Los agentes de la Guardia Civil han desalojado en la mañana de este jueves por orden judicial a los jornaleros y afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que ocuparon en 2012 la finca de Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, en la localidad cordobesa de Palma del Río, según han confirmado a Europa […]
Los agentes de la Guardia Civil han desalojado en la mañana de este jueves por orden judicial a los jornaleros y afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que ocuparon en 2012 la finca de Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, en la localidad cordobesa de Palma del Río, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al proceso.
Así, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores han lamentado que «14 patrullas de guardia civiles» se empleen «para desalojar una finca que da de comer a familias», al tiempo que cuestionan si es «normal toda esta policía para expulsar a familias que sólo trabajan la tierra».
En concreto, unos 500 jornaleros y afiliados del SAT ocuparon la citada finca inicialmente en marzo de 2012, con el objetivo de ocupar las tierras de forma permanente para reivindicar que pasen a manos de trabajadores y cultivarlas, en vez de que pasen a «manos de terratenientes y especuladores». Al poco de ocuparla fue desalojada sin incidentes, pero de nuevo fue ocupada horas más tarde con más jornaleros que llegaron desde diversos puntos de Andalucía.
De este modo, los ocupantes han realizado obras de mejora como la creación de un huerto, recuperación y labranza de una hectárea de terreno para la siembra de pimientos, la plantación de olivos, el arreglo y mejora de las instalaciones de riego o la creación de un gallinero, entre otras acciones, para darle un uso social a Somonte.
La finca, de 359 hectáreas en secano y 41 en regadío, «no estaba dando empleo alguno, más que a un cuidador, y se encontraba en proceso de venta en subasta por parte de la Junta de Andalucía», según explicaron desde el SAT en su momento, al tiempo que indicaron que «dicha venta hubiera significado que sus compradores, banqueros, terratenientes o especuladores, pasaran a beneficiarse de subvenciones europeas, ayudas públicas y en su caso ganancias obtenidas por una explotación agrícola extensiva e industrializada –para biodiesel, transgénicos, etcétera–, pero sin generar prácticamente ningún puesto de trabajo».
Asimismo, según destacó el sindicato, «1.700 habitantes de Palma del Río y más de 4.000 en la comarca, en su mayoría jornaleros sin tierra, sufren el desempleo, los recortes sociales y los desahucios de sus viviendas, soportando situaciones indignas de pobreza y desesperanza».
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