La otra pregunta podría ser “¿Cuánta unidad de España puede consentir la democracia?” pero esto significaría que las urnas son las que consienten o no, es decir, mandan. Una ilusión siempre interrumpida, según la historia.
El título parece mentira, pero los autoritarios están volviendo a la carga. Es un hecho que se repite en España cuando la democracia, sea mejor o peor, aguanta demasiado tiempo.
Esta vez lo hacen dando “órdenes” en forma de sentencias que asustan, siempre blindados desde un poder judicial lleno de soberbia porque hace muchos años que los políticos les doran la píldora para después pedirles que les saquen las castañas del fuego, incapaces como son de convencer lo bastante, o de negociar y pactar.
Pero como ya no está de moda implantar dictaduras o dictablandas sobre montones de muertos, y Europa vigila, su plan consiste en ir recortando la democracia sin cambiar las leyes porque no buscan portadas. Además, desde que acabó el bipartidismo las mayorías parlamentarias han subido de precio, y, para terminar de “arreglarlo”, corregir los autoritarismos convertidos en leyes para cumplir promesas electorales resulta mucho más difícil de lo que parece. Véanse los más de tres años que la Ley Mordaza lleva molestando, y eso que fue obra del PP de Rajoy.
El resultado final es un amontonamiento de normas y jurisprudencias que conducen a resultados aberrantes en demasiadas ocasiones. Por eso, una experta en tribunales como Beni ha sentido la necesidad de contarnos el consejo que le dio un magistrado “de los que prestigiaban las puñetas”:
“Cuando un argumento aparentemente sesudo y complejo en Derecho lleve a soluciones absurdas, lo mejor que hace un buen jurista es repasar la línea argumental porque seguro que es errónea.”
Esta opinión de calidad, que la dedico a mi otro yo legalista y a mis amigos que practican el mismo vicio, no la comparten los jueces de los tribunales decisivos. Prefieren jugar con el amplio margen que, a la hora de condenar o absolver, les proporciona el “amontonamiento”, y solo necesitan envolver sus sentencias con frases que, cual tertulianos a veces, llegan a incluir críticas a los políticos por “no hacer” su trabajo. Encima, cachondeo, en lugar de archivar ciertas demandas para que tengan que hacerlo.
Y sus fiestas las pagamos todos. Acaba de ocurrirnos con el caso de Serrano Contreras, de Córdoba. España ha sido condenada porque su Supremo hace trampas para no cumplir una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un caso similar al de Otegui. Esto significa que nuestros jueces no se aplican la obligación de respeto a las sentencias de los tribunales superiores que exigen a los demás españoles. Pero esta vez les han pillado.
Mientras tanto, recorta la democracia el Tribunal Constitucional cuando condena por debatir sobre la Monarquía en un Parlamento autonómico, o cuando declara inconstitucional un Estado de Alarma para atajar una pandemia fuera de control que provoca cientos de muertos cada día.
Y también recorta democracia un Tribunal Supremo que decide indemnizar con 50 € a un policía al que le han dado una patada de la que tardó un solo día en curar y, en cambio, a quien presuntamente golpeó con tanta “violencia”, le quitan su escaño en el Congreso.
Por tanto, no nos extrañan las oleadas de tinta que se están escribiendo, y las que vendrán, sobre Alberto Rodríguez, la víctima del tándem Batet/Marchena. Yo tampoco he podido evitarlo, y por duplicado.
Mientras escribía sobre “convivencias” a raíz de lo de Otegui y las víctimas de ETA, no pude evitar referirme a la sentencia contra Rodríguez que rompió la “convivencia” entre el poder judicial y el parlamentario.
Eso ocurrió la semana pasada, pero ésta, y una vez reconstruida la entente entre Batet y Marchena tras “matar” al canario, me pongo a escribir sobre democracia y unidad de España y me entero de que ha roto con Podemos y que renuncia a participar en partidos de ámbito estatal. Para quienes no sepan traducir su decisión, ha decidido contratar los servicios de Boye y Elbal, los abogados que lleva años triunfando por Europa en defensa de Puigdemont. Y como ha presentado cautelares ante el Constitucional, puede que Batet y Marchena se tengan que tragar el abuso que han compartido y, de paso, se abra una nueva grieta entre dos altos tribunales.
Por si la intención de debilitar la unidad de España del ya ex del Congreso no fuera un hecho aislado, decido comprobar cómo ha evolucionado, en las urnas menos españolistas, la ecuación “unidad de España-democracia” a lo largo de más de cuatro décadas.
En Galicia, los votos de los nacionalistas han pasado de menos del 10% a casi el 24%.
En el País Vasco los del PNV más HB de 1980, que ya sumaban el 54,7%, han alcanzado el 67% del mismo PNV más ahora EH Bildu.
Y en Catalunya, el casi 9% de la ERC en 1980, pues CiU solo era autonomista, se ha convertido en casi el 52% de ERC, más JxCat y la CUP.
Es la democracia, “amigos”, y estoy empezando a pensar, menuda paradoja, que deben tener razón los que dicen que la nuestra es buena. De lo contrario, los Marchena y compañía no dedicarían ni un minuto a acorralar con sentencias y autos al poder parlamentario, el más “peligrosamente” democrático, pues nace de unas urnas que hasta podrían sorprender “votando mal”, en frase ya clásica de alguien que ni necesita ni merece publicidad.
Y, si las tuvieran todas consigo los del viejo bipartidismo, tampoco se habrían puesto de acuerdo Sánchez y Casado para lavar las caras del Constitucional y el de Cuentas, pero asegurando las mismas mayorías autoritarias. Lo han hecho tan deprisa que ni siquiera les ha importado que la Europa que tanto reclamaba el cumplimiento de la ley renovando cargos se haya sentido burlada por lo que solo era teatro.
¿Se imagina usted viviendo en una casa en la que hubiera una habitación siempre cerrada, sin ventanas, a la que nunca hubiera entrado, tal como en 1962 no podían salir de la mansión los habitantes de “El ángel exterminador”?
Esa habitación que da miedo y que no deja dormir a la democracia, aunque sí duerman algunos demócratas, se llama “unidad de España”.
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