Entre el 21 de octubre y el 6 de noviembre de 2015 la OTAN desarrolló los «ejercicios» Trident Juncture en España, Portugal e Italia, en los que participaron 36.000 efectivos (140 aviones y 60 buques) de 30 países. Fueron las maniobras más importantes de la organización militar durante la última década. Cinco días antes del […]
Entre el 21 de octubre y el 6 de noviembre de 2015 la OTAN desarrolló los «ejercicios» Trident Juncture en España, Portugal e Italia, en los que participaron 36.000 efectivos (140 aviones y 60 buques) de 30 países. Fueron las maniobras más importantes de la organización militar durante la última década. Cinco días antes del inicio de los «ejercicios», seis activistas de Alternativa Antimilitarista-MOC acompañados por tres periodistas trataron de interceptar en el puerto de Sagunto, mediante una acción de desobediencia civil, el traslado de material de guerra para su utilización en las maniobras, en concreto en las bases de San Gregorio (Zaragoza) y Chinchilla (Albacete). Portaban pancartas con las consignas «War Stops here» y «Disculpeu les molèsties: obstaculitzant la preparació de la guerra», y cuatro de los activistas de encadenaron a dos de los tanques con tubos de bloqueo. «La protesta empezó a prepararse hace unos meses», apunta Carlos Pérez Barranco, miembro de Alternativa Antimilitarista-MOC en Radio Klara. «Éramos personas normales que pretendíamos interferir en la maquinaria de guerra».
El Informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil acusa a los cuatro activistas que se encadenaron a los tanques de «desórdenes públicos», pese a que según los antimilitaristas se tratara de una «acción tranquila y sin incidentes». La acusación implicaría, con la reforma del Código Penal, penas de seis meses a tres años de prisión. También se les acusa de «desobediencia», lo que supondría penas de prisión de tres meses a un año o multas que podrían alcanzar los 3.000-4.000 euros para cada activista, dependiendo de los ingresos personales. La causa fue incoada hace quince días en el Juzgado de Instrucción Número Uno de Sagunto, y el plazo para fijar fecha de juicio es de seis meses. A los cuatro antimilitaristas acusados todavía no se les ha llamado a declarar. «Al carecer de antecedentes y tratarse de penas inferiores a dos años, no ingresaríamos en prisión», anota Carlos Pérez Barranco.
Además de la vía penal, la Delegación del Gobierno les ha hecho llegar cuatro propuestas de multa de 601 euros a cada activista por infracciones graves, de acuerdo con la ley de seguridad ciudadana («ley mordaza»). El motivo es la «intrusión en infraestructuras e instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento». Además, el informe de la Guardia Civil les acusa de haber roto unos bloques de hormigón -«quizás con una maza»- para irrumpir en el recinto, pero los antimilitaristas rebaten esta versión: «estaban ya rotos». También insinúa el informe que los tres periodistas formaban parte del grupo, de hecho, serían los encargados de la difusión de las imágenes. Según Rosario Polito Rizo, otra de las activistas, la idea de la movilización era muy clara: «Denunciamos una acción de guerra, y las guerras arrasan países; cuando las personas, encerradas, huyen, se habla de invasión de refugiados». Recuerda asimismo que el estado español es el séptimo mayor exportador de armas del mundo.
Para el despliegue de la acción de desobediencia se dio un reparto de roles. Hubo quien ejerció de portavoz respecto a los medios de comunicación, otros llevaron las pancartas y finalmente un grupo de activistas entraron en el recinto portuario: cuatro de ellos se dirigieron a dos carros de combate Leopard 2E del ejército danés a los que se encadenaron con tres tubos de bloqueo. Iban ataviados con monos blancos y chalecos reflectantes de color rosa, que no eran dispositivos de camuflaje, tal como aclaran. Cuatro horas después, y dado que no servían las cizallas para romper los tubos, los grupos rurales de la Guardia Civil utilizaron sierras radiales. Ante el traslado previsto de tanques y convoyes militares, explica Carlos Pérez Barranco, «la zona estaba mucho menos vigilada de lo que cabía esperar, sólo se hallaban previamente en el puerto una unidad de la Guardia Civil además del servicio de vigilancia portuario». Los agentes de la guardia civil y los miembros del servicio de seguridad eran quienes trataban con los activistas, explica el miembro de Alternativa Antimilitarista-MOC, colectivo que practica la desobediencia civil contra los ejércitos desde la década de los 80.
