoridades españolas trivializaron sobre los vertidos y no calibraron debidamente las consecuencias del hundimiento». O cuando afirma que el entonces delegado gubernativo en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, «desempeñó una tarea de coordinación difusa y confusa». Estas consideraciones incluidas en el fallo judicial deberían haber formado parte de las conclusiones de una comisión de investigación parlamentaria que el PP abortó en su día en Galicia.
Sí pero no
El relato de la sentencia es un constante sí, pero no, quizás, no obstante. De modo que tan pronto deja claro que el barco tenía «fallos estructurales» y una «conservación y mantenimiento deficientes» como descarta que esas nefastas condiciones de navegación sean la causa del siniestro. Lo mismo admite que la carga «quizás era excesiva» como relativiza ese dato a la hora de explicar el hundimiento. Considera que «se han demostrado negligencias, incurias y modus operandi inaceptables», pero que no conllevan responsabilidad penal (al menos para los tres únicos acusados). Asume que el capitán es un anciano con problemas cardiacos al frente de una tripulación insuficientemente cualificada, aunque tampoco considera que ese perfil profesional afectara a lo ocurrido. Describe someramente el entramado societario tras el que la armadora y el propietario de la carga esconden su responsabilidad, pero eso tampoco parece afectar al meollo jurídico-penal. El abanderamiento del barco en Bahamas responde al manual de opacidad en el macronegocio del transporte marítimo, pero estima el tribunal que «hay quien piensa que ese abanderamiento tiene mejor imagen que el español». Alude el fallo también al disparate que supone que una entidad privada, la gigantesca ABS, sea la encargada de conceder o no permiso internacional de navegación a un mercante, lo cual convierte lo que debería ser un control de carácter público y transparente en un entramado absolutamente lucrativo.
Entre las muchas obviedades que recoge la sentencia destaca la de que no hay dolo o intencionalidad porque los tripulantes «no habrían navegado si fueran conscientes del riesgo». Incluso se llega a afirmar solemnemente que «no se ha demostrado que los acusados quisieran hundir el buque». Si se tratara de un accidente de avión, y existiera un aluvión de indicios de que el avión no estaba en condiciones de volar, el caso no podría despacharse con la obviedad de que los pilotos no pretendían estrellarse.
«Al quinto pino»
El punto quizás más polémico y clave del desastre del Prestige fue la famosa orden de enviar el barco «al quinto pino», atribuida a Francisco Álvarez Cascos y negada por el entonces ministro de Fomento, que andaba de cacería. Acepta la sentencia que existen informes periciales «contradictorios» sobre si hubiera sido más conveniente (como quería el capitán) remolcar el Prestige a un puerto o ensenada cercana (Seno de Corcubión), blindar el buque de pantallas que frenaran los vertidos y abordar la operación de extraer el combustible. Pero los jueces de A Coruña vienen a concluir más o menos que se hizo lo que en ese momento se consideró menos arriesgado y que ni siquiera a posteriori «nadie ha sido capaz de señalar lo que debe hacerse aparte de algunas opiniones particulares más o menos técnicas». Curiosamente los jueces firmantes sí ejercen de técnicos al afirmar que la decisión de enviar el barco al quinto pino es «cuestionable pero parcialmente eficaz».
De modo que ese macronegocio opaco del transporte marítimo de hidrocarburos que la propia sentencia describe puede quedarse tranquilo. Y aquellas proclamadas intenciones de crear puertos refugio que limitaran los daños en otra situación similar pueden volver al cajón. Se calcula que este jucio ha costado millón y medio de euros, cuyas dos terceras partes pagarán los contribuyentes gallegos. Las indemnizaciones reclamadas tendrán que esperar a la vía civil o a los posibles recursos ante el Tribunal Supremo. Y es deseable que en esa instancia se corrija en lo posible lo que el periodista Gustavo Catalán definió como ‘Desprestige’ en el libro de referencia prologado por Manuel Rivas, impulsor del movimiento Nunca Máis. No debe quedar asentado, como en Aznalcóllar, que el que contamina no paga.
Galicia tiene hoy más medios técnicos y humanos para prevenir desastres marítimos. Hay que agradecérselos al movimiento civil que se produjo contra el chapapote, no desde luego a la impresentable reacción de las autoridades políticas ni al rigor y premura exigibles a la actuación judicial.
Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2013/11/14/cronica_del_des_prestige_9789_1023.html
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