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«Cuando el río suena, piedras lleva…»

Fuentes: Rebelión

A raíz del execrable crimen contra la población civil colombiana, producido por el atentado, contra una bomba en el Centro Comercial Andino, en Bogotá; surgen múltiples versiones, especuladoras y de señalamiento de los posibles autores, que rápidamente difunden los medios masivos de desinformación en Colombia; en acelerada, confusa y desordenada sindicación que deja muy mal […]

A raíz del execrable crimen contra la población civil colombiana, producido por el atentado, contra una bomba en el Centro Comercial Andino, en Bogotá; surgen múltiples versiones, especuladoras y de señalamiento de los posibles autores, que rápidamente difunden los medios masivos de desinformación en Colombia; en acelerada, confusa y desordenada sindicación que deja muy mal parado al establecimiento gubernativo colombiano, quien abusa de su poder al acudir atropelladamente, al ofrecimiento de jugosas recompensas para dar con los «responsables». Apela a la delación, «al sapeo»; es decir a «más de lo mismo», en el engranaje de la danza corrupta de los dineros oficiales, que desplazan los esfuerzos de sabuesos calificados, del mismo sistema estatal, para obtener «exitosos resultados» y al final mantener el manto del silencio cómplice del Terrorismo de Estado en Colombia.

Las acertadas negociaciones con las Farc-ep, que culminaron con lo que quedó del Acuerdo de La Habana, luego de centenares de mutilaciones a lo Acordado, debido al inexpresivo contexto de un amañado plebiscito revocatorio, en el que triunfó el NO, por la terminación del conflicto armado interno; se unen a las también acertadas y consecuentes conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la Mesa de Quito. Pero debido a la inveterada; es decir a la constante histórica de un Estado, antipopular y expresión de beneficios de los intereses oligárquicos nacionales y locales, que, bajo concepciones ideológicas, no bolivarianas, sino santanderistas, no permiten que se permeabilicen cambios de fondo, radicales y revolucionarios, en el arraigado sistema de inequidad, injusticia y falta de ecuanimidad: subsiste desconcierto. Todo lo cual alienta a la contraparte insurgente en la Mesa de Quito, a aceptar los llamados de asimilación de experiencias de las desmovilizadas fuerzas armadas farianas. Lo resumo, así, en el cambio de máximas: Si en la Mesa de La Habana, impero la kantiana expresión: «Nada está acordado, hasta que todo este acordado»; en la Mesa de Quito, se debiera imponer: «Todo lo acordado, sea inmediatamente, implementado». Lo aconseja la Historia: desde las traicionadas conversaciones al Movimiento de los Comuneros y a José Antonio Galán, en 1781. La traición al guerrillero liberal, Guadalupe Salcedo, asesinado en Bogotá, en 1957, luego de entregar las armas y en el caso más reciente la «enredadera jurídica» traidora del establecimiento colombiano, a los Acuerdos de La Habana; urdida en la preconcepción de un sistema electoral corrupto y antidemocrático, que sobre las penas y calamidades populares, urden el tejemaneje, de las disidencias tácticas de los detentadores del poder; sobre la falsa y torticera división o enfrentamiento entre uribeños y santistas; ambos, cara de la misma moneda; en el cara y sello de la permanencia de tanta injusticia, inequidad y falsías contra el anestesiado pueblo colombiano.

¿A quien interesa que estalle una bomba en un centro comercial?

El ELN, en forma oportuna y contundente, repudió el atentado en el centro comercial de Bogotá; en consecuencia, con su llamado vehemente, a que sea la sociedad civil y la conformación de una Asamblea Nacional, la que enriquezca el fin del conflicto armado con esa insurgencia. El Rector de la Universidad Nacional rechaza la versión de un periodista de El Tiempo, que endosa a estudiantes tan bochornoso pasaje, para golpear a la queridísima universidad pública. Corifean que no pudo ser la expresión paramilitar del «clan Úsuga». El Movimiento Revolucionario del Pueblo- MRP- rechaza el brutal atentado contra los bogotanos en el Centro Comercial Andino, conforme a Comunicado que acabo de leer en Rebelió.org. Para el analista Horacio Duque: «Hay una «ultra derecha santista» con los nervios de punta y empecinada en arrinconar a las Farc para dejar el proceso de paz en una mera dejación de armas y para obligar la rendición del ELN» y agrega: «El santismo de todos los pelajes, ultraderechista e izquierdista, nos quiere imponer su mundo de verdades al servicio del neoliberalismo y de la criminal oligarquía dominante».

La extrema derecha fundamentalista en el mundo ha demostrado la capacidad de manejo de lo digital y de los medios y redes. Bajo la premisa de falsear y moldear la información. Sucede el hecho terrorista y las redes moldean a manera unilateral, lo sucedido. En Colombia sucede otro tanto; un país dado a que la clase en el poder, se arrodille ante el imperio y los intereses de las multinacionales. Emulan hasta lo inimaginable; como que el que Trump haya «hecho trizas» con un decreto los puentes construidos con el heroico pueblo cubano, por ejemplo; sucederá igual a qui a futuro inmediato.

Que proceda el juicio politico.

Ante el triste y penoso hecho acontecido, compete ubicarnos en el razonamiento objetivo, que no será suficiente la investigación judicial del establecimiento, que seguramente concluirá en condenados, y hasta inocentes…. Es hora de darle vuelta a la página de la venganza y lo justiciero. La Política se dirige por los Hechos; no por los intereses clientelistas imperantes en un país. Este hecho atroz impone el debate, la denuncia y las conclusiones políticas. Existen demasiados elementos para enjuiciar políticamente el Terrorismo de Estado. Que se empeñe la sociedad colombiana en destruir de raíz lo estructural institucional del paramilitarismo, que continúa asesinando líderes sociales, populares y sindicales. Que si previo a la realización de un debate electoral para las presidenciables, el terror, bajo la premisa que «el fin justifica los medios», asoma como instrumento letal para perpetuar privilegios, a castas y oligarquías locales; pues que se cuestione, bajo el juicio político, la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales del 2018 y buscar una solución política y civilizada, bajo la rectoría de los Principios Universales del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos . Todo bajo la egida de las Naciones Unidas y en la implementación de un Gobierno Provisional de Transición.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.