Una manifestación a favor del proceso Como ya es habitual por estas fechas, la izquierda soberanista convoca todos los años una manifestación en las fiestas de Donosti. Este año, y con más motivo que nunca, se anunció la habitual manifestación bajo el lema «Euskal Herriak, autodeterminazioa». La fecha elegida era el 13 de agosto y […]
Una manifestación a favor del proceso
Como ya es habitual por estas fechas, la izquierda soberanista convoca todos los años una manifestación en las fiestas de Donosti. Este año, y con más motivo que nunca, se anunció la habitual manifestación bajo el lema «Euskal Herriak, autodeterminazioa». La fecha elegida era el 13 de agosto y el objetivo, ofrecer a la ciudadanía un espacio de participación en el proceso que se está intentando abrir «es fundamental e imprescindible que la sociedad participe»
Las reacciones
El anuncio de la manifestación da pie a una cascada de declaraciones y reacciones que alteran el sopor estival:
· El PP reacciona de forma fulminante exigiendo al Gobierno Vasco que prohiba la manifestación por ser «un desafío y una burla a la ilegalización, una manifestación convocada por terroristas». Acusa al Consejero de Interior de ser cómplice de la burla. Las sucursales del PP entran en la batalla: Asociación de Víctimas del Terrorismo», «España y Libertad» y «Manos limpias» piden la prohibición del acto. · El PSE lanza mensajes contradictorios. Por un lado, proclama que el derecho a manifestación es un derecho universal y constitucional. Por otro lado, traslada la responsabilidad a Batasuna a la que acusa de «practicar el victimismo infantil y de hacer ostentación en el respaldo de la marcha». · El PNV, con la ambigüedad que le caracteriza, desea que la convocatoria responda al interés por el lema más que a un intento de provocación por parte de la izquierda. · Eusko Alkartasuna, más contundente, recuerda que el derecho de manifestación es universal y que tanto las instituciones públicas como el Estado español tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho. Critica la intervención de la Audiencia Nacional «Ya es hora de que se finalice con las interferencias del ámbito judicial» · Izquierda Unida considera que la convocatoria de Batasuna (que se hace todos los años) es un intento por llevar la situación política a un contexto incómodo; así y todo, considera que el derecho de manifestación es legítimo y debe de prevalecer. · El Gobierno Vasco, vuelve a ejercer de cipayo. En vez de garantizar el derecho al ejercicio de manifestación, como lo reclaman dos de sus integrantes, se lava las manos y promueve la aplicación de una Ley dictatorial. No prohíbe la manifestación pero traslada el tema a la Audiencia Nacional para que sea este Tribunal de Orden Público quien la prohíba. El Consejero de Interior reconoce que este tipo de informes a la Audiencia Nacional es práctica habitual de su departamento.
Prepotencia inquisitorial
El Tribunal de excepción, y el juez Garzón en particular, no se hacen esperar; es conocida su saña contra la izquierda soberanista.
· El día 8 de agosto cita a tres dirigentes de Batasuna para que comparezcan en la Audiencia Nacional; cita también a la persona particular que tramitó la solicitud para la marcha y reclama de la policía que investigue la actuación política de 36 personas supuestamente miembros de la dirección de Batasuna. Se da la circunstancia de que cita a ciudadanos franceses, Estado donde Batasuna es legal. El juez aprovecha la convocatoria de la manifestación para recordar que la izquierda vasca está privada de todo derecho · El día 9 de agosto, Batasuna comparece en rueda de prensa para valorar la actuación judicial: «vulnera derechos civiles y políticos elementales y pretende dejar fuera de juego la iniciativa política de la izquierda vasca». El juez Garzón hizo gala de su prepotencia. No podía admitir que unos «miserables izquierdosos» cuestionaran su actuación. Al enterarse de la rueda de prensa de Batasuna, dictó una nueva providencia ampliando el número de dirigentes citados a la Audiencia Nacional. · El día 10 de agosto, cinco dirigentes de la izquierda vasca comparecen ante Garzón. Tras la comparecencia, el juez no les impone medidas cautelares pero reduce aún más su capacidad de actuación política; tomará medidas penales en su contra si se celebra la manifestación de Donosita u otros actos que pretenda sustituirla.
Un pueblo que no se doblega
Batasuna queda en el punto de mira del Estado. Si persisten en respaldar la manifestación a favor de la autodeterminación, la represión será implacable. La policía vasca que protege los intereses del Estado, se empleará con contundencia, la base social será masacrada y los dirigentes pueden acabar en prisión ¿Qué hacer?
Cincuenta personas enarbolan la bandera de la rebeldía. No pueden consentir que una ley injusta, un juez prepotente y una policía violenta aborten las ilusiones colectivas. El día 11 de agosto reúnen a la prensa en plena calle y convocan a una nueva manifestación «para acabar con todas estas agresiones a Euskal Herria y para no dejar pasar esta oportunidad histórica». Su lema será «Euskal Herria tiene la palabra y la decisión».
El día 13 una multitud se lanza a la calle. Denuncia las agresiones contra Líbano y Palestina mientras reclama para nuestro pueblo el derecho a decidir. La policía cipaya provoca pero los miles de participantes los ignoran coreando con fuerza un grito unánime «In-de-pen-den-zia»