Rosario Polito, quien hizo de enlace ante los medios informativos, explica los prolegómenos: «Estaban muy tranquilos porque previamente se hizo muy poca difusión del traslado de material bélico; cuando los periodistas empezaron a telefonear, estaban sorprendidos de estas enormes maniobras; la sociedad no se enteró, de hecho, tuvo un conocimiento mucho mayor de los ejercicios de guerra gracias a nuestra acción; el impacto mediático fue a posteriori». En el lugar de los hechos, llegaron agentes de la guardia civil que pusieron en marcha el dispositivo que establece el protocolo. Se dirigieron a los activistas con una retórica aparentemente «amable», de «guante blanco»: «Ya tenéis la foto, ahora marchaos, ya lo habéis conseguido, esto no sirve para nada». Intentaron quitarse de en medio al documentalista, la fotógrafa y el redactor que acompañaban a los antimilitaristas. «Les amenazaron con posibles consecuencias penales por desarrollar su trabajo», señala Carlos Pérez, «se les acosaba en relación con las fotografías que habían tomado». Los tres periodistas alegaron que simplemente ejercían el derecho a la libertad de información, pero tuvieron que retirarse.
«Y allí nos quedamos solos ante el peligro», apunta el activista. Después de echar a los tres periodistas de la zona, los agentes volvieron a pedir que se renunciara a la acción de desobediencia, o llamarían al cuerpo de antidisturbios de la guardia civil. Pero los activistas se mantuvieron en el mismo lugar, con la idea de obstruir el traslado de los convoyes militares. Tres horas después aparecieron en el puerto de Sagunto los grupos rurales de seguridad de la Guardia Civil, que procedieron a cortar los tubos. Al cabo de una hora los miembros de Alternativa Antimilitarista-MOC fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil en el municipio de Puzol, y se formularon cargos contra las cuatro personas (del grupo integrado por seis) que se habían encadenado. En el cuartel permanecieron otras tres horas. En síntesis, Carlos Pérez Barranco califica el trato recibido como «de guante blanco», basado en una especie de juego de «poli bueno» y «poli malo». Hace hincapié en que agentes de la guardia civil les intentaron tomar declaración «para sonsacarnos sobre todo la organización a la que pertenecíamos, esto les interesaba mucho; también nos preguntaban por el tiempo que llevábamos preparando la acción».
Uno de los puntos capitales de las acciones de desobediencia es la difusión. En este caso, «no estamos satisfechos con la cobertura», destaca Carlos Pérez ante los micrófonos de Radio Klara, emisora comunitaria de Valencia. «Parece que hay mayor predisposición a escuchar y creer a los portavoces del Ministerio de Defensa que a quienes practicamos el antimilitarismo». Los medios de comunicación convencionales han facilitado menos información de la esperada, pero el tratamiento ha sido «bastante equilibrado» y recoge «bastante bien» los objetivos de la acción. Sin embargo, las descripciones del eco mediático no exime la autocrítica por parte de los colectivos antimilitaristas: «Tenemos también una responsabilidad en elaborar informaciones que se digieran fácilmente, y que en las redacciones se puedan cortar y pegar». Otro punto de reflexión es el que viene dado por los efectos de la «ley mordaza», cuyo peso se pretende que caiga contra cuatro activistas. «Entre mucha gente que promovía acciones en la calle actualmente hay una cierta retracción, por eso el encadenamiento a los carros de combate trata de ser un estímulo».
Se acogen además al imperativo moral de actuar y apelan a la mayoría social que se opone a la guerra. Por eso los promotores de la acción de desobediencia contra los ejércitos piden un apoyo «para la gente que se expone y da la cara». Un apoyo económico para afrontar las multas, pero también las consecuencias penales de las acciones, «contra las que la ley mordaza se ha confeccionado como un traje a medida». Además de donaciones, Alternativa Antimilitarista-MOC prepara camisetas (que figuran en la página Web), bolsos, «cafetas» solidarias y posibles conciertos, lo que se suma a otras campañas tradicionales del colectivo, como la que anualmente se promueve sobre objeción fiscal al gasto militar en la declaración de la renta. Son objeto de represalias por actos de protesta que Rosario Polito sitúa en su verdadera dimensión: «Además de las maniobras Trident Juncture en tres países, y a las que asistió el rey Felipe VI de Borbón el pasado 30 de octubre en Zaragoza, denunciamos el desplazamiento de armas y carros de combate también por las carreteras; después se emplean estas armas en Irak y Afganistán; las guerras empiezan aquí, y es aquí donde hemos de pararlas».
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